Decisión nº 08 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 10 de Julio de 2015

Establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal en su encabezamiento lo siguiente:

Artículo 373. Flagrancia y Procedimiento para la Presentación del Aprehendido o Aprehendida. El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la presentará ante el Juez o Jueza de Control competente a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.

En el procedimiento especial de flagrancia y como lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el aprehendido en flagrancia debe ser presentado por el Ministerio Público ante el Juez de Control, a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión y dependiendo de lo que se evidencie de dicha aprehensión, el fiscal solicitará al Juez o Jueza la aplicación del procedimiento breve o del procedimiento ordinario, correspondiéndole al órgano jurisdiccional valorar la existencia de la verosimilitud de los hechos y los elementos de convicción recolectados en el proceso.

Establece la sentencia Nº 1981 de fecha 23/10/2007 de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE, que el Juez de Control no pude decretar la flagrancia, si el Ministerio Público no lo solicitó previamente. El Ministerio Público es el titular de la acción penal (artículo 285.3 de la Constitución) y la determinación de si existe o no flagrancia en cada caso corresponde ser a.p.d.ó., el cual, una vez verificado que se encuentran llenos los presupuestos para su procedencia, solicita al Juez de Control que así lo declare.

Posteriormente el Juez de Control para juzgar la flagrancia, deberá determinar tres elementos: a) que hubo un delito flagrante, b) que se trata de un delito de acción pública; y c) que hubo una aprehensión in fraganti, es decir, elementos probatorios que hagan verosímil la existencia de estos parámetros.

De igual modo, en dicha audiencia oral, se evaluará la necesidad o no de imponerle al imputado una medida de coerción personal para someterlo al proceso, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. De no estar llenos dichos requisitos, se le debe decretar al imputado su libertad plena.

Así mismo, ha establecido la jurisprudencia patria con carácter vinculante, que la audiencia oral de presentación, constituye un verdadero acto de imputación.

Con base en lo anterior, procede esta Corte a verificar lo plasmado en el acta de audiencia oral de presentación de imputado de fecha 25 de marzo de 2015, cursante de los folios 29 al 31 de las actuaciones originales, donde se indicó lo siguiente: “Acto seguido la Juez informó a las partes el motivo de la audiencia y le concede el derecho de palabra al Fiscal Tercero del Ministerio Público Abg. Etny Canelón, quien narró brevemente como sucedieron los hechos que se le imputa al ciudadano SORRENTINO CIOFFIO A.G. y las circunstancias de su aprehensión, esta representación fiscal en esta audiencia no tiene delito alguno que imputarle al ciudadano SORRENTINO CIOFFIO A.G., solicito se califique la aprehensión en flagrancia de conformidad con el artículo 234 del ejusdem, se aplique el procedimiento por la vía ordinaria artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, visto que no tengo delito que imputar solicito se decrete la libertad sin restricciones, es todo”.

De lo indicado por el representante del Ministerio Público, se aprecia claramente que el mismo solicita se califique la aprehensión del imputado A.G.S.C. en situación de flagrancia de conformidad al artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, pero luego de manera contradictoria señala, que “no tiene delito alguno que imputarle al ciudadano SORRENTINO CIOFFIO A.G.”.

De modo pues, se pregunta esta Corte ¿cómo puede el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE no imputar delito alguno al ciudadano A.G.S.C., pero solicitarle a la Jueza de Control que se califique su aprehensión como flagrante?

La detención flagrante implica cuatro situaciones:

1. -) Que se esté cometiendo el delito; es decir, que se sorprenda al imputado en plena ejecución del delito.

2. -) Que acabe de cometerse el delito, es un momento inmediatamente posterior a aquel en que se llevó a cabo el delito.

3. -) Que acaecido el delito, el sospechoso huya, y tal huida da lugar a una persecución, objetivamente percibida, por parte de la autoridad policial, por la víctima o por el grupo de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, o que se unieron a los perseguidores.

4. -) Que se le sorprenda al imputado a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que

De allí, que se diga que la flagrancia es demostrativa de que se está cometiendo o se acaba de ejecutar un delito, constituyendo per se un estado probatorio de la comisión del hecho.

