Decisión nº PJ0042010000040 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 15 de Marzo de 2010

En cuanto ala incomparecencia de la parte demandada-recurrente a la audiencia oral y pública de apelación, celebrada ante ésta superioridad en fecha 08/03/2010 (F.02 y 03 de la V pieza), a los fines de dictar el dispositivo oral del fallo, aún y cuando, tal y como se señaló anteriormente, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 164 prevé que tal anomalía acarrea el desistimiento de la apelación como consecuencia jurídica del “incumplimiento de la carga de comparecer” por parte del apelante; no obstante ello, recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro.- 1380 de fecha 29/10/2009, con ocasión a la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano J.M.M.L., explanó:

Por otra parte, se evidencia que en dicha audiencia de juicio las partes ya habían expuestos todos los alegatos que poseían en su defensa y hecho valer todas las probanzas que les favorecían, por lo que lo único que faltaba era dictar el dispositivo por parte del juez, momento en el cual, se produjo el citado diferimiento. Es decir, que las cargas procesales que tienen las partes, se habían cumplido, concluyendo de esta forma el debate oral, faltando sólo la actuación procesal por parte del Juzgador, quien debía dictar su decisión.

De allí, que si bien la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, regula entre los principios que rigen al proceso laboral, la oralidad, la inmediación y la concentración; de los cuales se deriva la obligación de las partes de comparecer a la audiencia oral; así, como el principio de continuidad de la audiencia, toda vez que ésta debe considerarse como un único acto, aún cuando haya sido objeto de diferimiento por cualquiera de las causas legalmente previstas. En el caso de autos, la falta de comparecencia de la parte actora no puede considerarse que rompe con los antes mencionados principios, por cuanto el debate oral había concluido, y lo único que faltaba era el dispositivo, que como se indicó ut supra, es un acto atribuible netamente al juzgador, y el cual podía dictarlo aunque no estuvieren presentes las partes interesadas, en este caso la demandante.

De allí, que considere esta Sala, que la decisión objeto de amparo es violatoria de garantías constitucionales, por cuanto, el juzgador podía y debía dictar el dispositivo del fallo, lejos de declarar desistida la acción, como erradamente hizo, cuando ya el debate oral había finalizado

. (Fin de la cita. Subrayado propio de ésta superioridad).

Es así que éste Tribunal de Alzada, en estricto acatamiento a las disposiciones contenidas en el criterio jurisprudencial, y no obstante a la incomparecencia de las partes demandada-recurrente a la Audiencia de Apelación, a los fines de oír el dispositivo oral del fallo, no declara Desistida la misma, si no que tiene como fundamentado el Recurso interpuesto y entra a analizar la decisión recurrida, con el propósito de determinar si se encuentra o no ajustada a derecho. Así se señala.

PUNTO CONTROVERTIDO

De los alegatos expuestos por la representación judicial de la parte demandada-apelante, a los fines de fundamentar sus pretensiones, deduce quien decide que su disconformidad está relacionada con la condenatoria de la responsabilidad subjetiva prevista en el artículo 1.196 del Código Civil Venezolano. Así se señala.

Siendo esto así, resulta forzoso que esta alzada pase a determinar a quién corresponde el gravamen probatorio para proceder al análisis y la valoración de las pruebas y, subsiguientemente, descender sobre el fondo de la causa. Así se establece.

CARGA DE LA PRUEBA

Con relación a la distribución de la carga probatoria, es importante citar que en atención a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en el nuevo proceso laboral, se determinará de acuerdo con la forma en la que el accionado conteste a la demanda en concordancia con lo expresado, el artículo 72 ejusdem que establece que la carga probatoria corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. Señala además la citada disposición que el empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo y concluye señalando que cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.

Así mismo, se hace necesario mencionar la sentencia Nro.- 0538 de fecha 31/05/2005 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual expresa:

Pues bien, de la sentencia precedentemente expuesta se puede extraer las siguientes consideraciones con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral:

1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2°) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación haya negado la prestación de un servicio personal.

