Decisión nº 0729-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 4 de Julio de 2014

Sin Lugar la Solicitud de Nulidad de Acta de Ejecución Forzosa, planteada por los actores, ya que dicha acta cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 188 y 189 del Código de Procedimiento Civil.-

Sin Lugar la oposición planteada por el tercero opositor.-

Se condena en costas al tercero opositor, conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.- (Omissis) (F-44 al 51).-

De la Apelación

En diligencias de fechas 8 y 10 de Abril de 2014, la apoderada actora y la parte demandada respectivamente, apelaron de la anterior decisión.-(F-53 y 54).-

Por auto de fecha 11 de Abril de 2014, se oyen las apelaciones en un solo efecto y se ordena remitir a esta Alzada las presentes actuaciones.- (F-55).-

De las actuaciones ante esta Alzada

Se recibieron las actuaciones en esta Alzada, en fecha 07 de Mayo de 2014 y por auto de esa misma fecha se fijó la causa para Informes.- (F-58).-

La apoderada actora en fecha 23 de Mayo de 2.014, presentó escrito de Informes en los cuales entre otras cosas señaló:

Que, las infracciones a la Ley de Sentencia Interlocutoria del 03 de Abril de 2.014:

1) Infringió el ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que en su decisión omitió pronunciamiento solicitado en relación a la solicitud de verificar la falta de cualidad con que actuó el abogado Á.B., como tercero, la misma adolece del vicio de incongruencia negativa.-

2) La falta de aplicación de una norma, al aplicar los artículos 10, 533 y 607 del Código de Procedimiento Civil, al presente procedimiento, por cuanto, la oposición interpuesta se basa y alega en lo establecido en el artículo 546 de la norma, siendo que la misma contiene el procedimiento a seguir con sus respectivas articulación probatoria.-

3) Violentó los procedimientos legales establecidos, según lo establecido en el Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no darle aplicación a lo establecido en el Artículo 546 del Código de Procedimiento Civil.-

4) Establece la sentencia hoy apelada , que al Abogado Á.B., “no necesitaba poder por cuanto solo asistió a la Ciudadana R.Z., como tercero opositor”; violentando con ello el principio de la Sala Constitucional que ha dejado por sentado que contra las medidas ejecutivas, no existe la previsión legal de la oposición por parte del ejecutado, por lo que éste, es quien debe cumplir con la sentencia.-

5) Al ser la ejecutada Presidente de la Empresa Posada Turística Mi Estancia, la misma se convierte en detentadora del bien en nombre de la ejecutada, la cual imposibilita a la referida de ejercer el derecho de acción como tercero.-

6) Siendo que al ser la ejecutada y su apoderado judicial parte en el presente juicio, por vía de consecuencia carecen de cualidad para ejercer acción de oposición como un tercero de forma directa o indirecta, incurriendo con ello en un fraude a la ejecución de la sentencia.-

7) El auto hoy apelado estableció preferencia hacia la ejecutada, al manifestante otorgarle una cualidad de tercero no establecida en el artículo 370 de la norma, incurriendo en falsa aplicación de la misma.-

8) Más grave aún cuando acuerda facultades no establecidas por la Ley, al permitir a la ejecutada convertirse a su vez como un tercero opositor dentro del mismo proceso.-

9) El auto apelado desconoció y omitió que al existir un vicio en el derecho de acción por parte de los opositores, imposibilitaba de conocer el mérito del asunto debatido o al Juez Ejecutor, ante dicha situación estaba obligada a declarar la inadmisibilidad de la acción, por esta causa y no por “no presentar pruebas como en efecto lo hizo”.-

10) La violación por desaplicación del Artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, por parte de la Juez ejecutora, vicio de nulidad el procedimiento de ejecución forzosa del 12/02/2014, por la falta de adecuación de los actos realizados respecto del supuesto normativo que los contempla, resultando sumamente contradictorio que la ejecutada oponiéndose a la medida en función a lo establecido en el Artículo 546 de la norma, la Juez de Ejecución la desaplique en los siguientes aspectos:

1. La Juez de Ejecución no verifico en el acto si la referida empresa y el apoderado de la demandada poseían cualidad alguna para proponer una acción de oposición por tercero, generando con ello un vicio en el derecho de acción.-

