Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 2 de Julio de 2014

Copia certificada del Acta levantada con ocasión a la presentación de mi defendido de fecha 26-05-2014.

Copia de las actuaciones consignadas por el Ministerio Público en fecha 26-05-2014 y que cursan agregadas a la causa, por cuanto no se trata de entrar a conocer de los hechos sino de adecuarlo al derecho para así verificar si se cumple la exigencia en derecho.

Estas pruebas, solicito de conformidad con lo establecido en el Único Aparte del artículo 440, sean remitidas a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal.

Petitorio

Por estos argumentos de hecho y de derecho antes descrito, solicitó se verifique el trámite legal correspondiente al presente Recurso Ordinario de Apelación, se Admita por estar ajustado a derecho y se declare con lugar en la definitiva, revocándose la decisión de fecha supra indicada, que sirvió de fundamentos a la Jueza A quo, relativo a la precalificación del delito citado ut supra y en consecuencia para decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad a mis defendidos, D.W. SUAREZ Y C.J.D.D., titulares de las cédulas de identidad Nº 20.289.961 y 24.090.832, respectivamente y en consecuencia se les decrete Medida Cautelar Sustitutivas de Libertad, contenida en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal al no ser procedente legalmente la medida cautelar acordada por la Jueza A quo…’

DEL FALLO RECURRIDO:

Riela del folio 14 al folio 20, copia certificada del acta de la audiencia especial de presentación de detenido, celebrada en fecha 26 de mayo de 2014, de donde se desprende el dispositivo recurrido, el cual determinó:

‘…PRIMERO: Vista la precalificación efectuada por el Ministerio Público se evidencia de las actas que se ha cometido un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, para los ciudadanos D.W.S.R. de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1°, en relación con los artículos 80 y 82 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, para los ciudadanos Rosmer Valdivieso Balderrama y C.J.D.D. los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, LESIONES GRAVES previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, y para los ciudadanos A.S.H.A. y Eyeri J.V.Q., COMPLICIDAD EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84 numeral 1° del Código Penal y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal de conformidad con lo establecido en el Numeral 1° del artículo 236, declarándose sin lugar la solicitud de la defensa ya que de las actas policiales y de la denuncia interpuesta se evidencia que las conductas asumidas por los mismos encuadran en dichos delitos. SEGUNDO: Considera esta Juzgadora que se encuentran llenos los extremos del artículo 236 en su 2° ordinal, toda vez que de las actas aportadas, existe la convicción de que los hoy imputados son autores o partícipes del delito que se les imputa, ello tomando en consideración el contenido del acervo probatorio fiscal, los cuales dimanan de: Acta de Denuncia Común de fecha 24-05-2014, rendida ante funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Registros de Cadena de C.d.E.F.N.: 371, 372 373, 374, 375, 376, 377 y fijaciones fotográficas, Examen Médico Legal de fecha 24-05-14 al ciudadano D.J.A., Acta de Investigación Penal de fecha 24-05-2014 suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Informe Pericial Nº 9700-103-086 y 9700-103-AT-087 de fecha 24-05-14 y 25-05-14 respectivamente, Acta de Investigación Penal de fecha 24-05-14 suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Inspección Técnica Nros 1329, 1330, 1331 de fecha 24-05-14 y fijaciones fotográficas. Reconocimientos Legales Nº 9700-103-084, 9700-103-085 de fecha 24-05-14. Actas de Entrevista a los testigos de fecha 24-05-14, rendida ante funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Informe Médico realzado al ciudadano O.H., emanado del Hospital L.O.d.P.. TERCERO: Asimismo se evidencia que se encuentran llenos los extremos del artículo 236, numeral 3ª de la N.A.P., tomando en consideración la pena que pudiera llegar a imponerse, el posible Peligro de Fuga y de obstaculización de la Investigación, motivo por el cual, se considera que lo procedente y ajustado a derecho, es Decretar una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 de la N.A.P., ordenándose su reclusión en la sede del Internado Judicial de la Región Insular para los ciudadanos, Rosmer Valdivieso Balderrama, C.J.D.D. y D.W.S.R., y los ciudadanos A.S.H.A. y Eyeri J.V.Q., en la Estación Policial de La Asunción, a solicitud de su defensa en este acto. CUARTO: Se acuerdan las copias solicitadas por las defensas. Vista la solicitud de la Fiscal del Ministerio Público, este Tribunal acuerda la prosecución del presente procedimiento por la vía Ordinaria por cuanto aun faltan -actuaciones por practicar. Quedan las partes debidamente notificadas de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. La ciudadana Juez declara concluida la presente audiencia, siendo las 6:21 horas de la tarde, es todo…’

