Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 12 de Septiembre de 2013

Se declare tempestiva por cuanto está fundamentada en un evento que surgió y fue advertido cuando el mismo se encontraba en pleno curso (Causa Sobrevenida), siendo apartada inmediatamente de conocer la presente Causa penal, la Ciudadana Abogada E.O.R., Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nro 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.

Se admita la presente recusación por expresar los motivos graves en los cuales se funda, así como también la disposición legal en la cual se encuentra fundamentada (Art. 89.8 COPP).

Se admitan y practiquen las pruebas dentro del lapso legal establecido en el artículo 99 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procedimiento de la recusación.

Se declare CON LUGAR la presente recusación por haberse configurado de pleno derecho la causa prevista en el numeral 8º del artículo 89 ejusdem, por haberse materializado causas fundadas en motivos graves que afectan la parcialidad de la Juez recusada, Abog. E.O. Ruiz…(Sic)

DEL INFORME PRESENTADO POR LA RECUSADA

La Dra. E.O.R., en su condición de Jueza Penal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, al momento de presentar su informe señaló lo siguiente:

…Visto el escrito contentivo de Recusación presentada por los Abogados JHANYA GOMEZ y A.C., en su carácter de Apoderados Judiciales de la Victima M.G., en la causa signada con la nomenclatura Nº: BP01-P-2012-001747, con base en el Articulo 89 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, dicho escrito no tiene fundamento alguno y en vista del Derecho de Petición de Rango Constitucional que asiste a todos los ciudadanos que acudan ante los Órganos de Justicia a fin de obtener una Oportuna y Adecuada respuesta, es por lo que procede este Tribunal a exponer de conformidad con lo establecido en el Articulo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo contemplado en el Ultimo Aparte del Articulo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, presentar el correspondiente informe en los siguientes términos:

Los recusantes fundamentan su escrito en los siguientes términos: “…se toparon con una actuación realizada por el Tribunal de Juicio Nº 01 de esta Circunscripción Judicial, que no pareciera gozar de ese equilibrio deseado, toda vez que de la revisión del sistema de auto consulta se evidencia que le juicio se encontraba fijado para el día Jueves 08 de Agosto del 2013, a las 10:30 de la mañana, acto para el cual el Tribunal a quo no había notificado ni al Fiscal Primero Comisionado, ni a la Victima, ni a los representantes y apoderados judiciales de la victima, no obstante, cuando se realiza la revisión por auto consulta del Tribunal al día siguiente, Viernes 09 de Agosto del 2013, la defensa solicita un cambio del sitio de reclusión para la Policía Municipal de Guanta que a todo evento no cumple siquiera con las medidas de seguridad necesarias para que garantice el cumplimiento irrestricto de la Medida Privativa JUDUCIAL Preventiva de Libertad, a la cual se encuentran sometidos los acusados de autos, dicha solicitud fue acordada por la Juez de la causa Abog. E.O.R., en forma intempestiva ese mismo día y fija nueva oportunidad para la celebración del juicio oral, para DOS DIAS HABILES DESPUES de ese diferimiento, es decir para el día Martes 13 de Agosto del 2013, oportunidad en la que el Tribunal apertura el juicio oral y publico, sin que tampoco se encontraran debidamente notificados la victima, sus representes y apoderados, ni el Fiscal comisionado especialmente para este caso y a solicitud expresa de la victima, el Abogado H.G., violentando expresamente las disposiciones contenidas de manera taxativa en el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto al derecho de la victima de ser notificada de todos y cada uno de los actos inherentes al proceso, y también el incumplimiento de las formas procesales para la notificación de los actos no pudiendo señalar el Tribunal que la victima no era localizable, por cuanto el escrito en fecha 03-06-2013, y en acatamiento a lo estipulado en el articulo 165 ejusdem, se notifico e hizo del conocimiento del Tribunal el domicilio procesal donde pueden ser practicadas las notificaciones tanto de la victima como sus representantes legales, con lo que se evidencia que la participación de la victima dentro del proceso era activa, considerando mas grave el hecho que en las notas del Libro Diario del Tribunal no aparezca reflejada la mencionada apertura, sino limitaron a señalar que se había levantado un acta de designación de defensor publico para uno de los intervienientes, situación que evidentemente nos hace preguntar ¿Qué se esta escondiendo detrás de esta apertura a juicio, sin la notificación de las partes, del Fiscal Comisionado y a espaldas del Libro Diario del Tribunal.