Por lo que el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE, al solicitarle a la Jueza de Control que calificara la aprehensión del ciudadano A.G.S.C. en situación de flagrancia, debió inmediatamente señalar el hecho ilícito por el cual fue detenido, por cuanto la aprehensión en flagrancia es una consecuencia necesaria de la comisión de un hecho ilícito, ya que de resultar errada la detención por no haberse cometido delito alguno, ello originaría responsabilidades en el órgano aprehensor.

Si se aprehende el hecho criminoso como un todo (delito-autor) y esa apreciación es llevada al proceso, se producen los efectos de la flagrancia.

Caso contrario, al no tener el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE –según su criterio– delito alguno que imputarle al ciudadano A.G.S.C., no debió solicitar se calificara su aprehensión en situación de flagrancia de conformidad al artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que ello generó en cabeza de la Jueza de Control Nº 03, con sede en Guanare, la sospecha de que se perpetró un delito, como en efecto sucedió en el presente caso, dado los elementos de convicción presentados por el propio Fiscal del Ministerio Público, donde se desprende, un postura cuestionable de este funcionarios quien no cumplió a cabalidad con su rol como titular de la acción penal, de ordenar y practicar todas las diligencias útiles y necesarias para esclarecer el hecho del cual fue víctima el Estado Venezolano, así como para determinar la participación de persona alguna en la comisión de ese hecho.

Lo anterior, se desprende, de la Orden Fiscal de Inicio de Investigación de fecha 24 de marzo de 2015, cursante a los folios 05 y 06 de las actuaciones originales, en donde se aprecia, que entre las diligencias de investigación ordenadas por el Fiscal Tercero del Ministerio Público, se encuentran las siguientes:

- Inspección Técnica en el lugar de los hechos, fijar fotográficamente el sitio del suceso y colectar cualquier evidencia de interés criminalístico.

- Practicar experticia de Mecánica y Diseño al arma de fuego.

- Identificar al Investigado.

- Citar y entrevistar a testigos.

- Entrevistar a vecinos del lugar del suceso.

- Reconocimiento Médico Legal a la víctima.

De dichas diligencias ordenadas, se observa claramente, que entre los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público, tanto la práctica de la experticia mecánica y diseño de arma de fuego, como el reconocimiento médico legal a la víctima, no se corresponden con el objeto de la presente causa; dejándose de lado la fijación fotográfica del sitio del suceso, lo cual sí fue expresamente ordenado.

De modo pues, no existe posibilidad de detenciones si no hay la comisión de un hecho punible respecto del cual se haya capturado in fraganti a una persona o se sospeche su culpabilidad (Sentencia Nº 1744 de fecha 09/08/2007 de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ).

Ahora bien, oportuno es mencionar, que lo único que no puede expresamente por ley hacer el Juez de Control de oficio, sin previa solicitud del Fiscal del Ministerio Público al momento de la celebración de la audiencia oral de presentación de aprehendidos, es declarar la flagrancia y decidir acerca de que se siga el juicio a través del procedimiento abreviado.

Ello expresamente se encuentra establecido en el segundo aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos: “Si el Juez o Jueza de Control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el o la Fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal de juicio…”

De modo, que es competencia exclusiva del Ministerio Público solicitar la calificación de la detención en flagrancia y que el proceso se tramite conforme al procedimiento abreviado, por lo que no está permitido que el Juez de Control se subrogue dicha atribución y acuerde la detención en flagrancia que no se le ha solicitado.

Vale decir, ante un caso de flagrancia, el fiscal debe valorar adecuadamente los hechos y tipificar la conducta procesal del imputado, por ello si hay que verificar circunstancias fuera del hecho flagrante cuando el representante fiscal solicita el procedimiento ordinario, lo hace con la finalidad de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor las conexiones del delito o cualquier otra causa que necesite dilucidarse, y es en ese momento cuando el fiscal solicita la aplicación del procedimiento ordinario, el cual será sometido a la calificación y autorización respectiva del Juez de Control.

