Decisión nº 112 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 7 de Mayo de 2015

La recurrente, con base a los numerales 4º y 5º del artículo 439 del Código adjetivo penal, alega que ‘el Juez de Control Nº 1 ratifica una orden de aprehensión que nunca fue librada por este tribunal, ya que el tribunal no libro (sic) las correspondientes notificaciones a los organismos de seguridad a fin de materializar la captura, violando de esta manera los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’.

-La Corte de Apelaciones para decidir, observa:

Que no le asiste la razón a la recurrente cuando señala que ‘el Juez de Control Nº 1 ratifica una orden de aprehensión que nunca fue librada por este tribunal, ya que el tribunal no libro (sic) las correspondientes notificaciones a los organismos de seguridad a fin de materializar la captura, violando de esta manera los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’. En primer lugar, en virtud de que, la orden de aprehensión, en contra del imputado YEFERSON E.P., fue dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, extensión Acarigua, en fecha 23 de febrero de 2013, a solicitud del Ministerio Público, con base en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratio temporis para esa fecha del auto. (Vid. Folios 67 al 80 de las actuaciones principales)

En segundo lugar, aun cuando no es un requisito legal, pero sí un efecto para el cumplimiento de la orden de aprehensión decretada, se aprecia, de la revisión de las actas procesales, que rielan a los folios 82 al 84 de la Pieza número 1 de las actuaciones principales, sendos oficios de fecha 26 de febrero de 2013, con el mismo tenor, remitidos por el Juzgado de Control Nº 1, a las siguientes autoridades policiales: Comandante de la Comisaría General J.A.P.d.A., Jefe del Destacamento Nº 41, Tercera Compañía de la Guardia Nacional, Comisario CICPC, Acarigua, Jefe del SEBIN Araure, en la cual les informa que el Tribunal dictó orden de aprehensión en contra de los siguientes ciudadanos: EDUAR JESAN SUAREZ LEAL (EL KITO), YEFERSON E.P. (EL CARACAS), P.P.F.A. (EL CHICHI), Y R.J.L.R. (EL COPORO). En consecuencia, se declara improcedente el presente alegato. Y así se decide.

Cabe señalar, que este alegato no fue punto de discusión en la audiencia de presentación

La recurrente, alega que, ‘el Juez de Control Nº 1 ratifica la orden de aprehensión, acordada por el Tribunal en fecha 23-02-2013, de manera genérica, en el sentido que sólo identifica a mi defendido con su nombre y cédula de identidad, MAS NO SE LE INDIVIDUALIZA atribuyendole (sic) una conducta idéntica a un grupo de imputados sin hacer distinción y determinación de la conducta, los hechos que realizó, presuntamente mi defendido; además de llamarlo el “Caracas (…)’

De la anterior alegato, se desprende que la recurrente aduce tres circunstancias diferentes, así: a) que el Juez de Control, al ratificar la orden de aprehensión sólo identifica a mi defendido con su nombre y cédula de identidad, más no lo individualiza; b) Que el Juez de Control le atribuye una conducta idéntica a un grupo de individuos, sin hacer distinción y determinación de la conducta, de los hechos que presuntamente realizó su defendido; y c) Que el Juez de Control, además, llamó a su defendido como el ‘Caracas’.

La Corte para decidir observa:

1. En cuanto a la identificación del imputado sólo con su nombre y su cédula de identidad y la omisión de su individualización, en la decisión que ratifica la orden de aprehensión en contra del imputado; en primer lugar, se hace necesario hacer distinguir entre lo que se entiende por identificación y lo que se entiende por individualización. Al respecto, la doctrina ha señalado:

   La identificación, alude a todos los datos que han sido asignados a una persona para su realización dentro de la sociedad, por razón de su origen, sea por el lugar de nacimiento o los que nacen del núcleo familiar, como los que se refieren a sus nombres y apellidos, a sus vínculos de consanguinidad o afinidad; luego, a los documentos que lo identifican en los actos de su vida pública y privada y en los registros oficiales como son la cédula de identidad, la libreta militar, un carné de vinculación al servicio público, los certificados sobre antecedentes penales, policivos, disciplinarios, etc. Es decir, la identificación comprende todos aquellos datos que otorgan a una persona un sitio jurídico dentro de la organización social.