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:

Atañe a esta Instancia Superior pronunciarse en cuanto al recurso de apelación ejercido por el abogado J.L.G.S., Defensor Público Quinto (5º), adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta, defensor de los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., observándose la delación siguiente:

‘…Es decir que debe haber una acción o hecho tercero o de la propia víctima (circunstancias independientes), que no permitan la consumación de tal fin (homicidio). En el presente caso, como lo señalé anteriormente, no están dadas las circunstancias para inferir el delito de Homicidio en Grado de Frustración, por lo que consideró esta Defensa Técnica que no se correspondía la pretensión Fiscal de HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN; sin embargo no tomó en consideración esta circunstancia la Jueza de Control, al valorar los elementos de convicción presentados por la Vindicta Pública. Pudieramos estar en presencia es de un delito de menor cuantía sancionatoria, como lo es el delito de LESIONES GRAVÍSIMAS…’

Visto el precedente argumento, verificará esta Alzada respecto de la supuesta inexistencia de elementos de convicción para decretar la privación de libertad en contra de los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., en los términos plasmados en el fallo recurrido, sobre todo en cuanto a la precalificación fiscal acogida por el tribunal a quo; y, a tal efecto, se hace necesario transcribir el contenido del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

‘Artículo 236. El juez o jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez o jueza de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.

   Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión el imputado o imputada será conducido ante el juez o jueza para la audiencia de presentación, con la presencia de las partes, y de la víctima si estuviere presente y resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.

   Si el juez o jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la decisión judicial.

   Vencido este lapso sin que el o la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad, mediante decisión del juez o jueza de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.

   En todo caso, el juez o jueza de juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente que éste o ésta no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.

   En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el juez o jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado o investigada. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en los demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.’

   De la inteligencia de la disposición antes transcrita, se desprende que la decisión del tribunal a quo al momento de fallar a favor del decreto de la medida de privación de libertad en contra de los prenombrados justiciables, es un acto derivado de una norma atributiva, no imperativa; en el cual la jueza se ve obligada a motivar la decisión judicial dictada, como en el presente caso, debiendo examinarse la existencia de tres requisitos, a saber:

1. - Un hecho punible que merece pena privativa de libertad, como lo son los precalificados delitos de Homicidio Intencional Calificado en grado de Frustración, descrito en el artículo 406, ordinal 1º, en concordancia con los artículos 80 y 82, todos del Código Penal; Robo Agravado, tipificado en el artículo 458 eiusdem; y, Agavillamiento, consignado en el artículo 286 ibídem, en lo que concierne al ciudadano D.W.S.R.; y los delitos de Robo Agravado, estipulado en el artículo 458 del Código Penal; Lesiones Graves, sancionado en el artículo 415 eiusdem; y, Agavillamiento, previsto en el artículo 286 ibídem, en cuanto al ciudadano C.J.D.D..

2. - Fundados elementos de convicción que hacen presumir la participación o autoría de los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., en la comisión de los injustos penales antes indicados, y que sirvieron de base a la representación de la vindicta pública para su ulterior presentación ante el tribunal de garantía, entre los cuales, puntualmente destacan:

   • Acta de denuncia común, de fecha 24 de mayo de 2014, rendida ante funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

   • Registros de Cadena de C.d.E.F. Nº 371, 372 373, 374, 375, 376, 377.

   • Fijaciones fotográficas.

   • Examen Médico Legal, de fecha 24 de mayo de 2014, practicado al ciudadano D.J.A..

   • Acta de Investigación Penal, de fecha 24 de mayo de 2014, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

   • Informes Periciales Nº 9700-103-086 y 9700-103-AT-087, de fecha 24 de mayo de 2014, y de fecha 25 de mayo de 2014, respectivamente.

   • Acta de Investigación Penal, de fecha 24 de mayo de 2014, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

   • Inspecciones Técnicas Nº 1329, 1330, 1331, de fecha 24 de mayo de 2014 y fijaciones fotográficas.

   • Reconocimientos Legales Nº 9700-103-084, 9700-103-085, de fecha 24 de mayo de 2014.

   • Actas de Entrevista a testigos, de fecha 24 de mayo de 2014, rendida ante funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

   • Informe Médico realizado al ciudadano O.H., emanado del Hospital L.O.d. la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta.

