Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Octubre de 2011

A los fines de poder subsumir el planteamiento formulado por su representada, en el supuesto regulado en el Parágrafo Único del artículo 6º de la Ordenanza sobre patente de Industria y Comercio, debe la parcela No. 210/03-09, ser integrada con la parcela No. 210/03-01, siendo que como es de su conocimiento esto resulta imposible, dado que la zonificación aprobada en el sector es residencial.

A los fines de poder ampliar su domicilio fiscal, es requerido que los inmuebles permitan el desarrollo de actividades comerciales, repitiendo que en el caso que nos ocupa, es residencial. (…)Omissis

En cuanto a la obligación de pago de la patente de industria y comercio, la misma surge por la materialización del hecho imponible de este Tributo, el cual, como es de su conocimiento es e (sic) desarrollo de actividades económicas, comerciales, industriales o de servicio, independientemente de la legalidad en su desarrollo, tal como lo señala el Artículo 16 del Código Orgánica Tributario (…)

Concluyendo, su representada no puede bajo el supuesto planteado pretender desarrollar actividades bajo la licencia No. 03.2.10.000035 siendo que la disposición del artículo 6º, no le es aplicable en este caso, dado que existe violación al Ordenamiento Urbanístico, pero esto no incide sobre la facultad de fiscalización e imposición que le es propia a la Administración Tributaria (…)

Que del texto de la Resolución parcialmente trascrita se evidencia, que la misma dio respuesta a una solicitud realizada por la representación judicial de la sociedad mercantil Comercial Científica C.A., a tenor de la cual invoca a la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, la aplicación del artículo 6 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, sobre la parcela No. 210/03-09, que se ubica contigua a aquella en la que se encuentra edificada la sede del Instituto Médico La Floresta.

Ahora bien, muy cierto es que el hecho que originó la emisión de la comunicación recurrida, es la pretensión de ampliación de la licencia de actividades económicas que permite el funcionamiento de la Clínica La Floresta, ampliación que se pretende a través de la integración de dos (02) parcelas contiguas que poseen números catastrales distintos, es decir, que estaban individualizadas ante el Municipio, identificadas conforme se lee en el acto recurrido con los números catastrales: 210/03-09 y 210/03-01.

Esbozado en esos términos el problema planteado, quien decide antes de entrar a resolver acerca del fondo del asunto controvertido, advierte lo siguiente:

Que el acto administrativo recurrido emana de la Directora de Liquidación de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Chacao, dirección que por notoriedad judicial, fue creada por el ente Municipal en ejercicio de sus potestades organizativas, con el objeto de dar cumplimiento a las competencias del Municipio en materia de dotación de recursos financieros ordinarios, a través del ejercicio de sus potestades tributarias legalmente reconocidas. De donde es claro, que entre las competencias que desarrolla la referida dependencia administrativa, se encuentran aquellas relativas al control, evaluación, organización y recaudación de los ingresos provenientes de actividades pechables en la jurisdicción del ente Municipal.

Partiendo de esas premisas, es menester recordar, que por dilucidarse en la presente causa una controversia surgida como consecuencia de una solicitud de extensión de la patente de industria y comercio, hoy licencia de actividades económicas que le fuera otorgada a la Clínica la Floresta para su funcionamiento, es de obligatoria revisión la naturaleza de dicho acto, para lo cual conviene recordar que la licencia de actividades económicas constituye un mecanismo de control de diversos aspectos de interés jurídico, en especial los urbanísticos; se estatuye dentro de la categoría de los actos administrativos complejos, en los cuales la formación de voluntad de la Administración dependerá del cumplimiento previo de una serie de actuaciones y manifestaciones administrativas, es decir, que para que se cause el pronunciamiento administrativo querido, deberá agotarse previamente la manifestación de voluntad de diversos órganos u entes de la Administración Pública para concurrir en una sola.

Ello así para mayor claridad, conviene señalar que un acto administrativo complejo suele ser aquél como la solicitud de autorización para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por leyes especiales, vale decir aquellas por ejemplo relacionadas con la venta de armas y explosivos, en las que además del otorgamiento del permiso municipal, se requiere contar con la anuencia expresa dada por el hoy Ministerio del Poder Popular para la Defensa en cumplimiento de la normativa especial que rige el comercio pretendido, en atención a las restricciones comerciales que le caracterizan; iguales consideraciones aplican para los locales comerciales que se van a dedicar a la actividad de autolavado por ejemplo, los cuales requieren cumplir con normativas especiales en materia de aprovechamiento y reciclaje de aguas.