Pero en caso contrario, al haber solicitado expresamente el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE, que se declarara la detención en flagrancia del ciudadano A.G.S.C., y más aún al haber solicitado la aplicación del procedimiento ordinario, no le estaba dada la posibilidad de “no imputar delito alguno”, ya que si bien no en toda detención en flagrancia existe la certeza de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comisión del delito ni del grado de intervención del aprehendido, con la sola detención en flagrancia del ciudadano A.G.S.C., surgió la sospecha de que éste fue el autor o partícipe en la comisión de un delito flagrante.

Entre el delito flagrante y la detención in fraganti, existe una relación causa y efecto, haciendo énfasis el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE erróneamente en la aprehensión flagrante del imputado, cuando lo importante en primer orden, era la comisión del delito.

Bajo tales consideraciones, oportuno es transcribir lo señalado por la Jueza de Control en su decisión:

“…analizadas las circunstancias de la aprehensión, esta Juzgadora estima que se está en uno de los supuestos de flagrancia, por cuanto el imputado fue aprehendido encontrándole en la esfera de disposición y dominios los objetos que le fueron incautados y que habían sido denunciados como hurtados por el ciudadano Camacho U.A.R. como Director Administrativo Regional del estado Portuguesa, desestimando la solicitud fiscal de no calificar delito alguno por lo que esta juzgadora como tutor de la constitucionalidad y la legalidad, en virtud del ejercicio de la tutela judicial efectiva y con la finalidad de amparar a los agraviados y las lesiones que afecten normas de orden público, no puede estar atado por las imprecisiones u omisiones en las que puedan incurrir el Ministerio Publico ya sea al momento de calificar el derecho violado o norma aplicable en cada caso, ya que el Juez en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede conocer de oficio del fondo del asunto que se ventile aunque éstos no fueran señalados todo ello en aplicación al “Principio IURA NOVIT CURIA” (El juez es el conocedor del derecho), pudiendo cambiar la calificación jurídica de los hechos, conocer de oficio otras infracciones y restaurar la situación jurídica que se alega como lesionada, siempre y cuando ellas afecten el orden constitucional, especialmente, el debido proceso legal, como ocurre en el presente caso, todo a tenor de los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por lo que se califica el delito como Aprovechamiento de cosas provenientes del delito, de conformidad con el articulo 470 Código Penal, en perjuicio de Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por cuanto los hechos se subsumen en la previsión fáctica del mencionado tipo penal.

Con base a lo expresado por la Jueza de Control y del análisis exhaustivo de los actos de investigación cursantes en el presente expediente, se puede observar, que existe la presunta comisión de un hecho ilícito, por cuanto fue localizado en la Finca “Los Caminos” propiedad del imputado A.G.S.C., la cantidad de doce (12) paños constituidos cada uno por malla VIFOR 3D, elaborados en metal de color verde, y trece (13) tubos elaborados en metal de color verde, los cuales fueron sustraídos de la cerca perimetral (posterior), perteneciente al edificio de la Ciudad Judicial, ubicada en la carretera principal vía Guanare-Guanarito, Municipio Guanare, Estado Portuguesa (propiedad del Poder Judicial y por ende del Estado Venezolano), quedando ello plenamente demostrado de las inspecciones practicadas en el sitio del suceso, así como de las declaraciones rendidas por los trabajadores de la referida institución.

Además, del Acta de Investigación Penal de fecha 24 de marzo de 2015, los funcionarios policiales actuantes dejaron constancia que el ciudadano A.G.S.C., al solicitársele la documentación legal de dichos objetos, éste les manifestó que carecía de los mismos, por cuanto dichos objetos fueron adquiridos por dos sujetos desconocidos quienes llegaron a su residencia ofertándoselos por un valor más bajo de su valor comercial. Seguidamente los funcionarios actuantes le solicitaron información sobre los sujetos que mencionaba, indicando que desconocía y que sólo sabía que los mismos residían en el Barrio Las Tablitas de la ciudad de Guanare.

Al respecto, es de destacar, que la circunstancia alegada por el imputado A.G.S.C. no fue debidamente investigada, ya que el propio imputado no aportó mayor información que permitiera la localización de los sujetos en cuestión; aunado a que dicha circunstancia fue mencionada por los funcionarios policiales actuantes en un acta de investigación, ya que el imputado nada declaró en la celebración de la audiencia oral al acogerse al precepto constitucional.