3. - Es de estimar lo pautado en cuanto al numeral 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, inherente a la presunción de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Se observa que, sobre la base de la precalificación que hace la vindicta pública, a los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., por los delitos de Homicidio Intencional Calificado en grado de Frustración, descrito en el artículo 406, ordinal 1º, en concordancia con los artículos 80 y 82, todos del Código Penal; Robo Agravado, tipificado en el artículo 458 eiusdem; y, Agavillamiento, consignado en el artículo 286 ibídem, en lo que concierne al ciudadano D.W.S.R.; y los delitos de Robo Agravado, estipulado en el artículo 458 del Código Penal; Lesiones Graves, sancionado en el artículo 415 eiusdem; y, Agavillamiento, previsto en el artículo 286 ibídem, en cuanto al ciudadano C.J.D.D.; y de la revisión de la recurrida, se estima que, no era procedente la concesión de medida cautelar sustitutiva. Ora, dada la precalificación hecha por el Ministerio Público, hay un claro peligro de fuga, vista la eventual sanción que pudiera imponerse, todo de conformidad con lo preestablecido en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Es menester destacar que, el tribunal a quo acató con rigurosidad lo exigido en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, y ello se evidencia del auto razonado o resolución judicial cursante del folio 21 al folio 23, donde señaló con claridad la identificación de los encartados, además hizo la debida sucinta relación de los hechos atribuidos, de la misma manera, indicó meridianamente las razones por las cuales estimó los presupuestos referidos en el artículo 237, expresó los elementos de convicción; y, finalmente, mencionó las disposiciones legales pertinentes.

   Por otra parte, pareciera que el abogado J.L.G.S., Defensor Público Quinto (5º), adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta, estuviese apelando de una sentencia condenatoria, habida cuenta que, explaya asertos que están dirigidos a aspectos propios de la culpabilidad de los justiciables y de los elementos positivos del delito, lo cual es dable en las postrimerías de ese momento procesal (juicio), situación que no corresponde en el presente estadio procesal.

   Estima esta Superioridad que, en relación con el cuestionamiento de los elementos de convicción, y sobre aspectos inherentes a la acción, tipicidad, antijuricidad y relación de causalidad, tales argumentos son propios y dables, en primer lugar, en la medida que se permita, en la audiencia preliminar. Y, en segundo término, en el debate adversatorio, de llegarse el caso; ya que constituyen aspectos propios del fondo del asunto, y es en ese momento procesal donde se determinará fehacientemente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la perpetración y autoría del delito. No podría la a quo, como se ha reiterado anteriormente, hacer estimaciones de fondo en la mencionada audiencia especial de presentación de detenidos.

   Es necesario enfatizar que, las valoraciones que se hacen en el desarrollo del proceso penal son disímiles, pues, en el caso del tribunal de control que emite la orden de aprehensión es necesario que en la solicitud que hace el Ministerio Público se acompañen recaudos que entrañen elementos de convicción en contra de quien o quienes se requiera la referida orden, empero, no se oye a los imputados ni a las víctimas.

   En el caso de la presentación de los imputados, una vez detenidos por la orden de aprehensión o por flagrancia, sí se oye a los imputados, a su defensor, inclusive a las víctimas y su representante legal, de ser el caso. En este estadio la jueza de garantía valora, entre otras cosas, los elementos de convicción pero contando con la visión y posición de los encartados y su defensor, dando la oportunidad de ser oídos y resolver lo que las partes intervinientes en la audiencia de presentación hayan solicitado, pudiendo ser impugnadas las resoluciones que se tomen.

   Con relación a la audiencia preliminar, la jueza de control valora si las pruebas ofrecidas son lícitas y pertinentes. En este momento procesal ya hay una formal imputación por medio de la acusación del Ministerio Público y, en algunos casos, de la víctima. Se trata de la audiencia de depuración de lo que va a juicio, de la calificación jurídica, de las pruebas a debatir, en fin, es la oportunidad en que se enmarca el futuro juicio, no obstante, puede darse el caso de sobreseimiento o de rechazo de la acusación. En suma, en los estadios procesales anteriores el thema decidendum es diferente uno de otro.

   En fase de juicio, existe plenitud de valoración. Aquí se desarrollan los principios que informan el debate oral y público, entre otros, la contradicción, inmediación, concentración, sana crítica; en fin, se refiere a la oportunidad ‘apice’ del juicio penal.