2. No verificó dentro del Acta Constitutiva de la Empresa Posada Turística Mi Estancia C.A., que la ciudadana demandada, es Socia-Presidenta de la misma.-

3. No verificó que la Empresa Posada Turística Mi Estancia C.A., tiene data de Registro del 7 de Agosto del 2012, fecha posterior a la admisión de la presente demanda el 6 de Agosto de 2012, por el Juzgado del Municipio Mariño, lo cual constituye prueba inequívoca de que estamos en presencia de un fraude a la verdadera ejecución.-

4. El Abogado solicitante de la Acción de Oposición de tercero, actuando en el acto como “asistente de la demandada”, no presentó tampoco instrumento Poder que le acreditara para representar a la Empresa Posada Turística Mi Estancia C.A.-

5. Muy grave que la Juez Ejecutora incluyo en esta acción de oposición la figura del “tercero mercantil”, abrogándole al apoderado de la demandada una cualidad que no tiene para representar la mencionada empresa, por cuanto eso no fue solicitado ni alegado por el referido abogado durante el acto, quien sostuvo siempre que asistía a la demandada y no a la referida empresa.-

6. La Juez de Ejecución subvirtió las reglas del procedimiento con expresa prohibición del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, el tercero que pretenda oponerse a la ejecución debió demostrar no la posesión del bien que alega le pertenece, si no que debió probar el derecho de propiedad mediante la presentación ante el Tribunal de Prueba fehaciente del cual pueda comprobarse tal alegato, dos extremos establecidos en el artículo 546 de CPC.-

7. Como faltó una de esas exigencias legales, la oposición no debió haber prosperado dado que ni a las partes ni a los Jueces les está dado subvertir las reglas del procedimiento, tal como lo hizo la Juez de Ejecución.-

8. Al haber aceptado la Juez Ejecutora la oposición suspendiendo la medida sin cumplir los requisitos exigibles dispuesto en el artículo 546 del CPC, el acto de ejecución del 12 de Febrero de 2014, se vició de nulidad absoluta, no susceptible de convalidación, ni siquiera con el consentimiento expreso de las partes por mandato expreso del artículo 212 ejusdem.-

9. Invocó el contenido del artículo 546 del CPC.-

10. El Acto de fecha 12 /02/2014, generó un verdadero caos procesal, al imponerse un procedimiento de ejecución no contemplado en la Ley, que vulneró el derecho de los actores a la satisfacción del derecho reconocido por la Sentencia.-

11) Sin pronunciamiento alguno sobre la denuncia de fraude por esta acción de oposición de la ejecutada y su apoderado judicial, la sentencia interlocutoria del 03 de Abril de 2014, le negó a los actores recursos establecidos en la Ley y que pueden ser ocasionados en cualquier grado y estado de la causa, dado que el fraude quebranta el orden público, generándose con ello denegación de justicia por parte del Tribunal de la Instancia, contrariando lo establecido en el artículo 17 de la norma, que facultaba y obligaba a la Juez a tomar “todas las medidas necesarias establecidas en la Ley, tendentes a prevenir o a solucionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso”.-

12) Se subvirtió el orden procesal y se atentó contra la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada; la cual tiene el carácter de irrevocable, puesto que frente a la resolución definitiva, no cabe ya a las partes probar lo contrario; todo lo cual se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso,, lo cual genera la ejecución de sentencia.-

13) Dejo la ejecución librada a la voluntad de la demandada, para que ésta cumpla, cunado y como quiera.-

14) Bajo una errónea interpretación de la sentencia a juicio de los actores pareciera que el Tribunal Ejecutor se acogió al criterio de que la decisión de la Asamblea de Socios que generó esa demanda, es que la demandada hiciera entrega de la Presidencia de la Empresa, cuando realmente la decisión de la Asamblea fue nombrar una nueva directiva y con ello designar un nuevo Presidente, por lo que acatar la Decisión Societaria no es entregar la Presidencia, significa posicionamiento de la nueva Directiva en sus cargos, que trae como consecuencia final el cese de las atribuciones de la demandada como Presidenta de la Empresa y la entrega formal y material del cargo a su sucesor designado por la Asamblea, con su respectiva Acta de entrega.-

15) Violenta el principio de la Ejecución de Sentencia ante la necesidad del afectado de tener que promover nuevas acciones para obtener la satisfacción completa de sus derechos e intereses reconocidos por sentencia firme.-

