Decisión nº PJ0042011000152 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 10 de Agosto de 2011
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2011 |
| Emisor | Juzgado Primero Superior del Trabajo |
| Ponente | Osmiyer José Rosales Castillo |
| Procedimiento | Recurso De Apelación |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del estado Portuguesa
Guanare, diez (10) de agosto de dos mil once (2011).
201º y 152º
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA, LAS PARTES Y SUS APODERADOS
ASUNTO Nro.-: PP01-R-2010-000207.
DEMANDANTES: YOINERTH J.L.D.R. y O.A.B.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nro.- V-3.596.884 y V-13.605.132, en su orden.
APODERADOS JUDICIALES DE LOS DEMANDANTES: Abogados R.G.S., R.G.S. y R.G.S., identificados con matricula de Inpreabogado Nros.- 9.811, 91.010 y 133.461, en su orden.
DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO PORTUGUESA.
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL: Abogada MARYORY VALLADARES PÉREZ, identificada con matricula de Inpreabogado Nro.- 132.226.
MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN (COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCPETOS LABORALES).
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
DETERMINACIÓN DE LA CAUSA
Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado R.G., co-apoderado judicial de las partes demandantes, ciudadanos YOINERTH J.L.D.R. y O.A.B.G., contra decisión de fecha 01 de diciembre del año 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare, mediante la cual, dado que los actores no comparecieron ni por sí ni por medio de apoderado judicial o representante legal alguno, a la prolongación de la audiencia preliminar, declaró DESISTIDO el procedimiento y terminado el proceso (F.144 y 145).
SECUELA PROCEDIMENTAL ANTE ESTA ALZADA
Recibido el presente expediente por ante esta superioridad en fecha 21/07/2011, se procedió a fijar la oportunidad legal de la celebración de la audiencia oral y pública, a los fines de oír apelación para el día 27/07/2011, a las 08:45 a.m. (F.186), siendo reprogramada la misma para el 02/08/2011, a las 08:45 a.m. (F.187), a la cual hicieron acto de presencia los representantes judiciales de la parte demandantes-recurrentes, quienes expusieron sus alegatos y promovieron las pruebas correspondientes, las cuales fueron admitidas por ésta alzada, salvo su valoración en la definitiva, ya que el apelante basó sus argumentaciones en que su incomparecencia a la prolongación de la audiencia preliminar se debió a la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor; se evacuaron los medios probatorios promovidos y ésta superioridad declaró: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las partes demandantes contra decisión de fecha 01/12/2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare; SE REVOCA la sentencia en comento; SE REPONE LA CAUSA al estado que el Juzgado a quo, una vez que reciba la presente causa por auto expreso fije la oportunidad en que tendrá lugar la celebración de la prolongación de la audiencia preliminar, las partes se encuentran a derecho de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y SE ANULAN las actuaciones jurisdicciones cursantes a los folios 144 y 145 y NO SE CONDENA EN COSTAS por la naturaleza del fallo (F.188 al 192).
De cara a lo anterior, pasa ésta alzada a reproducir y publicar de forma escrita y dentro de la oportunidad que ordena la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el dispositivo oral del fallo emitido, de la manera siguiente:
ALEGATOS DE LA PARTE EN LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA
Con fundamento en los principios procesales de la inmediación y oralidad, pilares esenciales dentro de los cuales reposa el nuevo paradigma adjetivo laboral, este juzgador pasa a transcribir parcialmente los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en la audiencia oral celebrada por esta superioridad en fecha 02/08/2011, los cuales, por solicitud de la parte recurrente en la causa identificada con la nomenclatura PP01-R-2010-000211 y previa anuencia del Juez, se tomarán como defensas tanto para el presente expediente como para los signados con las letras y números PP01-R-2010-000204, PP01-R2010-000205, PP01-R2010-000208, PP01-R2010-000209 y PP01-R2010-000210, por cuanto las apelaciones versan sobre el mismo punto controvertido. Así se resuelve.
La representación judicial de las partes demandantes-apelantes, abogado R.G.S., expuso:
• Igual que en la audiencia pasada, la del PP01-R-2010-211, nos convoca también una causa, si bien es cierto está acumulada en cuanto a la exposición, mas no en la dispositiva del fallo, se corresponden con los mismos presupuestos de hecho y de derecho dada que por la circunstancia todas las audiencias se encontraban fijadas para el día primero de diciembre y, obviamente, los motivos de apelación que se hicieron para aquella audiencia del PP01-R-2010-211, se corresponden en igual e idénticas circunstancias a estos otros expedientes.
• Voy a hacer una pequeña cronología como la hice en la audiencia anterior, previo a nuestra incomparecencia.
• Nosotros el día 07/11 del 2010 fuimos objeto de un atraco, llegaron a nuestra casa, cuatro personas dentro de las cuales habían tres hombres y una mujer, nos atracaron, nos robaron prendas, nos robaron computadoras, nos robaron celulares. Estábamos en nuestra casa, con nuestro grupo familiar, pasando un fin de semana tranquilos y, pues nos robaron a la altura de las cuatro de la tarde.
• Ese mismo día, se intentó hacer la denuncia pero los órganos policiales, como bien es sabido, a veces toman poco interés en recepcionar las denuncias. Ese día no nos recibieron la denuncia y hubo la necesidad de hacer la denuncia por crimin y salió publicado en el Diario Última Hora el día 09/11 del 2010, para ser más exactos; y coincide, casualmente, con unas declaraciones que da el doctor C.C. y usted sobre la destitución, de la suspensión de la doctora C.P., temporal, de algunas funciones.
