Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 3 de Septiembre de 2007
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Alejandro José Gómez Mercado |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL
ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE NRO. 05679
ACCIÓN DE A.C..
"VISTOS" CON EL RESULTADO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORAL Y PUBLICA, LLEVADA A CABO EN FECHA TREINTA (30) DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE (2.007).
- I -
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Constituida por la ciudadana B.S.H., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 3.988.068.
SU APODERADO JUDICIAL: Constituido por el ciudadano abogado TIBULO Y.C.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 13.705.
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Constituida por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, en la persona del Director General de Recursos Humanos J.P., por la presunta violación de los derechos constitucionales de petición, oportuna respuesta, acceso a la información contenida en archivos, derechos consagrados en los artículos 28, 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: Constituida por la ciudadana abogada A.J.A.C., Fiscal Trigésima Primera (31º) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
- II -
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
Conoce de la presente causa este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la ACCIÓN DE A.C., ejercida en fecha 11 de junio de 2.007, por el abogado TIBULO Y.C.R., actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana B.S.H., procediendo en su propio nombre y representación, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, en la persona del Director General de Recursos Humanos J.P., por la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales, a saber: petición, oportuna respuesta, acceso a la información contenida en archivos, consagrados en los artículos 28, 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
-III-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Mediante escrito presentado por la parte presuntamente agraviada, argumentó como fundamento para su pretendida acción de A.C., que dirigió comunicación al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con atención al Director General de los Recursos Humanos y de Administración de Personal, recibida por la dependencia de recepción de correspondencia en fecha 21 de febrero de 2007, ante la cual la Administración no dio respuesta alguna sobre información relativa a la clasificación del cargo de Supervisora de Enfermeras que viene desempeñando la actora en el Hospital Pediátrico E.T., los motivos por los cuales no se le otorgó su ascenso.
-IV-
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
En fecha 12 de abril de 2.007, la parte presuntamente agraviada presentó escrito ante el Juzgado Superior Distribuidor, el respectivo libelo contentivo del Recurso Extraordinario de A.C. con sus respectivos anexos. (Folios 01 al 06, ambos inclusive).
Por auto de fecha 02 de mayo de 2.007, este Juzgado ordenó a la parte accionante a reformular su escrito de demanda, a los fines que señalará a este Tribunal si se trataba de una querella funcionarial o una acción de a.c.. (Folio 08)
Por auto de fecha 14 de agosto de 2.007, este Juzgado admitió la presente Acción de A.C. e igualmente fue ordenada la notificación de la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, parte presuntamente agraviante; y al Ministerio Público, por lo que, una vez notificados los mismos, se fijaría la audiencia oral y pública dentro de las noventa y seis horas siguientes a la última de las notificaciones ordenadas. (Folios 16 al 20).
Por auto de fecha 28 de agosto de 2.007, este Juzgado Superior, actuando en sede constitucional fijó para el día jueves treinta (30) de agosto del año en curso, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), la oportunidad legal para que se llevara a cabo la audiencia constitucional oral y pública. (Folio 25)
En fecha 30 de agosto de 2.007, se realizó la audiencia oral y pública. En la misma fecha el Juez de este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, actuando en sede constitucional, dictó el dispositivo oral del fallo. (Folios 26 al 29).
-V-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
De conformidad con lo establecido en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa ésta Alzada a establecer los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentará la presente decisión, a cuyo efecto observa:
La acción de A.C. está establecida por el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enunciando su carácter extraordinario restablecedor de las situaciones jurídicas infringidas, o en todo caso por aquella que más se le asemejen, disponiendo para tal fin los principios de oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y no sujeto a formalidad alguna, pues es evidente que las violaciones constitucionales requieren ser protegidas de manera inmediata, por ser las normas fundamentales que ordenan todo el sistema político-social-jurídico de los Estados entendido éste en su sentido amplio, es así como el precitado artículo 27 dispone:
Artículo 27. Todos tienen derecho a ser amparados por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de a.c. será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y el juez competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. En el caso de la acción de amparo a la libertad o seguridad, la persona física del detenido será puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna y podrá ser interpuesta por cualquier persona. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaratoria del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. (Resaltado del Tribunal).
