Decisión nº PJ0082012000302 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 7 de Noviembre de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 7 de noviembre de 2012

202º y 153º

SENTENCIA N° PJ0082012000302

ASUNTO: AF48-U-1997-000042

ASUNTO ANTIGUO: 1997-973

Recurso Contencioso Tributario

Vistos: Con informes de la Administración Tributaria Recurrida

Recurrente: N.D DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A, inscrita ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 171, en fecha 05-09-1951.

Apoderado de la Recurrente: Abogado J.E.B.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 5.100.

Actos Recurridos: Las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nros.113678, 113680, 113682 todas de fecha 15-03-1997 y las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje Nros. 595, 596, 597 todas de fecha 15-03-1997 y 780 de fecha 31-03-1997, emanadas de Capitanía de Puerto de Maracaibo. Dirección de Control de Navegación Acuática del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones).

Administración Tributaria Recurrida: Capitanía de Puerto de Maracaibo. Dirección de Control de Navegación Acuática del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones).

Representación del Fisco: Abogada M.d.V.R.M., inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nro 69.524.

Impuesto: Derechos de Pilotaje.

I

RELACIÓN CRONOLÓGICA

Se inicia este procedimiento mediante Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el abogado J.E.B.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 5.100, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “N.D DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A”., ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29-09-1999, el cual actuando como repartidor único asignó su conocimiento a este Tribunal, donde se recibió en esa misma fecha, y se le dio entrada mediante auto de fecha seis (06) de octubre de 1997, por el que se ordeno librar boletas de notificación a los Ciudadanos Contralor y Procurador General de la República, así como a la Administración Tributaria (Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, Dirección de Control de Navegación Acuática Capitanía de Puerto de Maracaibo).

En fecha 04-04-2000, fue comisionado el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a los fines de que practicara la notificación a la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, Dirección de Control de Navegación Acuática, Capitanía de Puerto de Maracaibo.

En fecha 27-04-2000, fue consignada la boleta de notificación librada al Contralor General de la Republica.

En fecha 08-08-2000, fue consignada la boleta de notificación librada al Procurador General de la Republica.

En fecha 28-09-2000, fue recibida y consignada la comisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a los fines de que practicara la notificación a la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, Dirección de Control de Navegación Acuática, Capitanía de Puerto de Maracaibo fielmente cumplida.

En fecha 16-10-2000, se admitió el presente recurso.

En fecha 19-10-2000, se declaro la causa abierta a pruebas.

En fecha 20-10-2000, se dio inicio al lapso de promoción en la presente causa.

En fecha 06-11-2000, venció el lapso de promoción en la presente causa.

En fecha 15-12-2000, venció el lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 18-12-2000, se ordeno proceder a la vista de la causa.

En fecha 19-12-2000, se fijo la oportunidad para que las partes presentaran sus informes.

En fecha 30-01-2001, la Abogada M.d.V.R.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado Nº 69.524, quien en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la Republica consigno escrito de informes.

En fecha 30-01-2001, se fijo la oportunidad para que las partes presentaran sus observaciones a los informes de la contraria.

En fecha 09-02-2001, concluyo la vista en la presente causa.

En fecha 19-10-2011, la Dra. D.I.G.A., posesionada del cargo de Jueza de este Tribunal, se avocó al conocimiento de la causa ordenándose la notificación de la contribuyente N.D. DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A., por medio de cartel, el cual fue fijado en la puerta del Tribunal

II

DEL ACTO RECURRIDO

Las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nros.113678, 113680, 113682 todas de fecha 15-03-1997 y las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje Nros. 595, 596, 597 todas de fecha 15-03-1997 y 780 de fecha 31-03-1997, emanadas de Capitanía de Puerto de Maracaibo. Dirección de Control de Navegación Acuática del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones). Que a continuación se describen:

Planilla de Liquidación de Derechos Fiscales Nº 113678, monto de Bs. 90.000,00 reexpresados en Bs. F. 90,00.

Planilla de Liquidación de Derechos Fiscales Nº 113680, monto de Bs. 100.000,00 reexpresados en Bs. F. 100,00.

Planilla de Liquidación de Derechos Fiscales Nº 11363682, monto de Bs. 90.000,00 reexpresados en Bs. F. 90,00.

Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 780, monto de Bs. 50.000,00 reexpresados en Bs. F. 50,00.

Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 595, monto de Bs. 70.000,00 reexpresados en Bs. F. 70,00.

Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 596, monto de Bs. 90.000,00 reexpresados en Bs. F. 90,00.

Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 597, monto de Bs. 70.000,00 reexpresados en Bs. F. 70,00.

TOTAL GENERAL: Bs. 560.000,00 reexpresados en Bs. F. 560,00.

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. La recurrente.