• En la parte de debajo de ese periódico se evidencia la denuncia que hizo mi padre, en ese entonces, por el trato inadecuado de los funcionarios del C.I.C.P.C. y se hizo la mención de esta denuncia.
• En fecha 12/11 del 2010 se formalizó, nosotros como conocedores del derecho formalizamos ante la Fiscalía Superior, consignamos lo relativo a la denuncia para que, bueno, se ordenara la respectiva apertura de la investigación con las consecuencias a las que hubiere lugar.
• Bueno, pasó todo ese tiempo, y no es si no hasta el día 30/11 del 2010 que nos llegan a eso de cinco y media, seis de la tarde, ahorita no recuerdo precisamente la hora pero sí fue en horas de la tarde, al final de la tarde, donde se nos cita, se nos conmina, un órgano de policía de investigación penal, nos conmina a nosotros a comparecer al día siguiente a las ocho y media de la mañana, con ocasión a ésta investigación y haciéndonos la advertencia que teníamos la obligación de comparecer como víctimas de este suceso que nos había ocurrido.
• El día primero de diciembre del 2010, que fue el día que se celebraron todas las audiencias, tanto la del 211 como al del 204, 205, 208, 210, 207 y 209, estaban fijadas en horas comprendidas entre las ocho y media de la mañana y las doce y tanto del mediodía, nosotros estuvimos, visto el apercibimiento que había realizado el órgano de policía de investigación penal, en la sede de la policía desde las ocho y media hasta las dos de la tarde.
• Se nos solicitó y se nos exigió que no nos retiráramos porque había que indicar, no sólo lo relativo a la declaración de la acta, si no que había que hacer unas especies de reconocimientos, indicar algunos otros datos, incluso, indicar todas las personas que habían estado, que habían presenciado, de manera directa o indirecta, el delito y no fue si no hasta las dos de la tarde cuando, efectivamente, nosotros dejamos de estar a disposición del cuerpo de investigaciones penales.
• Para demostrar nosotros todas ésta aseveraciones, en todos estos puntos de hecho que nosotros presentamos, está la denuncia que presentamos a la Fiscalía del Ministerio Público; el periódico, que lo consignamos en copia pero tenemos aquí a nuestra disposición el original, si es de mejor apreciación del tribunal verificar; tenemos las boletas de citación que nos hicieron; las actas de entrevistas de ese día y de esa hora y hay una constancia que esta marcada como anexo 5 que evidencia también la hora en la cual nosotros llegamos y la hora en que nosotros nos retiramos y que estuvimos, perfectamente, a disposición.
• Nosotros, aunado a eso hay unos hechos que, si bien es cierto no están directamente vinculados con el motivo de la incomparecencia, nosotros también quisimos hacerlo del conocimiento del tribunal, el anexo 6, que también lo vamos a consignar en este expediente, salvo la mejor apreciación del tribunal que lo consignamos en el expediente 211, las actas de entrevistas que le hicieron a mi abuelo M.A.G., a su señora M.D. y a mi tío A.M.G.D..
• Tenemos los documentos relativos d a la propiedad de la casa para demostrar que, efectivamente, en esa dirección fue donde fuimos objeto de este hecho delictivo, tal como es el robo y tenemos las actas de nacimiento de mi hermano R.A. y la mía en particular que demuestra la condición de filiación, nuestra condición de hijos de R.A.G.S. para terminar de andamiar el probatorio necesario para indicarle a este tribunal que, efectivamente, estamos incursos en una causal justificada que nos impidió la comparecencia el día primero de diciembre de 2010 para comparecer a todas estas audiencias que estaban fijadas en este día y hora en el lapso comprendido entre las ocho y media y doce y media, una de la tarde.
• Razón por la cual nosotros solicitamos, respetuosamente, este tribunal que en aplicación de los criterios jurisprudenciales establecidos, que fueron flexibilizados, incluso, caso fortuito y fuerza mayor, también por los hechos cotidianos y conforme al probatorio que nosotros hemos presentado que son documentos públicos administrativos, aún y cuando nosotros aquí conservamos los originales, solicitamos, respetuosamente, a este tribunal declare con lugar la apelación; declare, suficientemente comprobada, la causa justificada que nos impidió comparecer a ese cúmulo de audiencia en todos los expedientes señalados; ordene la reposición de la causa al estado de nueva celebración de la audiencia preliminar con todos y cada uno de los pronunciamientos legales a que hubiere lugar.
De conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; ésta alzada deja constancia que el desarrollo íntegro de las argumentaciones parcialmente descritas con antelación, se encuentran debidamente plasmados, en la reproducción audiovisual producto de la filmación correspondiente a la audiencia oral y pública de apelación, celebrada ante esta instancia en fecha 02/08/2011, contenido en el cuaderno de recaudos. Así se señala.
PUNTO CONTROVERTIDO
Revisadas las actas que conforman el expediente, oída la exposición de la representación judicial de la parte demandante-apelante, ésta superioridad observa que el asunto sometido a su consideración, consiste en determinar prima facie si las partes recurrentes demostraron la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor con las pruebas aportadas. Así se establece.