En este orden de ideas, una vez revisado el contenido del acto administrativo recurrido se advierte que la solicitud presentada ante la precitada dirección, encuentra su fundamento en el artículo 6 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Chacao, que reza:

Artículo 6.- Cada establecimiento necesitará de Licencia aún cuando el contribuyente explote simultáneamente o separadamente ramos de igual o diferente naturaleza.

A los fines de esta Ordenanza se considerarán establecimientos distintos:

1. Los que pertenezcan a diferentes contribuyentes, aún cuando funcionen en un mismo local y con idéntico ramo y actividades; y

2. Los que no obstante, operan en un mismo ramo de actividad y pertenecen al mismo contribuyente, estuvieren ubicados en locales diversos o en distintos predios.

Parágrafo Único: No se tendrán como locales diversos, dos (2) o mas inmuebles contiguos y con comunicación interna, ni los varios pisos o plantas de un mismo inmueble, siempre y cuando pertenezcan a un mismo contribuyente y exploten el mismo ramo de actividad.

De donde con meridiana claridad se evidencia, que la disposición bajo análisis viene a regular casos especiales en los que se exige la existencia de licencia de actividades económicas independientes, tomando en consideración factores de conexión relacionados bien con los sujetos, bien con el ramo u objeto de explotación, bien con el espacio físico en el cual se pretende desarrollar la misma.

Así pues, para el caso de marras se invoca la aplicación de la disposición trascrita con anterioridad, en lo que se refiere al parágrafo único de su texto, en el cual se prevén aquellos casos en los que se exceptúa la exigencia de licencias independientes cuando se cumplan algunos de los dos siguientes supuestos: PRIMERO: (i) Que se trate de locales diversos, vale decir edificaciones o inmuebles identificados con números catastrales distintos; (ii) Que dichos inmuebles sean contiguos; (iii) Que entre dichos inmuebles exista una comunicación interna; (iv) Que esos inmuebles pertenezcan al mismo contribuyente; y (v) Que pretendan exploten de la misma actividad; y, SEGUNDO: (i) Que se trate de varios pisos de un mismo inmueble; (ii) Que quien se encuentre realizando la explotación sea el mismo contribuyente; y (iii) Que la actividad desarrollada sea la misma.

En este orden de ideas, de la revisión de las actas que conforman la presente causa se evidencia que la explotación pretendida compromete las parcelas identificadas con los números de catastro 210/03-09 y 210/03-01 (Ver al respecto folios 25 y 26 de la pieza principal del expediente judicial), las cuales pretenden integrarse para ser destinadas al unísono, en la explotación desplegada por la hoy recurrente como Clínica La Floresta, es decir para el despliegue de una actividad médico asistencial, lo que hace concluir que en el caso de marras se invocó la aplicación del primero de los supuestos esbozados en las líneas que anteceden.

Pues bien, dado que el fundamento utilizado para negar la solicitud presentada no es otro que el hecho de que el inmueble descrito no soporta el uso médico asistencial, considera importante quien decide establecer que en el caso de marras ni la parcela en la que actualmente se encuentra establecida el Instituto Médico La Floresta, ni la parcela identificada con el número catastral 210/03-09, cuya integración se pretende con respecto a la primera, soportan conforme a la Ordenanza Municipal de Zonificación vigente para la Urbanización La Floresta el Uso Médico Asistencial.

Ahora bien, ciertamente el transcurso del tiempo trae consigo la ocurrencia de factores que por ser impredecibles generan cambios constantes en las sociedades, así agentes relacionados con el aumento de los índices de natalidad y mortalidad, las emancipaciones, el establecimiento de industrias en determinados sectores, etc., lo que trae como consecuencia el aumento de la tasa de crecimiento demográfico en un momento determinado, viniendo sin lugar a dudas aparejado al nacimiento de necesidades diversas en la población, las cuales en pocas ocasiones pueden verse satisfechas con las condiciones existentes en el sector, entiéndase que hacemos referencia a la vialidad, transporte, servicios de aseo urbano, etc., ello explica, que en materia de desarrollo urbanístico, no en pocas oportunidades nos encontremos con normas que permitan flexibilizar las condiciones existentes, exigiéndose generalmente que se produzca la manifestación de voluntad de la comunidad con respecto al cambio de uso a implementar.