Por lo que en el presente caso, la aprehensión del ciudadano A.G.S.C. se produjo en situación de flagrancia, conforme lo prevé el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, como afirmativamente lo señaló el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE en el desarrollo de la audiencia oral de presentación de imputado, ya que fue hallada en su propiedad, objetos pertenecientes a la Ciudad Judicial del Estado Portuguesa, ajustándose a derecho la precalificación jurídica acogida por la Jueza de Control, correspondiente al delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal.

E incluso, se podría estar en presencia de la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 452 numeral 1 del Código Penal, en razón del apoderamiento que existió por parte del imputado, de la cantidad de doce (12) paños constituidos cada uno por malla VIFOR 3D, elaborados en metal de color verde, y de trece (13) tubos elaborados en metal de color verde, pertenecientes a una institución pública (Ciudad Judicial del Estado Portuguesa), para aprovecharse de él en su Finca, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba. Ello se desprende, por cuanto la Finca “Los Caminos” es colindante con la Ciudad Judicial, y el imputado no presentó ninguna documentación que acreditara la obtención o procedencia de dichos objetos.

O la posible participación de terceros en la comisión de ese HURTO AGRAVADO, ello si se toma en consideración lo indicado en el Acta de Investigación Policial donde se indicó que el ciudadano imputado manifestó haber comprado dichos objetos a personas que residen en el Barrio Las Tablitas, situaciones fácticas éstas que en todo caso le corresponderá al Ministerio Público seguir investigando.

De modo pues, contrario a la postura asumida por el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE, considera esta Corte, que en el presente caso se está en presencia de la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra prescrita, y fundados elementos de convicción para estimar la autoría del imputado A.G.S.C. en la comisión de ese hecho punible acogido por la Jueza de Control, cumpliéndose así los dos primeros requisitos contenidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos al fumus bonis iuris. Así se decide.-

En cuanto al periculum in mora, tercer requisito exigido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación, la Jueza de Control indicó lo siguiente:

…en segundo lugar la existencia del peligro de que el imputado pretenda frustrar los f.d.p. (periculum in mora), para el cual se establecen pautas vinculadas a la magnitud del daño causado, a la gravedad de la pena a imponer y otras relacionadas a la personalidad del imputado, en el caso de marras, el ilícito penal calificado por este tribunal es Aprovechamiento de cosas provenientes del delito, de conformidad con el articulo 470 Código Penal, en perjuicio de Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en tal sentido es pertinente señalar, que la coerción personal es la restricción o limitación que se impone a la libertad del imputado por razones estrictamente procesales, y sólo la necesidad, verificada en cada caso, de evitar que el imputado frustre los f.d.p., es lo que puede justificar las medidas coercitivas de quien goza de un estado jurídico de inocencia, de otro modo si no existen razones de peligro, o existiendo pueden ser neutralizarse de otra forma, la medida privativa de libertad carece de justificación y resulta desproporcionada, resultando del análisis precedente que lo ajustado a derecho en un estado que garantiza la libertad, es imponer a SORRENTINO CIOFFIO A.G., medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 242.3 y 4 consistentes en la presentación periódica ante este tribunal una cada 15 días por 6 meses y la prohibición de salida del país mientras dure la investigación.

En este punto en particular, oportuno es referir, que el delito cometido se perpetró en contra de una institución del Estado, como lo es la Ciudad Judicial del Estado Portuguesa.

De allí, la magnitud del daño causado por el imputado en la presente causa, ya que con su actuar, afectó directamente una propiedad donde funcionará uno de los poderes del Estado Venezolano, como lo es el Poder Judicial. Es un deber de todos los venezolanos y venezolanas proteger y cuidar las instituciones del Estado, por lo que toda acción humana que las desmejore, dañe o afecte, debe ser corregida y reprendida severamente.