PRUEBAS APORTADAS Y VALORACIÓN PROBATORIA
Plasmadas las argumentaciones esgrimidas por la representación judicial de las partes demandantes-apelantes en la audiencia oral y pública de apelación celebrada ante esta instancia en fecha 02/08/2011, este Juzgador, ya que el apelante sólo basó sus argumentaciones en que su incomparecencia a la prolongación de la audiencia preliminar se debió a la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con lo previsto en la sentencia Nro.- 270, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06/03/2007, con ponencia del Magistrado Doctor J.R.P., caso N.P.H. contra la empresa LÍNEA AERO-TAXI WAYUMI, C.A., ADMITE las pruebas promovidas por la parte demandante-recurrente; procediendo, subsiguientemente, a su valoración atendiendo a los principios de la comunidad de la prueba e indubio pro-operario y en base al criterio de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y hace las siguientes apreciaciones:
Documentales
Escrito de denuncia presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi, constante de tres (03) folio útiles, marcado con anexo I.
Ejemplar del diario Ultima Hora presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi, constante de uno (01) folio útil, marcado con anexo II.
Acta de entrevista en original de fecha 06-12-2010, emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales, constante de un (01) folio útil, marcado con anexo VI.
Con lo que respecta a los medios probatorios antes descritos; quien sentencia, no les confiere valor probatorio y los desecha del procedimiento, por cuanto los mismos versan sobre circunstancias que no coadyuvan a esclarecer el punto controvertido que se discute ante ésta alzada. Así se aprecia.
Boletas de citaciones presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi emitida por el Ministerio del Poder Popular para las relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi, constante de tres (03) folios útiles, marcado con anexo III.
Actas de entrevistas presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi de fecha 01-12-2010, emitida por el Ministerio del Poder Popular para las relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales, constante de tres (03) folios útiles, marcado con anexo IV.
Acta presentada en original en su oportunidad a efecto vivendi de fecha 01-12-2010, emitida por el Ministerio del Poder Popular para las relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales, constante de un (01) folio útil, marcado con anexo V.
En atención a dichas documentales quien juzga observa que las mismas son emanadas de un organismo policial de carácter público como lo es la Dirección de las Operaciones Policiales del estado Portuguesa, quien depende de la Dirección General de Policía, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y suscrita por funcionarios de dicho ente policial, revistiendo características que le atribuyen la condición de documentos públicos administrativos. Así se establece.
En consecuencia, resulta forzoso para este juzgador traer a colación lo que al efecto ha señalado de forma pacífica y reiterada la jurisprudencia de nuestro alto Tribunal, específicamente la Sala de Casación Social en Sentencia de fecha 08/06/2006 (caso: Á.R.H. Vs. M-I DRILLING FLUIDS DE VENEZUELA, C.A.) con ponencia del Magistrado Dr. O.A.M.D. que estableció:
“Como se evidencia, tal como lo denuncia la parte demandante recurrente, la Juez de Alzada indebidamente extendió la exigencia de ratificación en juicio a un documento administrativo expedido por el médico legista del Ministerio del Trabajo como si se tratara de un documento privado emanado de un tercero.
Lo cierto es que la referida documental, no puede ser valorada como si se tratara de un documento privado, pues, como reiteradamente lo ha explicado este Alto Tribunal, los documentos públicos administrativos por emanar de funcionarios o empleados de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, gozan de una autenticidad y veracidad que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario.
Lo recientemente indicado, ha sido objeto de análisis en diversos casos sometidos a decisión por este Tribunal Supremo de Justicia, quien de manera pacífica ha sostenido lo siguiente:
Sobre ese particular, la Sala en sentencia de fecha 16 de mayo de 2003, caso H.J.P.V. c/ R.G.R.B., dejó sentado que los documentos públicos administrativos “…son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc) o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario…”.
… Omisis …
Las consideraciones expuestas permiten concluir que los documentos públicos se caracterizan por ser autorizados y presenciados, con las solemnidades legales, por un registrador, juez u otro funcionario o empleado público, que tenga facultades para dar fe pública; los privados por ser redactados y firmados por las partes interesadas, sin que intervenga ningún funcionario público, los cuales pueden adquirir luego autenticidad, si son reconocidos legal o judicialmente por sus autores; y los documentos administrativos por emanar de funcionarios de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, los cuales persiguen documentar las manifestaciones de voluntad o de certeza jurídica del órgano administrativo que la emite.
Es evidente, pues, que la diferencia entre documento público y documento administrativo, no es absoluta, los cuales coinciden en que ambos gozan de autenticidad desde que se forman, la cual emana del funcionario público que interviene en la formación del acto, quien cumpliendo las formalidades exigidas por la ley, otorga al instrumento una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad.
Por tanto, la Sala considera que todo documento administrativo, por emanar de funcionario o empleado público facultado por ley, goza de autenticidad y veracidad, salvo prueba en contrario.
.(Sentencia N° 410 de fecha 4 de mayo de 2004, Sala de Casación Civil).” (Fin de la cita. Negrillas del Tribunal).