   En tanto que, en el marco de la normatividad procesal penal, la palabra individualización corresponde a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permiten distinguirla de todas las demás. Alude a las personas como fenómeno natural, a las características personalísimas de un ser humano, que lo hacen único e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su misma especie. En este sentido, la individualización es un concepto interesante a la antropología física a la morfología.

   En segundo lugar, es necesario acotar que en este aspecto, el Código Orgánico Procesal Penal en todo su articulado se refiere indistintamente, sin especificar, a la identificación e individualización del imputado, en tal sentido establece:

   Artículo 240. La privación judicial preventiva de libertad sólo podrá decretarse por decisión debidamente fundada que deberá contener:

   1. Los datos personales del imputado o imputada, o los que sirvan para identificarlo o identificarla (…)

      Artículo 305. El auto por el cual se declare el sobreseimiento de la causa deberá expresar:

   1. El nombre y apellido del imputado o imputada (…)

      Artículo 308. (…) La acusación debe contener:

   1. Los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o imputada (…)

      Artículo 314. (…) El auto de apertura a juicio deberá contener:

   1. La identificación de la persona acusada (…)

      Artículo 346. La sentencia contendrá:

   1. (…); el nombre y apellido del acusado o acusada y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal (…)

      Por otra parte, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Identificación, publicado en fecha 13 de noviembre de 2014, Gaceta Oficial N° 6.155, extraordinaria, en su articulado, establece:

      Definición de identificación

      Artículo 2. Se entiende por identificación, el conjunto de datos básicos que individualizan y diferencian a una persona con respecto a otros individuos y que sirve de fuente reinformación para su reconocimiento.

      Documentos de identificación

      Artículo 3. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entenderá por documento de identificación del venezolano o venezolana, el acta de nacimiento con el respectivo número único de identidad, que establezca la autoridad con competencia en materia de registro civil y la cédula de identidad.

      Elementos de identificación

      Artículo 4. Son elementos básicos de la identificación de los ciudadanos y ciudadanas: sus nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, los dibujos de sus crestas dactilares y cualquier otro medio de identificación.

      De la interpretación literal y en conjunto de las normas legales, antes citadas, se desprende que, en el proceso penal, la identificación e individualización de una persona se confunden. Por lo tanto, es criterio de esta Corte de Apelaciones, que para identificar e individualizar a un imputado, debe tenerse en cuenta el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Identificación, antes citado

      En ese sentido, la decisión recurrida al identificar al imputado de autos, en Dispositiva, señaló:

      En razón de lo anteriormente expuesto este Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE RATIFICA LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE FUESE DECRETADO Y EN SU LUGAR SE DECRETA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD en contra del imputado YEFFERSON E.P.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero: 21.537.293, (alias El Caracas), por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN EJECUCIÓN DE UN ROBO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el articulo 406 del Código Penal ordinal 1º en concordancia con el articulo 424 ambos del Código Penal, en perjuicio de J.C.G. y F.J.C.d. conformidad con lo establecido en el Artículo 236 y 237 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerdo el procedimiento ordinario previsto en el articulo 262 eiusdem.

      De lo antes citado, se aprecia que en la recurrida se identifica al imputado de autos con sus nombres y apellidos ( YEFERSON E.P.G.), nacionalidad (venezolano), mayor de edad, su numero de cédula de identidad (titular de la cédula de identidad numero: 21.537.293), y su apodo (alias El Caracas); identificación que cumple con los parámetros legales, antes enunciados. Por lo tanto, no le asiste la razón a la recurrente en el presente alegato; en consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el presente alegato. Y así se decide.

