Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 12 de Junio de 2012

Sea ADMITIDO en todas y cada una de sus partes, el presente escrito por haber sido presentado en tiempo hábil y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sea ANULADA en su totalidad la decisión dictada por la ABG. M.M.E.J.T. en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, de fecha 01 de Mayo de 2011….

Solicito se ordene a otro Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, se pronuncie sobre la solicitud de entrega de los vehículos tipo tractores con sus implementos realizadas por los ciudadanos: O.B.M., titular de la cédula de identidad No. 23.210,271, Osear B.G., titular de la cédula de identidad No. 12.348.600 y Wuister Villareal, titular de la cédula de identidad No. 12.457.842, asegurados a la orden de Ministerio Publico, por los funcionarios adscritos al componente Guardia Nacional Bolivariano de Venezuela. (…)”.

DEL CONTENIDO DEL ESCRITO DE CONTESTACIÒN

POR PARTE DE LA DEFENSA PRIVADA

En su escrito de contestación del recurso, el Abogado O.L.Q., en su carácter de Defensor Privado y como tal de los ciudadanos: O.B.G., ORALANDO BAUSTISTA GARCIA Y WUISTER VILLERREAL, fundamentan en los siguientes hechos:

… ante usted ocurro para dar contestación dentro del lapso legal, al recurso de Apelación interpuesto por la Abogada J.M.C.R., Fiscal Principal, Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, con Sede en M.E.M., CONTRA la decisión de del día 01-05-2011, en los siguientes términos; Honorables Magistrados, el punto es que la honorable y respetable representante Fiscal del Ministerio Público y recurrente, no está de acuerdo con la decisión tomada en audiencia de fecha 01-05-2011 por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal; la misma versa sobre la entrega a mis representados de unas maquinarias tipos tractores con sus implementos agrícolas. Del escrito del recurrente se entiende que la solicitud de mis representados fue hecha para obtener los mismos y la misma fue argumentada falsamente, es decir no es cierto la recolección y extracción de una cosecha. Es más, así quedo expresado DEL PETITUM, SEGUNDO, del escrito.

Esta defensa no comparte los argumentos explanados por la recurrente en su escrito, los mismos se apartan incluso del fin de los VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: "de la garantía de verdad, de ética y de justicia".

En consecuencia, rechazo los fundamentos de HECHO y de DEREECHO de la Apelación interpuesto por la Abogada J.M.C.R., Fiscal Principal, Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, con Sede en M.E.M..

Presento como prueba , con fundamento en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, la siguiente:

Una (1) Copia CERTIFICADA de la Solicitud N° 362, contentiva de: "Solicitud de medida de protección a la Producción Agraria". Presentada al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. La cual contiene inspección por esta autoridad competente en lo agrario y donde dejan constancia de estas cosechas Además en fecha 03-05-2011 DECRETA medida cautelar de protección a la producción y cosecha, solicitada por mis representados Ó.B., O.B. y WUISTER VILLARREAL. (Consta de 35 folios útiles, se anexa al presente escrito de contestación de la apelación).

Honorables Magistrados, la solicitud N° 362 con medida de protección emanada del Tribunal Agrario, deja en claro el reparo del recurrente. A contrario sensu, la Solicitud _de_ entrega _de_las maquinas si tiene_un_argumento sólido, serio y este no está basado en mentiras. El propósito de la solicitud de entrega de estas maquinarias es sin duda alguna la recolección de las cosechas, tal como lo prevé_ la medida de protección decretad. Dicha medida fue notificada a la recurrente.

En consecuencia, solicito a la Honorable Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal: Que no se declare con lugar la apelación incoada y se mantenga la decisión de fecha 01-05-2011 del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N°03 de este Circuito Judicial Penal; por cuanto es jurídicamente ajustada al Principio de Legalidad y garantiza Derechos Fundamentales debidamente protegidos.

DE LA DECISIÒN RECURRIDA

En fecha 01 de Mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, emitió el siguiente pronunciamiento:

(…) Visto el escrito que riela a los folios 01 al 06, suscrito por el ABG. O.L.Q., representante de los ciudadanos O.B.G., titular de la cedula de identidad N° 12.348.600, el ciudadano O.B.M., titular de la cedula de identidad N° 23.210.271, y el ciudadano WUISTER VILLARREAL, titular de la cedula de identidad N° 12.457.842, así como, escuchado como fue el Ministerio Público, en la audiencia de fecha 30-04-2011, este Tribunal, de conformidad con los artículos 173 y 311 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de decidir, hace las siguientes consideraciones:

