Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 16 de Mayo de 2012

Mi patrocinada, la sociedad de comercio MOTOMARKET C.A., no es propietaria del inmueble conformado por: una parcela de terreno identificada como Porción N°1 ubicada en la Urbanización Industrial Soco, Municipio J.F.R. (antes Distrito Ricaurte) del Estado Aragua (…) de conformidad con el documento de fecha tres (3) de julio de dos mil nueve (2009), inscrito bajo el N° 2009.1121, asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 275.4.3.1.623, Libro de Folio Real del año 2009, en el Registro Publico de los Municipios J.F.R., J.R Revenga, S.M., Bolívar y T.d.E.A., el cual anexo copia simple. Propiedad de la que no es titular como pretende la parte la actora (…)Es por lo anteriormente narrado que opongo como defensa perentoria, LA FALTA DE CAULIDAD PASIVA conforme con lo preceptuado en el primer aparte del articulo 361 del Código de Procedimiento Civil (…) por no existir identidad lógica entre la supuesta persona titular del derecho para la nulidad de venta pretendida y la persona de mi representada(…)

Visto que el apoderado judicial de la codemandado Sociedad Mercantil Motomarket C.A. en su contestación alegó que no tiene cualidad pasiva de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su representada vendió el inmueble de conformidad con el documento protocolizado en fecha 03 de Julio de 2009, inscrito bajo el número 2009.1121, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el número 275.4.3.1.623, y que acompañó en copia simple, a su escrito y que riela a los folios 163 al 166

Al respecto de la revisión de las actas procesales, se evidenció lo siguiente:

1. - la acción de nulidad de venta fue planteada por la ciudadana M.D.S.M., titular de la cedula de identidad N° V-10.459.890 debidamente representada por el abogado S.R.C.G. , inscrito en el Inprebaogado bajo el N° 47.580, contra el ciudadano C.A.D.S., mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-81.850.811 y LA SOCIEDAD MERCANTIL MOTOMARKET C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 26 de diciembre de 2002, anotado bajo el N° 62, Tomo 186-A (folios 1 al 07 y sus vueltos)

2. - Que la pretensión de la actora se circunscribe en la Nulidad del contrato de compra venta efectuada por el ciudadano C.A.D.S. a la LA SOCIEDAD MERCANTIL MOTOMARKET C.A , y protocolizada en fecha 30 de agosto de 2006 por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, S.M., Bolívar y T.d.E.A., anotado bajo el número 04, folios 158 al 162, protocolo 1°, tomo (20°).

Con respecto al referido alegato, ésta Alzada debe citar lo señalado por el procesalista patrio A.R.R., en su conocida “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987” (Vol. II, pp. 24-27), con relación al litisconsorcio, el cual expone lo siguiente:

(Omissis)

En general se dice que el proceso con pluralidad de partes origina la figura procesal del litisconsorcio, mas la doctrina moderna distingue ambas situaciones y considera que la pluralidad de partes es la situación genérica y el litisconsorcio la específica, en tal forma que si bien en todo litisconsorcio existe pluralidad de partes, en cambio, no toda pluralidad de partes constituye un litisconsorcio. No la constituye v. gr. La mera presencia de varias personas en el proceso, con autonomía de intereses, ocasionalmente unidas por una acumulación subjetiva de pretensiones diversas. Para que exista el litisconsorcio en sentido técnico, es necesario que haya un interés común de varios sujetos, determinado por la comunidad de derechos respecto del objeto de la relación sustancial controvertida, o por la identidad de fundamento jurídico o de hecho de dicha relación.

En sentido técnico, el litisconsorcio puede definirse como la situación jurídica en que se hallan diversas persona vinculadas por una relación sustancial común o por varias relaciones sustanciales conexas, que actúan conjuntamente en un proceso, voluntaria o forzosamente, como actores o como demandados o como actores de un lado y como demandados del otro. (…)

En esta definición se intenta comprender las diversas clases de litisconsorcio que reconoce la doctrina:

1. El litisconsorcio activo, cuando la pluralidad de partes se tiene solamente del lado de los demandantes. Hay varios demandantes y uno solo demandado.

2. El litisconsorcio pasivo, cuando la pluralidad de partes se tiene solamente del lado de los demandados. Hay un solo demandante y varios demandados.

3. El litisconsocrio mixto, cuando la pluralidad de partes se tiene simultáneamente de ambos lados. Hay varios demandantes y varios demandados.

4. El litisconsorcio necesario o forzoso, se tiene cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único para varios sujetos, en tal forma que las modificaciones de dicha relación o estado jurídico, para ser eficaces, deben operar frente a todos sus integrantes y, por tanto, al momento de plantearse en juicio la controversia, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación frente a todos los demás. (Arts. 146 y 148 C.P.C.).

   En estos casos y en otros semejantes, la relación sustancial controvertida es única para todos los integrantes de ella, de modo que no puede modificarse sino a petición de uno o varios de ellos frente a todos los demás y resolverse de modo uniforme para todos, por lo cual la legitimación para contradecir en juicio corresponde en conjunto a todos, aun a los que no han asumido la condición de demandados y no separadamente a cada uno de ello, siendo por tanto necesario o forzoso el litisconsorcio.

