Decisión nº PJ0642010000049 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Abril de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 303774574

Decisión nº PJ0642010000049 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Abril de 2010

RESUMEN

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandante en contra de la ... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, ocho de abril de dos mil diez

199º y 151º

ASUNTO: VP01-R-2010-000042

DEMANDANTE: LEONARDO ENRIQUE DAVILA ANDRADE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.405.552 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

Apoderados Judiciales de la Parte Demandante: LUÍS FEREIRA MOLERO, DAVID JOSÉ FERNÁNDEZ BOHORQUEZ, CARLOS ALFONZO MALAVE GONZÁLEZ, JOANDERS JOSÉ HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, NANCY CHINQUIQUIRA FERRER ROMERO, ALEJANDRO ENRIQUE FEREIRA RODRÍGUEZ Y LUIS ÁNGEL ORTEGA VARGAS venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 5.989, 10.327, 40.718, 56.872, 63.982, 79.847 y 120.257, respectivamente.

DEMANDADA: MOLINOS NACIONALES CA. (MONACA) domiciliada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, inscrita en el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción, en fecha el 25 de mayo de 1956, bajo el Nº 30, Tomo 16-A.

Apoderados Judiciales de la Parte Demandada: WERNER HAMM ABREU, FRANCESCA DI COLA, RINA PANSINI, ROSSANA MARTÍNEZ, CLAUDIA MONTERO SUÁREZ, GABRIELA BRACHO AGUILAR, JAVIER ANDRÉS HAMM ARTEAGA Y ANDRÉS EDUARDO HAMM ARTEAGA, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 2.263, 33.798, 51.722, 103.069, 103.077, 103.037, 118.134 y 121.025, respectivamente.

Motivo: ACCIDENTE DE TRABAJO.-

Remitidas las actuaciones que conforman este asunto a este Juzgado Superior Quinto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la decisión en fecha veintisiete (27) de enero del año 2010, dictada por el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el juicio incoado por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE DAVILA ANDRADE, ya identificado, en contra MOLINOS NACIONALES CA. (MONACA) por Accidente de Trabajo.

Ahora bien, en fecha veinticinco (25) de marzo del año 2010, este Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; dio lectura en la presente causa al dispositivo correspondiente de conformidad con el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debiendo reproducir de manera sucinta y breve la sentencia, en los siguientes términos:

En primer lugar antes de entrar a analizar la controversia, así como lo alegatos egrimidos por las partes recurrentes en la celebración de la audiencia pública y contradictoria de apelación verifica este Tribunal Superior, que en la sentencia dictada en fecha veintisiete (27) de enero del año 2010 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró Sic (…)“PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por motivo de Accidente de Trabajo y Prestaciones Sociales intentó ciudadano LEONARDO ATENCIO en contra de la sociedad mercantil MOLINOS NACIONALES C.A (MONACA)”(…), ordenando a esta empresa el pago por concepto de ANTIGÜEDAD la cantidad SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. F 65.758,47) correspondiente desde el año 2000 hasta el año 2009.

De lo anterior se evidencia que el actor no reclama en su escrito libelar lo relativo a las Prestaciones Sociales como tal, sino únicamente lucro cesante, con lo cual incurrió el sentenciador de instancia en uno de los supuestos previstos en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Trabajo, en su numeral 4), lo cual hace nula la sentencia recurrida, por consiguiente, el régimen de aplicación conforme a la Contratación Colectiva de Trabajo de la empresa demandada la que aduce el demandante le sea aplicado, no procede en derecho, aunado de que no fue pedimento en su libelo y que la misma fue consignada posterior al dictamen de la sentencia de fondo. Así se decide.

Establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a la nulidad de la sentencia lo siguiente:

“Dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez deberá, en su publicación, reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará a las actas, dejando constancia, el secretario, del día y hora de la consignación. El fallo será redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, no de transcripciones de actas, no de documentos que consten en el expediente; pero contendrá la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenas, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con un único perito, el cual será designado por el Tribunal.”