Por otra parte y no menos importante, observa esa Representación de la Victima y llama poderosamente la atención en cuanto al actuar de la Juez de la causa, Abogada E.O.R., que habiéndose consignado en una primera oportunidad en fecha 03-06-2013, escrito mediante el cual se consignaba el poder conferido por la victima al Abogado A.C.P., así como también se señalo el domicilio procesal donde debían ser practicadas las notificaciones en apego a lo establecido en el articulo 165 del Código Orgánico Procesal Penal, y posteriormente en fecha 07-08-2013, la substitución de ese Poder a la Abogada JHNYA F.G., ninguno de los escritos hayan sido advertidos por el Tribunal no estaba enterado que con DOS MESES DE ANTICIPACION a la apertura del Juicio Oral y Publico, la victima había designado representantes legales, pero si estuvo advertido de la solicitud de la defensa del 0908-2013, en cuanto al cambio del sitio de reclusión de los acusados y fue acordado ese mismo día.

Asimismo llama poderosamente la atención que en escrito de fecha 07 de Agosto del 2013, la representación de la victima advierte al Tribunal de Juicio y le solicita se ordene la emisión de la compulsa acordada por el Tribunal de Control Nº 06 en fecha 16-01-2012, con relación a los ciudadanos ROSGUES PEREZ, titular de la cedula de identidad Nº 8.292.740, y ROGERT MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 14.189.149, por cuanto en contra de estos pesa una orden de aprehensión por materializar, señalándole al Tribunal de Juicio Nº 01 que el ciudadano R.M., se encuentra actualmente privado de libertad por la causa BP01-P-2013-462, que cursa por ante el Tribunal de Juicio Nº 04, en procedimiento seguido por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Publico de esta misma.

Cabe acotar ciudadanos Magistrados, que estos Representantes Legales de la Victima, en fecha 21-08-2013, los escritos presentados en fecha 03-06-2013 y 07-08-2013, en sus diversos contenidos, por cuanto no se había emitido para la fecha, pronunciamiento alguno respecto, ni obtenido tampoco respuesta alguna relacionada con el mismo, en virtud de la omisión de la Juez hoy recusada.

De igual modo, señala el recusante que tampoco esta Representación Judicial de la Victima ha tenido acceso a la Pieza Nº 05 del caso sub iudice, por cuanto al momento de dirigirnos al Archivo Penal de esta Palacio de Justicia y solicitarla a los fines de verificar las ultimas actuaciones del Tribunal de Juicio Nº 01, se nos informa que la misma esta en poder de la Ciudadana Juez Abogada E.O.R., toda vez que reposa en su despacho, lo cual también ha sido reiterado por el Secretario del Tribunal Aquo, siendo el caso que ante esta constante y reiterada situación que data de aproximadamente 04 semanas de anterioridad, que a todo evento genera suspicacia, en virtud que no se nos permite el real acceso y revisión de la mencionada piaza, en fecha 27-08-2013, procedimos a consignar diligencia mediante la cual solicitamos por escrito la remisión de la pieza Nº 05 de la causa BP01-P-2012-1747 al archivo central, con el objeto de que esta parte procesal pudiera revisar el contenido de la misma, no obteniendo tampoco respuesta de tal requerimiento hasta el momento, pese habernos dirigido al Secretario del Tribunal quien les informo que la misma reposaba en el Despacho de la Juez E.O.R., y que ya le había informado sobre nuestra solicitud y comparecencia por ante el Tribunal desde tempranas horas de la mañana del día 28-08-2013 y 29-08-2013.

Evidentemente, este series de hechos omisiones un formas de proceder por parte del Tribunal de Juicio, particularmente por la Juez de Juicio Nº 01, la tantas veces nombrada Abogada E.O.R., rea un desequilibrio y genera suspicacia en cuanto a la imparcialidad de administrador de justicia, toda vez que el derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial constituye una garantía que se encuentra en todos los sistemas jurídicos basados en el respeto de los derechos humanos, desde 1776, y a partir de ahí, ha sido insertado en los convenios internacionales sobre derechos humanos incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en nuestra Constitución que se fundamenta en un estado democrático social de Derecho Justo e imparcial.

Esta garantía no supone únicamente que el Juez encargado del enjuiciamiento no haya mantenido relaciones con las partes que puedan determinar su posicionamiento imparcialidad subjetiva, sino también que el mismo no haya tenido un contacto previo con el objeto del proceso, esto es que no tenga un perjuicio formado sobre el supuesto que aun no ha sido sometido a su consideración (imparcialidad objetiva. No basta con ser justo, también hay que parecerlo. Indudablemente la conducta asumida por la Abogada E.O.R., en su condición de Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 del Circuito judicial Penal del Estado Anzoátegui, viola de manera grosera disposiciones constitucionales y legales que le asisten a la victima que dignamente representamos, circunstancia que denotan un interés manifiesto en las resultas del proceso y que pretende favorecer a los acusados de autos.