SOLICITUD REALIZADA POR LOS INVESTIGADOS

Visto el escrito que riela a los folios 01 al 06, suscrito por el ABG. O.L.Q., representante de los ciudadanos O.B.G., titular de la cedula de identidad N° 12.348.600, el ciudadano O.B.M., titular de la cedula de identidad N° 23.210.271, y el ciudadano WUISTER VILLARREAL, titular de la cedula de identidad N° 12.457.842, en el cual solicita: “…De acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 49.1 Y 8, 55, de la Constitución; en concordancia al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal; solicito muy respetuosamente, se declare competente para conocer de la presente solicitud. En vista del peligro inminente de la pérdida de la cosecha, por la retención de maquinaria necesaria para esta actividad y prohibición verbal de la Fiscalía 69 del Ministerio Público de cosechar, prohibición de la que vienen siendo objeto y que afectan con ello las labores agrícolas; para evitar que se sigan violando derechos fundamentales y la destrucción a la producción agro-alimentaria y por los fundamentos tanto de hecho como de derecho antes expuestos, en virtud de los Derechos Constitucionales que asiste a los ciudadanos O.B.G., O.B.M. y WUISTER VILLARREAL y en vista de que las labores agro-productivas, la seguridad agroalimentaria de la población venezolana puede verse amenazada de paralización, ruina y desmejoramiento o destrucción a través de las acciones realizadas y denunciadas en este acto, pido a este honorable Tribunal de Control de Garantías Constitucionales lo siguiente: Ordene a la Guardería Ambiental de la Guardia Nacional, entregar toda la maquinaria agrícola retenida por ellos y que se necesita para las labores agrícolas los ciudadanos O.B.G., O.B.M. y WUISTER VILLARREAL…”.

SOLICITUD FISCAL

En la audiencia celebrada en fecha 30-04-2011, la Fiscal Sexagésima Novena, manifestó: “…Sorprende al Ministerio Público la solicitud hecha por el imputado, ya que el imputado tiene esa cualidad. No es como dice el escrito una inspección. En fecha 06/04/2011 se levantó acta con presencia de dos testigos y se recolectó evidencias de interés criminalístico y de unas rastras de arado. El 06 de abril los tres ciudadanos introducen una solicitud ante el Ministerio Público sin documento que acredite la propiedad. El Ciudadano O.B.M. hizo la solicitud de entrega de una maquinaria. Mientras que el ciudadano Wuister Villarreal no ha hecho solicitud. El 28/04/2011 se ordenó la práctica de diligencias con respecto a los dos primeros ciudadanos nombrados, por cuanto el ciudadano Wuister Villarreal no ha acreditado la propiedad de las maquinarias. Sobre tales actividades pesan cuatro órdenes de paralización de actividades, emanadas por Inparques de Táchira, las cuales han sido desconocidas por los solicitantes. Sobre esa finca que se llama El Cenicero, el Ministerio Público aperturó investigación, propiedad de una sucesión, la cual había sido adquirido por dos personas venezolanas y una colombiana. Esta investigación se apertura por denuncia del Instituto Nacional de Parques Mérida parte administrativa y de Inparques a nivel nacional, por destrucción de parque nativo, específicamente de frailejón y de otras especies, la cual se había deforestado. Con ocasión de ello, el Ministerio Público ordenó inspección y colectó en el sitio de los hechos la maquinaria, tampoco es cierto que estas personas no estén trabajando, por cuanto tiene conocimiento en el día de ayer continúan con las actividades que siguen destruyendo el ambiente, por cuanto tampoco es cierto que se les vaya a pudrir la cosecha. No es cierto, tampoco, la suspensión de las actividades de levantamiento de cosecha. Considera esta fiscalía que los datos de seguridad alimentaria así como el inventario no ha sido debidamente acreditado al Ministerio Público ni al tribunal. Dejamos constancia de la recolección de varias cosechas, también se aperturó investigación por desobediencia a la autoridad, por cuanto siguieron sembrando y están ampliando la cosecha, no obstante, como no es materia de la solicitud, en el transcurso de la investigación, lo que se trata de demostrar es la falacia y los argumentos del escrito presentado por los solicitantes, en el sentido de que se paralizó una cosecha cuando ya se han levantado cuatro cosechas. En inspección efectuada por el INTI se dejó constancia que estaban regando con agroquímicos, y cuando vieron que se apersonaba el Ministerio, emprendieron huída las personas que trabajan ahí. Estas áreas donde están realizando las actividades están dentro del parque nacional. En la investigación no tenemos acreditada la propiedad de estos ciudadanos, simplemente se tiene conocimiento que era una sucesión. La finca se llama El Cenicero, está ubicada en el sector Ranchería, Parroquia Mucurubá, Municipio R.d.E.M., Páramo el Cacique. El Estado venezolano no puede amparar una actividad que es ilícita. La inspección se hace el 06 de abril, el 13 introducen un escrito los tres solicitantes, y es el 28 de abril cuando introducen una nueva solicitud y los documentos originales donde se constata la tradición de la propiedad. El ciudadano O.B. solicitó la devolución de una maquinaria. El señor Wuister Villarreal no hizo ningún tipo de solicitud. Por estas razones de hecho y de derecho, solicito al tribunal declare sin lugar la solicitud de devolución, en virtud de que tales objetos son imprescindibles para la investigación. El Ministerio Público tiene el deber de investigar los hechos que en este caso es la deforestación del parque nacional y la afectación del caudal ecológico de una serie de cursos de agua que pasan por la zona del páramo. El frailejón tiene como función regulador climático y crece un centímetro por año. Los solicitantes están a derecho el mismo día de la inspección, por cuanto dijeron que eran propietarios del área en cuestión. En consecuencia, ratifico la solicitud de desestimación de la solicitud de devolución de la maquinaria. Es todo…”.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De la revisión de las actuaciones, el Tribunal pudo constatar, que efectivamente el Ministerio Público adelanta una investigación penal, donde presuntamente existe la comisión de un hecho ilícito. Ahora bien, el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “…ART. 311.—Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez o Jueza de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el o la Fiscal si la demora le es imputable. El Juez o Jueza y el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos. Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o Jueza, o el o la Fiscal, so pena de ser enjuiciados o enjuiciadas por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal…”, (negritas del Tribunal), es de resaltar que la solicitud realizada por los investigados versa, sobre la entrega de la maquinaria a los fines de la recolección de la cosecha y la siembra, de los alimentos que se encuentran, en la zona que es investigada por el Ministerio Público.