2. En cuanto al alegato de que, el Juez de Control le atribuye a su representado una conducta idéntica a un grupo de individuos, sin hacer distinción y determinación de la conducta, de los hechos que presuntamente realizó su defendido. Esta Corte para decidir observa:

   Conforme al primer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, “…en caso de estimar que concurran los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicito la medida.“

   Al respecto, debe tenerse en cuenta, que el auto de privación judicial preventiva de libertad y la orden de aprehensión, tienen características propias que los hace diferentes por su naturaleza, veamos:

   El auto de privación judicial preventiva de libertad debe ser dictado, por el Juez o Jueza de Control, una vez que haya oído al imputado o imputada, mediante resolución fundada (encabezamiento del artículo 240 del COPP), que contenga las razones propias que asisten al juez o jueza para estimar que están acreditadas las circunstancias de los numerales 1 y 2 del artículo 236, eiusdem, concurren el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad; en tanto que, en la orden de aprehensión, el Juez o Jueza se subroga en los motivos del Fiscal –si los considera fundados- para acordarla, pues no cuenta en ese momento, con otros elementos adicionales que le permitan formarse una convicción distinta.

   La orden de aprehensión es un acto procesal dirigido exclusivamente al imputado o imputada que exige su presencia ante el Juez o Jueza y las partes, es decir, es un requisito impretermitible de procedibilidad.

   En ese sentido, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, en decisión de fecha 04 de febrero de 2005, expresó:

   A diferencia del auto de privación judicial preventiva de libertad dictada por el Juez al constatar, después de oír al imputado, que efectivamente aparte de estar acreditadas las circunstancias de los numerales 1 y 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, concurren el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Dicho auto deberá contener los requisitos a que se contrae el artículo 240, eiusdem.

   En la orden de aprehensión, el Juez se subroga en los motivos del Fiscal –si los considera fundados- para acordarla, pues no cuenta en ese momento, con otros elementos adicionales que le permitan formarse una convicción distinta.

   He allí características propias de estos dos actos que los hacen diferentes por su naturaleza. En el auto de privación judicial preventiva de libertad, dictado con posterioridad de haber sido oído el imputado, mediante resolución fundada que contenga las razones propias que asisten al juez para estimar que concurren los presupuestos del peligro de fuga o de obstaculización.

   La naturaleza de la orden de aprehensión es distinta, atendiendo a que debe subrogarse a los motivos del Fiscal, pues no cuenta con las razones propias para emitirla derivadas de la inmediación. Esta persigue aprehender y trasladar al imputado a objeto de ser oído, para luego el Juez con fundamento al resultado de esa audiencia celebrada con las partes y la víctima si fuera el caso, resolver acerca de la real existencia de los peligros de fuga o de obstaculización para concluir en la ratificación de la aprehensión a través de un auto de privación judicial preventiva de libertad o en la sustitución por otra menos gravosa.

   Por consiguiente, la orden de aprehensión es un acto que dentro de la relación procesal está dirigido exclusivamente al imputado, toda vez que persigue su localización y traslado ante el órgano jurisdiccional e ineludiblemente su presencia, a objeto de ser oído respecto de los presupuestos exigidos en el artículo 236 y 240 del Código Orgánico Procesal Penal. Es un acto o una orden con esos efectos específicos y necesariamente se requiere de ese presupuesto, de la presentación o la presencia del imputado ante el tribunal, para que su juicio se active y continúe procesalmente.

   De allí que al tratarse de un acto procesal dirigido exclusivamente al imputado que exige su presencia ante el juez, esto es un requisito impretermitible de procedibilidad.

   Por cuanto la orden de aprehensión dictada de conformidad con el primera aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es una resolución dictada inaudita altera pars, esto es, es una decisión que profiere el Juez sin haber oído previamente al imputado, el legislador, con el propósito de garantizar el derecho de defensa del justiciable, en el segundo aparte del Código adjetivo penal estableció, que una vez aprehendida la persona sobre la cual recayó la orden respectiva, esta debe ser “conducido ante el Juez o Jueza, para la audiencia de presentación, con la presencia de las partes, y de la víctima si estuviere presente”. Disposición legal que constituye una garantía procesal que ampara la inviolabilidad del derecho a la defensa, reconocido en el numeral 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En ese sentido, la Sala Constitucional, en forma reiterada ha dicho que: “…toda orden de aprehensión tiene como presupuesto el análisis del cumplimiento de las exigencias legales para decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad, dado que esa orden es una consecuencia inmediata de esa decisión judicial. Ese primer análisis que hace el juez, en virtud de la solicitud del Ministerio Público, no es absoluto, dado que puede surgir una circunstancia que alegue el imputado en la sede judicial, cuando sea capturado y oído en la audiencia oral, que amerite el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, o bien, su libertad plena, aunque esto último no lo establezca el artículo 250 (hoy 236) del Código Orgánico Procesal Penal” (Vid. Sentencia N° 1123, de fecha 10 de junio de 2004).