Se desprende que los jueces no guiaran sus actuaciones bajo ningún interés que no sea el de la aplicación correcta de la ley y la solución justa del caso que le corresponde conocer. Sobre este particular, cabe resaltar que la causal de recusación alegada por estos representantes apoderados judiciales de la victima M.A.G.E., es la contemplada en el numeral 8 del articulo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición legal que se refiere a la existencia de cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten la imparcialidad del juez, considerando quienes suscriben que los motivos graves denunciados en el presente escrito de recusación, no solo sustenta la aplicación de esta causal, sino que también dichas infracciones legales aquí aducidas constituyen y configuran pleno derecho la mencionada causa de recusación, en virtud de que encuentra acreditada la existencia.

Ahora bien, aunado a lo anteriormente señalado donde se apertura el juicio oral sin haber sido notificada la victima en donde esta Instancia Penal dejo constancia que sus derechos se encuentran debidamente representados por el Ministerio Publico en la fecha in comento de conformidad a lo previsto en el articulo 122 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo a que es el espíritu y propósito de nuestro ordenamiento juridico entrada en vigencia plena en fecha 01-01-2013, en el cual este Juzgado esta en el deber de garantizar todos los postulados constitucionales como los son una tutela judicial efectiva un juicio previo y un debido proceso, esto quiere decir que de modo alguno dicha actuación jurisdiccional va en detrimetro de los intereses de la victima lo cual por ser un delito de acción publica el Ius Puniendi del Estado Venezolano, es llevado por el Representante de la Vindicta Publica el cual estuvo presente el día del acto encartado en la Fiscalia 25 en materia de juicio del Ministerio Publico. En este mismo orden de ideas la comisión asignada de fecha 27-05-2013 a la Fiscalia Primera del Ministerio Publico no se le notificado, una vez revisadas las actuaciones que conforman la presente causa no cursa a los autos dicha comisión a la cual se refiere los apoderados judiciales conferidos por la victima en este asunto penal, es de entenderse que el Ministerio Publico es único e indivisible, además de recibir una comunicación todos los Tribunales de esta fase de Juicio por parte de la Fiscalia Superior del Ministerio Publico donde en los asuntos no aperturados por los fiscales en delitos comunes le corresponde el conocimiento de los mismos a los Fiscales 25 en materia de control y de juicio. Esto quiere decir que no se esta haciendo nada a espalda de la Victima, aunado de haber consignado distintas diligencias de fecha 21-08-2013, 27-08-2013, y 29-08-2013, por estos presuntos apoderados judiciales de la victima, esto quiere decir que se encuentran al tanto de lo que esta sucediendo de manera taxativa en el proceso con dichas actuaciones otro de los argumentos que las diligencias este juzgado no emitido pronunciamiento judicial respectivo en razón a los días hábiles calendarios al tribunal despacha nos encontramos dentro del lapso que establece la norma adjetiva penal, en cuanto el acceso a la pieza 5 del expediente dicha información como lo asevera estos profesionales es falsa toda vez que la misma se encuentra en total actividad y reposa en la oficina de tramitación penal para la elaboración de los actos de comunicación correspondiente para su prosecución legal, así como diligencia la victima ante el Juzgado de Primera Instancia mediante escrito a través de apoderados judiciales por no comparece ante el Tribunal para la audiencias de continuación de juicio, ya que también esta en juego sus intereses los cuales son protegidos pro el Estado. En fecha 03-06-2013, consigna es el poder especial que le confiere la victima al profesional del derecho A.C. y JHANAY GOMEZ, para intervenir defender sus intereses ante los Tribunales de la Republica, lo cual esta al tanto de lo que sucede en el presente proceso. En fecha 07-08-2013, no existe ninguna solicitud por parte de la Victima al Tribunal o sus apoderados, siendo un hecho falso, una cualidad a través de un poder especial conferido por esta parte del proceso penal donde tuvo su oportunidad procesal en la audiencia preliminar de presentar acusación particular propia, adherirse a la acusación fiscal, o querellarse en la admisión previa a esta fase del proceso en que nos encontramos, mas aun sino habido sentencia definitiva en el presente asunto penal, esto quiere decir que los mismos no son parte en el expediente mal puede este órgano jurisdiccional acordar las referidas solicitudes.

Al respecto, considero que en ningún momento he cometido irregularidad alguna en la presente causa, tal como lo refieren en el escrito de Recusación los Abogados A.C. y JHANAY GOMEZ, no siendo los mismos parte en el proceso penal en curso. Es menester aclarar que esta juzgadora ha dado cumplimiento a todo lo establecido en la Ley adjetiva Penal y en la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela.

El ordinal 8 del articulo lo 86 de la Ley Adjetiva Penal, “…cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad…”.