   Por su parte, y en cuanto al decreto de la medida de detinencia ambulatoria, la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 274, de fecha 19 de febrero de 2002, en ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, estableció lo siguiente:

   ‘…aquellas medidas acordadas tanto por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal como por sus respectivos superiores, tendentes a privar provisionalmente de la libertad a cualquier ciudadano durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial…’

   Del mismo modo, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0369, de fecha 25 de mayo de 2001, en ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, sentó:

   ‘…Al respecto, esta sala observa que, la norma contenida en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone una excepción al derecho constitucional a ser Juzgado en libertad, la cual obedece a que exista un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentre prescrita; fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor del tal delito y una presunción razonable del peligro de fuga.

   De lo anterior se desprende entonces, que lo que determinará la inconstitucionalidad de una medida privativa de libertad, será que el órgano jurisdiccional no se haya ceñido a los supuestos establecidos en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretarla.

   Ahora bien, la norma contenida en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, le otorga expresamente al Juez la potestad de valorar y determinar cuándo se está en el caso concreto, ante los supuestos exigidos para la procedencia de la medida de privación de libertad, por tanto, es potestad exclusiva del Juez determinar cuándo existe presunción razonable de peligro de fuga, de manera que, estima esta Sala que al cumplirse con los extremos procesales del artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, y al ser la contenida en el artículo 260, ejusdem, de carácter eminentemente discrecional, la presunción del peligro de fuga basta con que para el sentenciador sea racional, en atención a la duda razonable que se desprende del caso, para que resulte ajustada a derecho, por lo cual, siendo la acción de amparo constitucional un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, a través de ella, no se puede pretender la revisión de las razones que la Corte de Apelaciones tuvo para calificar el peligro de fuga, pues, como se ha establecido, en el presente caso concreto de los autos, donde su única limitación legal se encuentra en lo dispuesto en el artículo 259 y 260 del Código Orgánico Procesal Penal, que como se señaló con anterioridad, han sido cumplidos a cabalidad, por lo que mal podría transgredir derechos constitucionales…’

   En mérito de los anteriores razonamientos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, considera que lo procedente en derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado J.L.G.S., Defensor Público Quinto (5º), adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta, defensor de los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., en contra de la decisión proferida por el Juzgado Cuarto (4º) de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, de fecha 26 de mayo de 2014, que, entre otros pronunciamientos, decretó la privación de libertad a los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., de conformidad con lo preceptuado en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado en grado de Frustración, descrito en el artículo 406, ordinal 1º, en concordancia con los artículos 80 y 82, todos del Código Penal; Robo Agravado, tipificado en el artículo 458 eiusdem; y, Agavillamiento, consignado en el artículo 286 ibídem, en lo que concierne al ciudadano D.W.S.R.; y los delitos de Robo Agravado, estipulado en el artículo 458 del Código Penal; Lesiones Graves, sancionado en el artículo 415 eiusdem; y, Agavillamiento, previsto en el artículo 286 ibídem, en cuanto al ciudadano C.J.D.D.. En consecuencia, se confirma la decisión recurrida, referida ut supra. Así se decide.

   DISPOSITIVA

   Con fuerza en las motivaciones precedentes, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado J.L.G.S., Defensor Público Quinto (5º), adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Nueva Esparta, defensor de los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., en contra de la decisión proferida por el Juzgado Cuarto (4º) de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, de fecha 26 de mayo de 2014, que, entre otros pronunciamientos, decretó la privación de libertad a los ciudadanos D.W.S.R. y C.J.D.D., de conformidad con lo preceptuado en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Intencional Calificado en grado de Frustración, descrito en el artículo 406, ordinal 1º, en concordancia con los artículos 80 y 82, todos del Código Penal; Robo Agravado, tipificado en el artículo 458 eiusdem; y, Agavillamiento, consignado en el artículo 286 ibídem, en lo que concierne al ciudadano D.W.S.R.; y los delitos de Robo Agravado, estipulado en el artículo 458 del Código Penal; Lesiones Graves, sancionado en el artículo 415 eiusdem; y, Agavillamiento, previsto en el artículo 286 ibídem, en cuanto al ciudadano C.J.D.D.. SEGUNDO: Se confirma la decisión recurrida, referida ut supra.

   Regístrese, notifíquese, déjese copia y remítase la causa al tribunal de procedencia.

   S.R.S.

   JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE

   Y.C.M.

   JUEZA DE LA CORTE

   A.J.P.S.

   JUEZ PONENTE

   MIREISI MATA LEÓN

   SECRETARIA

   Asunto OP01-R-2014-000173