Lo dicho, se explica si consideramos que nadie mas que la comunidad conoce sus necesidades, pues es ella la que vive en su día a día las carencias en materias de disposición de bienes y servicios en el sector donde se encuentran asentadas, de manera que en materia de urbanismo, si bien es cierto se utiliza la planificación como herramienta fundamental para garantizar un crecimiento demográfico ordenado, ello no obsta para que en atención a la dificultad evidente para determinar con exactitud las necesidades poblacionales, se requiera el despliegue de conductas adicionales para resolver las contingencias que puedan venirse presentando y que no hayan sido previstas por cualquier circunstancia.

En tal sentido, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, prevé en su artículo 62 la posibilidad de que la Administración Pública Nacional o Municipal, celebre convenios de concertación con los particulares con el objeto de fijar su participación en la ejecución de proyectos específicos, de donde con meridiana claridad quede demostrado, que la normativa que regula la Ordenación Urbanística, faculta a las autoridades competentes en la materia, para que a través de acuerdos suscritos con la anuencia de la comunidad, pueda fijarse a los particulares un medio de participación en la ejecución de determinados proyectos de interés colectivo o social.

En este orden de ideas, si bien es cierto en el caso de marras ni la parcela No. 210/03-09, ni la parcela No. 210/03-01, cuya integración se pretende soportan conforme a la normativa imperante el uso médico asistencial, dicha circunstancia no es óbice para que en atención a las potestades administrativas en materia de ordenación urbanística conferidas al municipio, se hubiese autorizado su desarrollo, tal como sucedió para el caso de la parcela en la cual se encuentra edificada la estructura en la que funciona el Instituto Médico La Floresta actualmente.

Dicha interpretación, entiende quien decide fue la que asumió la Comisión de Urbanismo, adscrita al Concejo Municipal, al emitir el pronunciamiento No. 0027, de fecha ocho (08) de diciembre de 1999 (Ver folios 292 al 299 del expediente judicial), a tenor del cual entre otras cosas y siguiendo el principio de expectativa plausible informa a la representación judicial de las empresas Distribuidora Fleurllex C.A., y Comercial Científica C.A., ante el planteamiento presentado sobre la renuncia al uso de vivienda multifamiliar que tienen asignado las parcelas 210-03-03 y 210/03-09, lo siguiente:

(…)Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión declara Con Lugar la solicitud presentada por el ciudadano O.K., en su carácter de representante legal (…) y APRUEBA la renuncia al derecho de sus representadas a explotar las parcelas con zonificación R3E anteriormente identificadas, al tiempo que AUTORIZA el ejercicio de actividades médico asistenciales que, a modo de extensión y bajo la figura de núcleo ha sido solicitado, condicionando la eficacia de la presente decisión al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Deberá presentar Documento Notariado ante la Dirección de Ingeniería Municipal manifestando el compromiso de las empresas solicitantes antes identificadas, para dedicar única y exclusivamente los referidos inmuebles al uso asistencial como módulos de extensión de la Clínica La Floresta.

2. Deberá contar con la constancia de culminación de obras para las labores de reconstrucción de los inmuebles levantados en las parcelas supra nombradas antes de su ocupación y explotación sanitaria.

3. C) Deberá presentar ante Ingeniería Municipal de Chacao los permisos y autorizaciones que sean menester expedir por parte del Ministerio de Sanidad o denominación correspondiente que disponga el ejecutivo nacional mediante la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Central.

4. D) En lo sucesivo cualquier construcción, reconstrucción o reforma sobre los inmuebles que están levantados en las antes dichas parcelas deberá someterse al tratamiento previsto en el artículo 174 de la Ordenanza de Zonificación del Municipio Chacao, quedando sometidas en consecuencia a la potestad discrecional que al efecto disponga la Dirección de Ingeniería Municipal.