En razón de ello, se justifica la decisión dictada por la Jueza de Control de imponerle al ciudadano A.G.S.C. las medidas cautelares sustitutivas establecidas en el artículo 242 ordinales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en su presentación periódica cada quince (15) días ante la Oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, y la prohibición de salida del país mientras dure la investigación, sin previa autorización del Tribunal. Así se decide.-

En cuanto al segundo y tercer alegato formulado por el recurrente, respecto a que el acto de imputación formal se encuentra afectado de nulidad absoluta “en razón de que no puede la juzgadora, suplir acciones que son específicas de cada una de las partes, y más aún, una tan importante como la de la acción penal, la cual es única y exclusiva del Ministerio Público, tal y como lo instituye el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal”, y que la Jueza de Control “vulnerando los principios de oficialidad y legalidad procesal imputó un hecho delictivo con consecuencia jurídica penal, acogiendo a modo propio un delito que no fue atribuido, y en segundo lugar impone…las medidas cautelares establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 242 de la ley adjetiva penal; aun cuando el propio fiscal había solicitado la libertad plena…”, esta Corte hace las siguientes consideraciones:

El Juez de Control en sus funciones, debe cautelar los derechos de los imputados, como bien lo deja asentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 365 de fecha 02/04/2009:

Ello así, toda vez que la principal tarea del juez de control no es otorgar niveles de protección procesal al imputado, sino, primordialmente, cautelar sus derechos constitucionales y materiales (los únicos que la actividad investigadora pudiera conculcar). La razón fundamental de la presencia del juez de control en la actuación penal, es la necesidad de resolver eficazmente todos los conflictos que se presentan entre las partes e intervinientes en la fase de la investigación. En este marco la función del juez de control es proteger a la persona investigada contra la violación de cualquiera de sus derechos fundamentales, violaciones que pueden sobrevenir de capturas, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones o, en su caso, de imputaciones infundadas en fraude a la ley. En el marco de su poder decisorio, el juez de control debe ponderar intereses legítimos contrapuestos, por un lado, la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa de la persona investigada, y de otro, la efectividad en la aplicación de la ley penal, por medio de la administración de la justicia penal. En términos generales, las afectaciones excepcionales de derechos fundamentales dentro del curso de una investigación penal, deben ser ordenadas por un juez de control de manera previa.

(Subrayado de esta Corte de Apelaciones).

Por su parte, las atribuciones del Ministerio Público, se encuentran consagradas en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal:

Artículo 111. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal:

1. Dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores o autoras y partícipes.

…omissis…

8. Imputar al autor o autora, o partícipe del hecho punible.

…omissis…

.

Así las cosas, es oportuno mencionar que ciertamente, el Ministerio Público goza plenamente de autonomía funcional (cuestión que no es punto de discusión), siendo ello así, en virtud de que la legislación venezolana es clara al identificar al Ministerio Público, como titular de la acción penal, debiendo tener presente el alcance de su responsabilidad como representante del Estado ante la sociedad, para garantizar en los procesos penales el respeto a los derechos y garantías de las víctimas y de los imputados por igual.

De modo pues, el Ministerio Público está obligado a ejercer la acción por todo hecho que revista carácter penal o delictivo, dirigiendo la investigación preliminar a objeto de determinar la comisión de un hecho punible y la identidad de su autor, encontrándose los órganos policiales de investigación bajo su dependencia funcional.

De allí, que claramente, es potestad única y exclusiva del Ministerio Público iniciar la investigación cuando se tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública, para determinar si el delito se cometió, y establecer quiénes son los autores o partícipes del mismo, quedando dispensado el Juez en este sistema acusatorio, de la iniciativa de la persecución penal, como sí ocurría con el juez instructor en el sistema inquisitivo.

Ello no quiere decir, que el Juez de Control en el actual sistema acusatorio, sea un sujeto pasivo o un mero árbitro; por el contrario, es el rector o director del proceso penal, que ante sus facultades está llamado a corregir cualquier error o falla que en derecho, cometan las partes en el ejercicio de sus funciones, sin que por ello se cuestione su imparcialidad.

En este mismo orden de ideas, también es cierto que, el Juez de Control debe en ejercicio de las facultades establecidas en el texto procesal penal, garantizar los derechos de las partes intervinientes en el proceso, lo cual no trastoca el ejercicio de la acción penal, ya que, el artículo 109 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que: “El control de la investigación y la fase intermedia estarán a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará tribunal de control…”.

Por su parte, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el control judicial en los siguientes términos: “A los jueces o juezas de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones”.