Observa esta Corte de Apelaciones que el recusante no específico, sino que de una forma genérica hacen alusión a unos elementos probatorios que en su criterio son suficientes por sí mismo, para fundar su recusación.-

Nuevamente se le indica al recusante que esta causal genérica contenida en el señalado numeral 8º ejusdem debe demostrar causales fundadas en motivos graves, y tal como se expresó en líneas anteriores, los argumentos plasmados en el escrito de recusación y las pruebas que las sustentan no constituye “fundados motivos graves”, que conduzcan a separar a un Juez del conocimiento de una causa que le corresponde decidir por distribución automatizada, por ello con fuerza a lo anterior se declara sin lugar la presente causa contenida en el ordinal 8º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia N° 382 del 23 de octubre de 2003, con Ponencia del Magistrado Dr. J.E.M., en relación a la necesidad de la existencia de pruebas para resolver los asuntos controvertidos que se someten a nuestra jurisdicción, ha dicho lo siguiente: "La Sala ha dicho que la prueba es el eje en torno al cual se desarrolla todo proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo. " (Sic)

Dicho lo anterior se demuestra que la Jueza recusada no incurrió en violación ninguna, no existiendo de esta manera ninguna otra prueba que soporte los argumentos esgrimidos, en cuanto a la presunta incursión de la recusada en las violaciones mencionadas, motivos por los cuales el administrador de justicia no se encuentra incurso en ninguna de las causales de recusación establecidas por el legislador y por ende, en las señaladas por el profesional del derecho.

Así mismo se observan los términos ofensivos a la conducta que he mantenido a lo largo de mi carrera dentro del Poder Judicial.

Es bien sabido, que por principios constitucionales y procesales, como el de la justicia expedita y sin dilaciones indebidas, retardo u omisión injustificada, previstos en los artículos 26 y 49.8 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se exige que las decisiones judiciales deben ser dictadas en tiempo y plazo razonable, lo cual constituye una regla general, pues el retardo procesal o las dilaciones indebidas, no solo lesionan el derecho al debido proceso sino a la garantía de la tutela judicial efectiva. Empero esta regla que ha sido el norte de esta juzgadora por muchos años, a lo largo de mi carrera como profesional del derecho.

Igualmente debo señalar que como jueza he tenido siempre presente la obediencia a la ley y al derecho y justamente con ello consiste de acuerdo al articulo 4 del Código Orgánico Procesal Penal la autonomía e independencia de los jueces, así como la facultad que tienen los Jueces de controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidas en la Ley adjetiva penal y resolver peticiones de las partes.

Finalmente le informo que dichas actuaciones y decisiones dictadas en ejercicio de las facultades que me otorga la ley como jueza y en base a uno de los principios básicos sobre los cuales descansa la función judicial, esto es tener la autoridad suficiente como para imponer lo debido sin abuso de autoridad ni extralimitación de funciones.-

Ahora bien, entre las 08 causales de recusación consagradas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal existen indistintamente hechos objetivos y argumentos subjetivos para tachar al juez, así:

- Son objetivas las siguientes causales: N° 7 (haber conocido del proceso y emitido concepto); 1, 2, 3 (parentesco); 06 (contacto sin presencia de las otras partes.

- Son subjetivas las siguientes causales: N° 05 (interés en el proceso), 04 (enemistad grave o amistad íntima) y N° 8 (cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.

Ahora bien, tanto las causales objetivas como subjetivas deben ser debidamente probadas. .

No obstante, es diferente la prueba de las causales, así la doctrina ha reiterado que, la prueba es por naturaleza objetiva y por tanto la cuestión de su estudio se reduce a establecer si existe o no existe prueba, pues si existe, la recusación queda automáticamente probada y si ello no ocurre, la recusación resultaría no probada. En esta última hipótesis, la ausencia de prueba es sancionable de manera razonable, por lo siguiente: siendo un hecho objetivo demostrable fácilmente por medios escritos o demás medios probatorios que no permiten ningún margen de apreciación subjetiva, la cuestión se limita a verificar si el hecho existe o no. Ahora si se alega una causal objetiva de recusación y no se puede probar, es claro que desaparece la presunción de inocencia y el principio de la buena fe, surge una presunción de que el deseo del recusante fue dilatar el proceso, atentando así contra la celeridad y eficacia de los procesos, en los que están involucrados tanto el interés privado de la contraparte como el interés general de la sociedad y el Estado. Dicha presunción, admite desde luego prueba en contrario (IURIS TANTUM). En otras palabras, el ejercicio abusivo o de mala fe de lo que en principio era un derecho –recusar-, se vuelve contra el recusante para efectos de sancionarlo, como quiera que afecta otros derechos de terceros o derechos generales de la comunidad.