De la decisión arriba explanada, se deduce la presunción juris tantum que los documentos administrativos por ser otorgados por un funcionario competente quien los expide en el ejercicio de sus funciones, gozan de veracidad y autenticidad, por lo que al haber promovido la parte demandante documentos de este tipo para demostrar la causa de su incomparecencia a la prolongación de la Audiencia Preliminar, que no fueron desvirtuados por la parte contraria, quien juzga les otorga pleno valor probatorio como demostrativos de los siguientes hechos:
Que los co-apoderados judiciales de los actores, vale decir, los abogados R.A.G.S., R.G.S. y R.G.S., en su carácter de víctimas de robo, en fecha 30/11/2010, siendo las 05:30 p.m., fueron citados a una entrevista en la Dirección de las Operaciones Policiales de la Dirección General de Policía del estado Portuguesa, el día miércoles 01/12/2010, a las 08:30 a.m.; Segundo: Que los referidos profesionales del derecho, en su carácter de víctimas de robo, en fecha 01/12/2010, desde las 08:30 a.m., se encontraban en la sede del pre-mencionado organismo policial y a disposición de ésta, rindiendo declaraciones, culminando cada uno de los actos a las 10:40 a.m., a las 12:10 p.m. y a las 01:50 p.m., respectivamente y Tercero: Que siendo las 02:00 p.m., del día miércoles 01/12/2010, mediante acta, se procede a dejar constancia que los mencionados abogados ese mismo día, se presentaron ante la referida Dirección, a las 08:30 a.m. retirándose a al terminar resuministrar datos en la entrevista tomada por el oficial de información, Cabo 2do. (PEP) F.T.. Así se valora.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Delimitado como ha sido el punto a dilucidar en el presente caso, girando este en la órbita de las causas extrañas no imputables a las partes como es el caso fortuito o la fuerza mayor y valorado como ha sido el cúmulo probatorio aportado por la parte recurrente y admitido por quien sentencia; es necesario advertir que en ausencia de legislación expresa sobre tales sucesos en nuestro fuero laboral, es imperioso acudir al derecho común para precisar su noción. Así pues, se contemplan tanto doctrinaria como jurisprudencialmente en materia civil, varios supuestos dentro del genero ya mencionado “de causa extraña no imputable”, referidos al efecto del incumplimiento de las obligaciones (artículo 1.264 del Código Civil venezolano vigente), precisándose entre otros supuestos, lo atinente al CASO FORTUITO y la FUERZA MAYOR; estableciéndose que, por CASO FORTUITO debemos entender el suceso imprevisto que no se puede prever, ni resistir y que emana de la naturaleza y por FUERZA MAYOR todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido resistirse y que por lo general emana del hombre, exigiéndose para la procedencia de ambos supuestos que los mismos deban llenar ciertas condiciones tales como:
1) Que produzca la imposibilidad absoluta de poder ejecutar la obligación, esta condición no debe ser teórica sino formal o practica.
2) Que la imposibilidad absoluta debe ser sobrevenida, esto es que se presente con posterioridad a haberse contraído la obligación.
3) Que la causa extraña no imputable sea imprevisible.
4) Que sea inevitable, es decir, que no pueda subsanarse.
5) La ausencia total de culpa y dolo por parte del deudor.
De igual manera, debe observarse que señala la doctrina con respecto a lo que significa Fuerza Mayor o Caso Fortuito, ya que éstos se refieren a los acontecimientos que liberan de responsabilidad y a los cuales son ajenas las personas obligadas. En tal sentido, la fuerza mayor se concreta a un acontecimiento; un acontecimiento ajeno a la persona que la invoca, ya que implica un impedimento para que el obligado cumpla sus obligaciones y debe reunir ciertos caracteres para ser considerados de fuerza mayor o caso fortuito y por ende eximir de responsabilidad al obligado. Debe ser: a) exterior, ajeno, a la persona obligada y a su voluntad; b) imprevisible, es decir, que no puede ser razonablemente considerado por el constante en el momento de celebrar el contrato, en este caso, constante al momento de celebrar la Audiencia o al estar sometido al proceso; también se califica al suceso de “extraordinario”, presentándosele como “anormal”, c) inevitable, “irresistible”, según algunos, o “insuperable” por el contratante, y d) actual.
En doctrina de DON J.E., en su obra DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA (PARÍS 1858) se señaló lo siguiente:
Caso Fortuito: El suceso inopinado, ó la fuerza mayor que no se puede prever ni resistir, tales como inundaciones, torrentes, naufragios, incendios, rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de edificios causadas por alguna desgracia imprevista y otros acontecimientos semejantes.
Nadie está obligado por la naturaleza de un contrato a prestar el caso fortuito; es decir, que no hay contrato en el que uno de los contrayentes tenga que responder al otro las pérdidas y daños causados por caso fortuito; pues la pérdida de la cosa que perece o experimenta algún menoscabo de este modo, recae sobre el contrayente propietario de ella. La razón es que res domino suop perit; et propterea nemini potes imputari quad humana providentia regi non potest.(…)
Fuerza Mayor: Es el acontecimiento que no hemos podido precaver ni resistir; como por ejemplo la caída de un rayo, el granizo, la inundación, el huracán, la irrupción de enemigos, el acontecimiento de ladrones. (…)
. (Fin de la cita).
G.C., en su obra Diccionario de Derecho Usual Tomo I y II (Ediciones Santillana, Buenos Aires 1962), se pronunció de la siguiente manera:
“Fuerza Mayor: todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse. La fuerza mayor se presenta como aspecto particular del caso fortuito, reservándose para éste los accidentes naturales y hablando de aquélla cuando se trata de acto de un tercero por el cual no ha de responder el deudor. Como casos concretos de fuerza mayor se citan el incendio, la inundación, el terremoto, la explosión, las plagas de campo, la guerra, los tumultos o sediciones, etc.
