Decisión nº PJ0592011000045 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 15 de Agosto de 2011

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RESUMEN

este TRIBUNAL SUPERIOR CUARTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley , declara PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del Pueblo,... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR CUARTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL,

Caracas, quince (15) de agosto de dos mil once (2011).

201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL: AP51-O-2011-010685

RECURSO: AP51-R-2011-012766

JUEZA PONENTE: YAQUELINE LANDAETA VILERA.

MOTIVO: Recurso de Apelación (Acción de Amparo Constitucional)

PARTE RECURRENTE: JESÚS ANTONIO MENDOZA MENDOZA y JASMIN CUEVAS MORALES, abogados e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 41.755 y 124.701, respectivamente, el primero en su carácter de Director de Recursos Judiciales de la Defensoría del Pueblo y la segunda adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo.

PARTE AGRAVIADA: ABELARDO LEONARDO VELASQUEZ HERNANDEZ y LAURA RAMOS MARTÍN, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad números V-12.668.911 y V-16.300.023 respectivamente.

PARTE AGRAVIANTE: EMPRESA SANITAS DE VENEZUELA S.A, en la persona de sus representantes legales, abogados NICOLAS ENRIQUE BADELL y MARÍA GABRIELA MEDINA, abogados en inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 83.023 y 105.937, respectivamente.

NIÑO: IDENTIDAD OMITIDA, de siete (07) meses de edad.

I

Conoce este Tribunal Superior Cuarto del presente recurso, con ocasión al recurso de apelación ejercido por la profesional del derecho JASMIN CUEVAS MORALES, abogada e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 124.701, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, contra la sentencia dictada en fecha 29 de junio de 2011, por la Jueza del Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial, la cual declaró improcedente la Acción de Amparo Constitucional ejercida por los abogados LARRY DEVOE MARQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE COLMENARES, LUCELIA CASTELLANOS PÉREZ, LILIAN QUEVEDO RUÍZ, JASMIN CUEVAS y JAVIER ANTONIO LÓPEZ CERRADA, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 93.897, 41.755, 71.884, 145.484, 65.661, 124.701 y 84.543 respectivamente, procediendo en su condición de Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, Director de Recursos Judiciales de la Defensoría del Pueblo y abogados adscritos a la Dirección General de Servicios Jurídicos respectivamente, actuando a favor y en defensa de los derechos del niño IDENTIDAD OMITIDA hijo de ABELARDO LEONARDO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ y LAURA RAMOS MARTÍN, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.668.911 y V-16.300.023 respectivamente; quienes interpusieron acción de amparo constitucional contra Sociedad Mercantil SANITAS DE VENEZUELA S.A.

Recibido el asunto ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), se le asignó la ponencia a la Dra. YAQUELINE LANDAETA VILERA, razón por la cual suscribe el presente fallo.

II

DE LA COMPETENCIA

Pasa este Tribunal Superior Cuarto (4to) del Circuito Judicial del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a analizar y declarar previamente si tiene competencia para conocer la presente apelación de Acción de Amparo; en este sentido cabe señalar la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA, de fecha 20 de enero del año 2002, expediente 00-002 caso: EMERY MATA MILLÁN, estableció lo siguiente:

“….3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta…” (Resaltado nuestro).

Ahora bien, de la actas se evidencia que con la interposición del presente recurso de apelación se pretende atacar la sentencia dictada que declaró la improcedencia de la acción de Amparo Constitucional a favor del niño IDENTIDAD OMITIDA, intentada por los abogados antes identificados, por la presunta vulneración de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Derecho a la Vida , Derecho a la Salud , Derecho a la Igualdad y no Discriminación; asumido el criterio jurisprudencial antes señalado este Tribunal Superior Cuarto (4to) del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Nacional de Adopción Internacional de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declara COMPETENTE para tramitar y decidir el presente recurso de apelación de Acción de Amparo Constitucional.

Realizadas las formalidades de la Alzada, este Juzgado Superior Cuarto pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

III

DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE:

1. La Sociedad Mercantil SANITAS VENEZUELA, S.A., es una persona jurídica de carácter privado que se dedica a prestar servicios de asistencia médica, mediante la oferta de planes de salud a cambio de pagos anticipados que los usuarios y usuarios entregan con la suscripción de un contrato de medicina prepagada.