Ante la presencia de causales subjetivas, la ausencia de prueba no debe conducir a presumir de derecho la temeridad o mala fe del recusante, como en el caso anterior, sino que, justamente por las complejas apreciaciones del espíritu humano, ella debe ser demostrada y probada en el proceso. En efecto, la apreciación tanto del “interés directo o indirecto” en el proceso como de la “enemistad grave o amistad íntima” es un fenómeno que depende del criterio subjetivo del fallador. Obsérvese que incluso las causales vienen acompañadas de adjetivos calificativos, lo cual pone de manifiesto la discrecionalidad en su apreciación. Pues bien, en estos casos es posible que un recusante invoque de buena fe una presunta causal que luego resulte de difícil prueba. Deducir en tales casos, una responsabilidad automática, iría contra los principios de la presunción de inocencia y de la buena fe. Es por ello, la sola materialidad del hecho no es suficiente para deducir de manera automática una responsabilidad.

El Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Plena ha consolidado el criterio, que las recusaciones, que no cumplan con las exigencias formales y procedimentales, pueden y deben ser inadmitidas por el recusado. (Sentencia del 3 de abril de 2003).

…resulta pertinente aludir a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ha encargado de señalar reiterativamente, en casos como el presente, que las recusaciones que no cumplan con las exigencias formales y procedimentales, que establece la Ley para la prosecución del tramite recusatorio, pueden y deben ser inadmitidas por el recusado, sin necesidad de remitir de inmediato el conocimiento de la causa a otro Juez…

Esta exigencia de pruebas se justifica según Calamandrei, por lo siguiente:

”La alegación proviene de la parte, esto es la representación que ella da de los hechos de la causa al exponerlos y al describirlos, no tiene otro oficio en el proceso dispositivo, sino aquel de fijar el thema probandum: no es una prueba, sino la posición de un tema de indagación (omissis) El juicio definitivo de verdad, es pues, el resultado de una confrontación entre la representación de la parte (tema) y la representación dada por las prueba (sic) (demostración).” (Calamandrei, citado en: Rengel R., Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. III El Procedimiento Ordinario. Caracas, Editorial Arte, 1995; P: 232).

El recusante obvió que la recusación, es un acto procesal en el cual debe presentarse pruebas objetivas que demuestren lo alegado y que la carga de presentar dichas pruebas lo tiene el recusante, atendiendo a los principios antes tratados; de otro modo, este instituto podría tornarse en un medio para perturbar el proceso –como ya se dijo-, por lo cual es necesario aclarar, que el recusante, debió señalar en su escrito recusatorio, el ofrecimiento de los medios de pruebas pertinentes con el objeto de que el funcionario recusado al momento de rendir el informe a que se contrae el ultimo aparte del artículo 93 del Código Orgánico Procesal Penal, goce del derecho de la pruebas aportadas por el recusante y poderlas así impugnar, y este a su vez ofrecer los medios probatorios que también estime pertinente, por lo que el recusante debió señalar de forma clara y precisa cuales eran las pruebas que estaba promoviendo, a fin de no violentar a la parte contraria de su derecho a la defensa y el principio de contradicción que en definitiva encierra el debido proceso, y no de manera aislada, lo cual a todas luces se observa la mala fe en que obra el recusante de autos. Si bien las causales de Recusación e Inhibición, doctrinalmente, han sido clasificadas como causales objetivas y subjetivas, presentando características propias cada una de ellas, especialmente en dificultad de pruebas, tal se ha citado en esta decisión, queda suficientemente asentado que en unas y en otras causales, el Recusante debe entrar a considerar y reflexionar, previo al ejercicio de su derecho, si el mismo está suficientemente sustentando, evitando un uso abusivo del mismo, pues no escapa el derecho a recusar, que la ley otorga a los actores del Proceso, la imperativa obligación de ejercer y actuar dentro del mismo, con absoluta buena fe, tal lo demanda el artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal y, dentro de esa obligación, se mantiene el sagrado principio de probar lo alegado, pues de lo contrario, especialmente en materia de recusación se produce un retardo procesal injustificado, que evidentemente atenta contra la finalidad de la institución de la Recusación y por ende vulnera el fin propio del Proceso, mas aun sino son parte en el presente proceso penal los referidos profesionales del derecho.