   Con respecto a lo que debe entenderse por litis consorcio pasivo necesario, la Sala de Casación Civil en sentencia No. 88 de fecha 27 de abril de 2001, expediente No. 00-327, con ponencia del Magistrado Dr. F.A., expuso que:

   “(…) el litisconsorcio necesario es imprescindible en un proceso impuesto por el carácter único e indivisible, que la relación jurídica sustantiva, tiene para todas estas partes. El hecho de que sea necesaria la concurrencia en el proceso de todas esas personas interesadas en una determinada relación jurídica, se debe a que tales personas puedan resultar perjudicadas, porque a todas éllas va a alcanzar la cosa juzgada, y de no estar todas presentes se infringiría el principio jurídico natural del proceso de que “nadie puede ser condenado y vencido en juicio sin ser oído.” (…)”

   Como puede observarse, en el caso que nos ocupa, existe un litisconsorcio pasivo necesario, pues, el objeto de la presente causa, es la nulidad del Contrato de Compra venta celebrado entre su ex cónyuge el ciudadano C.A.D.S. y LA SOCIEDAD MERCANTIL MOTOMARKET C.A, antes identificadas, por lo que, cualquier modificación, decisión o alteración que se realice sobre el mismo, operará para todos los contratantes. Y así se decide

   Ahora bien, de la revisión de las actas procesales, ésta Juzgadora logró constatar que la parte demandante Ciudadana M.D.S.M., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.459.890, al momento de incoar la demanda ante el Tribunal A Quo, por Nulidad de Compra- venta lo hizo en contra el excónyuge-vendedor, el ciudadano C.A.D.S. (vendedor) , mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-81.850.811 y la compradora, LA SOCIEDAD MERCANTIL MOTOMARKET C.A . En consecuencia, es criterio de quien juzga, que aún cuando alega que ya no es propietario del referido inmueble, esta formó parte de la cadena titulativa y traslativa de la propiedad del mismo, y por lo tanto, si tiene cualidad para formar parte del litis consorcio pasivo. Y así se decide.-

   Ahora bien, una vez resuelto los puntos previos, éste Tribunal Superior entrará a verificar si es procedente o no la demanda por Nulidad de contrato de compra venta protocolizado por ante el Registro Público de los Municipios J.F.R., J.R.R., S.M., Bolívar y T.d.E.A., anotado bajo el N° 04, Protocolo Primero , Tomo 20° en fecha 30 de agosto de 2006, y celebrado, entre el ciudadano C.A.D.S., titular de la cédula de identidad Nº E- 81.850.811, y la Sociedad Mercantil “MOTOMARKET C.A.

   Al respecto, se observó de la revisión efectuada a al libelo de demanda, la parte actora alego lo siguiente:

   -Que en fecha 02 de septiembre de 1.989, contrajo matrimonio civil, con el ciudadano C.D.S..

   - Que durante la unión matrimonial adquirieron entre otros bienes un inmueble conformado por una parcela de terreno y las construcciones que sobre ellas se encuentran edificadas, ubicado con frente a la calle Oeste de la Urbanización Industrial Soco de la ciudad de La V.e.A.; autenticado por ante la Notaria Pública de la Victoria en fecha 11 de marzo de 2004.

   - Que el Tribunal de Protección del N.N. y Adolescente del estado Aragua, decretó medidas entre las cuales esta da la orden a la Oficina Subalterna de Registro Publico de Ricaurte estado Aragua, y la Notaria respectiva de abstenerse de protocolizar a favor de cualquier persona distinta a la actora y el co-demandado C.D.S..

   - Que el vinculo matrimonial fue disuelto mediante sentencia de fecha 24 de Enero de 2006 y fue ejecutada el 24 de marzo de 2006;

   - Que luego de producirse dicha sentencia el ciudadano A.C., su cónyuge C.A.D., el ciudadano R.H.G. y su esposa, otorgan a nombre del ciudadano C.D.s. el documento definitivo de venta del inmueble constituido por la parcela de terreno que ya se había vendido; - Que luego el ciudadano C.A.D.S., vende en fecha 30 de agosto de 2006, el mismo lote de terreno a la sociedad Motomarket C.A.; y manifiesta igualmente que la venta que le hizo el ciudadano C.D.S. a Motomarket C.A., es nula por no contar con el consentimiento de la co-propietaria ciudadana M.d.S.M., y por este no tener Buena Fe;

   - Fundamenta la acción en los artículos 148, 149, 168 y 170 del Código Civil.

   Solicita que se declare la nulidad de la venta efectuada por el ciudadano C.A.D.S. a la empresa Motomarket C.A., demandados por nulidad de venta, para que convengan en que el inmueble anteriormente descrito fue adquirido durante la vigencia de la ahora extinguida relación conyugal entre la actora y el ciudadano C.A.D.S., solicita que el co-demandado convenga en que no existe en el referido documento consentimiento de su cónyuge.

   En el acto de contestación la parte Co-Demandado C.A.D.S. alego lo siguiente:

   - Rechaza, niega y contradice la pretendida demanda intentada por la actora ciudadana M.d.S.M., en virtud de que realmente el bien inmueble fue adquirido por el demandado luego de divorciado y de haber quedado definitivamente firme la sentencia de divorcio en referencia, manifiesta que la acción carece de los requisitos de procedencia para intentar la demanda de marras, alega la falta de cualidad de la actora, y que el inmueble ingresó al patrimonio del demandado luego de divorciado y el mismo lo vendió también luego de divorciado.

   Por otra parte la otra parte Co- codemandada Sociedad Mercantil Motomarket C.A. en su escrito de contestación alego lo siguiente:

   - Alegó la falta de cualidad pasiva de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que vendió en fecha 03 de Julio de 2009.