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

Sobre este último punto, la Sala ha insistido que es importante que los jueces analicen el motivo de la omisión de fundamentos en la contestación, puesto que pueden tratarse de hechos negativos absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en tiempo y espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación por quien niega, por lo que le corresponde a la parte que los alegó –al trabajador- la carga de aportar las pruebas pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de tales hechos. Asimismo ha insistido la Sala, que aún y cuando el demandado en la litiscontestación, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado.

(Fin de la cita. Subrayado propio de ésta alzada).

Sobre la base de la norma y extracto jurisprudencial antes referidos, deduce éste Juzgador, que habiendo la parte demandada negado procedencia de la responsabilidad subjetiva prevista en el artículo 1.196 del Código Civil Venezolano; ésta superioridad infiere que la carga probatoria debe ser atribuida a la parte demandada, CAYCA ALIMENTOS, C.A. (CALSA), correspondiéndole, en consecuencia, demostrar con los medios probatorios aportados a los autos, la improcedencia de tal concepto. Así se aprecia.

CÚMULO PROBATORIO

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

Documentales

 Copias fotostáticas del expediente de la investigación del accidente Nº 029-2005-07-00103 (F.52 al 67 de la I pieza).

 Ejemplar del periódico El Occidente, Año XI Nº 7.0031, de fecha 05/03/2009 (F.68 y 69 de la I pieza).

 Copias fotostáticas del documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad anónima CAYCA ALIMENTOS, (CALSA) SOCIEDAD ANÓNIMA (F.70 al 74 de la I pieza).

 Planilla de Liquidación de Derechos de Arancel, de fecha 06/02/2008 y copias fotostáticas de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas “CAYCA ALIMENTOS (CALSA) SOCIEDAD ANONIMA (F.75 al 86 de la I pieza).

 Copias fotostáticas de informe medico e indicaciones, de fecha 16/06/2006 (F.87 y 88 de la I pieza).

 Constancia medica de fecha 13/08/2006 (F.89 de la I pieza).

 Informe médico del Hospital Clínico del Este (F.90 de la I pieza).

 Informe médico evolutivo, de fecha 17/10/2007 (F.91 de la I pieza).

 Copias fotostáticas de Hojas de Referencia, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Hospital General “Dr. M.O.”, Guanare, estado Portuguesa, de fecha 03/08/2007 (F.92 de la I pieza).

 Informe médico del Doctor J.d.J.C.V., de fecha 17/10/2007 (F.93 de la I pieza).

 Informe médico del Doctor J.R., de fecha 17/01/2008 (F.94 de la I pieza).

 Informe médico del Doctor M.A.P., Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, de fecha 01/07/2008 (F.94 y 95 de la I pieza).

 Copias fotostáticas de la comunicación Nº MIDSL – 36/09, de fecha 04/02/2009, suscrita por el ciudadano Armenildo León Pérez, Directos de la Diresat Portuguesa y Cojedes, y Certificación Nro.- 83/08, suscrita por la Doctora N.Q., Medico Especialista en s.O. I (F.97 al 99 de la I pieza).

 Documental impresa del portal web Portales Medicos.com, relativo al Síndrome del Miembro Fantasma (F.100 de la I pieza).

 Documental impresa del portal web, relativo a El Síndrome doloroso Regional Complejo y medicina basada en la evidencia (F.101 al 116 de la I pieza).

 Documental impresa del portal web, relativo a El Síndrome de Dolor Regional Complejo (también llamado Distrofia Simpática Refleja) (F.117 al 122 de la I pieza).

 Reposo médico, expedido por la Dra. Leddy Colatruglio, Medico Fisiatra, Clínica de Rehabilitación S.S., de fecha 20/09/2006 (F.171 de la I pieza).

 Récipes médicos, de fechas 18/05/2006, 19/07/2006, 24/07/2006, 19/09/2006, de fecha 03/07/2007 hasta el 30/08/2007 (F.172 al 178 de la I pieza).