En consecuencia, el fallo estará viciado de nulidad, si no cumple con los requisitos intrínsecos establecidos en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por disposición expresa del artículo 160 ejusdem, el cual prevé:

1. Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior;

2. Por haber absuelto la instancia;

3. Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y

4. Cuando sean condicional o contenga ultrapetita.

Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de agosto de 2003, con Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, (CASO: Amanda Victoria Zambrano Pinto Vs. María Alejandra Elbittar Rodríguez, dejó sentado que conforme a nuestro ordenamiento Jurídico Procesal, el Juez en la sentencia tiene tres (3) facetas diferentes:

a.) En la NARRATIVA se comporta como un historiador del proceso indicando los diversos planteamientos hechos por las partes para dejar constancia en forma clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia;

b.) En la MOTIVA actúa como un catedrático del derecho al hacer un conjunto ordenado y metódico de razonamientos que se traducen en prueba de la legitimidad de la sentencia y que no son otra cosa sino la explicación del por qué se llegó a una determinada conclusión y, por último;

c.) En el DISPOSITIVO se comporta como el verdadero órgano del Estado que resuelve el conflicto sometido a su consideración.

Por lo tanto, este Juzgado Superior declara NULA la sentencia recurrida con fundamento al numeral 4° del artículo 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por faltar las determinaciones previstas en el artículo 159 eiusdem.

De manera que, si esta Juzgadora ha declarado la NULIDAD de la sentencia recurrida, automáticamente adquiere plena jurisdicción para conocer de la controversia, sin atenerse a los demás puntos apelados; por lo que procede en consecuencia a conocer el fondo de la controversia en los siguientes términos:

La parte demandante recurrente procedió a esgrimir sus alegatos en los siguientes términos:

Que la juez A quo no decidió conforme al derecho objetivo, ya que en primer lugar concediera que la Juez no se atuvo a la doctrina pacifica y reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia partiendo de la sentencia de Hilados Flexilón, de los que son los elementos o requisitos de los cuales el juez de instancia debe auxiliarse para poder tasar este tipo de indemnización, persiguiendo con ello de indemnizar a la persona en una situación similar que tenía al momento de la ocurrencia del accidente.

Alega que existe una insoslayable violación de un punto fundamental al respecto del monto e indemnizaciones que se deben regir cuando se trata de la pérdida de dedos, manos y órganos, las cuales deben ser conocidas por el juez de instancia por el principio iura novit curia, por lo que solicita a ésta Superioridad una indemnización congruentemente con todos los requisitos establecidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia tomando muy en cuenta la entidad del daño.

En segundo lugar, dijo que con la declaración de los testigos que la empresa MONACA promovió y fueron evacuadas, el tribunal A quo no consideró que quedaron demostrados los elementos para condenar la responsabilidad subjetiva, toda vez que se demostró el hecho ilícito. Con ello, trae a colación la apelante que aún cuando fue tachada en la celebración de la Audiencia de Juicio la testigo AURA MARQUEZ, el A quo no se pronunció sobre ello, es por lo que en la celebración de la audiencia desiste de la referida tacha y solicita se le otorgue pleno valor probatorio a la referida testimonial. Por otro lado, en lo que respecta a la declaración del testigo ADRIAN CHACÓN ante tal declaración alude que se verifica la inefectividad tanto de la parte de supervisión de la empresa como de la violación de las normas de seguridad. En consecuencia, alega que ha quedado demostrado el hecho ilícito y la responsabilidad subjetiva por la falta de inobservancia del cumplimiento de la regla.

Indica que la sentenciadora incurre en un falso supuesto porque valora un video que se opuso a su evacuación, por cuanto no se sabían los requisitos de originalidad de la prueba (identidad y autenticidad), lo cual es carga de la prueba de la promovente.

Finalmente, solicita se condene la responsabilidad subjetiva, se tase humanamente la indemnización por daño moral y la responsabilidad objetiva por violación de la LOPCYMAT y toda la normativa de la seguridad en el trabajo al permitir que se realizara una labor insegura con la anuencia de la Supervisora ciudadana Aura Márquez.

De seguidas, la parte demandada recurrente procedió a esgrimir sus alegatos en los siguientes términos:

En primer lugar, solicita se baje la estimación del daño moral realizado por el A quo por...

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