Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 5 de Agosto de 2010
| Fecha de Resolución | 5 de Agosto de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito |
| Ponente | Francisco Jimenez |
| Procedimiento | Exequatur |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO DEL TRANSITO, Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y DEL ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
PARTE SOLICITANTE.-
D.L.Q.R., Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V-15.326.809, de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE.-
H.Y.L., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V-12.766.189, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 95.750, y de este domicilio
MOTIVO.-
EXEQUÁTUR
EXPEDIENTE No. 10.583.-
En fecha 27 de Julio de 2010, la ciudadana D.L.Q.R. asistida de la abogada H.Y.L., inscrita en el Inpreabogado bajo el número 95.750, presentó un escrito contentivo de solicitud de exequátur, por ante el Juzgado Superior Distribuidor, y una vez efectuada la distribución, le correspondió a esta Alzada el conociendo de la presente causa a la cual se le dio entrada, en fecha 03 de Agosto de 2010, bajo el No 10.583, y estando dentro de la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:
La ciudadana D.L.Q.R. alega en su escrito de solicitud de exequátur lo siguiente:
…Yo, D.L.Q.R., Venezolana, mayor de edad, de estado Civil Divorciada, portadora de la cédula de identidad número V-15.326.809, domiciliada en: la Urbanización Parque Valencia, Sector 33. Conjunto Residencial Villas del S.I., casa No. 5. Parroquia R.U.d.M.V.d.E.C.; debidamente asistida en este acto por la Abogado en ejercicio H.Y.L., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.766.189, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 95.750, y con domicilio procesal en el Edificio "Residencia Las Delicias", piso 6, Apartamento 6-2., Urbanización el Viñedo, calle las Delicias, Parroquia San José, Municipio V.d.E.C.; ante usted, con el debido respeto ocurro a los fines de exponer y solicitar los siguiente.
CAPITULO I
DE LOS HECHOS
Es el caso ciudadano Juez, que en fecha primero de Octubre del año 1967, contraje Matrimonio por los ritos de la Iglesia Católica, específicamente en la Iglesia del P.S.d.C., en el Departamento Norte de Santander de la ciudad de Cúcuta de la República de Colombia; con el ciudadano: G.M.N., de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-3.712.882, natural de la Ciudad de Barranquilla- Colombia, lo cual se evidencia de copias fotostáticas que anexo a este escrito, marcada con la letra "A", luego de llevar tiempo casados, decidimos fijar nuestra residencia en la Ciudad de Cúcuta, lugar donde presentamos la solicitud de Decreto De Separación Indefinida De Cuerpos Por Mutuo Consentimiento y La Consiguiente Disolución De La Sociedad Conyugal , ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta, llevado con el numero de Expediente 397 de ese Juzgado los trámites legales en el Precitado Juzgado, el mismo procedió a Dictar Sentencia en fecha 25 de Febrero de 1992, Decretando la Separación Indefinida de Cuerpo de los Esposos G.M.N. y D.L.Q.D.M., casados por los ritos de la Iglesia Católica, el día 01 de Octubre de 1967, y como consecuencia DECLARAR Disuelta la Sociedad Conyugal entre los mismos existentes. Decretando así el Divorcio Solicitado, con todos sus efectos legales; ya que la misma fue ejecutada en fecha 09 de marzo de 1992, quedando así como cosa Juzgada. Lo anteriormente expuesto se evidencia, de Copias Certificadas de Sentencia respectivamente apostilladas, que acompaño a este escrito, marcada con la letra "B".
CAPITULO II
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente Solicitud la hago con fundamento y de conformidad con lo previsto en el Artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual consagra que las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela, siempre que reúnan los siguientes requisitos.... 7.- Que hayan sido dictadas en materia Civil, Mercantil o en general materia de relaciones jurídicas privadas. 8.- Que Tenga Fuerza De Cosa Juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido Pronunciadas. 9.- que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se hayan arrebatado a Venezuela la Jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio. 10.- Que los Tribunales del Estado Sentenciador tengan Jurisdicción para conocer de la Causa, de acuerdo con los principios Generales de la Jurisdicción consagrado en el capitulo IX de esta Ley. 11.-Que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer y que se le hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa y 12.- Que no sean compatibles con sentencias anterior que tenga autoridad de cosa Juzgada que no se encuentre pendiente ante los Tribunales Venezolanos un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiera dictado la Sentencia extrajera.
