Decisión de Tribunal Segundo Superior del Trabajo de Bolivar, de 27 de Octubre de 2016

En fecha trece (13) de julio del año dos mil once (2011), fue presentado escrito contentivo de actuaciones relativas a RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD propuesto por la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A., representada judicialmente por el ciudadano ZADDY RIVAS SALAZAR, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 65.552, contra el Acto Administrativo de efectos particulares CERTIFICACION contenida en Oficio Nº 0259-10, de fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010), emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, DIRESAT BOLÍVAR Y AMAZONAS.

Mediante decisión de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), este Tribunal Superior se declaró incompetente para conocer de la presente causa, declinando dicha competencia en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, quien por auto de fecha tres (3) de agosto del mismo año, admitió el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, ordenando notificar mediante oficio al DIRECTOR DE LA DIRESAT DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), AL PRESIDENTE DE DICHO INSTITUTO, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA y al ciudadano M.A.G.D., en su condición de beneficiario del Acto Administrativo impugnado en nulidad.

Por diligencia de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), la abogada M.B.V., apoderada judicial de la empresa recurrente, solicita copias simples del libelo de demanda, del acto impugnado y del auto que admite el recurso.

Mediante decisión de fecha cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012), el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, declina la competencia para el conocimiento de la presente demanda de nulidad, en el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.

Recibida las actuaciones, por auto de fecha catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012), quien suscribe se abocó al conocimiento del asunto, ordenando notificar al DIRECTOR DE LA DIRESAT DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), al PRESIDENTE DE DICHO INSTITUTO, a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y a la FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En fecha siete (7) de junio de dos mil doce (2012), la abogada M.C.B.V., apoderada judicial de la empresa recurrente, solicitó sea practicada la notificación del ciudadano M.A.G.D., en su condición de beneficiario del acto recurrido, petición que acordada por auto de fecha ocho (8) del citado mes y año.

En fecha veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación (negativa) que se le hiciera al ciudadano M.G., ordenándose por auto de esa misma fecha librar oficio al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para que suministre información sobre la dirección del citado ciudadano.

En fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil trece (2013), este Tribunal Superior dio por recibida la comisión proveniente del Juzgado Sexto (6º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de la cual se evidencia que en fecha seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012), fue consignada de forma positiva por el Alguacil de ese Tribunal, las notificaciones ordenadas al Presidente del INPSASEL y de la Fiscal General de la República; y en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013), fue consignada de forma positiva la notificación ordenada a la Procuraduría General de la República.

En fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación positiva que se le hiciera a la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A.

Mediante diligencia de fecha tres (3) de abril de dos mil trece (2013), el abogado ZADDY RIVAS, apoderado judicial de la empresa recurrente, indicó dirección del ciudadano M.G., para su notificación, la cual fue ordenada nuevamente por auto del día nueve (9) del citado mes y año, consignando el Alguacil del Tribunal en fecha doce (12) de junio de dos mil trece (2013), en forma negativa, dicha notificación, librándose nueva boleta de notificación por auto librado el dos (2) de julio de dos mil trece (2013).

En fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación negativa que se le hiciera al ciudadano M.A.G..

Por auto de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce (2014), se ordenó librar cartel de emplazamiento al ciudadano M.G., para ser publicado en el Diario de Guayana; y asimismo, se ordenó notificar a la empresa CVG BAUXILUM, C.A., para imponerla de la obligación a que se contrae el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha veintiuno (21) de abril de dos mil catorce (2014), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación positiva que se le hiciera a la empresa CVG BAUXILUM, C.A.

Mediante diligencia de fecha veintidós (22) de abril de dos mil catorce (2014), el abogado ZADDY RIVAS, apoderado judicial de la empresa CVG BAUXILUM, C.A., recibe el cartel de emplazamiento librado al ciudadano M.G..

Mediante decisión interlocutoria de fecha siete (7) de octubre de dos mil catorce (2014), este Tribunal Superior dejó sin efecto el auto y cartel de emplazamiento, librados en fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce (2014), ordenando por auto del día seis (6) de mayo de dos mil quince (2015), la notificación de la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A., para hacer de su conocimiento de la decisión dictada, y de la necesidad de darle continuidad a la causa.

En fecha doce (12) de junio de dos mil quince (2015), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación positiva que se le hiciera a la empresa CVG BAUXILUM, C.A.

En fecha doce (12) de junio de dos mil quince (2015), la ciudadana O.P., inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 183.401, en su condición de apoderada judicial de la empresa recurrente C.V.G. BAUXILUM, C.A., presentó diligencia que cursa al folio setenta (70) de la segunda pieza del expediente, mediante la cual solicitó la notificación por carteles del ciudadano M.A.G., lo cual fue acordado por auto de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015).

En fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), la ciudadana O.P., ya identificada, presentó diligencia que corre inserta al folio ochenta (80) de la segunda pieza del expediente, mediante la cual Desiste del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, procediendo este Tribunal Superior a negar su homologación, por decisión de fecha treinta (30) de junio de dos mil quince (2015).

En fecha ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), este Juzgado Superior, dictó auto mediante el cual se insta a la parte recurrente a darle el debido impulso a la causa y así evitar dilaciones en el proceso.

Efectuado el recuento de las actuaciones procesales relevantes ocurridas en este expediente, procede este Tribunal Superior a verificar si en el caso sub examine se verificó de pleno derecho la perención de la instancia, para lo cual hace las siguientes consideraciones:

III

Punto Previo Único:

DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA

La Perención de la Instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el Juez de la Causa, y que ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patrias, como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación jurídica, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la Ley.

En este sentido, el procesalita A.R.R., en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, define la figura de la perención así:

En nuestro derecho, la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.

Esta definición destaca:

Para que la perención se produzca, requiérase la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa y omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez puede producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso.

La actividad del juez –dice Chiovenda- basta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir acto de desarrollo del proceso.

La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente, una condición temporal, de la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año (…)

(Rengel Romberg, Aristides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, pp. 372-373, Editorial Arte, Caracas, 1.994).

En este orden, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha asumido un criterio interpretativo con respecto a la institución de la Perención de la Instancia, el cual fue desarrollado mediante decisión Nº 2673 del catorce (14) de diciembre del año dos mil uno (2001), en la cual precisó la Sala acerca de la mencionada institución, lo siguiente:

(Omissis...) Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia e, inclusive, del hoy Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para aplicarlo a los procedimientos que por ante dicha Sala cursaban.

Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez.

Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye la última actuación de las partes en relación con la controversia, puesto que, cuando estos han sido presentados y el tribunal dice vistos, el juicio entra en etapa de sentencia y ningún otro sujeto procesal distinto del juez, tiene la posibilidad de actuar. En otras palabras, cuando en el proceso administrativo es vista la causa, las partes ya no pueden realizar actos de procedimiento, por lo que resultaría un desacierto sancionarlas con la perención de la instancia, por una inacción no imputable a las mismas, resultando elemental que si el legislador confina la última actuación de las partes al acto de informes, no podría al mismo tiempo requerirles actuaciones posteriores a este.

...(omissis)...

En efecto, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su labor interpretativa de la Constitución, se pronunció sobre la imposibilidad de declarar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa, cuando no cumpliera con su obligación de sentenciar en los términos señalados en las leyes, paralizando con ello la causa, pues, sólo cuando la paralización sea incumbencia de las partes, podrá ocurrir la perención, razón por la cual debe considerarse que la sentencia recurrida se ha apartado abiertamente de la interpretación mencionada, en perjuicio de los derechos constitucionales de las compañías recurrentes a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, tal como fue expresado anteriormente, en salvaguarda de quienes tuvieren causas paralizadas pendientes de decisión ante esta Sala y otros tribunales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de la confianza legítima, esta Sala Constitucional determinó que el juez podrá declarar, de oficio o a instancia de parte, la extinción de la acción, previa notificación del actor, para que concurriese en el término fijado para ello, a desvirtuar la presunción de abandono que, hasta ese momento, revelara su inactividad en obtener una decisión que pusiera fin al proceso (...).

(Cursiva, negrita y subrayado de esta Alzada).

De lo anterior se deduce, que la perención de la instancia sanciona la inactividad de las partes, siempre y cuando éstas estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio y no lo hagan, aún en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponda únicamente al juez, salvo en los asuntos en que el Tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia.

En este orden de ideas, es importante para esta Juzgadora destacar el contenido del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que a continuación se transcriben:

Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

(…omissis…)

. (Subrayado del Tribunal).

Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.

Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria

.

De las referidas normas se deduce que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a menos que el impulso del proceso corresponda hacerlo al Juez o Jueza, por estar en la obligación de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia o la admisión de pruebas; así mismo, dispone la norma contenida en el artículo 267 comentado, que después de vista la causa por el Juez, no opera la perención, la cual, conviene acotar, opera de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, una vez consumada, tal como lo dispone el artículo 269, ejusdem, aplicable a este procedimiento por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

A este respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 01511 dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), en el caso PROSEGUROS, S.A., contra el silencio administrativo en que incurrió el “MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS” (hoy Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas), estableció:

La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010), estableció la figura de la perención en su artículo 41, en los siguientes términos:

Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.

Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria

.

La disposición antes transcrita, prevé como supuesto el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes para declarar la perención de la instancia, estableciéndose de forma expresa excepciones a tal declaratoria, específicamente en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez emitir pronunciamiento, a saber: la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.

(Omissis…)

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes esbozadas, es evidente para esta Sala que ha transcurrido más tiempo del lapso de un (1) año previsto en el artículo antes transcrito, por lo tanto se impone declarar que en el presente caso se ha visto consumada la perención y, por ende, extinguida la instancia. Así se decide” (Cursivas, negrillas y subrayados del Tribunal).

Así pues, aplicando las disposiciones y los criterios jurisprudenciales antes transcritos al caso concreto, y de un estudio pormenorizado de las actas procesales, se observa con meridiana claridad que desde el día veintidós (22) de abril de dos mil catorce (2014), cuando la representación judicial de la empresa recurrente consignó diligencia recibiendo el cartel de emplazamiento librado al ciudadano M.G., hasta el día doce (12) de junio del año dos mil quince (2015), oportunidad en la cual la abogada de la empresa recurrente, presentó diligencia solicitando la notificación por carteles del prenombrado M.A.G.; transcurrió exactamente un (1) año, un (1) mes y veintiún (21) días, sin que conste alguna actuación o diligencia por parte de la recurrente de autos, orientada a impulsar el proceso. Así mismo, desde el dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), fecha en la cual la representación judicial de la empresa recurrente presentó diligencia desistiendo del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, hasta el día de hoy, veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016), se cumplió un tiempo de un (1) año, cuatro (4) meses y once (11) días, sin haber ocurrido igualmente, algún acto de procedimiento, tendiente a impulsar la presente causa.

Lo anterior permite concluir a este Tribunal Superior, que la parte recurrente en nulidad ha mantenido una posición totalmente pasiva a lo largo de este procedimiento, denotando con ello un manifiesto desinterés en la consecución de la causa bajo estudio, toda vez que ha dejado de realizar actuaciones en el expediente que impulsen la actividad procesal, al punto que desde el dieciséis (16) de junio del año dos mil quince (2015), hasta el presente, no ha consignado ninguna diligencia tendiente a lograr el desarrollo o la continuidad del presente litigio; observando igualmente esta Juzgadora, que la causa sub examine se encuentra en fase de notificación del ciudadano M.A.G., en su condición de parte en el proceso.

En consecuencia, al constatarse dentro de los periodos anteriormente señalados, el transcurso de más de un (01) año sin actividad procesal, se demuestra falta de interés Procesal del recurrente, por lo que opera de pleno derecho la Perención de la Instancia, por cuanto se ha superado con creces el lapso de un (01) año, al cual se contrae la norma procesal prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin que la parte actora en nulidad haya realizado actuación alguna a los fines de impulsar el presente procedimiento; resultando forzoso para éste Tribunal Superior, declarar la Perención de la Instancia en la presente causa. Así se decide.-

IV

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos precedentemente establecidos, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

UNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, propuesto por la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A., representada judicialmente por el ciudadano ZADDY RIVAS SALAZAR, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 65.552, contra el Acto Administrativo de efectos particulares CERTIFICACION contenida en Oficio Nº 0259-10, de fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010), emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, DIRESAT BOLÍVAR Y AMAZONAS; y como consecuencia de ello, EXTINGUIDA LA INSTANCIA.

Se ordena notificar a la parte recurrente de la presente decisión. Líbrese Boleta.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia, con copia certificada de la misma, a la Procuradora General de la República, transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificada, y una vez notificada la parte recurrente, se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

La presente decisión está fundamentada en los artículos 2, 19, 26, 27, 49, ordinal 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 12, 15, 233, 242, 243, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, y en los artículos 31 y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y remítase el expediente al Tribunal de la causa.

Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, Municipio Caroní, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-

LA JUEZA SUPERIOR SEGUNDA,

ABOG. M.S.R..

LA SECRETARIA DE SALA,

ABG. M.A.

PUBLICADA EN EL DIA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS NUEVE Y TREINTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA (09:35 a.m.)

LA SECRETARIA DE SALA,

ABG. M.A.