Esta acción extraordinaria de A.C. consagrada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, se encuentra regulada en la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, estableciéndose los supuestos violatorios para su interposición. Así dispone la procedencia de ésta Acción en contra de cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal o Municipal, los originados por los particulares, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la Constitución (artículo 2 de la Ley), las violaciones que deriven de una norma que colida con la Constitución, pudiendo ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad (artículo 3 de la ley), cuando un Tribunal de la República actuando fuera de su competencia dicte una resolución, sentencia u ordene un acto que lesione los derechos constitucionales (artículo 4 de la Ley), e incluso contra los actos administrativos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones emanados de los sujetos enunciados en el artículo 2 de la ley de A.S.D. y Garantías Constitucionales (artículo 5 de la Ley).
En este sentido, la Acción de A.C. prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollada en la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, es de carácter extraordinario, destinada a proteger los derechos constitucionales del justiciable, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en el precitado texto constitucional o en tratados internacionales sobre derechos humanos, que pudieran verse conculcados por las actuaciones, omisiones o vías de hecho de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la citada ley, tal como se plasmó con anterioridad.
Así, el artículo 5 de la ley en cita establece:
Artículo 5.- “La acción de Amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.” (Subrayado del Tribunal).
La anterior disposición legal concibe la Acción de A.C. como un medio extraordinario que impone al agraviado por una decisión judicial o un hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal o Municipal.
El hito que marcó éste carácter extraordinario de la acción de A.C., lo constituyó la sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 06 de Agosto de 1.987 (Caso Registro Automotor Permanente “RAP”), en la que se dejó sentado:
(…)Para que sea dable la concesión de un mandamiento de Amparo, el Juez que conoce de la solicitud respectiva, debe concretar su examen a la verificación de los siguientes aspectos:
-
- Que no exista para el restablecimiento de esa situación jurídica lesionada ningún otro medio procesal ordinario adecuado; y
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- Que la lesión o el derecho o garantía afectados sean de tal naturaleza que no podrían ser reparados mediante la utilización de ese otro medio procesal...
Ha debido verificar el Juez del Amparo si no existía para el restablecimiento de la situación jurídica lesionada otro medio procesal ordinario de impugnación (administrativo o jurisdiccional), o si aún existiendo ese medio, éste resultaba inoperante por causar el acto o hechos cuestionados gravamen inmediato o irreparable a través de las vías ordinarias de protección previstas.... Así se reitera”.
De la jurisprudencia parcialmente transcrita, se evidencia la obligación por parte del Juez que conozca de la acción de A.C., verificar que para el restablecimiento de la situación jurídica lesionada no exista otro medio procesal ordinario de impugnación llámese administrativo o jurisdiccional, o si aún existiéndolo, éste resulta ineficaz por causar el acto o hechos cuestionados gravamen inmediato o irreparable.
Entiende este Juzgador que, el presente A.C. es de la especie que la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales en sus artículos 2 y 5 ha denominado “hecho, actos u omisiones provenientes de los Órganos del Poder Público Nacional Estadal o Municipal”, siempre y cuando con tal situación se vulneren derechos o garantías constitucionales de los justiciables.
Sentando lo anterior, este Juzgado, actuando en sede constitucional para decidir observa:
En fecha 30 de agosto de 2.007, siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), siendo el día y la hora fijado por este Tribunal, a fin de que se llevara a cabo la audiencia oral en la presente Acción de A.C.. Se abrió la misma con la asistencia del Dr. A.G., Juez Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, quién suscribe la presente decisión, el Abogado E.M., Secretario Titular del Juzgado y el ciudadano R.M., Alguacil del mismo.