Ahora bien, Por lo que considera esta Juzgadora que no se ha violentado el debido proceso ni la asistencia jurídica. Considera esta instancia judicial que los motivos expuestos por la parte agraviada en el escrito de Recusación, resaltando que los mismos no son parte en el proceso, son inconsistente por cuanto no tengo interés alguno en las resultas del proceso ya que no me une con ninguna de las partes amistad, enemistad o cualquiera otro tipo de lazo que pueda afectar mi imparcialidad en la decisión del caso, todo lo contrario he sido muy cuidadosa en llevar el mismo en cumplimiento de todas garantías procesales que aseguren la eficacia del proceso penal que se ha instaurado, en atención a lo cual no se me puede censurar por el respeto de la Constitución Nacional y Leyes de la Republica a conveniencia de cualquiera de las partes ni colocar mi actuación en tela de juicio, lo cual considero compromete, mi imparcialidad u objetividad para conocer en la presente causa, por lo que en aras de salvaguardar la imagen del Poder Judicial y Garantizar la credibilidad en la administración de Justicia, de los ciudadanos afectados por los hechos contenidos en este proceso penal y de la ciudadana en general, ante eventuales decisiones o resultas que pudiera generarse en esta causa.

De lo anteriormente expuesto considero que no me encuentro incursa en ninguna de las Causales de Recusaciones contenidas en el Articulo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido solicito que sea declarada Inadmisible y Sin Lugar la presente RECUSACION, por carecer de fundamentos legales y concretos que permitan cotejar la situación denunciada por los recurrentes, confirmando que solamente me he limitado a juzgar con una visión objetiva y revestida del Principio de Imparcialidad en el ejercicio de mis funciones jurisdiccionales...”- (Sic)

MOTIVACION PARA DECIDIR

Leído y analizado el contenido de las actas procesales y estando dentro de la oportunidad legal contemplada en el artículo 99 de la ley penal adjetiva, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, pasa a decidir de la manera siguiente:

En primer lugar, establezcamos la legitimación activa para recusar, establecida en el artículo 88 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala que: “…Pueden recusar las partes y la victima aunque no se haya querellado…”, con lo cual se evidencia ciertamente que los recusantes en este caso, están legitimados para ello.

En segundo lugar, considera pertinente esta Superioridad destacar el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1802 de fecha 20 de octubre de 2006, con ponencia del Magistrado Dr. F.C.L., el cual es del tenor siguiente:

…el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que: la recusación o inhibición de los jueces de los Tribunales unipersonales serán decididas por el Tribunal de alzada, cuando ambos fueren de la misma localidad;… las causa criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar el procedimiento. De la anterior disposición normativa, se desprende que cuando un tribunal unipersonal esté en la misma localidad que el de la alzada, éste conocerá de la recusación o de la inhibición planteada. De manera que la recusación o inhibición de los jueces unipersonales, serán decididas por el tribunal de alzada, es decir la Corte de apelaciones, advirtiendo además el referido artículo, que en caso de ser declaradas con lugar, la causa deberá ser conocida por otro tribunal de igual competencia o categoría… y ello resulta lógico a los fines de salvaguardar el derecho a la imparcialidad, e igualdad de las partes en el proceso…

(Sic)

Asimismo, se hace necesario conceptuar la figura de la recusación para lo cual se tomará el contenido de la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 21, de fecha 2 de julio de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. A.G.G., que establece lo siguiente:

…La institución de la recusación obedece a un acto procesal, a través del cual, y con fundamento en causales legales taxativas, las partes, en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, pueden separar al juez del conocimiento de la causa, al estimar comprometida su imparcialidad en la decisión que deba emitir…

. (Sic)

En relación a este tema el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 3192, de fecha 25 octubre de 2005, con ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M.L., estableció:

“…Así las cosas, conviene destacar que la recusación constituye un acto procesal cuyo efecto es la exclusión del Juez del conocimiento de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. Para que la recusación proceda debe cumplir con ciertos requisitos de forma y encuadrarse dentro de alguna de las causales previstas en la ley. (Vid. Sentencia de la Sala Nº 2.214 del 17 de septiembre de 2002, caso: “Gustavo Adolfo Gómez López”)…” (Sic)

También se trae a colación la Sentencia Nº 2010-0138, de fecha 21-05-2010 de la Sala Penal con ponencia del Magistrado ELADIO APONTE, donde se indicó:

“…Estima necesario la Sala reafirmar que el designio de la institución procesal de la recusación penal se asienta en dogmatizar la imparcialidad del juez, éste, inexorablemente debe relegarse del proceso del cual viene conociendo cuando se configura tal circunstancia, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal

En efecto la pretensión recusatoria no puede ser profesada en contra del propósito constitucional de una justicia expedita sin dilaciones indebidas consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y menos aun instituirse en el instrumento legítimo para lograr la dilación del proceso penal o en ardid para separar del proceso al juez, que viene conociendo del asunto.

Para esta Sala, en la mayoría de los casos la instauración de pseudos motivos de recusación del juez, a voluntad de las partes, cuando el proceso ya está en marcha, no es otra cosa que la manifestación de deslealtad procesal que debe ser proscrita y condenada.