 Rayos X de mano derecha; rayos X de mano derecha AP de la Dirección de S.E., Guanare Estado Portuguesa (F.179 y 180 de la I pieza).

 Acta levantada en fecha 07/11/2006, en el expediente 029-2006-01-00907 llevado ante la Inspectoría del Trabajo de Guanare, estado Portuguesa (F.181 de la I pieza).

 Comunicación de fecha 26/10/2006 suscrito por la ciudadana S.E., dirigido al INPSASEL (F.182 de la I pieza).

 Planilla de evaluación de incapacidad residual para solicitud o asignación de pensiones, de la Dirección de Salud, División de S.d.I.V. de los Seguros Sociales de fecha 03/08/2006 (F.183 de la I pieza).

 C.d.T., expedida por S.E., Jefe de Personal, de fecha 04/04/2006 (F.184 de la I pieza).

 Hoja de Referencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de fecha 05/10/2006 (F.185 y 186 de la I pieza).

 Copias fotostáticas de oficio Nº 15-07, Informe Medico Preliminar de fecha 22/01/2007 (F.187 de la I pieza).

 Copias fotostáticas de constancia medica de fecha 10/07/2007 (F.188 de la I pieza).

 Récipes medico de fecha 21/08/2007, 03/09/2007, 17/09/2007, 10/09/2007, sin fecha y 01/10/2007 (F.189 al 194 de la I pieza).

 Hoja de Referencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 08/10/2007 (F.195 de la I pieza).

 Récipes médicos, de fecha 15/10/2007 (F.195 al 198 184 de la I pieza).

 Reposo medico de fecha 01/10/2007 hasta la fecha 31/10/2007 (F.199 de la I pieza).

 Constancia medica, suscrita por el Dr. M.A.P., Medico Fisiatra, de fecha 30/10/2007 hasta la fecha 31/10/2007 (F.200 de la I pieza).

 Reposos médicos suscrito por el Dr. J.R., de fecha 01/11/2007 y de fecha 31/10/2007 hasta el 30/11/2007 (F.201 y 202 de la I pieza).

 Hoja de Referencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 21/12/2007 (F.203 de la I pieza).

 Reposo medico suscrito por el Dr. J.R., de fecha 01/12/2007, desde el 01/12/2007 hasta el 31/12/2007 (F.204 de la I pieza).

 Acta levantada en fecha 06/12/2007, en el expediente 029-2007-03-01388 llevado ante la Inspectoría del Trabajo de Guanare, estado Portuguesa (F.205 de la I pieza).

 Oficio Nro.- 1314/07 del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 11/12/2007, dirigido a los representantes de CAYCA ALIMENTOS (F.206 al 207 de la I pieza).

 Acta levantada en fecha 18/12/2007, en el expediente 029-2007-03-01388 llevado ante la Inspectoría del Trabajo de Guanare, estado Portuguesa (F.208 y 209 de la I pieza).

 Reposo medico suscrito por el Dr. J.R., de fecha desde el 01/01/2008 hasta el 31/01/2008 (F.210 de la I pieza).

 Constancia medica, suscrita por el Dr. M.A.P., Medico Fisiatra, de fecha 17/01/2008 (F.211 de la I pieza).

 Reposo medico, suscrito por el Dr. J.C., de fecha 01/02/2008(F.212 de la I pieza).

 Programa de Tratamiento del Hospital General Dr. M.O.- Guanare, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Ocupacional, historia Nº 23-07-80 (F.213 y 214 de la I pieza).

 Constancia de notas del ciudadano D.G.A.A., suscrita por la Profesora Eglis Rivero, Directora (E), de fecha 04/03/2009 (F.215 de la I pieza).

 Tarjeta de debito del banco Banfoandes Nro.- 6031220010003691765 (F.216 de la I pieza).

 Copia fotostática de de la partida de nacimiento del n.R., hijo de la ciudadana M.P.G.G. (F.217 de la I pieza).