El Estado Venezolano, debe proteger la seguridad alimentaria, entiendo la misma, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, la misma es consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 305, el cual establece: “…PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA. ART. 305.— El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley…”, (negritas del Tribunal). Es por ello, que al no permitir la extracción y recolección de la cosecha, que ya se encuentra en el área objeto de la presunta comisión del hecho delictivo, se estaría atentando con la seguridad alimentaria de la nación, motivado a que estaríamos hablando de la posible perdida de miles de toneladas de alimentos, alimentos que servirían al abastecimiento de toda la población venezolana, sin que, esto se pueda considerar un aval a la perpetración de hechos delictivos en contra de nuestro ambiente y muy especial de nuestros paramos andinos, en consecuencia, este Tribunal, acuerda la entrega a los ciudadanos O.B.G., titular de la cedula de identidad N° 12.348.600, el ciudadano O.B.M., titular de la cedula de identidad N° 23.210.271, y el ciudadano WUISTER VILLARREAL, titular de la cedula de identidad N° 12.457.842, de: 1)- Un Tractor Marca: "Johndeere-5705", serial de motor: J04045T056233, serial, Carrocería: CQ5705A034088, de Color Verde, con su Arao metálico de Color A.C., Marca: Mardin, serial: 9MV/2, 2)- Un Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial: Motor: OOOT283409CD13142, serial de Carrocería: 283-264471, Color: Rojo, con su Arao metálico de tres 03 discos Color Ro'o serial de Carrocería: ART00021100AOO 3 ~ Tractor Marca: Masse er uson-283 serial de Motor: 0007283407C008668 serial d Carrocería: 283-4232304, Color Rojo, con su Arao metálico serial: ART00019400AO , de tres (03) discos, Color Rojo, 4)- Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial de Motor.OOT283408C01314T, serial de Carrocería: 283-268242, Color Rojo, con su Pala de Limpieza, 5)- Un Tanque de Depósito de Gas-oil de ochocientos Litros (8001ts), Color Naranja, con su sistema de rodamiento, 6)- Una Bomba Asperjadora, Marca: OHV, Modelo Camilla Sanchin, Tipo Seh-280, Color Rojo y Tanque Color Blanco, 7)- Un Tractor Marca: Valtra-Bm100, Color Amarillo, con Pala de Limpieza metálica, serial de Motor: 420DSR80101, serial de Carrocería: BM104514972, 08)- Un Arao de material metálico Color Amarillo, Modelo AR-PR, serial: 0792-5929, 09)- Un Arrastra Color Anaranjada de veinte (20) discos, serial: 050802543, Marca: Ivema, 10)- Un Arao de material metálico, Color Verde de tres (03) discos, serial: 449763, TOPDN500P/C, 11)- Un Gancho de Arar metálico de nueve (09) Anclas, Color Verde Claro, serial: 9MV/2, Marca: Nardi, BAJO LA MODALIDAD DE GUARDIA Y CUSTODIA, quedando entendido que los mismos deberán ser presentados a la autoridad competente que la Fiscalía o el Tribunal, así lo requieren, no pudiendo venderlos, ni realizar ningún tipo de transacción con los mismos, entrega esta que se realiza a los fines de que con los mismos, se les permita la recolección y extracción de: TRES MIL CINCUENTA 3.050 TONELADAS DE PAPA, SEISCIENTOS OCHENTA 680 TONELADAS DE AJO, MIL TONELADAS 1000 DE HORTALIZAS VARIAS, ZANAHORIAS, APIO ESPAÑA, AJOPORRO, REPOLLO BLANCO, REPOLLO MORADO,CILANTRO, APIO, COLIFLOR Y BRÓCOLI, TRES MIL TRESCIENTOS 3300 SACOS DE SEMILLA DE PAPA POR SEMBRAR y, QUINCE MIL 15000 KILOGRAMOS DE AJO POR SEMBRAR, es por ello, que se ORDENA OFICIAR A LA GUARDERÍA AMBIENTAL, DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PARA QUE CUMPLA CON LA PRESENTE DECISÓN. Y ASI SE DECIDE.

DECISIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente, este Juzgado de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 49, 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda la entrega a los ciudadanos O.B.G., titular de la cedula de identidad N° 12.348.600, el ciudadano O.B.M., titular de la cedula de identidad N° 23.210.271, y el ciudadano WUISTER VILLARREAL, titular de la cedula de identidad N° 12.457.842, de: 1)- Un Tractor Marca: "Johndeere-5705", serial de motor: J04045T056233, serial, Carrocería: CQ5705A034088, de Color Verde, con su Arao metálico de Color A.C., Marca: Mardin, serial: 9MV/2, 2)- Un Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial: Motor: OOOT283409CD13142, serial de Carrocería: 283-264471, Color: Rojo, con su Arao metálico de tres 03 discos Color Ro'o serial de Carrocería: ART00021100AOO 3 ~ Tractor Marca: Masse er uson-283 serial de Motor: 0007283407C008668 serial d Carrocería: 283-4232304, Color Rojo, con su Arao metálico serial: ART00019400AO , de tres (03) discos, Color Rojo, 4)- Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial de Motor. 00T283408C01314T, serial de Carrocería: 283-268242, Color Rojo, con su Pala de Limpieza, 5)- Un Tanque de Depósito de Gas-oil de ochocientos Litros (8001ts), Color Naranja, con su sistema de rodamiento, 6)- Una Bomba Asperjadora, Marca: OHV, Modelo Camilla Sanchin, Tipo Seh-280, Color Rojo y Tanque Color Blanco, 7)- Un Tractor Marca: Valtra-Bm100, Color Amarillo, con Pala de Limpieza metálica, serial de Motor: 420DSR80101, serial de Carrocería: BM104514972, 08)- Un Arao de material metálico Color Amarillo, Modelo AR-PR, serial: 0792-5929, 09)- Un Arrastra Color Anaranjada de veinte (20) discos, serial: 050802543, Marca: Ivema, 10)- Un Arao de material metálico, Color Verde de tres (03) discos, serial: 449763, TOPDN500P/C, 11)- Un Gancho de Arar metálico de nueve (09) Anclas, Color Verde Claro, serial: 9MV/2, Marca: Nardi, BAJO LA MODALIDAD DE GUARDIA Y CUSTODIA, quedando entendido que los mismos deberán ser presentados a la autoridad competente que la Fiscalía o el Tribunal, así lo requieren, no pudiendo venderlos, ni realizar ningún tipo de transacción con los mismos, entrega esta que se realiza a los fines de que con los mismos, se les permita la recolección y extracción de: TRES MIL CINCUENTA 3.050 TONELADAS DE PAPA, SEISCIENTOS OCHENTA 680 TONELADAS DE AJO, MIL TONELADAS 1000 DE HORTALIZAS VARIAS, ZANAHORIAS, APIO ESPAÑA, AJOPORRO, REPOLLO BLANCO, REPOLLO MORADO, CILANTRO, APIO, COLIFLOR Y BRÓCOLI, TRES MIL TRESCIENTOS 3300 SACOS DE SEMILLA DE PAPA POR SEMBRAR y, QUINCE MIL 15000 KILOGRAMOS DE AJO POR SEMBRAR, es por ello, que se ORDENA OFICIAR A LA GUARDERÍA AMBIENTAL, DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PARA QUE CUMPLA CON LA PRESENTE DECISÓN. Remítase las actuaciones fiscales al Ministerio Público dejando en su lugar copia certificada de las mismas (…)

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MOTIVACIÒN

A.e.c.d. escrito recursivo, la contestación del mismo y la decisión objeto de la presente Apelación, esta Alzada procede a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:

En primer lugar observa esta Alzada que el Ministerio Público hace un recuento de los hechos objeto de una investigación que realiza esa instancia sobre un presunto daño ambiental cometido dentro de los linderos del Parque Nacional Sierra Nevada, según informe técnico de inspección presentado por funcionaros adscritos al Instituto Nacional de Parques Región Mérida- Barinas- Trujillo, mediante el cual informan que en fecha 16/06/2010, se trasladaron en comisión a la finca denominada el Cenicero ubicada en el sector Páramo el Cacique, parroquia Mucuruba , Municipio R.d.e.M., dentro de los limites del Parque Nacional Sierra Nevada, donde los expertos dejan constancia de lo siguiente:

(…) Los expertos señalan que producto de las referidas actividades ilícitas, se generaron los siguientes daños ambientales: Pérdida de biodiversidad por la eliminación de especies vegetales propias del ecosistema paramero, el cual representa uno de los ecosistemas más frágiles de los Andes Venezolanos:

Aporte de sedimentos a los cauces que drenan a la quebrada “La Gaviria”, ocasionando pérdida de la calidad d agua. Aporte de contaminantes al suelo y al agua, por aplicación de agroquímicos a los cultivos, contribuyendo a la afectación de la calidad de agua. Refieren los expertos, que las especies presentes en esta unidad ecológica, juegan un papel importante en la retención de agua de escorrentías, por lo que contribuyen a la recarga de acuíferos y evitan de igual manera, la ocurrencia de procesos erosivos. Constataron degradación de la calidad paisajística y topográfica.(…)”.