2. En el proceso penal venezolano no está prevista la recusación sobrevenida, pues expresamente el artículo 93 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que toda pretensión recusatoria se propondrá por escrito fundado donde se plasmen los motivos que se invocan. Y esto fundamentalmente porque se está señalando al Juez, al tercero imparcial, que se le ha investido constitucional y legalmente de dirimir el conflicto penal, que en su fuero subjetivo adolece presuntamente de imparcialidad para resolver el asunto sometido a su competencia, en sí, estamos a las puertas de un procedimiento que de declararse ha lugar traería consecuencias de orden disciplinario hasta la destitución del juzgador, razón por la cual el legislador penal proscribe esta denominada “recusación sobrevenida”, pues no es en base a la simpleza, la ligereza, la oratoria descalificativa y de la creación de cuasi motivos que se podrá recusar al Juez Penal”.

De acuerdo a las jurisprudencias antes transcritas, se puede deducir que la recusación es la acción que ejercen las partes en el transcurrir del proceso penal cuando estiman que el administrador de justicia ha incurrido en hechos que afectan su deber de imparcialidad, que es uno de los requisitos formales y materiales para que se materialice una justicia responsable e idónea, tal como lo transcribe el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que significa que la recusación se encuentra intrínsecamente en nuestro ordenamiento jurídico y concede al justiciable garantías constitucionales que le aseguran la celebración de actos procesales en un proceso de forma responsable y transparente, previstas para su celebración (cuando conoce de manera cierta y certera la existencia de alguna circunstancia para inhabilitar al juez que conoce su causa), por ello los supuestos de hechos en que se fundan deben ser demostraciones claras e inequívocas de falta de garantía de imparcialidad del juez.-

En ese orden de ideas, es necesario traer a colación, el contenido de los artículos 95 y 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales expresan:

…Artículo 95. INADMISIBILIDAD: Es inadmisible la recusación que se intente sin expresar los motivos en que se funde, y la que se propone fuera de la oportunidad legal.

Artículo 96. PROCEDIMIENTO: La recusación se propondrá por escrito ante el tribunal que corresponda, hasta el día hábil anterior al fijado para el debate.

Si la recusación se funda en un motivo que la haga admisible, el recusado o recusada, en el día siguiente, informará ante el secretario o secretaria.

Si el recusado o recusada fuere el mismo Juez o Jueza, extenderá su informe a continuación del escrito de recusación, inmediatamente o en el día siguiente…

(Sic)

Con la presente recusación se pretende separar a la Jueza Penal del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 del este Circuito Judicial Penal, Dra. E.O.R., del conocimiento de la causa signada con el Nº BP01-P-2012-001747, fundamentándose la misma en el artículo 89 ordinal 8º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo tenor es el siguiente:

“…Causales de inhibición y recusación. Los jueces y juezas profesionales, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes:…

…8. Cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad…

(Sic)

Los abogados A.J.C.P. y Jhanya F.G., señalan como motivo para recusar a la ciudadana Jueza, el hecho que se “toparon” con una actuación realizada por el Tribunal de Juicio Nº 01 de esta Circunscripción Judicial, que no pareciera gozar del equilibrio deseado, toda vez que de la revisión del sistema de auto-consulta evidenciaron que se encontraba fijado el juicio oral y público para el día 08 de Agosto de 2013, a las 10:30 de la mañana, acto para el cual no habían sido notificados el Fiscal Primero comisionado, la víctima, ni los representantes y apoderados de la víctima, no obstante a eso que de la revisión por auto consulta del Tribunal, observaron que el día siguiente viernes 09 de agosto de 2013, la defensa solicitó un cambio del sitio de reclusión para la Policía Municipal de Guanta que a todo evento no cumple con las medidas de seguridad necesarias que garantice el cumplimiento irrestricto de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad a la que se encuentran sometidos los acusados de autos, y dicha solicitud fue acordada por la Jueza de la causa Abog. E.O.R., en forma intempestiva ese mismo día.

Siguen indicando que asimismo se fijó nueva fecha para la celebración del juicio Oral y Público el día 13-08-2013; oportunidad en la que el Tribunal aperturó el juicio oral y público sin que tampoco se encontraran debidamente notificados la víctima, sus representantes y apoderados, el fiscal especial comisionado para ese caso Abogado HARRINSON GONZALEZ, por solicitud expresa de la victima, violentando claramente las disposiciones contenidas taxativa en el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto al derecho de la victima de ser notificada de todos y cada uno de los actos inherentes al proceso. Considerando que se encuentran ante una causa sobrevenida, ya que los hechos que generan esta duda en cuanto a la imparcialidad de la Jueza de Juicio se producen justamente con ocasión a la apertura de Juicio a espalda de las partes interesadas en la mejor resolución del caso y del Libro Diario del Tribunal.