16) El auto apelado, al momento de valorar los medios de prueba presentado por la parte actora, para rebatir todo cuanto expuso la ejecutada y su apoderado, estableció sorprendentemente que “de las pruebas aportadas por la parte actora, se evidencia que las mismas fueron consignadas en el juicio principal, en fecha posterior al pronunciamiento de la sentencia, la cual no fue apelada por las partes, en su oportunidad legal, ni solicitaron aclaratoria alguna sobre la misma, lo que le otorga a dicha sentencia el carácter de cosa juzgada; por lo que mal podrían traer a juicio elementos de prueba que debieron ser consignados durante el lapso probatorio del proceso”, negándolas todas y cada una de ellas sin tomar en consideración que este procedimiento sobrevenido, nacido por una fraudulenta oposición, tiene libertad de prueba, que si bien la Juez debió declarar la inadmisibilidad de la acción por la falta de legitimatio ad causam o cualidad, que trajo consigo un vicio en el derecho de acción, imposibilitándola a conocer el mérito del asunto debatido, lo hizo; resultando contraproducente, contradictorio e ilegal que inclusive los actores pidieron hacer mérito reprueba presentadas por la Ejecutada y su apoderado en el acto de ejecución de fecha 12/02/2014, que la misma declaró en la interlocutoria apelada “pruebas pertinentes”, ahora resultaron desechadas porque los actores las hicieron valer bajo el principio de la comunidad de prueba; con ello se violentó el derecho a la defensa( Artículo 49 de la Carta Magna).-

Que, solicitó finalmente:

1) Declare Con Lugar la presente apelación.-

2) Declare NULA la Sentencia Interlocutoria de fecha 03 de Abril de 2014. emitida por el Juzgado del Municipio Mariño en la presente causa.-

3) Declare bajo los principios que rigen la intervención de terceros contenido en el Capítulo VII del Código de Procedimiento Civil, la falta de cualidad con que actuó la Ciudadana R.Z. conjuntamente con su apoderado, el Abogado Á.J.B. para ejercer la presente acción de oposición como un tercero en ocasión al acto de ejecución forzosa de fecha 12 de Febrero de 2014, siendo que la misma no es extraña a la causa ya que es la ejecutada pretendiendo evadir la ejecutoria de la sentencia definitivamente firme de fecha 12 de Julio de 2013.-

4) Declare como inadmisible la acción de oposición por tercero por parte de R.Z. y su apoderado Á.B..-

5) Dado que las actuaciones debe realizarse siempre de la forma prevista sin que se pueda variar por expresa prohibición del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, desde luego que ni a las partes ni a los Jueces les esta dado subvertir las reglas del procedimiento y en caso de hacerse todo lo que se realice estará viciado de nulidad, no susceptible de convalidación, ni siquiera con el consentimiento expreso de las partes, por mandato expreso del artículo 212 ejusdem; en consecuencia declare este Despacho la Nulidad del acto de Ejecución de fecha 12/02/2014.-

6) Por cuanto las acciones realizadas por la ejecutada como su apoderado, violan lo establecido en el Artículo 1702 del CPC, y fueron denunciadas como fraude procesal por ejercer como un recurso lo previsto en el 546 del Código de Procedimiento Civil, a sabiendas que no existe la previsión legal de la oposición por parte del ejecutado, inste al Tribunal de la causa a la aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la comentada norma.-

7) Se establezca incursos a R.Z. y Á.B. de la responsabilidad por los daños y perjuicios a tenor de lo dispuesto en el párrafo único, ordinal 1°, del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.-

8) Establezca las costas procesales de la presente apelación.- (F-59 al 69).-

Por auto de fecha 23 de Mayo de 2014, se fijó la causa para Observación a los Informes.- (F-71).-

En fecha 26 de Mayo de 2014, el apoderado de la parte demandada presentó escrito en el cual señaló a los fines enunciativos:

Que, consigna mediante la presente, Copia certificada constante de de dos folios útiles, Auto de fecha 05 de Mayo del 2014, emitido por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Mariño, Estado Sucre, el cual declaró TERMINADO el procedimiento de Acatamiento De Decisión Societaria intentado por los Ciudadanos Clive J.V.B. y Clive P.V.R. contra la Ciudadana R.d.C.Z.M., todo ello por haberse ejecutado voluntariamente la sentencia dictada; a tal efecto hace las siguientes consideraciones:

1. - Que por efecto del referido auto de terminación del procedimiento es inoficioso conocer de esa apelación (6060) en virtud de que no cambiara el auto firme de terminación.-

2. - Que por efecto del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, no podrá sostenerse una apelación en una ejecución que ya está cumplida y terminada.-

3. - Que proseguirla violentaría el principio de cosa juzgada que no es más que evitar que los juicios se hagan interminables.- (F-72 y 73).-

La apoderada actora presentó escrito de Observación a los Informes en los términos siguientes:

1. No consta en autos informe alguno presentado por la demandada en vista a su desistimiento a la apelación de fecha 30 de Abril de 2014.-

2. Riela en los folios 74 y 75, auto motivado del fecha 05 de Mayo de 2014, del Tribunal de la causa homologando dicho desistimiento entre otros.-

3. No consta en autos, de igual forma adhesión a la apelación por parte de la demandada, de conformidad con el artículo 301 del CPC, que tiene carácter preclusivo al lapso para intentar la acción.-

4. El día 26/05/2014, la parte demandada presenta escrito extemporáneo en donde como “auto-directores del proceso”, aspiran sea interrumpido el presente recurso.-

Invocó criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.-(F-80).-

Por auto de fecha 05 de Junio de 2014, se fijó la causa para dictar sentencia.- (F-82).-

RAZONAMIENTOS PARA DECIDIR

El presente asunto sometido al conocimiento de esta alzada versa sobre la apelación interpuesta contra una sentencia interlocutoria que declaró Primero: Sin Lugar la solicitud de nulidad del Acta de ejecución Forzosa. Segundo: Sin Lugar la Oposición planteada por el tercero opositor; y Tercero: Condena en costas al Tercero Opositor. Dicha decisión es dictada por el Juzgado A Quo, en virtud de la solicitud de nulidad del acto constante en el acta levantada por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Valdez, Mariño y Cajigal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, durante la práctica de la ejecución forzosa de la sentencia definitiva que declaró Con Lugar la demanda que por “Acatamiento de Decisión Societaria”, incoaran los ciudadanos Clive P.V. y Clive J.V.B., contra la Ciudadana R.Z.M., en dicha demanda se solicitó que la demandada hiciera entrega de la Presidencia de la Sociedad Mercantil “Servicios Turísticos La Estancia C.A”, según lo acordado mediante asamblea celebrada por la directiva de dicha Sociedad Mercantil; lo cual fue lo decidido por el Juzgado de la causa mediante sentencia definitiva.-

Se observa de las presentes actuaciones que la Apoderada Judicial de los demandantes, mediante diligencia presentada ante el Juzgado de la causa en fecha 12 de Abril de 2014, solicita:

Omissis… “Se declare la falta de cualidad con la que actuó el Abogado Á.B. para ejercer la acción de oposición y actúe en consecuencia de ello….

Se declare la nulidad del acto de ejecución de fecha 12/02/2014.-

Establezca las costas procesales”.-

Tal como se evidencia de la sentencia recurrida, la misma declaró: “Primero: Sin Lugar la solicitud

de nulidad del Acta de ejecución Forzosa. Segundo: Sin Lugar la Oposición planteada por el tercero opositor; y Tercero: Condena en costas al Tercero Opositor”…..-

Al revisar las actas procesales se observa a los folios 02 al 19, el acta levantada por el mencionado Juzgado Ejecutor de Medidas en fecha 12 de Febrero de 2014, y de la cual se pide la nulidad del acto realizado; de cuya acta se observa que el Juzgado Ejecutor de Medidas, ante la oposición realizada por el Tercero opositor y demás alegatos esgrimidos por las partes durante el desarrollo de la práctica de la medida, decidió suspender la misma.-

Ahora bien, con respecto a la oposición ejercida contra la ejecución de la sentencia, se observa que la misma la ejerce el Abogado Á.B., en su condición de Abogado Asistente de la Ciudadana R.Z., en representación de la Sociedad Mercantil “Posada Turística Mi Estancia C.A”, fundamentando su oposición en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, el cual se refiere a la Oposición de tercero en las medidas de embargo, no siendo este el caso de marras por cuanto en el presente asunto se trata de la oposición a una ejecución de sentencia, cuya norma rectora se encuentra contemplada en el artículo 376 ejusdem; el cual dispone: “Si la tercería fuera propuesta antes de haberse ejecutado la sentencia, el tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ejecutada cuando la tercería apareciere fundada en instrumento público fehaciente. En caso contrario, el tercero deberá dar caución bastante, a juicio del Tribunal, para suspender la ejecución de la sentencia definitiva.