   Igualmente, ha dicho la Sala Constitucional, ha dicho:

   Al analizar la orden de aprehensión emanada de un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 250 (hoy 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala puede afirmar que es una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcional a los fines que constitucionalmente la justifican y limitan. Se trata de una medida tendente a asegurar el proceso, ante la posibilidad del actor de sustraerse de la administración de justicia, esto es, que la “aprehensión” tiene una génesis cautelar preordenada básicamente a garantizar la presencia y sujeción del presunto imputado al ‘ius puniendi’ del Estado, por lo que, en ningún caso, dicha aprehensión puede considerarse como arbitraria o ilegal, sino desarrollada en el marco de la fase investigativa del proceso conforme a las formas y requisitos legalmente establecidos. (Sentencia de fecha 15/04/03, expediente N° 02-1900)

   Ahora bien, en la audiencia de presentación, en caso de una orden aprehensión, el Juez de Control, de conformidad con el segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, “resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.

   De la norma, antes citada, se colige que el Juez de Control, en los casos de audiencia de presentación de imputados, generada por una orden judicial de aprehensión, su facultad está restringida a resolver sobre el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad o la sustitución de tal medida por una medida cautelar menos gravosa, es decir, de las establecidas en el los numerales 1º al 9º del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En el presente caso, por cuanto ni el imputado ni la defensa, en el acto de la celebración de la audiencia de presentación, impugnaron la decisión por el cual se decretó la orden de aprehensión ni alegaron alguna circunstancia que incidiera en la no participación del imputado en el hecho que se le atribuye, conformándose, el imputado con acogerse al precepto constitucional y no declarar; en tanto que la defensa, sólo expresó: “la defensa solicita se le decrete la Libertad, en razón del eminente retardo procesal en que se ha incurrido, así mismo invoco a favor de mi defendido el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal considerando que puede someterse al proceso en libertad, aunado al hecho de que las investigaciones se están iniciando y existen muchas diligencias aun por practicar. Es todo”

   En consecuencia, en virtud de la inacción del imputado y su defensa de indicar cualesquier circunstancia que le favoreciera, el Juez de Control actúo conforme a derecho, ya que, al ratificar la orden de aprehensión y dictar la Medida de privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del imputado de autos, aplicó la normativa legal contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional antes citada, al acogerse a los hechos acreditados por el mismo Tribunal, cuando en el auto que decretó la aprehensión del imputado de autos, en su acápite II, denominado ‘CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL’, expresó:

   Antes de analizar los fundamentos de la referida solicitud, se debe señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia que indica:

   "...toda orden de aprehensión tiene como presupuesto el análisis del cumplimiento de las exigencias legales para decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad dado que esa orden es una consecuencia inmediata de esa decisión judicial. Ese primer análisis que hace el Juez en virtud de la solicitud del Ministerio Publico, no es absoluto, dudo que puede surgir una circunstancia que alegue el imputado en la sede judicial, cuando sea capturado y oído en la audiencia oral que amerite el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, o bien, su libertad plena, aunque esto último no lo establezca el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal" (ver sentencia N° 1 123, del 10 ele junio de 2004, caso: Marilitza J.S.Z., la cual fue ratificada en la sentencia N° 31, del 16 de febrero de 2005, caso: Jadder A.R.)