Por su parte, la Jueza recusada indicó en su escrito de informes que la recusación interpuesta por los abogados A.J.C.P. Y JHANYA F.G., carece de fundamentos legales y concretos que permitan cotejar la situación denunciada, considerando que no se encuentra incursa en la causal contenida en el ordinal 8º del artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no ha violentado el debido proceso ni la asistencia jurídica, y que los motivos expuestos por la parte agraviada son inconsistentes por cuanto no tiene interés alguno en las resultas del proceso, puesto que no la une con ninguna de las partes amistad o enemistad manifiesta o cualquier otro tipo de lazo que pueda afectar su imparcialidad, sino todo lo contrario que ha sido muy cuidadosa en llevar el mismo en cumplimiento de todas las garantías procesales que aseguren la eficacia del proceso penal que se ha instaurado, y que no se le puede censurar por el respeto a la Constitución Nacional y Leyes de la República a conveniencia de cualquiera de las partes, ni colocar su actuación en tela de juicio, lo cual compromete su imparcialidad u objetividad para conocer en la causa.

Argumentando así la recusada no hallarse incursa en ninguna de las causales de recusación comprendidas en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando se declare “inadmisible y sin lugar la misma, por carecer de fundamentos legales y concretos que permitan cotejar la situación denunciada por los recurrentes, confirmando que solamente se ha limitado a juzgar con una visión objetiva y revestida del principio de Imparcialidad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Así las cosas cabe destacar que la administración de justicia, de manera clara, imparcial y oportuna es la principal obligación del juez, no es tarea fácil pero la ecuanimidad, objetividad y templanza deben ser consideraciones inherentes a su actuación, la que ejecuta finalmente con sus conocimientos jurídicos en sus decisiones y sentencias.

Cabe señalar que las partes no tienen la facultad de escoger al juzgador que conocerá de un expediente, cuando ni siquiera los mismos Jueces tienen esa facultad de escoger las causas que quieran o desean conocer por cualquier motivo en particular.

Es el objetivo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los órganos de administración de justicia funcionen como medios efectivos para la solución de conflictos en forma transparente y expedita evitando que formalismos, dilaciones indebidas o reposiciones inútiles interrumpan el único fin para el cual esos órganos existen: la justicia. (Sentencia 442 del 4 de abril de 2001, ponencia del Magistrado Doctor J.E.C.R.).

Ahora bien, de las actuaciones habidas en el presente caso se constata que los elementos probatorios anexados por los abogados recusantes no dan por demostrada la imparcialidad de la Jueza recusada, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 ordinal 8º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, pues no es justificativo legal suficiente decirlo.

En relación a la necesidad de la existencia de pruebas para resolver los asuntos controvertidos que se someten a nuestra jurisdicción el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia N° 382 del 23 de octubre de 2003, con Ponencia del Magistrado Dr. J.E.M., ha sostenido lo siguiente: "La Sala ha dicho que la prueba es el eje en torno al cual se desarrolla todo proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo. " (Sic), además de que la prueba debe ser pertinente e idónea, en el sentido de demostrar que ella guarde estrecha relación con lo que se pretende demostrar.

En base a lo anterior, se demuestra que la Jueza recusada no incurrió en violación ninguna que comprometa su capacidad subjetiva, motivo por el cual el administrador de justicia no se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en la ley y por ende, tampoco en la señalada por los recusantes.

Con los argumentos antes expuestos, este Tribunal Colegiado concluye con que deberá declararse SIN LUGAR, la recusación interpuesta por los Abogados A.J.C.P. Y JHANYA F.G., en su condición de apoderados judiciales de la victima ciudadano M.A.G.E., contra la Jueza de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Dra. E.O.R., con fundamento en el artículo 89 Ordinal 8º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ya que con las pruebas promovidas no demuestran el fundamento de la recusación interpuesta y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA SIN LUGAR la recusación interpuesta por los Abogados A.J.C.P. Y JHANYA F.G., en su condición de apoderados judiciales de la victima ciudadano M.A.G.E., contra la Jueza de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Dra. E.O.R., con fundamento en el artículo 89 Ordinal 8º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ya que con las pruebas promovidas no demuestran el fundamento de la recusación interpuesta.

Regístrese, déjese copia y remítase la presente causa al Tribunal de origen en su oportunidad.

LAS JUECES INTEGRANTES DE ESTA CORTE DE APELACIONES

LA JUEZA PRESIDENTA

Dra. L.F.S.

LA JUEZA SUPERIOR y PONENTE LA JUEZA SUPERIOR,

Dra. C.B. GUARATA Dra. M.B.U.

EL SECRETARIO

ABG. JESUS ASCANIO,

LFS/Betza.-