Caso fortuito: El suceso inopinado, que no se puede prever ni resistir. Su deslinde de la fuerza mayor resulta tan difícil o sutil, que la generalidad de los códigos y buena parte de la doctrina no ahonda en ello y establece iguales consecuencias para una y otra. Los que se apoyan en la causa, estiman caso fortuito el proveniente de la naturaleza (la inundación que corta las comunicaciones) y fuerza mayor la procedente de una persona (el robo que priva del dinero con el cual se iba a pagar). (Fin de la cita).
El caso fortuito o fuerza mayor deben concebirse como peculiares hechos positivos que, en determinadas o taxativas circunstancias, se exigen a los fines de la exoneración del deudor de la responsabilidad por incumplimiento. En general, los hechos a que nos hemos referido, pueden ser o eventos naturales (una granizada, la filoxera, un terremoto, un incendio, el desbordamiento de un río, la caída de un rayo, la sequía y similares), o hechos ajenos (robo o hurto sufrido, estado de guerra, choque ferroviario, naufragio de la nave que transportaba la mercancía, etc.); o finalmente el llamado factum principis, o sea, una providencia del poder soberano, o de la autoridad administrativa (poner la cosa fuera del comercio, expropiación por interés público, requisición, prohibición de enajenación, poner fuera de curso una especie monetaria, y similares). Así se estima.
En otro orden de ideas y aunado a las consideraciones anteriores, para quien decide es menester señalar que la Audiencia Preliminar es una de las más importantes del proceso laboral, donde las partes se acercan a resolver sus controversias ante un juez que ha sido preparado para tratar que las mismas le den una solución al conflicto, tal como ha sido entendido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Social, al establecer que para los casos de incomparecencia a la Audiencia Preliminar, se considere prudente a los f.d.p.:
… Flexibilizar el patrón de causa extraña no imputable no solo a los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, sino, a aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas, irregulares (que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia), al deudor de cumplir con la obligación adquirida
. (Fin de la cita. Ver: Sent. Nro.- 866 del 17/02/04 caso: VEPACO).
Así pues, se observa que tanto la doctrina casacional como el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establecen los motivos por los cuales se puede apelar de la inasistencia a la audiencia preliminar, siendo éstas razones la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor plenamente comprobables a criterio del Tribunal, constituyéndose así en una norma encaminada a patentizar el derecho a la defensa de las partes.
En este caso, considera oportuno esta alzada señalar que la no comparecencia de alguna de las partes, según el ilustre maestro Carnelutti, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración que éstas son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier juicio, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste, en consecuencia:
…el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición de oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento… Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…
(Carnelutti, Francesco. “Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Tomo III, p. 952)
De acuerdo a este razonamiento, la falta de comparecencia supone lógicamente una carga y por ello, bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces señalar, que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha establecido diferentes efectos legales en aquellos supuestos que pueden presentarse en virtud de la no comparencia de los intervinientes en un juicio.
Determinado lo anterior, y en base a la carga de probatoria que tiene la parte quien alegue la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor; éste juzgador precisa necesario referir que los medios de pruebas tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza al juez respecto de los puntos en divergencia y fundamentar sus decisiones.
Siendo esto así, tenemos que el ejercicio de la actividad probatoria, constituye el instrumento mediante el cual las partes pueden demostrar la verdad de sus proposiciones, no obstante, dicha actividad está soportada sobre un trípode constituido por la necesidad de demostrar los hechos aducidos, crear en el juzgador la convicción sobre la realidad de los mismos y llevarlo, consecuencialmente, a decidir conforme a la norma invocada dentro de la cual se encuadran los hechos alegados, tal como ha sido recogido por el legislador laboral en el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los términos que seguidamente se expresan:
Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones
. (Fin de la cita).
Con relación a la interpretación de la norma antes transcrita, es oportuno traer a colación lo explanado por el maestro Henríquez La Roche:
... Esta regla pone de manifiesto que hay una tríada de objetivos en la actividad probatoria: acreditar los hechos alegados, convencer al juez sobre la existencia de esos hechos y a partir de esa convicción, servir de fundamento al sentenciador para aplicar la norma cuyo supuesto normativo se subsume a tales hechos comprobados.
(Fin de la cita).
La prueba, es el eje entorno al cual se desarrolla todo proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo, así el Juzgador debe analizar en forma íntegra y darle pleno valor probatorio a todas y cada una de las pruebas promovidas por las partes, siempre teniendo como norte el principio de la comunidad de la prueba a los fines de obtener un sentido claro y categórico del efecto jurídico que emana de cada una de las pruebas aportadas al proceso, y de esta manera el sentenciador concluya de su apreciación, la procedencia o no de la acción en función del análisis del tejido probatorio que surge de la investigación, visto de esta forma las pruebas son los elementos de los que se hacen valer las partes para demostrar su verdad al juzgador, y la promoción es un estado jurídico en el cual las partes, presentan al Juez los medios de prueba que pretenden sean evacuados y luego apreciados, por lo que las pruebas deben tener pertinencia y ser conducentes para demostrar lo que se quiere. Así se determina.
En este mismo orden de ideas, es de suprema importancia advertir que el principio favorabilia amplianda, manda al Juez a evacuar las pruebas promovidas, a reserva de descartarlas luego, pues este principio es el que le permite una interpretación extenuada de las normas jurídicas que regulan el derecho de defensa, es decir en forma extensiva y no restrictiva, a fin de no correr el riesgo de menoscabarlo o vulnerarlo, para acatar así, el mandato constitucional que ordena mantener la inviolabilidad de la defensa en todo estado y grado del proceso.