De donde con meridiana claridad se evidencia que en el año 1999, la Comisión de Urbanismo del Municipio Chacao presentó su anuencia, para que se materializara el cambio de uso pretendido sobre la parcela 210/03-09, de uso vivienda multifamiliar a uso médico asistencial, señalando en su motiva la existencia de algunos casos similares en el municipio que dieron origen al aludido cambio, y condicionando el otorgamiento de la autorización entre otras cosas al cumplimiento de los trámites y procedimientos necesarios de conformidad con las Ordenanzas de Zonificación del Municipio Chacao, quedando en consecuencia dicha autorización sometida a las potestades de la Dirección de Ingeniería Municipal.

Expuestos los argumentos que anteceden, ciertamente la norma cuya aplicación solicitó el hoy recurrente en sede administrativa, la cual dio origen a la emisión del acto recurrido, comporta dos situaciones a resolver, la primera relativa a la posibilidad o no de integrar la parcela identificada con el número catastral 210/03-09 a la número 210/03-01; y la otra relacionada con la extensión de la licencia de actividades económicas otorgada sobre la parcela identificada con el No. 210/03-01 a la parcela 210/03-09.

De lo dicho hasta ahora es claro, que cada una de esas situaciones deben ser analizadas conforme a una hermenéutica jurídica en su justo valor, siguiendo las premisas y principios que inspiran la especialidad que conforme a la naturaleza de cada pretensión le sea aplicable; así, para el caso de la integración de las parcelas, deben analizarse factores relacionados con las variables urbanas fundamentales, entiéndase uso, densidad, altura, entre otros, aspectos técnicos que combinados con nociones de avanzada relacionadas con la participación representativa de la comunidad vecinal y la realidad de la zona por su contenido deben ser resueltos en principio por la dirección administrativa competente en materia de urbanismo; y la segunda, como está relacionada con la autorización de extensión de la licencia de actividades económicas, para el ejercicio de actividades médico asistenciales en un lote distinto a aquel que le dio origen, requiere se haya materializado el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previos para su otorgamiento, es decir, que se haya emitido por la autoridad competente un acto que acuerde la integración, recordemos la naturaleza compleja de la licencia de actividades económicas, y el hecho de que su otorgamiento no constituye un acto discrecional propio de la Administración, sino que por el contrario representa un acto reglado, vale decir que una vez cumplidos los requisitos para su procedibilidad, debe otorgarse, así ha sido plasmado en sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha seis (06) de diciembre de 2006, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, que señaló entre otras cosas: “ (…) la verificación del cumplimiento de requisitos legales no es un acto discrecional sino reglado, por lo cual es obligatorio expedir la Licencia si se cumplen los extremos de Ley(…)”; de donde con meridiana claridad se advierte que la revisión que hizo la Dirección de Administración Tributaria a los efectos de la expedición de la extensión solicitada de licencia de actividades económicas, debió circunscribirse a el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para su obtención, previa manifestación de voluntad de la autoridad competente, tales como los resumidos en análisis realizado en líneas que anteceden, sin entrar a ejercer consideraciones distintas y ajenas a su competencia, máxime cuando ninguna de las parcelas cuya integración se pretende soportan conforme a la normativa imperante el uso médico asistencial. Y así se decide.-

En consecuencia, una vez revisado el contenido del acto recurrido se advierte que la negativa a la solicitud formulada por la sociedad mercantil COMERCIAL CIENTÍFICA C.A., suficientemente identificada en autos, descansa únicamente sobre la base de que la zonificación asignada al inmueble identificado con el número catastral 210/03-09, no es la misma que corresponde al inmueble al cual pretende integrarse ésta, lo que ciertamente nos hace concluir que la Administración Tributaria erró al confundir dos pedimentos meridianamente distintos, pues entró a realizar una afirmación sobre el uso asignado a una determinada parcela, que se aleja de las competencias que le son naturales, ello en atención a la explicada discrecionalidad que puede ejercer la Administración en función de aspectos relativos a las necesidades poblacionales existentes en un determinado sector, las cuales fueron suficientemente explicadas a lo largo del presente fallo.