Se constituyó en sede Constitucional este Juzgado Superior Primero Agrario, en la Sala de Audiencia de este Despacho, a los fines de que tuviese lugar la audiencia oral y pública en la presente Acción de A.C., intentada por la ciudadana B.S.H., parte presuntamente agraviada. El Alguacil del Tribunal dio apertura al acto e informó a este Juez Constitucional la no comparecencia de la parte presuntamente agraviada. Asimismo compareció la representación de la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público a nivel nacional con competencia en materia contencioso administrativo y tributaria, ciudadana A.J.C.C., titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.038.560. Del mismo modo compareció la abogada O.C.Á.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 89.495, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte presuntamente agraviante, quien consignó en esa oportunidad, copia simple del poder donde se acredita su representación.
Sentando lo anterior, este Juzgado Superior Primero Agrario, actuando en sede constitucional para decidir observa:
Ahora bien, en cuanto a la terminación del procedimiento por abandono del trámite, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia de fecha 1° de Febrero de 2.000, estableció lo siguiente:
(…)“…La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias…”.
Criterio este que fue ratificado por dicha Sala en su sentencia de fecha 17 de Febrero de 2.004, mediante la cual expresó:
(…)“…el efecto de la no comparecencia del presunto agraviante, a excepción del juez, cuando la acción es intentada contra la actuaciones judiciales, produce los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, esto es, la aceptación de hechos imputados y, por otra parte, con respecto a la no comparecencia de la parte presuntamente agraviada, su efecto es la terminación del procedimiento, a no ser que el órgano jurisdiccional considere que los hechos alegados afectan el orden público.
Ha sido el criterio de esta Sala, que la excepción prevista a la declaratoria de terminado el procedimiento frente a la falta de comparecencia del agraviado a la audiencia constitucional, sólo será procedente en caso que el juez en sede constitucional observe, en el caso concreto, violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, y en aplicación de una verdadera justicia de un orden social de derecho…”.
De las jurisprudencias parcialmente transcritas, se desprende sin lugar a duda, el criterio diuturno de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual establece que, la no comparecencia de la parte presuntamente agraviada a la audiencia constitucional dará por terminado el procedimiento de amparo, salvo que en el caso específico, el Juez Constitucional constaté violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el orden público.
Ahora bien, visto que en el caso de marras este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en sede Constitucional, no constata en las actas procesales del presente expediente violaciones de normas de orden público que vulneren o lesionen derechos y garantías constitucionales, resulta forzoso para este Juzgador dar por terminado el presente procedimiento de amparo por abandono del trámite del accionante de la Acción de A.C.. Asimismo impone a la parte actora una multa de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. Se aplica la multa en su limite máximo, por cuanto estima este Juzgador de suma gravedad el entorpecimiento de la labores de los órganos de administración de justicia con la presentación de acciones que son posteriormente abandonadas, lo cual obliga el desvío de su atención de asuntos que si requieren de urgente tutela judicial efectiva. Así se declara.
- VI -
D I S P O S I T I V O
En Torno a lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara:
Se declara terminado el procedimiento de la presente Acción de A.C. interpuesta por la ciudadana B.S.H., titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.988.068, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), por abandono del trámite.
Como consecuencia del particular anterior, se impone a la ciudadana B.S.H., titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.988.068, una multa de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en la oficinas del Banco Central de Venezuela, debiendo la parte sancionada acreditar el pago mediante la consignación en autos, del comprobante correspondiente, dentro de los ochos (8) días continuos siguientes a su notificación.
Se hace del conocimiento de las partes que el presente fallo es publicado dentro del término pautado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1° de Febrero de 2.000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera.
P U B L Í Q U E S E Y R E G Í S T R E S E
Debidamente firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en sede constitucional, con sede en el Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, a los TRES (03) días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil siete (2.007), años 197° de la independencia y 148° de la federación.
EL JUEZ,
DR. A.G..
EL SECRETARIO,
ABG. E.M..
En la misma fecha, y siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
EL SECRETARIO,
ABG. E.M..
Expediente N° 05679
AG/EM.