Ahora bien, ciudadano Juez, la Sentencia que nos Ocupa, fue dictada en Materia Civil y menores, tiene fuerza de cosa Juzgada y no versa sobre derechos Reales , el sentenciador tenía Jurisdicción para conocer la causa, así mismo se Cumplieron las garantías de citación de las partes pues fue de mutuo acuerdo, por ser una sentencia reguladora de una situación espacialísima como es la materia de relaciones jurídicas privadas, no existe sentencia anterior ni sobre el mismo objeto, ni existe en otro proceso las mismas partes, ni contrarían los Principios de Orden Público Venezolano. De lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la norma transcrita, se evidencia que están debidamente cubiertos los extremos requeridos de acuerdo al Artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
CAPITULO III
DE LA TUTELA JURÍDICA SOLICITADA
De acuerdo a lo anteriormente explanado en este escrito, ocurro ante Usted Ciudadano Juez, para Solicitar, como en efecto SOLICITO LA DECLARACIÓN DE FUERZA EJECUTORIA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de la sentencia dictada fecha 25 de Febrero de 1992, por el Juzgado Segundo Promiscuo De Familia Del Distrito Judicial De Cúcuta, llevado con el Número de Expediente 397 de ese Juzgado, concediendo el correspondiente EXEQUÁTUR a la precitada Sentencia. Solicitud que hago a Usted de acuerdo a lo previsto y sancionado en el Artículo 856 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, toda vez que este divorcio se efectuó de mutuo acuerdo. Igualmente pido que la presente solicitud sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar con todos los pronunciamientos de Ley...”
Como punto previo, pasa este Sentenciador a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente solicitud de exequátur; y en este sentido observa el criterio asentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 14 de octubre de 1.999, en la cual se lee:
...El 06 de febrero de 1.999, entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado cuyo Capítulo X (De la Eficacia de la Sentencias Extranjeras, artículos 53 al 55) regula lo concerniente a las solicitudes de ejecución de sentencias extranjeras, derogando en relación con los aspectos reglados en la referida Ley, aquellas disposiciones contenidas en otros cuerpos de normas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, ejusdem. Se aprecia, sin embargo, que nada indicó el nuevo texto legal sobre cual sería la autoridad jurisdiccional llamada a conocer de dichas solicitudes, lo que permite inferir la vigencia de todas aquellas normas que venían regulando lo relativo a la competencia en esta materia...
Sin embargo lo anterior debe necesariamente observarse tomando en cuenta la distinción planteada por el artículo 856, del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual el pase de los actos de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, deberá ser decretado por el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo el examen de las condiciones exigidas por la normativa vigente....”
Criterio este reiterado por sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30 de abril de 2010, Exp. Nº AA20-C-2010-000013, la cual se transcribe a continuación:
…La competencia para conocer de los procesos de exequátur está determinada por el artículo 5 numeral 42º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil…
…En virtud de lo dispuesto en las normativas transcritas supra, los Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso…
Lo que evidencia que la competencia para conocer de los procesos de exequátur está determinada en los artículos 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 850 C.P.C:. “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutadas.
Sólo las sentencias dictadas en países donde se concede ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por Tribunales venezolanos, sin previa revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República. Tal circunstancia deberá probarse con instrumento fehaciente.
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Artículo 856 C.P.C.: “El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.”
Observándose que del contenido de los artículos antes trascritos, que esta Alzada es competente para conocer los casos de exequátur que sean solicitados en la Jurisdicción donde la parte desee de hacer valer la decisión extranjera, siempre y cuando se traten de actos en materias de emancipación, adopción y cualquier otra naturaleza no contenciosas.
En el caso sub examine, de la lectura de la sentencia extranjera, cuyo exequátur se ha solicitado, se desprende que la misma fue dictada en un proceso de divorcio de mutuo acuerdo y en virtud de lo cual, siendo que el Tribunal competente, lo será un Tribunal Superior del lugar donde se pretende hace valer la sentencia que por divorcio, fuese pronunciada por un Tribunal extranjero; este Juzgado Superior Primero en lo Civil, se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
Decidida como ha sido la competencia de este Tribunal, pasa este Sentenciador a pronunciarse con relación a lo solicitado y en este sentido observa:
El Código Civil establece en sus artículos:
445.- “Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar, en la jurisdicción en que ocurran, en registros especialmente destinados a este objeto.”