   La representación judicial de la recurrente en su escrito del libelo, expuso:

   Que ilegal el cobro del pago adicional contenido en la planilla de Derechos de Pilotaje Nº 113678, y de Habilitaciones de Pilotaje Nº 596, porque se le imputan a buques cuyo tonelaje de registro bruto (TRB) no excede de las 50 mil toneladas brutas, que es el supuesto generador de la obligación tributaria contemplado en el Articulo 34 de la Ley de Pilotaje, y que el Ejecutivo Nacional al hacer uso de su facultad reglamentaria, vulnero la norma legal citada, al reducir el supuesto de hecho del pago adicional para buques mayores de 30.000,00 TRB, por los que exceda las 50 mil TRB.

   Que el ejecutivo no solo vulnero el espíritu, propósito y razón de la Ley, a lo cual estaba obligado por el ordinal 10 del articulo 190 de la Constitución de la Republica, sino que además, el Principio de Legalidad Tributaria, establecido en el articulo 244 eiusdem, en concordancia con la reserva legal contemplada en el articulo 4 del Código Orgánico Tributario.

   Adicionalmente alegan que en cuanto a las planillas derechos de pilotaje Nº 113680, 113682, 780, 597, que se refieren a buques mayores de 50 mil toneladas brutas son ilegales por el vicio de doble tributación, por un lado ya que al cobrar en forma múltiple el pago adicional lo convierten en una tasa superpuesta a lo que ya pago el beneficiario del uso del servicio publico de pilotaje y se aparta del texto literal usado por el legislador que usa la frase “harán un pago adicional” aquellos buques mayores de las 50 mil TRB, la doble tributación se infiere porque el ultimo tramo de las tarifas es infinito y dice mayores de 10.000 TRB, Bs. 15.000, por cada entrada, salida y movimiento dentro de la zona de pilotaje, de modo que un buque mayor de 50 mil TRB, por ser mayor de 10 mil TRB, pago los 15.0000 Bolívares de la tasa de pilotaje por cada entrada, salida y movimiento dentro de la zona y, al cobrarle otra vez el pago adicional por lo que ya pago se incurre en doble tributación

2. - De la Administración Tributaria:

   La representación judicial de la Administración Tributaria Recurrida en su escrito de informes presentado opuso las siguientes defensas.

   Luego de realizar un breve análisis normativo de lo previsto en los artículos 34, 36 de la Ley de Pilotaje, y del decreto Nº 1966 de fecha 05-12-1991 publicado en gaceta oficial Nº 34.857 de fecha 06-12-1991, en sus articulo 1 y 2, los decretos 2031 y 2032 publicados en Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela Nº 34.877, de fecha 08-01-1992, contentivos de los Reglamentos para la Zona de Pilotaje de Maracaibo, llegan a concluir que el Ejecutivo Nacional reglamento sin alterar el “Espíritu, propósito y razón” de la Ley de Pilotaje, por lo tanto emitió las respectivas planillas de liquidación de derechos fiscales y de habilitación de pilotaje, por concepto de servicios de pilotaje prestados a los capitanes de buques.

   Que además el pago adicional fue calculado conforme a derecho, por lo tanto es legal el cobro por entrada, salida y movimiento del buque en puerto.

   Finalmente solicitan se condene en costas a la recurrente, y en el supuesto negado que se llegase a declarar con lugar lo solicitado por la recurrente, este Tribunal no condene en costas al Estado por cuanto la Capitanía de Puerto de Maracaibo, de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (ahora Ministerio de Infraestructura), en el momento de emitir las respectivas planillas de liquidación de derechos fiscales y de derecho de habilitación de pilotaje, no puede desaplicar su propio Decreto, ni el Regalmeto de la Zona de Pilotaje de Maracaibo el cual se encuentra vigente.

   IV

   DE LAS PRUEBAS

   En la presente causa, ninguna de las partes promovió pruebas en la etapa procesal correspondiente.

   No obstante, examinadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se pudo constatar que la representación judicial de la recurrente consigno junto con su escrito recursivo, los siguientes documentos:

   Copia simple del Instrumento poder otorgado por el ciudadano G.T.M., venezolano, titular de la Cedula de Identidad Nº 1.059.886 en carácter de apoderado de N.D. DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A al abogado J.E.B.L. inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nros. 5.100, inserto a los folios 10 al 12 del expediente judicial.

   Copias simples de las Planillas de Liquidación de Derechos de Habilitación de Pilotaje Nº 780, 595, 596, 597, Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nro, 113678, 113680, 113682, emanadas de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de la Dirección de Capitanías de Puerto de Maracaibo, del extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones insertas a los folios 15 al 35 del expediente judicial.

   V

   ANALISIS DE LAS PRUEBAS

   En relación al instrumento poder otorgado por el ciudadano G.T.M., venezolano, titular de la Cedula de Identidad Nº 1.059.886 en carácter de apoderado de N.D. DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A al abogado J.E.B.L. inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nros. 5.100, este Tribunal observó que el mismo se trata de un documento privado emitido y reconocido por su otorgante, autenticado por ante la Notaria Pública Primera de Maracaibo Estado Zulia, inserto bajo el N° 43, Tomo 69 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría. Dicho documento además no fue desconocido en ninguna forma por la parte demandada por lo que el Tribunal reconoce su valor probatorio, salvo su apreciación en la definitiva.