Dicha tesis se ve reforzada, si consideramos la existencia del acto aprobatorio emanado de la Comisión de Urbanismo del referido ente político territorial, entiéndase Municipio Chacao en fecha ocho (08) de diciembre de 1999, a tenor del cual al expedirse a favor de la representación legal de la sociedad mercantil Comercial Científica C.A., (Ver folios 292 al 299 del expediente judicial), la anuencia para desarrollar la integración propuesta y con ello la autorización condicionada para el desarrollo de la actividad médico asistencial en la referida parcela identificada con el No. 210/03-09, hacen claro que se generó en cabeza del solicitante una expectativa plausible, lo que implica la confianza legítima en cuanto al proceder de la Administración en relación al pedimento formulado, e impone el deber de analizar tal solicitud a la luz de los principios que inspiran no solo el derecho urbanístico, sino también aquéllos que inspiran las propias fuentes del derecho, tales como la equidad en estricta ponderación de los bienes jurídicos tutelados y en juego, todo ello con el objeto o ánimo de proporcionar una solución justa a una situación singular.

En adición a lo expuesto, resulta oportuno indicar que la equidad como fuente del derecho, ha sido reconocida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, de fecha dieciséis (16) de mayo de 2007 como: (…) se define en criterio de Eduardo García Maynez, “Equidad no significa otra cosa que solución justa de los casos singulares”. (“Introducción al Estudio del Derecho”, Editorial Porrua, México 1955). En hilación, la doctrina extranjera más calificada, enseña respecto de la equidad: “Permanece en el campo de lo justo. No es distinta de la justicia (cualquiera que sea el contenido que se atribuya a este término), ni opuesta, ni mejor que ella; sólo es distinta a la Ley. Es la confusión entre justicia y ley, la que ha provocado la embarazosa posición de la equidad; y también la que ha generado la idea de definir la equidad como la justicia del caso particular, ya que es en los casos individuales de aplicación de la ley donde se ejerce, más allá de la ley o aún contra ella, el poder normativo de los jueces”. (“El Derecho y la Justicia”, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Editorial Trotta, Edición de E.G.V. y F.L., Madrid 1996). (…)Omissis

De manera que en el campo del deber ser, al recibir la Administración Tributaria Municipal la solicitud de ampliación presentada, ha debido individualizar las pretensiones, y exigir a la representación legal de la sociedad mercantil Comercial Científica C.A., suficientemente identificada en autos, presentar dicha petición de integración de las parcelas antes mencionadas, ante la autoridad municipal competente, entiéndase la Dirección de Ingeniería Municipal, condicionando la tramitación de lo peticionado a la existencia del acto administrativo que lo autorice, en virtud de la naturaleza de acto complejo que caracteriza a la Licencia de Actividades Económicas.

Ahora bien, si seguimos el criterio proferido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 539, de fecha 01 de junio de 2004, caso: R.C.R.V., que expresa:

En cuanto al vicio de incompetencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones.

La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio.

Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa.

Es claro, que en la presente causa se materializó el vicio de extralimitación de funciones, pues la autoridad administrativa que dictó el acto sometido a control, aun cuando pertenece al poder público municipal, lo hizo sin que tuviese atribuida una competencia expresa o natural para ello; toda vez que tal como se expresó anteriormente para proveer sobre la solicitud de integración de las parcelas se requería además del análisis de las variables urbanas fundamentales la concertación de la voluntad vecinal, para lo cual ya el constituyente en el año 1999, señaló en su artículo 184 la obligación que en la función legislativa se proveyera la implementación de herramientas y mecanismos que permitan la participación de las comunidades y grupos vecinales en la formulación de propuestas, elaboración de planes de inversión, control de obras, y programas sociales para la prestación de servicios públicos, así pues al no constar en autos que se hubiese cumplido dicho trámite previa la emisión del acto recurrido, queda demostrado que la actuación de la Dirección de Administración Tributaria Municipal incursionó en el ámbito urbanístico, lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia la nulidad del acto recurrido de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 19 numeral 1º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y así se decide.-

Lo dicho hasta ahora se evidencia con mayor claridad, si revisamos el contenido del acto administrativo sometido a control, específicamente en lo que se refiere a la siguiente afirmación:

(…) Si el Instituto Médico la Floresta viola con el inicio de actividades en la parcela 210/03-09, normas de naturaleza tributaria, debe esta Dirección iniciar el procedimiento tendiente a la revocatoria de la Licencia Nro.03.2.10.000035 con fundamento en el artículo 8º de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, igualmente la dirección de Ingeniería Municipal, con fundamento en el artículo 210 de la Ordenanza de Zonificación, debe cesar el uso no conforme.