Dentro del nuevo proceso laboral, que el legislador estableció en Venezuela a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el año 2003, instituyó como base de dicho proceso el principio de la oralidad, fundamentado en el artículo 257 de la Constitución Nacional, así como también del numeral 4º de la Disposición Transitoria Cuarta, ejusdem. Este principio está consagrado en los artículos 2 y 3 de la ley adjetiva laboral, lo que condujo al establecimiento de la figura procesal de la audiencia dentro del procedimiento laboral, con el fin de desarrollar la oralidad como elemento fundamental del mismo.
Ahora bien, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA), contempla, dentro del proceso laboral, dos audiencias, la primera, la audiencia preliminar (artículo 129 y siguientes íbidem), y la segunda, la audiencia de juicio (artículo 150 ejusdem). Dentro de éstas participan directamente tres sujetos procesales, a saber: el juez, el demandado y el demandante. Sin embargo, la audiencia preliminar, la conoce el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, mientras que en la audiencia de juicio, conoce el Juez de Juicio, debido a que el proceso laboral venezolano se desarrolla en dos etapas, o fases. Por lo cual, sí en la audiencia preliminar el Juez no logra a través de la mediación, la resolución del conflicto, el demandado procederá a la contestación de la demanda y posterior celebración de la audiencia de juicio.
En tal sentido, la audiencia preliminar se realizará a partir de la admisión de la demanda, donde el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución fijará la fecha para su celebración (artículo 126 de la LOPTRA), además, el demandado y el demandante deberán comparecer al décimo día hábil desde que conste en autos la notificación de aquel o del último si fueren varios (artículo 128 ejusdem); así como también, la obligación de la comparecencia a la audiencias de las partes (artículo 129 íbidem). En esta audiencia preliminar se podrán llevar a cabo diferentes fines como lo son: que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución estimulará medios alternos para la solución del conflicto, tales como el arbitraje y la conciliación (artículo 133 ejusdem), además, podrá corregir los vicios que pudieran existir en el procedimiento, a través del despacho saneador. Igualmente, deberá incorporar las pruebas que hayan sido promovidas por las partes.
La audiencia preliminar se podrá prolongar, previa aprobación del juez, las veces que sea necesario, para agotar completamente el debate (artículo 132 de la LOPTRA), empero, la audiencia preliminar no podrá exceder de cuatro (04) meses (artículo 136 ejusdem). Ahora bien, como se mencionó anteriormente, tanto la parte demandante como la demandada deberán asistir obligatoriamente a la celebración de la audiencia preliminar, ya que dicha incomparecencia producirá diferentes efectos.
En relación a dichos efectos, existirá el desistimiento, sí la parte actora no compareciera a la audiencia preliminar, concediéndosele un lapso de 90 días, para volver a intentar la demanda (artículo 130 de la LOPTRA) y, la admisión de los hechos, cuando es la parte demandada quien no asiste a dicha audiencia (artículo 131 ejusdem), siempre y cuando no sea contraria a derecho la petición del demandante. Cabe destacar, que cuando la parte demandada sea la República o un ente público que por extensión goza de los mismos privilegios y prerrogativas de ésta, no aplicará tal disposición (confesión ficta), sino que se tendrá como negado todos los hechos alegados por el accionante. (Vid. Sentencia Nro.- 0904, Sala de Casación Social, de fecha 04/06/2009, Caso: J.C. contra CVG Bauxilum, C.A.).
Del contenido de la decisión apelada, se aprecia que, la parte accionante no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial en la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de prolongación de la Audiencia Preliminar en el presente juicio, por lo que en atención a su falta de comparecencia, la Juez a quo declaró “desistido el procedimiento”.
El Articulo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo -bajo advertencia legislativa en interpretación contextual-, concede a los Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, la facultad de declarar terminado el proceso, en aquellos supuestos en que el accionante -sin motivo aparente- dejare de asistir a la realización de la audiencia preliminar, toda vez que tal comparecencia es obligatoria y en modo alguno facultativa.
La norma in comento, establece la posibilidad que el accionante desvirtúe tal declaratoria, comprobando que un caso fortuito, una fuerza mayor o actividad del quehacer humano (incluida esta última por vía jurisprudencial) le impidieron asistir a dicha audiencia, y de este modo justificar su incomparecencia.
De una interpretación concatenada del contenido de los artículos 126 y 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se desprende que la oportunidad fijada para la comparecencia de las partes a la audiencia Preliminar es preclusiva, en el sentido de que la inasistencia de éstas -en este caso del actor- conlleva a un desistimiento del procedimiento y por ende, a la terminación del proceso.