En el mismo orden de ideas en fecha 06/04/2011, una comisión de expertos previamente juramentados por el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y bajo la dirección del Ministerio Público se traslado y se constituyó en los predios de las fincas El Cacique, Los Pantanos y Mucuran donde constataron unos sembradíos existentes y construcciones realizadas en las referidas fincas, razón por las cuales levantaron el respectivo informe, en los que señalan los daños ocasionados al medio ambiente y el impacto social ocasionado, entre otros aspectos los expertos concluyen, que en las áreas inspeccionadas, en el informe técnico realizado, producto de la aludida inspección signadas con los Nros. 1, 2 y 3, ocasionaron las siguientes afectaciones:

(…) Pérdida de la biodiversidad de especies existentes en el A.B.R.A.E (Parque Nacional Sierra Nevada), al destruirse áreas con vegetación típica del páramo andino (frailejón Espeletia schultzii), especies de la flora catalogadas en el Libro Rojo, como especies vulnerables (alto riesgo de extinción en estado silvestre).

Destrucción del suelo, empobrecimiento radical del ecosistema y erosión del suelo. Contaminación por plaguicidas y fertilizantes, por lo cual, se genera alto ambiental al producirse cambios considerables e irreversible en la topografía vegetación y al paisaje..

… Omissis ….

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Ahora bien, el Ministerio Público presenta formal escrito de apelación sobre la decisión dictada en fecha 01/05/2011 por el Tribunal A quo, en el cual señala lo siguiente:

… de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 49, 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda la entrega a los ciudadanos O.B.G., titular de la cedula de identidad N° 12.348.600, el ciudadano O.B.M., titular de la cedula de identidad N° 23.210.271, y el ciudadano WUISTER VILLARREAL, titular de la cedula de identidad N° 12.457.842, de: 1)- Un Tractor Marca: "Johndeere-5705", serial de motor: J04045T056233, serial, Carrocería: CQ5705A034088, de Color Verde, con su Arao metálico de Color A.C., Marca: Mardin, serial: 9MV/2, 2)- Un Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial: Motor: OOOT283409CD13142, serial de Carrocería: 283-264471, Color: Rojo, con su Arao metálico de tres 03 discos Color Ro'o serial de Carrocería: ART00021100AOO 3 ~ Tractor Marca: Masse er uson-283 serial de Motor: 0007283407C008668 serial d Carrocería: 283-4232304, Color Rojo, con su Arao metálico serial: ART00019400AO , de tres (03) discos, Color Rojo, 4)- Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial de Motor.OOT283408C01314T, serial de Carrocería: 283-268242, Color Rojo, con su Pala de Limpieza, 5)- Un Tanque de Depósito de Gas-oil de ochocientos Litros (8001ts), Color Naranja, con su sistema de rodamiento, 6)- Una Bomba Asperjadora, Marca: OHV, Modelo Camilla Sanchin, Tipo Seh-280, Color Rojo y Tanque Color Blanco, 7)- Un Tractor Marca: Valtra-Bm100, Color Amarillo, con Pala de Limpieza metálica, serial de Motor: 420DSR80101, serial de Carrocería: BM104514972, 08)- Un Arao de material metálico Color Amarillo, Modelo AR-PR, serial: 0792-5929, 09)- Un Arrastra Color Anaranjada de veinte (20) discos, serial: 050802543, Marca: Ivema, 10)- Un Arao de material metálico, Color Verde de tres (03) discos, serial: 449763, TOPDN500P/C, 11)- Un Gancho de Arar metálico de nueve (09) Anclas, Color Verde Claro, serial: 9MV/2, Marca: Nardi, BAJO LA MODALIDAD DE GUARDIA Y CUSTODIA, quedando entendido que los mismos deberán ser presentados a la autoridad competente que la Fiscalía o el Tribunal, así lo requieren, no pudiendo venderlos, ni realizar ningún tipo de transacción con los mismos, entrega esta que se realiza a los fines de que con los mismos, se les permita la recolección y extracción de: TRES MIL CINCUENTA 3.050 TONELADAS DE PAPA, SEISCIENTOS OCHENTA 680 TONELADAS DE AJO, MIL TONELADAS 1000 DE HORTALIZAS VARIAS, ZANAHORIAS, APIO ESPAÑA, AJOPORRO, REPOLLO BLANCO, REPOLLO MORADO, CILANTRO, APIO, COLIFLOR Y BRÓCOLI, TRES MIL TRESCIENTOS 3300 SACOS DE SEMILLA DE PAPA POR SEMBRAR y, QUINCE MIL 15000 KILOGRAMOS DE AJO POR SEMBRAR …

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Asimismo indica mas adelante violación al debido proceso, por cuanto la Juez A quo invocó el contenido de los artículos 26, 49, sin señalar en que numeral se sustenta e igualmente los artículos 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 311 del Código Orgánico procesal Penal.