   En este sentido, esta Alzada procederá a revisar todo el material probatorio aportado por las partes en el proceso, y se constató:

   PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

   La parte actora consignó junto lo el libelo de la demanda las siguientes documentales:

   - Promueve copia certificada del acta de matrimonio, emitida por la Prefectura del Municipio Sucre del estado Aragua de fecha 02-09-1989, asentada bajo el número 317, tomo 02, de los libros respectivos, por cuanto es un instrumento público y el mismo no fue tachado este Tribunal le da pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1.359 del Código Civil, en cuanto a que de la misma se evidencia que la actora contrajo matrimonio con el codemandado C.D.S., en fecha 02 de Septiembre de 1989. así se valora.-

   - Copia certificada de documento contiene la venta que los ciudadanos A.C. y R.G. le hacen al codemandado C.D.S., autenticado ante la Notaría Pública de La V.e.A., en fecha 11 de Marzo de 2004, anotado bajo el número 61, tomo 24, y que riela en el expediente a los folios 12 y 13.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida se trata de una copia certificada de documento público y en virtud que no fue tachada en la oportunidad legal correspondiente, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado en el referido documento que en fecha 11 de marzo de 2004 los ciudadanos A.C. y R.G. vendieron al codemandado C.D.S., un inmueble conformado por una parcela de terreno y las construcciones que sobre ellas se encuentran edificadas, el terreno mide un mil trescientos diecinueve metros cuadrados con dieciséis decímetros (1.319,16 Mts.2), ubicado con frente a la calle Oeste de la urbanización Industrial Soco de la ciudad de la Victoria, municipio J.F.R.d.e.A.; y que el referido inmueble fue adquirido durante la vigencia de la unión matrimonial. Y así se decide.-

   - Promueve copia certificada de Demanda de divorcio llevado por ante el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y del el decreto de la medida cautelar innominada, que riela al expediente en los folios 15 al 22 y 37 al 40.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida se trata de una copia certificada de documento público y en virtud que no fue tachada en la oportunidad legal correspondiente, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que en fecha 05 de abril de 2005, la parte actora interpuso demanda de divorcio contra el ciudadanazo C.A.D.S.. Y que el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fecha 30 de Noviembre de 2005, decretó medida cautelar innominada y mediante oficios informó lo siguiente: 1) En cuanto al oficio número 1738 remitido a la Notaría Pública de la V.d.e.A., se informó sobre el decreto de medida innominada consistente en que esa oficina se abstenga de autenticar, reconocer y otorgar cualquier documento de resolución de contrato correspondiente al documento de resolución de contrato correspondiente al documento otorgado ante ese mismo despacho en fecha 11 de Marzo de 2004, bajo el número 61, tomo 24, sin la firma de la ciudadana M.d.S.M. autorizando tal resolución; y que en caso de ese documento de resolución fuere otorgado por ante cualquier otra Notaría Pública del País, se acuerda que esta se abstenga de estampar la nota marginal; 2) En cuanto al oficio 1739 remitido a la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., quien juzga observa que se informó sobre el decreto de medida innominada consistente en que esa oficina de registro se abstenga de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el inmueble antes señalado; y que el mismo se encuentra registrado ante esa Oficina de Registro en fecha 14 de marzo de 1997, bajo el número 1, tomo 11, protocolo primero, fecha 16 de Mayo de 1997, bajo el número 24, folios 331 al 335, tomo 8°, Protocolo Primero, y fecha 10 de Mayo de 2002, bajo el número33, folios 208 al 213, tomo 4, protocolo Primero. Y así se decide.

   - Promueve copia certificada de sentencia de divorcio dictada en fecha 24 de enero de 2006 por el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folios 22 al 25) .

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida se trata de una copia certificada de documento público y en virtud que no fue tachada en la oportunidad legal correspondiente, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado la disolución del vinculo matrimonial entre la parte actora y el co-demandado C.A.D.S. en fecha 24 de enero de 2006. Y así se decide.

   - Copia certificada de documento registrado ante esa Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 04 de agosto de 2006, bajo el número 25, folios 158 al 162, tomo decimo primero , Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 41 al 48.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida se trata de una copia certificada de documento público y en virtud que no fue tachada en la oportunidad legal correspondiente, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que en fecha 04 de agosto de 2006, se protocolizó el documento de compra venta, que fue autenticado ante la Notaría Pública de La V.E.A., en fecha en fecha 11 de Marzo de 2004, anotado bajo el número 61, tomo 24 y en el cual se evidenció que el ciudadano Giulio Castagnetti, titular de la cédula de identidad número E-82.200.804, quien actuando en representación de los ciudadanos A.C. y C.Á.D., titulares de las cédulas de identidad números V-18.264.039 y E-81.520.594 respectivamente según mandato registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Ricaurte del Estado Aragua en fecha 21 de junio de 2011, bajo el N° 28, Folio 183 del Protocolo Tercero de libros llevados por ese Registro, y los ciudadanos R.G. y B.A.d.G., titulares de las cédulas de identidad números V-15.054.581 y 16.012.304 respectivamente; dieron en venta la parte co-demandada C.A.D.S. un inmueble conformado por una parcela de terreno y las construcciones que sobre ellas se encuentran edificadas, el terreno mide un mil trescientos diecinueve metros cuadrados con dieciséis decímetros (1.319,16 Mts.2), ubicado con frente a la calle Oeste de la urbanización Industrial Soco de la ciudad de La Victoria, municipio J.F.R.d.e.A.. Y así se decide

   - Copias simples de documentos registrados ante la Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., en fecha 14 de marzo de 1997, bajo el número 1, tomo 11, protocolo primero y en fecha 16 de mayo de de 1997, bajo el N° 24, Tomo 8°, Protocolo Primero. (Folios 49 al 63)

   Al respecto, observa esta Superioridad que las referidas documentales son copias de documentos públicos y en virtud que no fueron tachadas en la oportunidad legal correspondiente, se le otorgan valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que para ese entonces dicho inmueble era propiedad de los ciudadanos A.C. y R.G. titulares de las cédulas de identidad números V-18.264.039 y V-15.054.581 respectivamente y que en los libros que lleva el Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.E.A. se estampó la nota marginal relacionada con la medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de Noviembre de 2005 por el Tribunal el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua de que se abstengan de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el referido inmueble. Y asi se decide.

   - Copia simple documento de documento registrado ante esa Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 10 de Mayo de 2002, bajo el número 33, folios 208 al 213, tomo 4, Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 64 al 70.

   Al respecto, observa esta Superioridad que las referidas documentales son copias de documentos públicos y en virtud que no fueron tachadas en la oportunidad legal correspondiente, se le otorgan valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que para ese entonces dicho inmueble era propiedad de los ciudadanos A.C. y R.G. titulares de las cédulas de identidad números V-18.264.039 y V-15.054.581 respectivamente y que en los libros que lleva el Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.E.A. se estampó la nota marginal relacionada con la medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de Noviembre de 2005 por el Tribunal el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua de que se abstengan de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el referido inmueble. Y asi se decide.

   - Copia simple documento de documento registrado ante esa Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 05 de noviembre de 2002, bajo el número 09, folios 51 al 56, tomo 4, Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 73 al 77.

   Al respecto, observa esta Superioridad que las referidas se tratan de que son copias de documentos públicos y en virtud que no fueron tachadas en la oportunidad legal correspondiente, se le otorgan valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que en los libros que lleva el Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.E.A. se estampó la nota marginal relacionada con la medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de Noviembre de 2005 por el Tribunal el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua de que se abstengan de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el referido inmueble. Así se valora.-

   - Copia simple documento de documento registrado ante esa Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 19 de julio de 2006, bajo el número 10, folios 51 al 61, tomo 7, Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 80 al 84.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida documental resulta inconducente a los fines de verificar el hecho controvertido en la presente causa, razón por la cual, se desechan del proceso. Y así se decide.

   - Copia certificada de documento registrado ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 30 de agosto de 2006, bajo el número 04, folios 19 al 20, tomo 20°, Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 85 al 90.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida se trata de una copia certificada de documento público y en virtud que no fue tachada en la oportunidad legal correspondiente, se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que el codemandado ciudadano C.A.D.S., dio en venta a la Sociedad Mercantil Motomarket C.A. un inmueble constituido por una parcela de terreno identificada como “Porción N°1 ubicada en la Urbanización Industrial Soco, calle la Bloquera, Municipio J.F.R.d.E.A., el cual tiene un área de un mil trescientos diecinueve metros cuadrados con dieciséis decímetros (1.319,16 Mts.2), y esta comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Partiendo del punto G en línea recta con una distancia de veintiún metros con veintisiete centímetros (21,27 mts) hasta llegar al punto F lindando en toda su extensión con la porción No 4 resultante de esta división; Sur: Partiendo del punto A en linea recta con una distancia de veintiún metros con veintisiete centímetros (21,27 mts) hasta llegar al punto E, lindando en toda su extensión con la calle La Bloquera; Este: Partiendo del punto G en línea recta con una distancia de sesenta y dos metros con dos centímetros ( 62,02 mts) hasta llegar al punto A, lindando en toda su extensión con la calle Oeste; y Oeste: Partiendo del punto F en linea recta con una distancia de sesenta y dos metros con dos centímetros (62.02 mts) hasta llegar al punto E lindando en toda su extensión con la porción N° 2 resultante de esta división. Y así se valora

   - Copia certificada de Acta constitutiva de la Sociedad Mercantil Motomarket C.A registrada por ante la Registro Mercantil Primero Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 26 de diciembre de 2002, anotada bajo el N° 62, Tomo 186-A, los cuales rielan a los folios riela al expediente en los folios 91 al 96

   - Copia certificada de asamblea celebrada por la Sociedad Mercantil Motomarket C.A. registrada por ante la Registro Mercantil Primero Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, 06 de abril 2004, anotada bajo el N° 55, Tomo 18-A, los cuales rielan a los folios riela al expediente en los folios 98 al 100.

   - Copia certificada de asamblea celebrada por la Sociedad Mercantil Motomarket C.A. registrada por ante la Registro Mercantil Primero Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, 08 de marzo 2005, anotada bajo el N° 25 Tomo 13-A, los cuales rielan a los folios riela al expediente en los folios 102 al 104.

   - Copia certificada de asamblea celebrada por la Sociedad Mercantil Motomarket C.A. registrada por ante la Registro Mercantil Primero Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, 30 de abril 2009, anotada bajo el N° 33 Tomo 26-A, los cuales rielan a los folios riela al expediente en los folios 105 al 106

   Al respecto, observa esta Superioridad que las referidas documentales resulta inconducente a los fines de verificar el hecho controvertido en la presente causa, razón por la cual, se desechan del proceso. Y así se decide.

   La parte actora en el lapso probatorio promovió lo siguiente:

   - Promueve copia certificada del acta de matrimonio, emitida por la Prefectura del Municipio Sucre del estado Aragua de fecha 02-09-1989, asentada bajo el número 317, tomo 02, de los libros respectivos. Con respecto esta documental esta Azada debe indicar que dicha documental ya fue analizada en líneas anteriores, otorgándole valor probatorio de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Y así se establece.

   - Copia certificada de documento contiene la venta que los ciudadanos A.C. y R.G. le hacen al codemandado C.D.S., autenticado ante la Notaría Pública de La V.e.A., en fecha 11 de Marzo de 2004, anotado bajo el número 61, tomo 24, y que riela en el expediente a los folios 12 y 13.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida ya fue valorada en líneas anteriores otorgándole valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   - Promueve copia certificada de Demanda de divorcio llevado por ante el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y del el decreto de la medida cautelar innominada, que riela al expediente en los folios 15 al 22 y 37 al 40.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida ya fue valorada en líneas anteriores otorgándole valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   - Promueve copia certificada de expediente N° 24.247 constante de sentencia de divorcio dictada en fecha 24 de enero de 2006 por el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folios 22 al 25) .

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida ya fue valorada en líneas anteriores otorgándole valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   - Copia certificada de documento registrado ante esa Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 04 de agosto de 2006, bajo el número 25, folios 158 al 162, tomo décimo primero , Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 41 al 48.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida ya fue valorada en líneas anteriores otorgándole valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   - Promueve las notificaciones emitidas por el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fecha 30 de Noviembre de 2005, mediante oficio 1738 y 1739, sobre el decreto de medida innominada a los fines que la Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A. y al Notario Público de la V.d.E.A., se abstengan de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el inmueble antes señalado.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida ya fue valorada en líneas anteriores otorgándole valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   - Promueve prueba de informes con fundamento en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de oficiar a la Oficina de Registro Publico de los municipios J.F.R., J.R.R., S.M., Bolívar y T.d.e.A., para que remitan a este tribunal copia certificada del oficio número 1.739, emitido por el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, relacionada con la medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de Noviembre de 2005 por dicho Tribunal.

   En este sentido, es importante acotar que el artículo 433 de la norma adjetiva civil, consagra lo siguiente:

   Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ella informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos…

   De la norma antes trascrita, ésta Juzgadora constata que la referida prueba una vez admitida, se ordenó librar el oficio correspondiente en fecha 16 de noviembre de 2010 (folio 203) al Registro Publico de los municipios J.F.R., J.R.R., S.M., Bolívar y T.d.e.A.

   Ahora bien, con relación a lo anterior, se pudo constatar que la mencionada prueba de informes, dicho informe se recibió ante el Tribunal Aquo en fecha 16 de diciembre de 2010, en el cual señalo lo siguiente;

   … tengo el agrado de dirigirme a usted, con ocasión al oficio N° 1400,de fecha 16 de noviembre de 2010 y recibido en este oficina el 17 del corriente mes y año, emitido de ese ente jurisdiccional y en el cual solicita: “envíe a este Tribunal copia certificada del oficio Nro 1.739, emitido al día 30 de noviembre de 2005 por el antes Juzgado de Protección de Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua…”

   …En este sentido le informo, que anexo al presente se remite Copia Certificada del instrumento solicitado…

   En este sentido, esta Superioridad observa que, de la información suministrada quedó evidenciado que efectivamente la Oficina de Registro Publico de los Municipios J.F.R., J.R.R., S.M., Bolívar y T.d.e.A., recibió oficio número 1739, emitido por el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, relacionada con la medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de Noviembre de 2005 por dicho Tribunal en el cual se le notifica que se abstenga de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el inmueble objeto del presente litigio, por lo que este tribunal le otorga valor conforme a lo establecido en los artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con los artículos 1357 y 1359 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que la Oficina de Registro Publico de los Municipios J.F.R., J.R.R., S.M., Bolívar y T.d.e.A., recibió oficio número 1739, emitido por el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, relacionada con la medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de Noviembre de 2005 por dicho Tribunal en el cual se le notificó que se abstenga de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el inmueble objeto del contrato cuya nulidad se demandó en el presente litigio. Y así se establece.

   PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE CO-DEMANDADA C.A.D.S.:

   - Promueve copia certificada de documento contiene la venta que los ciudadanos A.C. y R.G. le hacen al codemandado C.D.S., autenticado ante la Notaría Pública de La V.e.A., en fecha 11 de Marzo de 2004, anotado bajo el número 61, tomo 24, y que riela en el expediente a los folios 12 y 13.

   - Copia certificada de documento registrado ante esa Oficina Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 04 de agosto de 2006, bajo el número 25, folios 158 al 162, tomo decimo primero , Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 41 al 48.

   - Promueve sentencia de divorcio, que riela al expediente en los folios 22 al 25.

   Al respecto, observa esta Superioridad que las referidas ya fueron valoradas en líneas anteriores otorgándole valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

   DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA CO-DEMANDADA MOTOMARKET C.A.

   - Promueve copia certificada de documento público que contiene venta que hace la sociedad mercantil Motomarket C.A. al ciudadano V.M.P.R., titular de la cédula de identidad número V- 10.360.559, protocolizado ante la Oficina de Registro Publico de los municipios J.F.R., J.R.R., S.M., Bolívar y T.d.e.A., bajo el numero 2009.1121, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el número 275.4.3.1.623, libro de folio real del año 2009, y que riela al expediente en los folios 181 al 190.

   Al respecto, observa esta Superioridad que la referida documental se trata de copia certificada de documento públicos y en virtud que no fueron tachadas en la oportunidad legal correspondiente, se le otorgan valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que la codemandada la sociedad mercantil Motomarket C.A. dio en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano V.M.P.R., titular de la cédula de identidad número V- 10.360.559. Así se decide.-

   Ahora bien, una vez valorado todo el acervo probatorio constante en autos, esta Superioridad considera oportuno considerar lo siguiente:

   En la presente causa, la pretensión de la actora es la nulidad de la venta realizada sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno identificada como “Porción N°1 ubicada en la Urbanización Industrial Soco, calle la Bloquera, Municipio J.F.R.d.E.A., el cual tiene un área de un mil trescientos diecinueve metros cuadrados con dieciséis decímetros (1.319,16 Mts.2), que forma parte de la comunidad conyugal, esta es, la venta de fecha 30 de Agosto de 2006, protocolizada por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, S.M., Bolívar y T.d.e.A., anotada bajo el número 04, folios 19 al 22, protocolo 1°, tomo 20°, tercer trimestre del año 2006, alegando que no dio su necesario consentimiento.

   El principio legal establece que todos los bienes adquiridos desde la realización del matrimonio son bienes gananciales y les pertenecen a ambos cónyuges por mitad, tal como lo disponen los artículos 148 y 149 del Código Civil :

   Entre marido y mujer, sino hubiere convención en contrario, son comunes de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.

   Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula.

   Artículo 156. Son bienes de la comunidad:

   1. Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges.

   2. Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges.

   3. Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.”…

   Ahora bien, en el presente caso, se observa que la parte actora acompañó a la demanda documento donde se evidencia que contrajo matrimonio con el ciudadano C.A.D.S., en fecha 02 de Septiembre de 1989, que riela al expediente en el folio 10; asimismo, la sentencia de divorcio de fecha 24 de Enero de 2006 y la respectiva ejecución en fecha 24 de Marzo de 2006;

   Ahora bien, determinado como lo fue la naturaleza del contrato autenticado autenticado ante la Notaría Pública de La V.e.A., en fecha 11 de Marzo de 2004, anotado bajo el número 61, tomo 24., y que riela al expediente a los folios 12 y 13 del presente expediente, y que el mismo es un contrato contentivo de una venta, celebrada sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno identificada como “Porción N°1 ubicada en la Urbanización Industrial Soco, calle la Bloquera, Municipio J.F.R.d.E.A., el cual tiene un área de un mil trescientos diecinueve metros cuadrados con dieciséis decímetros (1.319,16 Mts.2); y en virtud que esta fue celebrada en fecha 11 de Marzo de 2004, y que para esta fecha existía el vínculo matrimonial que unió a la actora y al codemandado C.A.D.S., es criterio de esta juzgadora que el inmueble objeto de dicho contrato forma parte de la comunidad de bienes de los ex cónyuges. Así se decide.-

   Ahora bien, el artículo 1.141 del Código Civil, establece las condiciones requeridas para la existencia del contrato, estos son, consentimiento de las partes; objeto que pueda ser materia de contrato; y causa lícita

   Igualmente, el artículo 168 del mismo Código, establece en cuanto a la administración de la comunidad, “…Se requerirá del consentimiento de ambos para gravar los bienes gananciales, cuando se trata de inmuebles, derechos o bienes muebles, sometidos a régimen de la publicidad, acciones, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como aportes de dichos bienes a sociedades…”.

   De las normas antes transcritas se evidencia que es indispensable el consentimiento de ambos cónyuges para enajenar a título oneroso los bienes inmuebles que forman parte de la comunidad de bienes; que la falta del consentimiento de uno de ellos es causal de nulidad del contrato.

   Igualmente, el artículo 170 del Código Civil, establece que: “Los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no convalidados por este, son anulables cuando quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivos para conocer que los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal”.

   Como puede apreciarse la citada disposición contiene reglas que regulan la validez o no de de los actos jurídicos celebrados por cualquiera de los cónyuges, que afecte el patrimonio de la comunidad y su inobservancia trae como consecuencia jurídica, la anulación del documento de cuyo contrato se trate, salvo en los casos que posteriormente, algunos de los cónyuges convalide el negocio jurídico celebrado. Cabe señalar que la doctrina ha establecido que la nulidad absoluta de un contrato, no puede producir los efectos atribuidos por las partes y reconocidos por la ley, bien, porque carecen de algunos de los requisitos o elementos esenciales de existencia o porque lesionan el orden público o las buenas costumbres

   Es decir, la norma antes transcrita prevé que la falta de consentimiento de uno de los cónyuges en algún acto de disposición de los bienes de la comunidad, es causal de nulidad del mismo, siempre y cuando el adquirente del bien tenga motivos para conocer que dicho bien forma parte de la comunidad conyugal.

   Nuestro m.T.d.J., en sentencia No. RC-0472 de la Sala de Casación Civil, en fecha 13 de diciembre de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. C.O.V., expediente No. 011661, estableció el requisito de la buena fe para la procedencia de la acción de nulidad de los actos de disposición realizados sobre bienes de la comunidad de gananciales por un cónyuge sin el consentimiento del otro, expreso lo siguiente:

   Para resolver, la Sala observa:

   El artículo 170 del Código Civil establece

   Los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no convalidables por éste, son anulables cuando quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal...

   (El resaltado es de la Sala)

   Ciertamente, en la norma transcrita se concentró el requisito de la buena fe para la procedibilidad de la acción de nulidad de los actos de disposición realizados sobre bienes de la comunidad de gananciales por un cónyuge sin el consentimiento del otro, esto es que el tercero contratante tuviere motivos para conocer o saber que estaba negociando un bien para cuya disposición o enajenación se requería el consentimiento de ambos cónyuges y no obstante lo celebró con uno sólo de ellos. Este agregado legislativo como se indicó está instituido sobre la figura jurídica de la buena fe de los terceros quienes intervienen en una negociación desconociendo la existencia de situaciones o condiciones atinentes al negocio mismo o a la persona de su contratante y que legalmente afectan la validez del acto realizado.

   Del análisis de la norma comentada, se determinan los requisitos de procedibilidad de la acción de nulidad contra los actos realizados sobre bienes o gananciales de la comunidad conyugal, los cuales se traducen en: a) Que uno de los cónyuges haya cumplido un acto sin el consentimiento necesario del otro; b) Que dicho acto no haya sido convalidado por el cónyuge no actuante; y c) Que el tercero contratante lo haya sido de buena fe, entendiendo esta figura dentro de los términos ya expresados.

   De lo anterior, la Sala estima que el ad quem lejos de interpretar erróneamente el indicado artículo 170, acertadamente ajustó su conclusión jurídica al contenido y alcance de dicha norma, por consiguiente la denuncia presentada al respecto, es improcedente. Así se resuelve…(Sic).”

   Bajo el análisis del criterio antes señalado, se deduce que los (3) requisitos para la procedencia de la pretensión de nulidad de los actos de disposición realizados sobre bienes de la comunidad de gananciales por un cónyuge sin el consentimiento del otro, son los siguientes:

1. Que uno de los cónyuges haya cumplido un acto sin el consentimiento necesario del otro;

2. Que dicho acto no haya sido convalidado por el cónyuge no actuante;

3. Que el tercero contratante tuviere motivos para conocer o saber que estaba negociando un bien para cuya disposición o enajenación se requería el consentimiento de ambos cónyuges y no obstante lo celebró con uno sólo de ellos.

   Ahora bien, de la revisión de las actas procesales, pudo constatar que en fecha 30 de agosto de 2006, uno de los cónyuges el ciudadano C.A.D.S., dio en venta pura y simple, perfecta e irrevocable a la empresa Motomaket C.A., tal como se evidencia en documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, S.M., Bolívar y T.d.e.A., anotada bajo el número 04, folios 158 al 162, protocolo 1°, tomo 20°, tercer trimestre del 2006, y que riela al expediente en los folios 85 al 90, y en el documento aquí señalado, no se evidencia el necesario consentimiento que debe otorgar al vendedor su ex cónyuge la ciudadana M.D.S.M.. Por lo tanto esta juzgadora declara que la venta efectuada por el ciudadano C.A.D.S., fue otorgada sin el necesario consentimiento de su ex cónyuge y copropietaria del inmueble la ciudadana M.D.S.M.. Así se decide.-

   En el presente caso, aclarado como lo ha sido que la venta que realizó uno de los ex cónyuges, el ciudadano C.A.D.S. a la sociedad mercantil Motomaket C.A., fue realizada sin el necesario consentimiento de su ex cónyuge la ciudadana M.D.S.M.; es necesario determinar, si la codemandada la sociedad mercantil Motomaket C.A. al momento de la negociación de venta del inmueble objeto de la presente causa, tuvo motivos para conocer que dicho inmueble afectado por dicho acto pertenecía a la comunidad conyugal.

   En este sentido, se pudo evidenciar que para el momento en que la parte co-demandada Sociedad Mercantil Motomarket C.A. adquirió el inmueble perteneciente a la comunidad conyugal, existía una medida cautelar innominada dictada en fecha 30 de noviembre de 2005, por el Tribunal de Protección Del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fecha 30 de Noviembre de 2005, tal y como se evidenció de oficio 1739 recibido por la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., y de las resultas de la prueba de informe solicitada por ante el registro, los cuales rielan a los folios 40 y 205, en el cual se le informó a esa oficina de registro se abstuviera de protocolizar a favor de cualquier persona distinta al ciudadano C.D.S. y /o M.d.S., cualquier documento de venta sobre el inmueble objeto de presente litigio y de las documentales que rielan a los folios 49 al 70 y folio 73, consta que en los libros llevados por el Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.E.A. se estamparon las respectivas notas marginales sobre la medida cautelar innominada que aquí se señala sobre dicho inmueble.

   En este sentido, tomando en consideración el pronunciamiento de la medida cautelar que se hizo anteriormente, al respecto observa que cuando dicha empresa adquirió el inmueble, existía sobre dicho inmueble una medida cautelar innominada, por lo que existe pluralidad de pruebas e indicios para crear la convicción a esta Juzgadora que la codemandada sociedad mercantil Motomarket C.A para el momento de la negociación tenía conocimiento de que dicho inmueble formaba parte de la comunidad conyugal.Y así se decide.-

   En este orden de ideas, esta Superioridad debe examinar toda la normativa que regula al matrimonio y entre esta, el Artículo 168 del Código Civil, que regula la administración de los bienes comunes al establecer que para la enajenación de estos debe haber el consentimiento de ambos cónyuges, por otro lado, la institución de la familia como una célula fundamental de la sociedad y siendo definida como el espacio esencial para el desarrollo integral de las personas y protege al matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igual absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges (Artículos 75 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)y entre estos tenemos el régimen patrimonial de gananciales, donde no se permite que uno sólo de los cónyuges unilateralmente enajene bienes de esa comunidad en perjuicio del otro, tal como ocurrió en el presente caso, donde el ciudadano C.D.S., enajenó un bien de la comunidad conyugal sin el necesario consentimiento de la ciudadana M.d.S., razón por la cual esta Alzada considera que la venta celebrada entre el ciudadano C.A.D.S., y la Sociedad Mercantil Motomarket C.A. sobre el inmueble constituido por una parcela de terreno identificada como “Porción N°1 ubicada en la Urbanización Industrial Soco, calle la Bloquera, Municipio J.F.R.d.E.A., registrado ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 30 de agosto de 2006, bajo el número 04, folios 19 al 20, tomo 20°, Protocolo Primero, riela al expediente en los folios 85 al 90, está afectada de nulidad de conformidad con los artículos 168 y 170 del Código Civil, razón por la cual debe ser declarado nulo el documento registrado ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 30 de agosto de 2006, bajo el número 04, folios 19 al 22, tomo 20°, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 2006 y en consecuencia es forzoso para quien juzga declarar Con lugar la demanda. Y así se decide.

   Por todo lo antes analizado, este Tribunal Superior considera que la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, en fecha 16 de mayo 2011, no se encuentra ajustada a derecho, por lo tanto, a esta Alzada declarará CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado S.R.C.G., inscrito en el inpreabogado bajo el número 47.580, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana M.D.S.M., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.459.890, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 16 de mayo 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 170 del Código Civil, en consecuencia, se MODIFICA la decisión antes señalada solo en lo que respecta particular tercero de la dispositiva en la cual declara sin lugar la presente demanda siendo lo correcto declarar con lugar la demanda interpuesta por la parte actora en la presente causa . Y así se decide.

   5. DISPOSITIVA

   Con fundamento en las consideraciones de hecho, derecho jurisprudencial ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el abogado S.R.C.G., inscrito en el inpreabogado bajo el número 47.580, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana M.D.S.M., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.459.890, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 16 de mayo 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria.

SE MODIFICA, la decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria solo lo que respecta al punto tercero de la dispositiva. En consecuencia:

SIN LUGAR la falta de cualidad, opuesta por el codemandado C.D.S. mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-81.850.811

SIN LUGAR la falta de cualidad opuesta por el codemandado la SOCIEDAD MERCANTIL MOTOMARKET C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 26 de diciembre de 2002, anotado bajo el N° 62, Tomo 186-A y según acta de asamblea general extraordinaria de fecha 06 de abril de 2004, asentada bajo el N° 55, Tomo: 18-A.

CON LUGAR la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA, interpuesta por el abogado S.R.C.G., inscrito en el inpreabogado bajo el número 47.580, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana M.D.S.M., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.459.890, contra C.A.D.S., mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-81.850.811 y LA SOCIEDAD MERCANTIL MOTOMARKET C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 26 de diciembre de 2002, anotado bajo el N° 62, Tomo 186-A

SE DECLARA LA NULIDAD del documento de compra-venta protocolizado ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., de fecha 30 de agosto de 2006, bajo el número 04, folios 19 al 22, tomo 20°, Tercer Trimestre del año 2006. Protocolo Primero de los Libros llevados por dicho Registro, sobre el inmueble constituido por una parcela de terreno identificada como “Porción N°1 ubicada en la Urbanización Industrial Soco, calle la Bloquera, Municipio J.F.R.d.E.A., el cual tiene un área de un mil trescientos diecinueve metros cuadrados con dieciséis decímetros (1.319,16 Mts.2), y esta comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: Partiendo del punto G en línea recta con una distancia de veintiún metros con veintisiete centímetros (21,27 mts) hasta llegar al punto F lindando en toda su extensión con la porción No 4 resultante de esta división; Sur: Partiendo del punto A en linea recta con una distancia de veintiún metros con veintisiete centímetros (21,27 mts) hasta llegar al punto E, lindando en toda su extensión con la calle La Bloquera; Este: Partiendo del punto G en línea recta con una distancia de sesenta y dos metros con dos centímetros ( 62,02 mts) hasta llegar al punto A, lindando en toda su extensión con la calle Oeste; y Oeste: Partiendo del punto F en linea recta con una distancia de sesenta y dos metros con dos centímetros (62.02 mts) hasta llegar al punto E lindando en toda su extensión con la porción N° 2 resultante de esta división.

Líbrese oficio al Registro Público de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolívar y T.d.e.A., remitiéndose copia certificada de la presente sentencia, a los fines que proceda a estampar la correspondiente nota marginal.

se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

no hay condenatoria en costas por la interposición del presente recurso.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2012. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

LA JUEZ SUPERIOR TITULAR,

DRA. C.E.G.C.

LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO.

En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 3:00 de la tarde.-

LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO

CEGC /LC/fa.-

EXP. 17.049-11