Refiere el co-apoderado judicial de las partes actoras apelantes, abogado R.G.S., en audiencia de apelación los motivos de su recurso, entre otras argumentaciones, se debe a que ninguno de los tres representantes judiciales del demandante, vale decir, los profesionales del derecho R.A.G.S., R.A.G.S. y su persona, no pudieron comparecer al acto de prolongación de la audiencia preliminar, que estaba fijado para el día 01/12/2010, por cuanto ese día se encontraban en la realizando una entrevista en la Dirección de las Operaciones Policiales de la Dirección General de Policía del estado Portuguesa, en su carácter de víctimas de robo, circunstancias que quedaron demostradas con las pruebas aportadas a los autos, específicamente, con las apreciadas por éste juzgador, referentes a Boletas de citaciones presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi emitida por el Ministerio del Poder Popular para las relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi, constante de tres (03) folios útiles, marcado con anexo III; a las Actas de entrevistas presentado en original en su oportunidad a efecto vivendi de fecha 01-12-2010, emitida por el Ministerio del Poder Popular para las relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales, constante de tres (03) folios útiles, marcado con anexo IV y al Acta presentada en original en su oportunidad a efecto vivendi de fecha 01-12-2010, emitida por el Ministerio del Poder Popular para las relaciones de Interior y Justicia Gobierno Bolivariano del estado Portuguesa Dirección General de Policía. Dirección de Operaciones Policiales, constante de un (01) folio útil, marcado con anexo V; pues de ellas se evidencian, claramente, que los co-apoderados judiciales de los actores, vale decir, los abogados R.A.G.S., R.G.S. y R.G.S., en su carácter de víctimas de robo, en fecha 30/11/2010, siendo las 05:30 p.m., fueron citados a una entrevista en la Dirección de las Operaciones Policiales de la Dirección General de Policía del estado Portuguesa, el día miércoles 01/12/2010, a las 08:30 a.m.; que los referidos profesionales del derecho, en su carácter de víctimas de robo, en fecha 01/12/2010, desde las 08:30 a.m., se encontraban en la sede del pre-mencionado organismo policial y a disposición de ésta, rindiendo declaraciones, culminando cada uno de los actos a las 10:40 a.m., a las 12:10 p.m. y a las 01:50 p.m., respectivamente y que siendo las 02:00 p.m., del día miércoles 01/12/2010, mediante acta, se procede a dejar constancia que los mencionados abogados ese mismo día, se presentaron ante la referida Dirección, a las 08:30 a.m. retirándose a al terminar de suministrar datos en la entrevista tomada por el oficial de información, Cabo 2do. (PEP) F.T., situaciones estas que impidieron su comparecencia a la prolongación de la audiencia preliminar. Así se señala.
De lo anterior se infiere que en aras de obtener una verdadera justicia y a los fines de unificar criterios en cuanto al tratamiento de la justificación de la incomparecencia de las partes a las audiencias, se estableció que los elementos probatorios deben ser consignados con la diligencia o escrito contentivo del recurso de impugnación, o bien promovidos en la oportunidad que fije el tribunal, para ser evacuados en la audiencia de apelación.
Aunado a ello, la Sala Constitucional en el precitado fallo, reiteró el criterio de la Sala de Casación Social, establecido en sentencia Nro.- 1563, de fecha 08/12/2004, mediante la cual la Sala Social se pronunció a favor de la interpretación de las causas extrañas no imputables a la parte, que la eximirían de las consecuencias jurídicas negativas, como resultado de la incomparecencia a las audiencias previstas en la ley adjetiva laboral, destacándose en dicho fallo lo siguiente:
Así pues, conteste con lo previsto en la norma parcialmente transcrita, la Ley Adjetiva Laboral faculta al Juez Superior del Trabajo, para comprobar en aquellos fallos constitutivos de confesión con respecto de los hechos planteados por el demandante, que la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, bien en su apertura o en sus posteriores prolongaciones, responda a una causa extraña no imputable.
Tales causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor, según la norma ut supra mencionada, se corresponden con el caso fortuito y la fuerza mayor, sin embargo ante tal categorización rigurosa, la Sala ha considerado en reiteradas oportunidades flexibilizar el patrón de la causa extraña no imputable, no solo a los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, sino a aquellas eventualidades del quehacer humano que impongan cargas complejas o irregulares que obliguen a las partes a no cumplir con sus obligaciones, siendo que esta extensión de las causas liberativas de la obligación de comparecencia a las audiencia sobrevienen como una excepción de aplicación restrictiva, a criterio de quien juzga.
De allí que la valoración y categorización de una causa extraña eximente de responsabilidad, bien se trate del caso fortuito o fuerza mayor o cualesquiera otro acontecimiento del quehacer humano que releve a las partes de la obligación de comparecencia a los actos estelares del proceso, resulta de la soberana apreciación que de dichos hechos ejecuten los Jueces de Instancia
. (Destacado de la Sala)”. (Fin de la cita).
Como se observa, la Sala de Casación Social, como garante de la justicia, consciente de que el proceso es un medio para la obtención de la misma, ha flexibilizado la causa extraña no imputable, incorporando, además del caso fortuito o fuerza mayor, a: “…aquellas eventualidades del quehacer humano que impongan cargas complejas o irregulares que obliguen a las partes a no cumplir con sus obligaciones…”. En este sentido, siguiendo el principio procesal de la carga de la prueba, quien alega un hecho deberá probarlo (artículo 506 del Código de Procedimiento Civil), y en este caso, la parte demandada, que ejerza el recurso de apelación, deberá aportar las pruebas suficientes que demuestren las causa extrañas no imputables, como lo son: el caso fortuito, la fuerza mayor y cualquier otra eventualidad del quehacer humano, causantes de su incomparecencia a la celebración de la audiencia preliminar, o sus posteriores prolongaciones, si fuere el caso.
En resumen, podemos concluir que el proceso laboral venezolano, al sustentarse bajo el principio de oralidad, entre otros, introdujo en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la celebración de diferentes audiencias, las cuales son: la audiencia preliminar, donde se cumplen una serie de fines, siendo uno de ellos la mediación o conciliación de las partes intervinientes en el juicio laboral (primera fase), y la otra, la audiencia de juicio, la cual se celebra una vez concluido la audiencia preliminar sin que las partes hayan convenido. Por lo que el legislador a través de la ley procesal laboral, le otorgó el carácter obligatorio de la comparecencia de las partes a la celebración de dichas audiencias.