De lo anteriormente transcrito observa esta Corte que el fundamento de la recurrente versa específicamente sobre la entrega de unas maquinarias por parte del Tribunal recurrido las cuales serian utilizadas en la recolección de unas cosechas o siembras, que los propietarios de dichas maquinarias tenían en unos terrenos de su propiedad, alegando los mismos que los mencionados bienes son los únicos que poseen para ejercer la profesión de agricultor, de la cual depende su familia e igualmente señalan que dichos bienes se encuentran expuestos al inmediato deterioro por las condiciones físicas de su depósito y graves perjuicios de orden económico y moral en su persona y finalmente solicitan la entrega de los bienes ya descritos, de la misma manera señalan como adquirieron dichos bienes. En tal sentido esta Alzada observa que la decisión de la Juez A quo se fundamentó en la entrega bajo guarda y custodia de estos bienes muebles, hasta tanto fuera recolectada las cosechas que dicen tener los solicitantes y sobre la cual el Juzgado de Primera Instancia del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Mérida decreto medida cautelar innominada de protección a la producción agropecuaria, solicitada por los ciudadanos O.B.G. ,O.B.M. y Wuister Villarreal , tal como consta en decisión 03/05/2011 que riela inserta a los folios 172 al 174 y su vuelto de las presentes actuaciones, motivando el Tribunal A quo su decisión de la siguiente manera

“ …. De la revisión de las actuaciones, el Tribunal pudo constatar, que efectivamente el Ministerio Público adelanta una investigación penal, donde presuntamente existe la comisión de un hecho ilícito. Ahora bien, el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “…ART. 311.—Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez o Jueza de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el o la Fiscal si la demora le es imputable. El Juez o Jueza y el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos. Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o Jueza, o el o la Fiscal, so pena de ser enjuiciados o enjuiciadas por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal…”, (negritas del Tribunal), es de resaltar que la solicitud realizada por los investigados versa, sobre la entrega de la maquinaria a los fines de la recolección de la cosecha y la siembra, de los alimentos que se encuentran, en la zona que es investigada por el Ministerio Público. …”.

El Estado Venezolano, debe proteger la seguridad alimentaria, entiendo la misma, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, la misma es consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 305, el cual establece:

…PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA. ART. 305.— El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley…

, (negritas del Tribunal).

Es por ello, que al no permitir la extracción y recolección de la cosecha, que ya se encuentra en el área objeto de la presunta comisión del hecho delictivo, se estaría atentando con la seguridad alimentaria de la nación, motivado a que estaríamos hablando de la posible perdida de miles de toneladas de alimentos, alimentos que servirían al abastecimiento de toda la población venezolana, sin que, esto se pueda considerar un aval a la perpetración de hechos delictivos en contra de nuestro ambiente y muy especial de nuestros paramos andinos, en consecuencia, este Tribunal, acuerda la entrega a los ciudadanos O.B.G., titular de la cedula de identidad N° 12.348.600, el ciudadano O.B.M., titular de la cedula de identidad N° 23.210.271, y el ciudadano WUISTER VILLARREAL, titular de la cedula de identidad N° 12.457.842, de: 1)- Un Tractor Marca: "Johndeere-5705", serial de motor: J04045T056233, serial, Carrocería: CQ5705A034088, de Color Verde, con su Arao metálico de Color A.C., Marca: Mardin, serial: 9MV/2, 2)- Un Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial: Motor: OOOT283409CD13142, serial de Carrocería: 283-264471, Color: Rojo, con su Arao metálico de tres 03 discos Color Ro'o serial de Carrocería: ART00021100AOO 3 ~ Tractor Marca: Masse er uson-283 serial de Motor: 0007283407C008668 serial d Carrocería: 283-4232304, Color Rojo, con su Arao metálico serial: ART00019400AO , de tres (03) discos, Color Rojo, 4)- Tractor Marca: Masseyferguson-283, serial de Motor.OOT283408C01314T, serial de Carrocería: 283-268242, Color Rojo, con su Pala de Limpieza, 5)- Un Tanque de Depósito de Gas-oil de ochocientos Litros (8001ts), Color Naranja, con su sistema de rodamiento, 6)- Una Bomba Asperjadora, Marca: OHV, Modelo Camilla Sanchin, Tipo Seh-280, Color Rojo y Tanque Color Blanco, 7)- Un Tractor Marca: Valtra-Bm100, Color Amarillo, con Pala de Limpieza metálica, serial de Motor: 420DSR80101, serial de Carrocería: BM104514972, 08)- Un Arao de material metálico Color Amarillo, Modelo AR-PR, serial: 0792-5929, 09)- Un Arrastra Color Anaranjada de veinte (20) discos, serial: 050802543, Marca: Ivema, 10)- Un Arao de material metálico, Color Verde de tres (03) discos, serial: 449763, TOPDN500P/C, 11)- Un Gancho de Arar metálico de nueve (09) Anclas, Color Verde Claro, serial: 9MV/2, Marca: Nardi, BAJO LA MODALIDAD DE GUARDIA Y CUSTODIA, quedando entendido que los mismos deberán ser presentados a la autoridad competente que la Fiscalía o el Tribunal, así lo requieren, no pudiendo venderlos, ni realizar ningún tipo de transacción con los mismos, entrega esta que se realiza a los fines de que con los mismos, se les permita la recolección y extracción de: TRES MIL CINCUENTA 3.050 TONELADAS DE PAPA, SEISCIENTOS OCHENTA 680 TONELADAS DE AJO, MIL TONELADAS 1000 DE HORTALIZAS VARIAS, ZANAHORIAS, APIO ESPAÑA, AJOPORRO, REPOLLO BLANCO, REPOLLO MORADO,CILANTRO, APIO, COLIFLOR Y BRÓCOLI, TRES MIL TRESCIENTOS 3300 SACOS DE SEMILLA DE PAPA POR SEMBRAR y, QUINCE MIL 15000 KILOGRAMOS DE AJO POR SEMBRAR….”