De donde se infiere, que la Administración Tributaria Municipal, en franco exceso sobre sus facultades legalmente establecidas, y en transgresión a la lealtad que debe reinar en la actividad administrativa, obró sin el respeto del ejercicio legítimo de las respectivas competencias y atribuciones, generando así un conflicto interadministrativo, que pudo haberse evitado remitiendo las actuaciones a la autoridad competente.

Lo dicho se afianza si se revisa el expediente judicial, en el cual se muestra que la presente acción fue intentada por el conflicto y desorden causado, en primera fase por la representación judicial de la recurrente ante la jurisdicción Contencioso Tributaria, tramitándose la misma e incluso dictándose entonces sentencia definitiva al conflicto planteado por aquella jurisdicción especializada, no obstante ello, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha cuatro (04) de abril de 2006, declaró incompetente a dicha jurisdicción para conocer y ordenó remitir las actuaciones a los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos (ver folios 264 al 280 del expediente judicial, pieza II), con base en los siguientes argumentos:

(…) aprecia esta Sala que la consideración de argumentos esgrimidos por Comercial Científica C.A., para obtener la nulidad de la Resolución No. 1182, ya descrita, exige el análisis de disposiciones que regulan esencialmente la actividad de la Administración Tributaria esencialmente en el derecho administrativo y no propiamente Fiscal, en tanto que se refieren a los requisitos previstos entonces Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio para ejercer actividades económicas en jurisdicción del Municipio Chacao – actividades que solo pueden desarrollarse dentro del ámbito local previa emisión de un acto administrativo de naturaleza autorizatoria-, y a la normativa sobre zonificación, especialmente a aquella que regula el uso asignado al inmueble (…)

(…) observa esta sala que el estudio y posterior decisión del recurso de nulidad interpuesto amerita el conocimiento de específicos conceptos e instituciones del Derecho Administrativo, especialmente en ramas de Urbanismo y Planificación (…)

Por lo que mal puede entenderse entonces que haya sido competente la Dirección de Administración de Rentas Municipales de Chacao para dictar un acto que por su naturaleza requería un análisis y estudio de conceptos e instituciones propias del derecho urbanístico y no fiscal, hecho ese que sin lugar a dudas ratifica la competencia de la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Chacao para conocer y decidir acerca de la integración de parcelas solicitada, cumpliendo previamente los lineamientos esbozados con anterioridad, tales como el análisis urbanístico y la consulta popular. Y así se declara.-

Por todo lo expuesto, es forzoso para quien decide en aras de garantizar la tutela judicial efectiva que asiste a las partes y el derecho a una justicia breve, eficaz y oportuna, tramitada sin dilaciones indebidas, una vez declarada como fue la incompetencia de la Dirección de Rentas Municipales del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, para dictar el acto sometido a control, resaltar que dada la naturaleza del presente fallo, resulta inoficioso, revisar el resto de los alegatos contenidos en el escrito recursivo, toda vez que la consideración que sobre estos se haga en nada cambiarían el contenido de la presente decisión.

Por último, con respecto a la solicitud de ampliación de la licencia de industria y comercio identificada con el No. 03.2.10.000035 del Instituto Médico La Floresta, este Tribunal advierte que dados los términos en que fue dictado el presente fallo, es decir, ante la ausencia de un análisis de fondo sobre el asunto controvertido, entiéndase la integración de las parcelas solicitada, resulta inapropiado emitir un pronunciamiento al respecto, toda vez que el único pronunciamiento emanado de la Dirección de Ingeniería Municipal que pareciera existir según se desprende de los autos, es un acto administrativo a tenor del cual se ordena la paralización de unas construcciones presuntamente ilegales que pretendieron unir dos parcelas, situación que se explica si consideramos que para la realización de cualquier construcción se requiere la permisología necesaria, no obstante, no se evidencia un pronunciamiento expreso y motivado por parte de la Dirección de Ingeniería Municipal con respecto a la integración de las parcelas cuya extensión se pretende, lo que hace forzoso para este Tribunal advertir al ente recurrido que para dar respuesta a la solicitud planteada deberá analizar si las parcelas cuya integración fue solicitada cumplen previa consulta popular, con los requisitos objetivos que previó el artículo 6 de la Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Chacao, máxime cuando el uso a implementar sobre las mismas no implica la incorporación de una actividad nueva y distinta a la que ya se viene desarrollando bajo el amparo de la permisología otorgada por el municipio sobre una de las parcelas involucradas, y así se declara.-