En todo caso de suspensión de la ejecución, el tercero será responsable del perjuicio ocasionado por el retardo, si la tercería resultare desechada”.-

En ocasión a la citada norma, la otrora Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 18-5-92 estableció:

….. “En el caso bajo estudio, el supuesto de hecho contenido en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil no fue correctamente aplicado por el juez de Primera Instancia, quien admitió la tercería incoada con posterioridad al decreto de ejecución de la sentencia con fuerza de cosa juzgada dictada en el juicio principal. El tribunal de la causa tan pronto le fue presentada la demanda de tercería, debió inadmitirla por las razones anteriormente expuestas, en la doctrina transcrita como con acierto resolvió el sentenciador superior, además porque era evidente la intención del tercero de paralizar el proceso de ejecución de la sentencia firme en el juicio principal…”

Al respecto expresa el Procesalista A.B.:

Cuando se acompañare un título semejante (el que señala la norma), la sentencia del juicio principal que ya esté ejecutoriada, o que llegue a estarlo, no podrá ejecutarse sino después que haya sido desechada la tercería por sentencia definitivamente firme….

Mientras exista juicio pendiente (aunque sea su fase ejecutiva) el tercero puede intervenir, y ello no significa que pretenda se revise la cosa juzgada inter alios, contradiciendo su autoridad propia, pues dicha cosa juzgada no le es oponible a él, dado el principio de relatividad de la misma (Art. 1.395 C.C), en otras palabras, la cosa juzgada obtenida queda incólume entre las partes, pero en relación de las partes con el tercerista y respecto al mismo objeto, vendrá a ser otro el contenido de la cosa juzgada, si triunfa su pretensión. Si, hipotéticamente, el tercerista obtiene la suspensión de la ejecución y el triunfo en el juicio de conocimiento que incoa la tercería, el fallo que le es favorable tendrá prevalencia sobre el del juicio donde él intervino, pues tanto el demandante como el demandado del juicio principal (sujeto pasivo en la tercería) habrá resultado perdidoso. Idéntico resultado se daría si inicia autónomamente –luego de concluido el proceso- un juicio ordinario el ejecutante adjudicatario…

Se observa también que la recurrente, solicita “se declare la falta de cualidad con que actuó el tercero opositor en la acción de oposición en virtud de que la misma no es extraña a la causa ya que es la ejecutada pretendiendo evadir la ejecutoria de la sentencia definitivamente firme de fecha 12 de Julio de 2013”.-

En este sentido es de observar que en el caso bajo estudio, fue interpuesta una oposición a la ejecución de la sentencia, fundamentada erróneamente en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, ya que no se trata de una medida de embargo, sino de una ejecución de la sentencia tal como se evidencia de autos; y que dicha oposición ejercida no cumple con los presupuestos indicados en el artículo 376 ejusdem; amen de que quien ejerce la oposición no es un tercero ya que es la misma parte demandada en el Juicio de Acatamiento de decisión Societaria. Circunstancias éstas que hacen a todas luces, improcedente la oposición ejercida contra la ejecución de la sentencia a llevarse a cabo; y en virtud de ello, al no constar en autos el cumplimiento con lo establecido en la citada norma, mal podría admitirse la oposición ejercida contra la referida ejecución. Así se establece.-

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de nulidad del acto de ejecución de fecha 12/02/2014, fundamentada dicha solicitud en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil; es preciso hacer mención de lo establecido en el citado artículo, el cual dispone:

Art. 212.- “No podrá decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiera ella pedir la nulidad”.-

En atención a la citada norma, la doctrina jurisprudencial ha establecido lo siguiente: “El cumplimiento en general de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, por ser rama del derecho Público, interesa siempre al Orden Público; pero ello no implica que necesariamente la inobservancia de una disposición procesal afecte al orden público, es decir, lo lesione en forma que se imponga la necesidad de la nulidad de las actuaciones, pues para que pueda decretarse la nulidad es preciso que efectivamente se halle lesionado el orden público, situación que se produce cuando la disposición violada sea esencial a la validez del acto o cuando la nulidad sea ordenada por la ley”…