 Foto contenida en el celular Motorota, batería Nº SNN5813B, M8F817GCZIMHE, equipo modelo W385H/WO, la tapa del equipo Nº 1571816ª04 L 070608 CCC. Relativas a una fotografía de un dedo contenida en el celular Motorota, batería Nº SNN5813B, M8F817GCZIMHE, equipo modelo W385H/WO, la tapa del equipo Nº 1571816ª04 L 070608 CCC.

Exhibición de Documentos

Libro de registro de horas extras llevado por la empresa demandada.

Pruebas de Informes

Al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

A la entidad financiera Banco Central en Guanare, Estado Portuguesa.

A la entidad financiera Banfoandes en Guanare, Estado Portuguesa.

A la Inspectoría del Trabajo de Guanare del estado Portuguesa.

Al Hospital General Doctor M.O., Dirección de Salud de la ciudad de Guanare estado Portuguesa.

Al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la ciudad de Guanare estado Portuguesa.

Al Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

Testimoniales, a los fines de ratificar documentales emanadas de terceros

 S.J.M.S.,

 Leddy Colatruglio de Van Grieten,

 J.R. y

 J.d.J.C.V..

Con referencia a todas y cada una de las pruebas antes descritas, éste a quem, dado el carácter confirmatorio de la sentencia, aunado a que no se desprende violación alguna con lo que respecta a la promoción, admisión, evacuación y valoración dada a las mismas por la recurrida; corrobora el valor probatorio conferida por la juez de Juicio. Así se valora.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Documentales

Notificación de riesgos e instrucciones obligatorias de seguridad, de fecha 25/07/2005 (F.14 al 17 de la II pieza).

Planilla de inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, forma 14-02 contentiva de la inscripción del accionante, de fecha 17/03/2005 (F.18 de la II pieza).

Programa de protección integral de la empresa accionada (Programa de Seguridad e Higiene) correspondiente al año 2005 (F.19 al 98 de la II pieza).

Certificado de Registro del Comité de Seguridad y S.L., y Reglamento Interno del Comité de Higiene y Seguridad con las notificaciones de riesgo a los trabajadores (F.99 al 246de la II pieza).

Notificación del accidente laboral por ante la Inspectoría del Trabajo (F.247 y 248 de la II pieza).

Notificación del accidente laboral por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 19/06/2006 (F.249 al 252 de la II pieza).

Nota de entrega de uniformes, herramientas de trabajo y demás implementos de seguridad, de fecha 27/08/2005 y 10/11/2006 (F.253 y 254 de la II pieza).

Recepciones de documentos por ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 28/07/2005 y 02/08/2005 (F.255 y 257 de la II pieza).

Póliza de Responsabilidad Patronal de la empresa aseguradora “La Seguridad de Venezuela MAPFRE (F.258 de la II pieza).

Informe Medico suscrito por el medico cirujano especialista en cirugía de mano, traumatología y ortopedia Doctor J.R., de fecha 14712/2007 (F.259 de la II pieza).

Ficha del expediente del trabajador (F.260 al 263 de la II pieza).

Facturas de terapias médicas, factura de operaciones quirúrgicas y facturas de pago de medicamento (F.266 al 273 de la II pieza).

Documentales (F.268, 269, 294, 295, 296 y al 253 de la II pieza).

Expediente Nro.- 029-2006-0300907, llevado por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Portuguesa (F.274 al 280 de la II pieza).

Recibos de pago de utilidades y vacaciones del año 2005 y 2006 (F.381 al 385 de la II pieza).

Acta de inspección realizada por la Inspectoría del Trabajo (F.386 al 388 de la II pieza).

Testimoniales

o C.A.P.,

o R.G.,

o M.I.M.,

o F.P. y

o S.E..

Testimoniales, a los fines de ratificar documentales emanadas de terceros

 J.R. yç

 S.M.