   El fiscal imputa el siguiente hecho: Los ciudadanos J.C.G. y F.J.C., se encontraban libando licor en el Barrio el Guasdual, cerca de la entrada del Barrio el Bruzual cuando de pronto deciden salir a comprar unos cigarrillos, salen en una motocicleta MARCA QUIPAI, MODELO 150, COLOR BLANCO, cuando en la calle 04, entre avenida 02 y 03 frente a una residencia sin numero, son abordados por varios ciudadanos entre ellos los ciudadanos E.J.S.L. (EL KITO), de nacionalidad venezolano, de 27 años de edad, con techa de nacimiento 22 de abril de 1985, titular del número de cédula de identidad V- 18.006.873. de estado civil Soltero, de profesión u oficio indefinida, residencia Indefinida, YEFERSON E.P. (EL CARACAS), P.P.F.A. (EL CHICHI) y R.J.L.R. (EL COPORO), quienes portando arma de fuego los despojan de el vehículo que tripulaban accionando las armas de fuego en contra de la humanidad de los precitados ciudadanos causándole la muerte y apoderándose de su vehículo moto.

   Ahora bien de las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Subdelegación Acarigua, tal y corno se desprende de las actas de investigaciones que conforma el expediente, se desprende que la responsabilidad penal en la comisión del delito ele HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN EJECUCIÓN DE UN ROBO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA previsto Y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación al articulo 458 del Código Penal en concordancia con el articulo 424 ejusdem en perjuicio de los ciudadanos J.C.G. y F.J.C., en los ciudadanos E.J.S.L. (EL KITO), de nacionalidad venezolano, de 27 años de edad, con techa de nacimiento 22 de abril de 1985, titular del número de cédula de identidad V- 18.006.873, de estado civil Soltero, de profesión u oficio indefinida, residencia Indefinida, YEFERSON E.P. (EL CARACAS), P.P.F.A. (EL CHICHI) y R.J.L.R. (EL COPORO), como Autores y participe en el delito antes mencionados

   Por lo tanto, no le asiste la razón a la recurrente en el presente alegato; y, en consecuencia, lo procedente es declararlo sin lugar. Y así se decide.

3. En cuanto a que el Juez de la recurrida denominó a su defendido como el “Caracas”. Esta Corte para decidir observa:

   No señala la recurrente, en que forma incide sobre la decisión recurrida, el uso del sobre nombre, apodo, mote o alias del imputado, en los datos relativos a su identificación o individualización. En tal sentido, la Corte quiere dejar expresamente señalado, que si bien es cierto, que el apodo o sobrenombre no forma parte del nombre civil de las personas, ni goza de igual protección jurídica a la que el Estado le suministra a este ultimo, no es menos cierto, que dicho elemento tiene una gran importancia en el medio criminalístico, sobre todo en el caso venezolano, dado su constante uso por parte de la población; por lo que es frecuente que se le mencione como parte de los datos “que sirven para identificar al imputado” a que se refiere el Artículo 240. 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, dicha mención tiene como único objeto permitir la individualización del imputado, máxime que, en algunos casos se carece de otros datos sobre la identidad del investigado, y bajo ningún concepto, generar algún acto “discriminatorio” o que resulte contrario a la dignidad del imputado; en consecuencia, la Corte declara improcedente el presente alegato, por considerarlo manifiestamente infundado. Y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada E.Z.J., en su condición de Defensora Pública del imputado YEFERSON E.P., en contra de la decisión interlocutoria dictada en fecha 06 de Marzo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, Extensión Acarigua, SEGUNDO: Ratifica el auto dictado en fecha 30 de Enero de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 01, del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa – Extensión Acarigua, mediante la cual ratifica la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de su representado, de conformidad con la norma prevista en los artículos 236 y 237 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito Homicidio Intencional Calificado en la Ejecución de un Robo en Grado de Complicidad Correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal en concordancia con el artículo 424 eiusdem.

   Regístrese, diarícese, déjese copia y remítase al tribunal de origen.

   Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Guanare, a los siete (07) días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015). Años 204° de la Independencia y 156° de la Federación.-

   La Jueza de Apelación Presidenta,

   S.R.G.S.

   El Juez de Apelación, La Jueza de Apelación,

   J.A.R. MAGUIRA ORDOÑEZ DE ORTIZ

   (PONENTE)

   El Secretario,

   R.C.L.R.

   Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste

   Secretario.-

   Exp.- 6414-15

   JAR/.-