De igual modo, la referida persona jurídica se identifica como “…una compañía de asistencia médica integral que introduce en Venezuela el concepto de Medicina Prepagada…” (Negrillas del escrito, tal como se desprende de su página web, www.sanitasvenezuela.com, de la cual se anexa una copia marcada con la letra “I”.

Igualmente, SANITASVENEZUELA, S.A. se describe como: “…la primera Organización de medicina prepagada del país, sin límite de edad, ni límite de cobertura…”, según se lee en las páginas 50, 152, 160, 174, 177, 180, 200, 208, 212, 242, 264, 284, 312, 318, 322 y 346 de la Guía de Usuario que distribuye la misma compañía a cada beneficiario o beneficiaria al momento de formalizar el contrato de servicio, la cual se anexa marcada con la letra “J”.

De todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que SANITAS VENEZUELA, S.A., al prestar servicios de asistencia médica, se vincula en forma directa y sin lugar a dudas con la satisfacción del derecho humano a la salud.

2. Como ya se mencionó, las denominadas prestadoras de servicios de “medicina prepagada” funcionan mediante el pago de abonos mensuales realizados por el beneficiario, a los fines de que la empresa brinde atención a los problemas de salud sufridos por el beneficiario y su grupo familiar, de ser el caso. Estos asociados pueden ingresar al sistema en forma directa o a través de contratos colectivos con empresas, estableciendo los servicios del prepago mediante el aporte individual o colectivo.

Aunque alguna doctrina ha señalado que la medicina prepagada es diferente al contrato de seguros, la realidad es que ello no es así, dado que no existe diferencia sustancial entre el papel desempeñado por una y otra figura ni mucho menos justificación alguna para permitir a estas empresas de medicina prepagada realizar una actividad igual a la de las empresas de seguros pero sin cumplir los requisitos y exigencias que le impone la Ley en protección al usuario y usuaria.

De lo anterior se evidencia, que el contrato de medicina prepagada no difiere sustancialmente de un contrato de seguros y el servicio que recibe el usuario es el que podría obtener cualquier aseguradora, todo lo cual permite señalar que existen suficientes indicios de que la actividad que realiza es la actividad de seguros.

En sintonía con todo lo anterior, es necesario destacar que la reciente Ley de la Actividad Aseguradora incorpora expresamente a las empresas de medicina prepagada dentro de su cuerpo normativo, regulando así su actuación de manera similar al resto de la actividad aseguradora. En efecto, la exposición de motivos de la referida Ley expresa literalmente lo siguiente:

En ese mismo sentido, el artículo 138 de la Ley de la Actividad Aseguradora define los servicios de medicina prepagada en los siguientes términos:

En consecuencia, no queda duda alguna que el servicio de medicina prepagada es una actividad de seguro, que se encuentra sometida a una serie de regulaciones establecidas fundamentalmente en la novísima de Ley de actividad Aseguradora. No obstante, es importante resaltar que en fecha 16 de febrero de 2011, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 39.617, la Providencia No. 0003225, emanada de Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante la cual se regulan las operaciones de las empresas de medicina prepagada.

DE LOS HECHOS

La ciudadana Laura Ramos Martín, madre del niño IDENTIDAD OMITIDA, ha disfrutado de los servicios de asistencia médica ofrecidos por la Sociedad Mercantil SANITAS VENEZUELA, C.A., desde el año 2007, momento en el cual se afilió a los planes de salud que brinda dicha compañía, bajo el contrato No. 50-10-33970-1. Cabe resaltar que la ciudadana Laura Ramos Martín, ha mantenido una relación como usuaria que sin grupo familiar, directamente desde hace más de cuatro (4) años y por intermedio de su familia materna desde hace nueve (9) años.

En tal sentido, los ciudadanos Abelardo Leonardo Velásquez Hernández y Laura Ramos Martín, desde el momento en que recibieron la noticia de su embarazo, dispusieron de los servicios de asistencia médica que brinda SANITAS VENEZUELA, S.A. Así dieron inicio a su control pre-natal con el Dr. Adolfo Azuaga, quien forma parte del grupo médico que ofrece dicha Sociedad Mercantil.

Posteriormente, en fecha 4 de noviembre de 2010, cuando la ciudadana Laura Ramos Martín contaba con seis (06) meses de...

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