Así las cosas, es de resaltar que de la revisión exhaustiva del acta mediante el cual se llevó a cabo la ejecución de la sentencia y la cual fue suspendida por el Tribunal Ejecutor de Medidas, no evidencia este Juzgador de Instancia Superior que durante dicho acto se hayan lesionado los derechos de las partes ni de terceros, y menos aún normas de orden público que pudieran conllevar a una eventual nulidad de dicho acto; ya que tal y como lo observó el Juzgado A Quo en su sentencia interlocutoria de fecha 03 de Abril de 2014, el acta fue levantada cumpliendo con lo establecido en los artículos 188 y 189 del Código de Procedimiento Civil; y el acto en sí fue desarrollado conforme a derecho. Por lo que considera quien aquí suscribe que en el caso de marras no están dados los supuestos establecidos en el artículo 212 ejusdem, lo que pudiera ocasionar que se declare con lugar o procedente la solicitud de nulidad interpuesta por la recurrente. Es decir, no se evidencian en el presente asunto causales suficientes para declarar la nulidad del acto de ejecución de sentencia realizado en fecha 12 de Febrero de 2014. Así se establece.-

En este estado, es necesario señalar que en ocasión al recurso de apelación interpuesto por la Ciudadana R.Z., contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2013, dictado por el Juzgado del Municipio M.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, que decretó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva en la demanda de “Acatamiento de decisión Societaria”; este Juzgado Superior en fecha 04 de Abril de 2014, dictó sentencia interlocutoria en la cual se declaró con lugar la apelación, quedando así revocado el referido auto y declarándose ejecutada voluntariamente la referida sentencia.-

Por consiguiente, en virtud de que la oposición ejercida por el tercero opositor a la ejecución de sentencia, no cumplió con los presupuestos indicados en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, lo que conlleva a declarar inadmisible la acción de la misma; y por cuanto la nulidad solicitada no está ajustada a la norma contemplada en el artículo 212 ejusdem, toda vez que el Juzgado Ejecutor de Medidas decidió suspender la ejecución de la sentencia, en virtud “de la inexistencia física de la Sociedad Mercantil antes identificada, por consiguiente salvo mejor criterio del Tribunal de la causa”; para que se resolviera la incidencia planteada durante el desarrollo de la ejecución de la sentencia en el Tribunal de la causa, lo que no es causa de nulidad de dicho acto, es por lo que considera este operador de justicia que la presente apelación solo puede prosperar parcialmente. Y así se decide.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos es por lo que este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA:

PARCIALMENTE CON LUGAR, la apelación interpuesta por la Abogada J.B.d.V., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 23.899, Apoderada Judicial de los Ciudadanos Clive P.V.R. y Clive J.V.B., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-1.721.261 y V-7.662.718 respectivamente, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha Tres (3) de Abril de 2014, por el Juzgado de Municipio M.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.-

INADMISIBLE, la oposición interpuesta por la Ciudadana R.d.C.Z.M., titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.942.745, contra la ejecución de sentencia definitiva.-

SIN LUGAR, la solicitud de nulidad del acto mediante el cual se suspendió la ejecución de la sentencia definitiva.-

Se condena en costas al tercero opositor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil.-

Queda así Modificada la sentencia recurrida.-

Insértese, Publíquese, Regístrese, Edítese en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia y déjese copia Certificada en este Juzgado. Remítase el presente expediente al Tribunal de la Causa en su oportunidad Legal correspondiente.-

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en la ciudad de Carúpano, a los Cuatro (04) días del mes de J.d.D.M.C. (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.-

EL JUEZ,

ABG. O.R. MONASTERIO B.-

LA SECRETARIA,

ABG. N.M.G.-

Nota: Se deja constancia que en esta misma fecha Cuatro de J.d.D.M.C. (04-07-2014), siendo las 3:00 p.m, fue Publicada la presente Sentencia cumpliéndose con lo ordenado.- Conste.-

LA SECRETARIA,

ABG. N.M.G.-

Exp. N° 6060.-

ORMB/NMG.-