475.- “También se insertará la sentencia ejecutoriada que declare la existencia, nulidad o disolución del matrimonio, anotándose al margen la partida correspondiente.”
A su vez, el Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 856, lo siguiente:
El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.
Así mismo observa que, en lo que respecta al requisito de reciprocidad, del establecido en el artículo 850, del vigente Código de Procedimiento Civil, que el mismo quedó derogado, al no haber sido incluida dicha disposición en la Ley de Derecho Internacional Privado; tal como lo estableció la sentencia dictada el 06 de octubre de 1.999, por la Sala Político Administrativa, en la cual se lee:
“...Como ha sido destacado en anteriores oportunidades, a partir del 06 de febrero del año en curso, el orden de prelación a aplicar es el expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo texto prescribe:
...Artículo 1°. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios del Derecho Internacional Privado generalmente aceptados...
....Dicha disposición ordena, en primer lugar, la aplicación de las normas sobre Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En los casos de autos se solicita que por el procedimiento exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela de una sentencia proferida por un tribunal con sede en una división político-territorial de la provincia de Ontario, Canada, país que no es parte ni del Convenio Bolivariano (1911), ni de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979), tratados vigentes para Venezuela en esta materia. Por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes trascrito, se plantea la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado, consagradas en primer término en la citada Ley Especial, cuyo capítulo X (De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras) derogó parcialmente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, relativas al proceso de exequátur...
...De otra parte, debe nuevamente precisar este Alto Tribunal, que habiendo sido eliminado por la Ley de Derecho Internacional Privado, el requisito de reciprocidad que exigía el artículo 850, del Código de Procedimiento Civil, al no incluirlo como tal dentro de las disposiciones, no entrará a considerar en este caso, ni en los sucesivos, las pruebas que para tal fin fueron o sean suministradas por la parte interesada, y así se declara...
(JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Ó.R.P.T., Tomo 10, Págs. 547 a 549).
Observa esta Alzada que, en fecha 25 de febrero de 1992, El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta Colombia, decreto la Separación Indefinida de Cuerpos de los esposos G.M.N. Y D.L.Q.D.M., y como consecuencia declara disuelta la Sociedad Conyuga, y decreta asi el Divorcio de mutuo acuerdo solicitado por los ciudadanos G.M.N. Y D.L.Q.D.M., sentencia esta que fue ejecutada en fecha 09 de marzo de 1992.
Visto lo anterior, y de conformidad con los criterios jurisprudenciales traídos a colación pasa este Sentenciador a verificar si se le ha dado cumplimiento, a las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y al efecto, se observa:
-
) La decisión extranjera fue dictada en asunto civil, materia familiar, específicamente en un juicio de divorcio no contencioso.
-
) Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la decisión dictada por el Tribunal Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta de la Republica de Colombia, referente al Divorcio de Mutuo Consentimiento vincular entre de los ciudadanos G.M.N. Y D.L.Q.D.M.
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) No se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del divorcio entre las partes.
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) el Tribunal Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta de la Republica de Colombia, tenía jurisdicción para conocer de la causa, por cuanto el Divorcio fue solicitado ante un órgano jurisdiccional competente del lugar del domicilio de los solicitantes.
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) No consta en autos, que la sentencia extranjera, objeto de la presente solicitud, sea incompatible con sentencia alguna, que tenga carácter de cosa juzgada, dictada por un Tribunal Venezolano; así como tampoco se evidencia, que exista ante los Tribunales Venezolanos, una solicitud pendiente sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
En consecuencia, verificado, como ha sido, el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado; cuyo numeral 1° exige que se trate de una sentencia extranjera, que fuere dictada en un asunto civil, en materia familiar; puesto que el caso sub-examine, se trató específicamente de una solicitud de Divorcio, no contencioso en sede jurisdiccional; es por lo que esta Alzada, al considerar igualmente llenos los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia en la legislación venezolana, declara procedente la solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA DECISIÓN Tribunal Segundo Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta de la Republica de Colombia de fecha el 25 de Febrero de 1992, que declaró el Divorcio de mutuo acuerdo los ciudadanos G.M.N. Y D.L.Q.D.M., y que fue ejecutada en fecha 09 de marzo de 1992.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
DÉJESE COPIA
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario del Tránsito, y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia, a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010). Años 200° y 151°.
El Juez Titular,
Abog. F.J.D.
La Secretaria,
M.G.M.
En la misma fecha, y siendo las 3:22 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.
La Secretaria,
M.G.M.