Inspección Judicial

 A la sede de la empresa CAYCA LIMENTOS (CALSA) SOCIEDAD ANONIMA, ubicada en el kilómetro 2 de la autopista general J.A.P., Sector Los Malabares, de la ciudad de Guanare estado Portuguesa.

Experticia

 Sobre el Molino B3, ubicado en una plataforma al fondo de la planta en la empresa CAYCA LIMENTOS (CALSA) SOCIEDAD ANONIMA.

Informes

• Al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Dirección Estadal de salud de los Trabajadores Lara-Portuguesa- Yaracuy.

• Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ubicado en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa.

• A la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa.

• A la Centro de Especialidades “Dr. L.R..

• A la Clínica de Rehabilitación S.A. y al Hospital Clínico del Este.

• A la Clínica de Rehabilitación S.S..

Declaración de Parte

Se desprende de las actas procesales que conforman el presente expediente, así como de la reproducción audiovisual de la audiencia de juicio, que la Juez, haciendo uso de las facultades conferidas en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procedió a tomar la declaración de parte del accionante ciudadano A.A.D.G., con relación a lo hechos acaecidos en la presente causa.

En relación a todas y cada una de las pruebas antes descritas, éste a quem, dado el carácter confirmatorio de la sentencia, aunado a que no se desprende violación alguna con lo que respecta a la promoción, admisión, evacuación y valoración dada a las mismas por la recurrida; confirma el valor probatorio conferida por la juez de Juicio. Así se valora.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A.e.f.d. la apelación éste juzgador atendiendo al principio tamtum devolutum quantum apellatum procede a la revisión del fallo recurrido, sólo con lo que respecta a la exposición y fundamento oral de la parte accionada-recurrente. Así se establece.

Una vez establecido lo anterior, debe esta alzada señalar que, tal y como lo determinó la recurrida, resulta aplicable en el presente caso la responsabilidad subjetiva por no verificarse los elementos constituyentes del hecho ilícito, sin embargo, si se encuentran los elementos configurativos de la responsabilidad objetiva y resulta aplicable la indemnización del artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece:

En caso de accidente o enfermedad profesional que produzca incapacidad parcial y permanente, la víctima del accidente tendrá derecho a una indemnización que se fijará teniendo en cuenta el salario y la reducción de la capacidad de ganancias causadas por el accidente, según el Reglamento.

Esta indemnización no excederá del salario de un (1) año, ni de la cantidad equivalente a quince (15) salarios mínimos, sea cual fuere la cuantía del salario

. (Fin de la cita).

Es importante destacar que la teoría del riesgo profesional, se basa en palabras del insigne laboralista el maestro Mario de la Cueva que señala:

El trabajador lesionado en su trabajo profesional debe ser indemnizado por aquél en cuyo provecho realizaba el trabajo. El accidente es para el patrono, un riesgo profesional. (...) La justicia y la equidad exigen que el empresario, creador del riesgo y quien además aprovecha los beneficios de la producción, tome a su cargo la reparación de los daños que causen sus instalaciones (...).

Saleilles es el autor que, con mas entusiasmo, defendió esta nueva tesis (responsabilidad objetiva) (...) influenciado por el derecho alemán, recurrió nuevamente al artículo 1.384 del Código de Napoleón:

‘Art. 1384: Se es responsable, no solamente del daño causado por hecho propio, sino, también, del causado por el hecho de las personas por las que debe responderse, o de las cosas que se tienen bajo su cuidado’.

Así pues, (...) el patrono responde del accidente, no porque haya incurrido en culpa, sino porque su cosa, su maquinaria, ha creado el riesgo.

La tesis de Saleilles (…) fue acogida por la Corte Francesa de Casación en la sentencia del 16 de junio de 1896. Con esa sentencia se abrieron las puertas a la teoría del Riesgo Profesional y la transformación de la doctrina de la responsabilidad civil

. (De La Cueva, Mario; Derecho Mexicano del Trabajo, Novena Edición, Tomo II, Editorial Porrua, S.A., México, 1969, pp. 46 y 50).