Por lo que mal puede pretender el recurrente, que la Jueza A quo haga caso omiso a las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico venezolano, ya que sí está llamada como Jueza de Control, a valorar los elementos de convicción que presente el Ministerio Público para presumir la comisión de un hecho punible, porque entre otras cosas en la celebración de la respectiva audiencia oral de presentación de imputado, se deben verificar los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

Además, es de resaltar, que desde el mismo momento en que el representante del Ministerio Público solicita la intervención judicial, la Juez de Control como directora del proceso y vigilante de la correcta aplicación de la norma en aras de dar cumplimiento al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, debe ejercer el control judicial en el proceso, lo que se traduce en dar cumplimiento al espíritu de la norma, y con ello la restitución, reparación o indemnización del daño causado a la víctima.

Ciertamente el Ministerio Público es autónomo y responsable del proceso de investigación, en razón de la titularidad de la acción penal, solamente cuando se violen principios reguladores del ius puniendi del Estado es cuando va a intervenir el órgano jurisdiccional, contralor de esa legalidad, para que la investigación continúe cumpliendo con los principios garantistas.

La legislación patria señala, que corresponde a los Jueces y Juezas de la República Bolivariana de Venezuela, velar por el derecho constitucional al debido proceso, presunción de inocencia y afirmación de libertad; sin embargo, también les corresponde velar por los intereses de la víctima, en este caso del Estado Venezolano.

De esta manera, el acto formal de imputación constituye una actividad procesal, que en resguardo del principio de seguridad jurídica, y de los derechos a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, tiene por finalidad comunicar a las personas, la cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción en su contra.

Por lo que el Juez de Control como director o rector del proceso, al analizar los elementos de convicción que le son presentados por el Ministerio Público, le corresponde efectuar el silogismo judicial en aplicación del principio iura novit curia, adecuando la calificación jurídica (derecho) a la circunstancia fáctica (hechos) objeto del proceso, e incluso desestimar el tipo penal cuando éste no se adapte a la realidad.

De modo pues, lo que sí es potestad única y exclusiva del Ministerio Público, y en lo que el órgano jurisdiccional no puede intervenir es en:

1. -) Anular actuaciones efectuadas por el Ministerio Público en fase de investigación.

2. -) Recabar elementos de convicción o solicitar la práctica de diligencias de investigación para establecer la responsabilidad o no del imputado en la comisión de un hecho punible.

3. -) Limitar la actividad investigativa de la vindicta pública, que no esté sujeta a control judicial.

4. -) Obligar al Ministerio Público a acusar la comisión de un determinado delito, ni acusar a determinada persona, ni mucho menos señalarle cómo concluir una investigación (acto conclusivo).

En tal sentido, en el presente caso, visto el error en derecho en que incurrió el Fiscal Tercero del Ministerio Público Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE, considera esta Corte, que el acto de imputación efectuado en la celebración de la audiencia oral de presentación de detenido, no se encuentra afectado de nulidad, por cuanto la Jueza de Control decretó la aprehensión del ciudadano A.G.S.C. en situación de flagrancia, conforme le fue solicitado por el Ministerio Público, se acordó la continuación de la investigación por el procedimiento ordinario, y se le atribuyó a los hechos narrados por el Ministerio Público la calificación jurídica de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal.

Por lo que el acto de imputación formal se efectuó conforme a derecho, ya que el ciudadano A.G.S.C. se encontró asistido en todo momento de su defensor de confianza, le fue impuesto del precepto constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo eximía de declarar, y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento, el Ministerio Público lo impuso de los hechos investigados conforme a las actas de investigación cursantes en el expediente, la Jueza de Control adecuó la calificación jurídica al delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, y se le permitió el acceso al expediente e incluso se le garantizó la doble instancia al tramitársele conforme a la ley su recurso de apelación.

En tal sentido, se le garantizó al ciudadano A.G.S.C. el derecho a acceder e intervenir en la investigación, como a ser oído, exento de toda clase de presión, coacción o intimidación, como componente fundamental tanto del derecho a la defensa (al posibilitar una adecuada y eficaz respuesta defensiva) como de la dignidad humana y la presunción de inocencia, evitando con ello que el proceso se fraguara a sus espaldas.