Del análisis de esta decisión, esta Alzada observa que la Juez A quo fundamentó su decisión apoyada bajo el amparo de una n.C. trascendental que tiene que ver con la seguridad agroalimentaria del país para evitar la perdida de una gran cantidad de alimentos, los cuales Irian en detrimento de la población venezolana, especialmente de los sectores mas desposeídos, ya que según alegan los recurrentes estos productos son comercializados por la red constituida por el ente gubernamental Mercal y dicha producción subsidiada por el órgano gubernamental F.d.P.. En tal sentido, es necesario recalcar que el sustento de esa protección constitucional de la seguridad alimentaria, nace de la aplicación efectiva del citado artículo, con el principio de la preeminencia del desarrollo de la actividad social sobre cualquier otra, vale decir, que por encima de cualquier otro derecho emerge el uso del bien destinado a la producción de alimentos para el consumo humano para satisfacer tanto de quien las produce como a las que los consumen.

Esta Alzada como garante de los derechos constitucionales y basados en el principio de seguridad agroalimentaria que permite un ejercicio efectivo de la soberanía y en razón que cualquier actividad de forma directa o indirecta tanto de personas naturales como jurídicas, de naturaleza publica o privadas, que conlleven a un deterioro de las condiciones de mantenimiento y desarrollo sustentable de la producción agraria interna, se constituye en una cuestión de orden público e interés nacional, que debe ser tutelada por los órganos jurisdiccionales, pues el articulo 305 de la Constitución de la de la Republica Bolivariana de Venezuela establece: “(…) La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y nacional de la nación (…). En tal sentido y en aras de la efectiva aplicación de este precepto constitucional, consideran quienes aquí deciden, que la decisión tomada por el Tribunal A quo esta ajustada a derecho.

Ahora bien, es necesario señar que esta causa esta en etapa de investigación, lo cual presupone que aún no esta plenamente comprobada la comisión de este delito, es necesario acotar, que la calificación jurídica que se acuerde durante la celebración de la Audiencia Preliminar, es provisional y puede que durante el curso del proceso, surjan nuevos elementos que hagan que esta situaron cambie.

En el caso de marras, se esta en un momento de la investigación, un resultado parcial, de los hechos acontecidos, y así lo ha establecido reiteradamente, la Sala Constitucional de nuestro M.T., en Sentencia Nº 52 de fecha 22-02-05, la cual expresa lo siguiente:

…tanto la calificación del Ministerio Público como la que da el juez de la causa, en la oportunidad de la celebración de la audiencia de presentación de imputados, es una calificación provisional que luego, mediante la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público y su admisión posterior por parte del juez durante la celebración de la audiencia preliminar, adquirirá carácter definitivo

.

En tal sentido, esta Alzada en aras de tomar una decisión verdaderamente ajustada a derecho, sólo en cuanto a la entrega de los objetos incautados, ya que la sustancia de la apelación y su fondo, sólo gira en torno a esta situación y no al presunto hecho punible, esta Corte hace las siguientes consideraciones:

En relación a este pronunciamiento la Fiscalía del Ministerio Publico señaló que esta decisión fue lapidaria, tomando en cuenta el solo dicho de los solicitantes, dejando impedido al Ministerio Publico para ejercer sus funciones constitucionales como titular de la acción penal, para realizar las experticias y demás actos de rigor a los objetos asegurados. Es bueno acotar que la juzgadora no realizó una entrega plena y total de las maquinaras objeto de esta controversia, sino que las dejó a disposición del Ministerio Publico para que cuando fueran necesaria su presentación para cualquier acto de investigación o cuando así lo requiera la dinámica del proceso investigativo ser presentadas por los imputados de autos, para la realización de cualquier experticia con lo cual queda de manifiesto que la decisión del Tribunal A quo, no sepulto el proceso investigativo, sino que abrió el cause para la aplicación de la justicia.