Para autores de la talla de G.C., sostienen que:

La Tesis de Saleilles, muy semejante a la de Josserand, surge sobre la base del contenido de los artículos 1.384 y 1.386 del Código Civil Francés conocida con el nombre de teoría objetiva. Parte del supuesto de que el daño causado por un objeto debe ser reparado por su propietario; es decir, por aquel que se beneficia, abstracción hecha de toda idea de culpa. ‘La responsabilidad deja de tener su fundamento en la culpa del que obra o posee; es decir, en la culpa subjetiva; el simple daño causado por una cosa o por un acto, o más simplemente, el hecho causado por la culpa objetiva, resulta suficiente para originarlo.

(...) La teoría de la Responsabilidad Objetiva, precede la del riesgo profesional, basta con establecer que se ha producido un daño y buscar el vínculo de causalidad entre el hecho de trabajo y ese daño para reclamar, de modo inmediato, la responsabilidad que incumbe al dueño de la cosa, en este caso de la empresa, por daños producidos. El propietario responde por el solo hecho de ser propietario de la cosa.

(...) La tesis de Saleilles se basa en que la teoría de la culpa es propia del Derecho Individual; la teoría objetiva es, por el contrario, propia del Derecho Social, que considera al hombre como parte de una colectividad. Cuando una empresa acepta a un obrero, acepta los riesgos de la elección. (Cabanellas, Guillermo; Derecho de los Riesgos del Trabajo, ob. cit., pp. 291 a la 295).

De los criterios doctrinarios plasmados en el presente fallo, se evidencia que la piedra angular de la teoría del riesgo profesional, es que el daño causado por un objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya incurrido en culpa, sino porque su cosa, su maquinaria ha creado un riesgo, sobre el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por daño moral.

En el presente caso, tenemos que los puntos controvertidos manifestados por la representación judicial de la parte demandada-recurrente, CAYCA ALIMENTOS, S.A. (CAYSA), fue referente a que no debió la jueza a quo condenar el daño moral, por cuanto, a su decir, hay un atenuante que la empresa al haber cumplido con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), a los efectos de dar la inducción sobre seguridad industrial al trabajador. Así se determina.

En éste sentido, haciendo una exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia, claramente, que, aún cuando la empresa en el mes de julio del año 2005, creó un Reglamento Interno de Comité, Higiene y Seguridad Laboral, manifestó la juez de instancia que el mismo no estaba totalmente sujeto a los requerimientos exigidos por la ley, por cuanto no se le había dado la autorización respectiva por el órgano competente para el momento en que ocurrió el infortunio laboral, para que el mismo tenga validez.

Aunado a ello, se evidencia de actas una Notificación de riesgos e instrucciones obligatorias de seguridad, de fecha 25/07/2005 (F.14 al 17 de la II pieza) que efectúa el ciudadana Á.L.Y., en su condición de Director-Gerente de la accionada, al ciudadano D.G., demandante en la presente causa, mediante la cual lo impone de la importancia la prevención y, a tal efecto, estar informado “de los riesgos asociados con las instalaciones y actividades que desempeña, los medios de control de que (sic) dispone la empresa y las acciones que el (sic) debe tomar para evitar la de estos eventos indeseables”.

Es criterio de éste juzgador, que aun cuando hubo la manifestación de voluntades de ambas partes, con lo que respecta a la manifestación de riesgos, la misma no cumple con los requisitos exigidos por la ley, ya que, posterior a ello, existe un Acta de inspección realizada por la Inspectoría del Trabajo (F.386 al 388 de la II pieza), a través del cual se deja constancia que la empresa había hecho inobservancia precisa de algunos errores que pudieran estar cometiendo sus trabajadores.