Por lo tanto, se ha establecido en la ley adjetiva laboral, dos efectos a la incomparecencia de las partes intervinientes, a saber: el desistimiento del proceso, cuando es la parte actora es quien no comparece, personalmente o por medio de su apoderado, o la admisión de los hechos.
Entendiéndose, que dicha incomparecencia se podrá presentar por diferentes circunstancias, siendo estas causas extrañas no imputables, el caso fortuito o fuerza mayor, las únicas causas capaces de eximir al contumaz, de los efectos de la incomparecencia antes explanadas. Sin embargo, la jurisprudencia del M.T., ha flexibilizado el proceso, y por ende, estas causas extrañas no imputable, estableciendo que las eventualidades del quehacer humano que impongan cargas complejas o irregulares, capaces de constreñir al obligado de comparecer a las audiencias, también deberán considerarse como causas extrañas no imputables, claro esta, quien alegue un hecho tiene que probarlo, de lo contrario, podrá ser declarado improcedente la delación ejercida a través del recurso ordinario de apelación. Así se determina.
De lo antes reseñado, se evidencia de forma palmaria la obligación de las partes -en éste del demandante- de comparecer a la hora fijada por el Tribunal para la prolongación de la Audiencia Preliminar pudiendo ser cumplida esta carga personalmente o por medio de apoderados judiciales, evidenciándose de los poderes apud-acta otorgados en fecha 04/06/2010 (F.101 y 103) que los ciudadanos R.A.G.S., R.G.S. y R.G.S., son los únicos profesionales del derecho sobre quienes recaía la responsabilidad de representar a los accionantes, ciudadanos YOINERTH J.L.D.R. y O.A.B.G., en todos y cada uno de los actos procesales con motivo del presente asunto judicial y, por ende, la carga o deber impuesto a las partes demandantes, que estipula el artículo anterior y a la que se refería Carnelutti en la cita precedente, de asistir puntualmente a la prolongación de la audiencia preliminar. Así se resuelve.
Ahora bien, siendo que los co-apoderados judiciales, arriba nombrados, eximieron su responsabilidad de comparecer a la prolongación de la audiencia preliminar (pautada para el día 01/12/2010), afirmando que ese día se encontraban en la realizando una entrevista en la Dirección de las Operaciones Policiales de la Dirección General de Policía del estado Portuguesa, en su carácter de víctimas de robo, circunstancias éstas que quedaron demostrados con el acervo probatorio aportado a los autos y apreciados por éste juzgador,; considera quien decide que, efectivamente, se justifica la insistencia de los representantes judiciales del accionante al referido acto procesal. Así se establece.
De igual forma, tenemos que la facultad que tiene el Juez para declarar el Desistimiento del procedimiento en caso de que se produzca la incomparecencia del actor a la audiencia preliminar, es objeto de revisión en caso de ser apelada, pues si la parte actora logra demostrar que un caso fortuito o una fuerza mayor le impidieron asistir al acto, la causa deberá reponerse, tal como lo estableció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro.- 1300, de fecha 15/10/2004, caso: R.A.P.G., en la cual se sentenció:
...si el juez superior competente considera que el demandado logró demostrar que la causa de la incomparecencia a la audiencia preliminar (sea a la primera o las prolongaciones) se debió a un caso fortuito o a una fuerza mayor, deberá reponer la causa al estado que se celebre la audiencia preliminar de conciliación y mediación. Así se establece.
(Fin de la cita).
En consecuencia, y con base a todas y cada una de las consideraciones antes expuestas, es forzoso para éste sentenciador declarar: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las partes demandantes, contra decisión de fecha 01/12/2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare; SE REVOCA la sentencia en comento; SE REPONE LA CAUSA al estado que el Juzgado a quo, una vez que reciba la presente causa por auto expreso fije la oportunidad en que tendrá lugar la celebración de la prolongación de la audiencia preliminar, las partes se encuentran a derecho de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y SE ANULAN las actuaciones jurisdicciones cursantes a los folios 144 y 145 y NO SE CONDENA EN COSTAS por la naturaleza del fallo. Así se determina.
Finalmente, por cuanto el ente demandado es la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Portuguesa, se ordena notificar de la presente decisión al Sindico Procurador Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Así se ordena.
DISPOSITIVO
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado R.G., co-apoderado judicial de las partes demandantes, ciudadanos J.M.B.S. y D.J.T.S., contra decisión de fecha 01 de diciembre del año 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare, por las razones expuestas en la motiva.
SE REVOCA la sentencia de fecha 01 de diciembre del año 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare, por las razones expuestas en la motiva.
SE REPONE LA CAUSA al estado que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare, una vez que reciba la presente causa por auto expreso fije la oportunidad en que tendrá lugar la celebración de la prolongación de la audiencia preliminar, las partes se encuentran a derecho de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y SE ANULAN las actuaciones jurisdicciones cursantes a los folios 144 y 145.
NO SE CONDENA EN COSTAS por la naturaleza del fallo.
Publicada en el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial de estado Portuguesa, con sede en Guanare, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).
Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
El Juez Superior Primero del Trabajo,
Abg. Osmiyer J.R.C.
La Secretaria,
Abg. J.C.V.
En igual fecha y siendo las 01:07 p.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el Artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000, así cómo su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.
La Secretaria,
Abg. J.C.V.
OJRC/clau.-