Ahora bien, en cuanto a que la juzgadora violó la autonomía funcional del Ministerio Público, es necesario recalcar que en contraposición a esto la garantían del debido proceso, radica en el principio de autonomía e independencia de los jueces, siendo esta actividad juridisccional el norte de la imparcialidad a la hora de administrar justicia de todas sus actuaciones. En tal sentido, del análisis de esta posición esta Corte observa que la razón no le asiste al recurrente, en virtud de que el proceso penal es una actividad encaminada a disciplinar las etapas del proceso, razón por la cual existen actividades o etapas que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, como lo es dar impulso a la acción penal, en el caso especifico la fase investigativa, es de exclusiva dirigencia de la vindicta pública acompañada de sus órganos auxiliares y en algunos casos establecidos en la ley, el Juez de Control puede inmiscuirse en esta actividad, tal seria el caso de solicitarle una orden de allanamiento o la practica de una prueba anticipada.

Por otra parte es necesario señalar que los precitados bienes muebles fueron puestos a disposición del comando de la Guardia Nacional en fecha 28 de abril del 2011 en la cual solicitan que se designe con carácter de a expertos calificados de ese organismo, para que practique experticia de mecánica diseño y funcionamiento a cada una de las maquinarias objeto de la controversia. Ahora bien señala la recurrente que en fecha 13-04 -2011 la fiscalía Sexagésima Novena del Misterio Publico recibe en un folio útil un escueto escrito suscrito por los ciudadanos quienes solicitan la entrega de los cinco tractores, sin acompañar la documentación para establecer la respectiva propiedad individual de los solicitantes, en fecha 25 de abril de 2011 los ciudadanos O.B.G. y O.B.M., presentaron sendos escritos donde acreditan la propiedad de las maquinarias retenidas y la correspondiente solicitud de su devolución. En tal sentido señaló la recurrente que luego de la primera solicitud introduce otras donde consignan documentos de propiedad los cuales estaban en conocimiento que la Fiscalía realizaba diligencias para verificar los mismos. Observando esta Alzada que pareciera que la Fiscalía centra la investigación del caso a verificar la propiedad de los objetos muebles retenidos y de la misma manera la experticia solicitada por el ente Fiscal no esta relacionada en la constatación de la propiedad por parte del órgano de la Guardia Nacional, ya que la experticia solicitada versa sobre mecánica de diseño y funcionamiento de las maquinarias retenidas, lo que resulta contradictorio e incongruente con la investigación que adelanta el Ministerio Publico y atenta contra el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución Nacional y demás leyes que rige la materia, en tal sentido esta Corte debe señalar, en cuanto a la propiedad privada, el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 115 del texto Constitucional, constituye un pilar fundamental del sistema económico diseñado en la Constitución. Este Derecho tiene como característica que le permite a su titular disponer, usar y lucrarse de los bienes cuya propiedad se detentan de manera libre y sin restricciones. En efecto el derecho de propiedad tal como está concebido en el texto constitucional y en el Código Civil Venezolano, implica un poder de disposición sobre aquello que se detenta, la propiedad o, en términos globales, sobre el patrimonio, así como el no uso o el uso de la manera más conveniente posible a los intereses de su titular y la posibilidad de lucrarse o no sobre lo que se es propietario.

Esta corte de apelaciones concluye que lo mas acertado y apegado a derecho es declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Representación Fiscal y confirmar la decisión de la juez recurrida por no afectar derechos fundamentales como es el derecho ala propiedad. Y así se decide

DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguiente pronunciamientos:

1. - Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por la Abogada J.M.C.R. en su carácter de Fiscal Principal Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en contra de la decisión dictada en fecha 01 de Mayo de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en la cual se acordó la entrega a los ciudadanos: O.B.G., O.B.M. Y WUISTER VILLARREAL.

2. - Se ratifica la decisión dictada en fecha 01 de Mayo de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, por considerar que la decisión recurrida se encuentra ajustada a derecho.

Cópiese, publíquese y notifíquese a las partes.

LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES,

DR. E.J.C.S.

PRESIDENTE

DR. GENARINO BUITRIAGO ALVARADO

PONENTE

DR. ALFREDO TREJO GUERRERO

LA SECRETARIA,

ABG. YEGNIN TORRES ROSARIO

En la misma fecha se publicó, se compulsó, se libraron boletas de notificación Nos. _____________________________.

La Secretaria