Y en cuanto a la imposición por parte de la Jueza de Control de las medidas cautelares sustitutivas, tal y como se dijo en párrafos anteriores, las mismas se encuentran ajustadas a derechos, al haberse cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

Además, si bien el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal indica que el Ministerio Público solicitará al Juez de Control “la imposición de una medida de coerción personas, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida”, ello no es óbice para que el juzgador considere la procedencia o no de una medida de coerción personal, según las circunstancias particulares del caso.

Por todo lo antes expuesto, es que se declara SIN LUGAR el segundo y tercer alegato formulado por el recurrente. Así se decide.-

Con base en lo explanado, es criterio de esta Alzada, que la recurrida alcanzó el mérito elemental mínimo para considerarse debidamente razonada, por lo que se acuerda declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado J.Á.A.Á., en su condición de Defensor Privado del imputado A.G.S.C.; y en consecuencia, se CONFIRMA la decisión dictada y publicada en fecha 25 de marzo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 03, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare, y así se decide.-

Ahora bien, vista la posición asumida por el Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE en su condición de Fiscal Tercero del Ministerio Público del Primer Circuito, en la presente causa penal, donde no imputó delito alguno cuando existían elementos de convicción contundentes de la comisión de un hecho ilícito cometido en perjuicio de un ente del Estado Venezolano, es por lo que se acuerda remitir copia fotostática certificada de la presente decisión a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Portuguesa, para que de estimarlo pertinente y necesario, sea elevada al órgano disciplinario de dicha Institución. Así se acuerda.-

Así mismo, se ordena remitir copia fotostática certificada de la presente decisión a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de haberse visto afectada una instalación del Estado Venezolano como lo es la Ciudad Judicial del Estado Portuguesa, nueva sede (en construcción) donde funcionará el Poder Judicial del Estado Portuguesa. Así se ordena.-

De igual manera, se ordena remitir copias fotostáticas certificadas, a la Presidencia de este Circuito Judicial Penal de los actos de investigación cursantes en la presente causa, así como de la decisión dictada por el Tribunal de Control y de la presente, a los fines de que sean remitidas a la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, dado el daño causado a las instalaciones de la Ciudad Judicial del Estado Portuguesa. Así se decide.-

Por último, se ordena la remisión en el lapso de ley, del presente cuaderno de apelación así como de las actuaciones originales que le acompañan, al Tribunal de procedencia a los fines de la continuidad del proceso. Así se ordena.-

DISPOSITIVA

Por todas las razones antes expuestas, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamiento: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado J.Á.A.Á., en su condición de Defensor Privado del imputado A.G.S.C.; SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada y publicada en fecha 25 de marzo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 03, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare; TERCERO: Se ORDENA remitir copia fotostática certificada de la presente decisión a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Portuguesa, en razón de la posición asumida en la presente causa, por el Abogado ETNY CANELÓN ANDRADE en su condición de Fiscal Tercero del Ministerio Público del Primer Circuito, para que de estimarlo pertinente y necesario, sea elevada al órgano disciplinario de dicha Institución; CUARTO: Se ORDENA remitir copia fotostática certificada de la presente decisión a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de haberse visto afectada una instalación del Estado Venezolano como lo es la Ciudad Judicial del Estado Portuguesa, donde funcionará recientemente el Poder Judicial de este Estado; QUINTO: Se ORDENA remitir copias fotostáticas certificadas, a la Presidencia de este Circuito Judicial Penal de los actos de investigación cursantes en la presente causa, así como de la decisión dictada por el Tribunal de Control y de la presente, a los fines de que sean remitidas a la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, dado el daño causado a las instalaciones de la Ciudad Judicial del Estado Portuguesa; y SEXTO: Se ORDENA la remisión en el lapso de ley, del presente cuaderno de apelación así como de las actuaciones originales que le acompañan, al Tribunal de procedencia a los fines de la continuidad del proceso.

Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia y líbrese lo conducente.-

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la ciudad de Guanare, a los DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-

La Jueza de Apelación de la Sala Accidental (Presidenta),

S.R.G.S.

(PONENTE)

La Jueza de Apelación, El Juez de Apelación,

L.K.D.Á.R.R.

El Secretario,

R.C.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado. Conste.-

El Secretario.-

EXP Nº 6421-15

SRGS/.-