En lo que respecta a dicha documental, quien juzga observa que la misma es emanada de un organismo de salud de carácter público como lo es el Hospital Universitario Dr. J.M.C.R.d.A.-Araure del estado Portuguesa y suscrita por un médico adscrito a dicho ente de salud pública, revistiendo características que le atribuyen la condición de documento público administrativo; en consecuencia resulta forzoso para este juzgador traer a colación lo que al efecto ha señalado de forma pacífica y reiterada la jurisprudencia de nuestro alto Tribunal, específicamente la Sala de Casación Social en Sentencia de fecha 08/06/2006, (Caso: Á.R.H. Vs. M-I DRILLING FLUIDS DE VENEZUELA, C.A.) con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz que estableció:

“Como se evidencia, tal como lo denuncia la parte demandante recurrente, la Juez de Alzada indebidamente extendió la exigencia de ratificación en juicio a un documento administrativo expedido por el médico legista del Ministerio del Trabajo como si se tratara de un documento privado emanado de un tercero.

Lo cierto es que la referida documental, no puede ser valorada como si se tratara de un documento privado, pues, como reiteradamente lo ha explicado este Alto Tribunal, los documentos públicos administrativos por emanar de funcionarios o empleados de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, gozan de una autenticidad y veracidad que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario.

Lo recientemente indicado, ha sido objeto de análisis en diversos casos sometidos a decisión por este Tribunal Supremo de Justicia, quien de manera pacífica ha sostenido lo siguiente:

Sobre ese particular, la Sala en sentencia de fecha 16 de mayo de 2003, caso H.J.P.V. c/ R.G.R.B., dejó sentado que los documentos públicos administrativos “…son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc) o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario…”.

(Omisis)

Las consideraciones expuestas permiten concluir que los documentos públicos se caracterizan por ser autorizados y presenciados, con las solemnidades legales, por un registrador, juez u otro funcionario o empleado público, que tenga facultades para dar fe pública; los privados por ser redactados y firmados por las partes interesadas, sin que intervenga ningún funcionario público, los cuales pueden adquirir luego autenticidad, si son reconocidos legal o judicialmente por sus autores; y los documentos administrativos por emanar de funcionarios de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, los cuales persiguen documentar las manifestaciones de voluntad o de certeza jurídica del órgano administrativo que la emite.

Es evidente, pues, que la diferencia entre documento público y documento administrativo, no es absoluta, los cuales coinciden en que ambos gozan de autenticidad desde que se forman, la cual emana del funcionario público que interviene en la formación del acto, quien cumpliendo las formalidades exigidas por la ley, otorga al instrumento una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad.

Por tanto, la Sala considera que todo documento administrativo, por emanar de funcionario o empleado público facultado por ley, goza de autenticidad y veracidad, salvo prueba en contrario.

.(Sentencia N° 410 de fecha 4 de mayo de 2004, Sala de Casación Civil).” (Fin de la cita. Negrillas del Tribunal).

De la decisión arriba explanada, se deduce la presunción juris tantum que los documentos administrativos por ser otorgados por un funcionario competente quien los expide en el ejercicio de sus funciones, gozan de veracidad y autenticidad, por lo que, quien juzga la considera como demostrativo que allí se plasma ciertas restricciones laborales, como es prohibir el uso de herramientas elaboradas por los mismos trabajadores; ello, concatenado con que, aun y cuando el testigo que fue tachado, ciudadano C.A.P., manifestó que en varias oportunidades había observado que el accionante, estaba utilizando una cabilla para sacar de los rodillos del molino los residuos que allí quedaban; siendo lo recomendable, para ese momento, que se abrieran y ser hicieran las aberturas de los molinos para que los rodillos pudiesen quedar de una forma mas segura para maniobrarlos y usarlos y no corren ciertos riesgos. Así se aprecia.