   En cuanto a las copias simples de las Planillas de Liquidación de Derechos de Habilitación de Pilotaje Nº 780, 595, 596, 597, Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nros, 113678, 113680, 113682, emanadas de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de la Dirección de Capitanías de Puerto de Maracaibo, del extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones, este Tribunal observó que los mismos se tratan de documentos administrativos emitidos por un funcionario publico, que goza de autenticidad, por su naturaleza, pues su formación o autoría se puede imputar a un determinado funcionario, previo el cumplimiento de las formalidades legales, acreditando tal acto como cierto y positivo; con fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que las rodea, mientras no se pruebe lo contrario.

   VI

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

   Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal observa que la cuestión planteada se circunscribe a): Determinar la legalidad o no de las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nros.113678, 113680, 113682 todas de fecha 15-03-1997 y las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje Nros. 595, 596, 597 todas de fecha 15-03-1997 y 780 de fecha 31-03-1997, emanadas de Capitanía de Puerto de Maracaibo. Dirección de Control de Navegación Acuática del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones).

   Punto Previo:

   Como punto previo esta sentenciadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:

   Se desprende del auto de entrada de fecha 06-10-1997, Recurso Contencioso Tributario, ejercido contra las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nros.113678, 113680, 113682 todas de fecha 15-03-1997 y las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje Nros. 595, 596, 597 todas de fecha 15-03-1997 y 780 de fecha 31-03-1997, emanadas de Capitanía de Puerto de Maracaibo. Dirección de Control de Navegación Acuática del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones).

   Igualmente se desprende que del auto de fecha 09-02-2001, este tribunal declaro vista la causa entrando en estado para dictar sentencia, no observándose que la contribuyente le haya dado impulso procesal desde la fecha en que se dicto el auto declarando vista la causa hasta la presente fecha.

   Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:

   El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

   El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) C.J. Moncada”).

   El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “F.V.G. y M.P.M. de Valero”).

   En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

   Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

   (...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

   a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

   b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

   .

   En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”.

   Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro m.t.d.j. con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:

   A.c.f.l. actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

   El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

   Según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

   El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

   El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.

   Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interés procesal señaló :

   A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

   Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

   (...)

   Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

   (...)

   Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

   (...)

   La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

   Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

   (Subra-yado añadido)

   De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

   En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.

   Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:

   A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

   Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

   (...)

   Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

   (...)

   Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

   (...)

   La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

   Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

   (Subra-yado añadido)

   En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:

   De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.

   En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

   En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:

   “Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:

   … la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.

   Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este M.T. N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).

   Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:

   … El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

   El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

   El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘F.V.G. y M.P.M. de Valero’).

   En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

   (Resaltado de esta Sala).

   Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.

   Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

   Declarado lo anterior y a.c.f.l. actas procesales, esta sentenciadora observa que, en la presente causa, desde el 09 de febrero de 2001, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido más de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna de parte del Abogado J.E.B.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 5.100, en su carácter de apoderado judicial de la recurrente N.D DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A, inscrita ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 171, en fecha 05-09-1951, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

   Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro m.t.d.j..

   Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

   De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

   Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro M.T.d.J., el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

   De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al Tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

   En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por decaimiento de la acción. Así se decide.

   VII

   DECISIÓN

   Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el Abogado J.E.B.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 5.100, en su carácter de apoderado judicial de la recurrente N.D DAO DIVISION OCCIDENTAL C.A, inscrita ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 171, en fecha 05-09-1951, contra las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales Nº 113678, monto de Bs. 90.000,00 reexpresados en Bs. F. 90,00; Planilla de Liquidación de Derechos Fiscales Nº 113680, monto de Bs. 100.000,00 reexpresados en Bs. F. 100,00; Planilla de Liquidación de Derechos Fiscales Nº 11363682, monto de Bs. 90.000,00 reexpresados en Bs. F. 90,00; Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 780, monto de Bs. 50.000,00 reexpresados en Bs. F. 50,00; Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 595, monto de Bs. 70.000,00 reexpresados en Bs. F. 70,00; la Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 596, monto de Bs. 90.000,00 reexpresados en Bs. F. 90,00. y la Planilla de Liquidación de Habilitación de Pilotaje Nº 597, monto de Bs. 70.000,00 reexpresados en Bs. F. 70,00, para un total general de Bs. 560.000,00 reexpresados en Bs. F. 560,00.

   COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

   De conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese de la presente decisión a la Procuradora General de la República. Líbrese Oficio.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los siete días del mes de noviembre de dos mil doce. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

   La Jueza Superior Titular

   Dra. D.I.G.A.E.S.T.

   Abg. Boris. D. Márquez.

   En la fecha de hoy, siete (07) de noviembre de dos mil doce (2012), se publicó la anterior Sentencia N° PJ0082012000302, a las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 PM).

   El Secretario Temporal

   Abg. Boris. D. Marquez.

   ASUNTO: AF48-U-1997-000042

   ASUNTO ANTIGUO: 1997-973