De igual forma, y como quiera que es un hecho público, notorio y comunicacional que a la fecha el Instituto Médico la Floresta, se encuentra funcionando en las parcelas cuestionadas, es claro que persiste la intención de materializar la integración de las mismas, circunstancia que debería ser conocida por el ente recurrido, y que impone a quien aquí decide por razones de orden público el deber de exhortarle para que previo cumplimiento del procedimiento descrito emita un pronunciamiento al respecto, aclarando que en la presente decisión en modo alguno se encuentra este Tribunal legitimando un uso distinto al establecido en la ordenanza para las parcelas afectadas por el acto recurrido, pues en consonancia con lo expuesto y a los solos efectos nomofilácticos y pedagógicos, dada la especialidad de la materia urbanística, en la resolución de conflictos de ésta naturaleza, la actividad administrativa no debe limitarse a los aspectos formales del acto, sino que debe ir mas allá de ello, y analizar en el plano real las necesidades de la población que se acrecientan como consecuencia del incontenible crecimiento demográfico; de allí que tales decisiones no deben quedar a la diestra del funcionario de turno, pues ello se presta para la existencia de situaciones de corte irregular como son la desviación de poder o incluso actos de corrupción, recordemos que nadie más que la comunidad pueda determinar cuáles son sus verdaderas necesidades, por lo que se debe propender en la gestión administrativa, en acatamiento al constitucionalizado principio de Participación Ciudadana, a fortalecer la intervención de la comunidad y demás expresiones del poder popular en estos aspectos, utilizando para ello las herramientas que al respecto nos trae la legislación nacional. Y así se declara.-

En consecuencia, dadas las razones de hecho y de derecho esbozadas con anterioridad, es forzoso para quien decide declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Comercial Científica C.A., suficientemente identificada en autos en contra de la decisión contenida en la Resolución No. Nº 1182, de fecha 22 de junio de 2001, emanada de la Dirección de Liquidación de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda. Y así se decide.-

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida de amparo cautelar interpuesto por la Sociedad Mercantil COMERCIAL CIENTÍFICA C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 1º de julio de 1949, bajo el Nº 722, Tomo 3-D, representada por el ciudadano O.K.M., titular de la cédula de identidad Nº 6.974.246, debidamente asistido por la abogada P.M.S., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 58.810, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 1182, de fecha 22 de junio de 2001, emanada de la Dirección de Liquidación de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda; y en consecuencia:

Se ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 1182, de fecha 22 de junio de 2001, emanada de la Dirección de Liquidación de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.

Se DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de la licencia de industria y comercio identificada con el No. 03.2.10.000035, otorgada al Instituto Médico La Floresta, para el desempeño de actividades comerciales en la parcela identificada con el número catastral 210/03-09, de conformidad con la motiva del presente fallo.

Visto el particular anterior se exhorta por razones de orden público a la Alcaldía del Municipio Chacao, que emita un pronunciamiento sobre la solicitud de integración de las parcelas identificadas en el presente fallo, siguiendo para ello las premisas que se contienen en su parte motiva.

Dada la especial naturaleza del presente fallo, NO EXISTE condenatoria en costas.

Se ORDENA publicar la presente decisión en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE

Debidamente firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, con sede en el Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, a los veinte ( 20 ) días del mes de octubre de dos mil once (2.011). Años 201° de la independencia y 152° de la federación.

DR. A.G..

EL JUEZ,

ABG. HERLEY PAREDES

SECRETARIA,

En la misma fecha, y siendo las __________________ se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº _______________.

ABG. HERLEY PAREDES

SECRETARIA,

Exp. N° 05413

AG/HP/jv.