De ésta forma, existiendo un supervisor de la accionada-recurrente, quien tenía, entre otras asignaciones, la de observar los trabajos que realizan los obreros y los trabajadores, estaba al tanto que el actor utilizaba una cabilla elaborada por los mismos trabajadores de al compañía y sancionar tal inobservancia a la normas de seguridad e higiene laboral, deduce ésta alzada que la parte patronal hizo caso omiso en lo previsto a los deberes y derechos dispuestos en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dispone el deber de los empleadores de garantizarle a los trabajadores las condiciones de prevención, salud, seguridad y bienestar en el Trabajo, y siendo que, la empresa demandada incumplió con los deberes establecidos, que obliga a los empleadores a instruir y capacitar a los trabajadores respecto a la prevención de accidentes o enfermedades profesionales, así como en lo referente al uso de dispositivos personales de seguridad y protección, debe esta sentenciadora declarar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en la referida ley. Así se estima.

Determinado lo anterior, revisados como han sido todos y cada uno de los anexos consignados por el acciónate, ésta alzada concluye que la parte demandada, es responsable del accidente de trabajo sufrido por el actor, ciudadano A.A.D.G., patentizándose con ello, los tres elementos que integran el hecho ilícito, como son el daño, la culpa y el nexo causal, en atención a ello, evidencia quien ahora juzga, que la conducta imprudente de la empleadora se encuentra plenamente acreditada con el incumplimiento de las normas, instrucciones y directrices tendentes a evitar o prevenir riesgos, habida cuenta que no garantizo las condiciones mínimas requeridas para un cabal, confiado y adecuado ejercicio de las funciones encomendadas a su dependiente, conforme al Informe de Investigación de Origen de Accidente, emanado del Ministerio del Trabajo; razón por la cual, se hace procedente las indemnizaciones reclamadas por responsabilidad subjetiva, de conformidad a lo establecido en Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, y en el Código Civil, encontrándose la misma ajustadas a derecho. Así se resuelve.

Cuando hablamos de condiciones de seguridad, si la empresa ya había observado que el actor no estaba cumpliendo con los requerimientos necesarios y exigidos por la ley, y la empresa solamente se había conformado con notificarle de los riesgos a los que estaba expuesto, es necesario traer a colación lo pautado en el encabezamiento del artículo 53 y en su ordinal 2do ejusdem que reza

Artículo 53. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, salud, y bienestar adecuadas. En el ejercicio del mismo tendrán derecho a:

… Omissis …

2. Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y en forma periódica, para la ejecución de las funciones inherentes a su actividad, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento del descanso en el momento de ingresar al trabajo, cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esta formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, descontar de la jornada laboral …

. (Fin de la cita).

Con lo determinado anteriormente, queda claro que no debió el patrono conformarse solamente con hacerle firmar las inducciones, si no que debió darle una inducción teórica-práctica; es decir, el patrono dejó de cumplir con lo preceptuado en el artículo 53.2 al no impartirle la formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y periódica y que no le fueron proporcionados los implementos y equipos de protección personal que pudieren haber atenuado el resultado del accidente. Así se estima.

En tal sentido, siendo que se evidencia de autos que el trabajador haya recibido esa inducción teórica-práctica, aunado al hecho que hay con antelación había sido observado por el supervisor de la empresa, que no consta que tenga una inducción apegada a la LOPCYMAT, para poder instruir al trabajador y el comité de seguridad tampoco ha sido lo suficientemente responsable al hacer caso omiso a las observancias que debieron tener con respecto a la forma cómo se estaba laborando y al haber la empresa permitido el uso de implementos de trabajo que no están certificados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), es por lo que, éste juzgador, considera que sí hubo responsabilidad subjetiva por parte del patrono y, consecuencialmente, es procedente el daño moral y el lucro cesante. Así se decide.

Por lo reseñado anteriormente, éste juzgador declara improcedente el pedimento efectuado por la representación judicial de la parte demandada-recurrente. Asimismo, aún y cuando ésta superioridad tiene cuantificado el monto con lo que respecta a las indemnizaciones previstas; siendo que la parte demandada-apelante, durante su intervención en la audiencia oral y pública, acató sólo la procedencia del concepto más no el monto condenado por el mismo, es forzoso para ésta alzada confirmar la cantidad condenada por la sentenciadora de juicio. Así se señala.

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: