Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Anzoategui, de 18 de Octubre de 2012
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior del Trabajo |
| Ponente | Corallys Cordero |
| Procedimiento | Apelación |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012)
202 y 153º
ASUNTO: BP02-R-2012-000513
Se contrae el presente asunto a recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho H.F., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 39.881, apoderado judicial del ciudadano B.I.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.221.056, presunto agraviado, contra sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, en fecha 06 de agosto de 2012, en la acción de A.C., que incoara el ciudadano antes identificado, contra la empresa COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C. A., inscrita inicialmente en el Registro de Comercio que llevó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 de junio de 1968, bajo el número 30, páginas 173 al 178, Tomo 26.-
Recibidas las actuaciones en esta alzada, en fecha 18 de septiembre de 2012, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, se reservó el lapso de treinta (30) días para decidir el presente recurso de apelación.
Para decidir con relación a la presente apelación, este Tribunal Superior observa lo siguiente:
En fecha 08 de abril de 2010, la profesional del derecho G.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 87.438, apoderada judicial del ciudadano B.I.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.221.056, presunto agraviado, interpuso recurso de a.c. contra la empresa COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C. A.-
En fecha 16 de abril de 2010, el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental admitió la Acción de Amparo y ordenó las notificaciones correspondientes.-
En fecha 15 de noviembre de 2010, Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, vista la solicitud de remisión de la causa al Tribunal de Primera instancia de Juicio del Trabajo hecha por la parte accionante en amparo (folio 193; pieza 1), dictó sentencia declarándose COMPETENTE para seguir conociendo la presente causa.-
En fecha 21 de julio de 2011, Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, vista la nueva solicitud de la parte accionante en amparo (folio 220; pieza 1), dictó sentencia declarado SIN LUGAR la solicitud de regulación de competencia.-
En fecha 17 de octubre de 2011, el mismo Tribunal dicta sentencia declarándose incompetente para seguir conociendo la presente acción de a.c. y declina la competencia al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.-
Una vez recibido el expediente por el Tribunal Primero de Primera instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 10 de noviembre de 2011, éste se declara INCOMPETENTE para conocer la presente acción y remite la causa a la SALA COSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.-
En fecha 28 de febrero de 2012, la SALA COSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, dicta sentencia declarando que el Tribunal Primero de Primera instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial es el competente para decidir la presente acción de A.C..-
Una vez recibido el expediente por el Tribunal Primero de Primera instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 09 de abril de 2012, fija oportunidad para la celebración de la Audiencia Constitucional Oral y Pública para el cuarto (4°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado las notificaciones ordenadas en esa misma fecha.-
En fecha 01 de agosto de 2012, una vez verificadas las notificaciones ordenadas, se fija nuevamente la oportunidad para la celebración de la Audiencia Constitucional Oral y Pública, la cual se efectuó el día 06 de agosto de 2012, y en virtud de que la parte accionante en amparo no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, se declaró TERMINADO EL PROCEDIMIENTO.-
En fecha 08 de agosto de 2012, el abogado H.F., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 39.881, apoderado judicial del ciudadano B.I.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.221.056, presunto agraviado, interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui que declaró TERMINADO EL PROCEDIMIENTO.
Así las cosas, para decidir con relación al presente recurso de apelación este Tribunal en su condición de alzada observa lo siguiente:
En fundamento de su recurso de apelación, la abogada G.A., co-apoderada judicial del accionante en amparo, introdujo escrito en el que explana que para la fecha en que estaba fijada la celebración de la Audiencia Constitucional Oral y Pública, los dos apoderados judiciales del presunto agraviado se encontraban impedidos para comparecer a dicho acto por presentar problemas de salud. En el caso del abogado H.F., éste no pudo comparecer por presentar arritmia inestable que ameritó ser atendido en el Hospital Universitario Dr. L.R. de la ciudad de Barcelona, por el médico cirujano Dr. F.R.S., por lo que fue dejado en observación, y en el caso de la abogada G.A., su incomparecencia se debió a que se encontraba hospitalizada en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Hospital Dr. D.G.L.d. las Garzas, desde el día 29 de julio de 2012, hasta el día 06 de agosto de 2012, por haber sido sometida a cirugía de la vesícula viliar, por el médico cirujano Dr. C.E.A.R.
En virtud de lo expuesto por la representación judicial del presunto agraviado en su escrito para demostrar el motivo de su incomparecencia a la Audiencia Constitucional Oral y Pública, para esta alzada, resulta necesario hacer referencia a la sentencia de fecha 1 de febrero de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se estableció el procedimiento a seguir en materia de a.c., específicamente cuando se trata –como en el presente caso- de amparos que no se interpongan contra sentencias, y lo hizo de la siguiente manera:
…Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y1360 del Código Civil para los documentos públicos y en el artículo 1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos.
Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su practica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias.
En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso.
La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales.
La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias…
Como puede observarse, en materia de a.c. frente a una eventual incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia oral y pública, no existe como en el proceso laboral ordinario, la posibilidad de que ésta pueda demostrar ante la alzada los motivos por los cuales no pudo comparecer a dicho acto, sólo es posible que, el Juez Constitucional – pese a la incomparecencia del presunto agraviado- conozca y resuelva el fondo del asunto debatido, si advierte que se encuentran involucrados derechos atinentes al orden público, circunstancia que no se halla presente en el caso de autos. En el procedimiento de amparo, y más específicamente en el presente caso, ante la incomparecencia de la parte presuntamente agraviada, lo lógico era que el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en estricto acatamiento de lo dispuesto en la sentencia parcialmente transcrita, declarara terminado el procedimiento; siendo ello así forzoso resulta para este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano B.I.G., presunto agraviado y confirmar la sentencia apelada en todas y cada una de sus partes y así se decide.-
Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, la apelación interpuesta por el profesional del derecho el profesional del derecho el profesional del derecho H.F., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 39.881, apoderado judicial del ciudadano B.I.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.221.056, presunto agraviado, contra sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, en fecha 06 de agosto de 2012, en la acción de A.C., que incoara el ciudadano antes identificado, contra la empresa COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C. A., en consecuencia, se CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia proferida por el Tribunal A quo. Así se decide.-
Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y remítase el expediente al Tribunal de la causa.
Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil doce (2012).
LA JUEZA,
ABG. CORALLYS CORDERO DE D´INCECCO
LA SECRETARIA Acc.,
ABG. Y.M.
Seguidamente en la misma fecha de hoy, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), se publicó la anterior decisión. Conste.-
LA SECRETARIA Acc.,
ABG. Y.M.
