Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Junio de 2012

desaplique, en el marco del presente escenario fáctico; mediante el control difuso de la Constitución, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y proceda a reponer la causa al estado de continuación del proceso en librar las compulsas a los fines de que se emite al Defensor Ad-Litem; y a su vez este se sirva dar contestación a la demanda propuesta por el Banco Industrial de Venezuela, C.A.

Reponga la causa al estado de se continué con la intimación de Defensor Judicial, con vista al artículo 35 de la ley del Banco Industrial de Venezuela y el artículo 26 Constitucional. (…)”. (Cursiva y negrita de este Tribunal).

º EL ABOGADO A.J.G.M..-

“…Con vista a la negativa argumentada por esta Superioridad, es necesario tener en cuenta las consecuencias de corte procesal que deberán tomarse muy en consideración a la hora de emitir el fallo que resuelva la apelación planteada, a saber:

• Al detallar el objeto de la apelación, es claro que el mismo versa sobre la perención decretada por el A-quo, por haber transcurrido el lapso de treinta (30) días sin haber dado cumplimiento a las obligaciones de pago de los emolumentos. Esto según el dicho de la juez de causa.

• Asimismo, al cerciorarse en este escrito, en cuanto a la defensa construida por quien redacta el presente informe, se podrá inferir sin ninguna obstrucción en ello, que el principal argumento de peso sobre el cual se soporta el medio recursivo; es que existe una falencia de titánica magnitud cometida por la Juez de causa, por cuanto afirma un hecho, que en primer lugar, no deja prueba de ello en el proceso, y en segundo, parte de un supuesto de hecho absolutamente errado; cuando indica que transcurrió el lapso de los treinta (30) días.

• La apelación fue oída en el efecto suspensivo, ello con acertada decisión por ser una decisión con carácter de definitiva.

• Es decir que causa, (como es Perogrullo), no hay asunto que tramitar, insistiendo, por consecuencia del recurso ejercido (apelación).

• Al no existir asunto en el órgano primigenio. ¿Cómo es posible orquestar un cómputo?

Por estas sucintas consideraciones, es que se tuvo la voluntad de acudir ante este órgano jurisdiccional, para solicitar se emitiera un oficio requiriendo esa información al juzgado de causa.

No puede catalogarse como una carga a mi representada, por cuanto se vuelve a plantear el quid del asunto, el expediente en su totalidad se encuentra en manos o poder de este Tribunal.

Se recuerda, que al emitir una decisión de carácter definitiva, de ipso facto, el Tribunal pierde jurisdicción.

Si bien es cierto, en otro tiempo, era posible acudir ante el Juzgado de inferior categoría, para introducir este planteamiento bajo el esquema de una sencilla solicitud, quien una vez recibida, se le daba entrada, se procedía a su evacuación y posteriormente se devolvía el original con sus resultas; sin embargo, esa practica quedó inutilizada por el sistema del juris2000 y los Circuitos Judiciales, ya que toda demanda o solicitud que penetre el umbral del Circuito DEBE ser distribuida.

Es por esa humilde petición, que en honor al principio de la efectividad de la justicia, (Art. 26 constitucional) fue redactada la diligencia anterior, lamentablemente mutilada la aspiración de su procedencia.

Sintetizado en el tema planteado, como existe una prohibición taxativa enunciada por el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, que limita la libertad de prueba en esta Instancia, dicha restricción opera para las partes, no así para el Juez, que en atención al artículo 12 eiusdem, en concordancia con el 26 Constitucional; el principal deber de todo juez es LA BUSQUEDA DE LA VERDAD.

Con base a lo esgrimido con anterioridad, es necesario por principios constitucionales y de acuerdo a las cientos de doctrinas tejidas por la Sala que lleva el control de la Carta Magna, haciendo especial relevancia a la decisión Nº 85 del 24 de enero de 2002, caso Asodeviprilara; que este Tribunal resuelva según su prudente criterio, obtener inexorablemente el computo de los días que aviesamente la juez afirma como transcurridos.

Una de esas alternativas que pudiera usar para resolver esta diatriba, se encuentra en lo enunciado en el título del punto previo, como lo es el hecho notorio comunicacional, herramienta plasmada en decisión de fecha 15 de marzo de 2000, por la indicada Sala.

De acuerdo a la fundamentación que más abajo se erige, el Juez, fuera de su conocimiento privado, puede perfectamente saber, que desde el mes de diciembre de 2008 hasta mediados del mes de marzo de 2009, los tribunales de primera instancia DEJARON FUNCIONAR, por efecto de la mudanza hacia la Plaza Caracas (nueva sede).

Lo anterior sirve como presunción judicial, para determinar que existe SOBRADAMENTE el fundamento ad initio, para tener la determinación de encaminar la búsqueda exacta, v.y.c.d. los lapsos que el tribunal dejo de despachar, para lograr emitir un fallo que se ajuste a la verdad de los hechos y con acierto en la aplicación del derecho.

I

DE LA PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL FALLO, POR HABER INCURRIDO EN DESCUIDO AL ESTABLECER UN SUPUESTO DE HECHO IRREAL

En el supuesto negado de lo anterior y con el solo objetivo de salvaguardar el derecho de mi cliente, propongo formalmente ante esta Superioridad, la solicitud de reposición de causa, fundamento bajo el amparo del artículo 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con auxilio del artículo 15 del mismo texto legal y de los cardinales 26 y 257 de la vigente Constitución.

Lo anterior se fundamenta por la llana razón, que la juez de causa sustentó con una baladí explicación, lo que a continuación y para mejor comprensión se transcribe textualmente:

…habiendo transcurrido de manera holgada más de treinta (30) días específicamente por cuatro meses…

De lo anterior surge necesariamente una pregunta:

¿DÓNDE ESTÁ EL CÓMPUTO PARA DEJAR C.E.E.P. SOBRE LA CERTEZA Y AUTOSUFICIENCIA DE TODA SENTENCIA?

A los ojos de esta segunda instancia, si bien es cierto que pudiera ser un descuido por parte de la juez de primer grado de jurisdicción, lo cual no conllevaría a una destrucción del fallo elaborado, ya que la conclusión sería la misma, no obstante, el detalle que aquí se denuncia es que si afecta indefectiblemente el criterio hilvanado por el A-quo.

Aquello se afirma, por el nada complejo argumento, que los días que afirma irrestrictamente que transcurrió “holgadamente” el Tribunal dispuso NO despachar.

Al hacer un poco de memoria, o usando la notoriedad judicial o el hecho notorio comunicacional, herramientas desarrolladas por la Sala Constitucional, los meses que inexplicablemente dice transcurridos “holgadamente” existió una mudanza de la otrora sede de los Tribunales de Primera Instancia a la nueva ubicada en “Plaza Caracas”, teniendo como reapertura el 19 de marzo de 2009.

Además de ello, el jurisdicente podrás percibir, que una vez abierto al público el Circuito, quien suscribe cumplió con la carga impuesta de pagar los emolumentos, dando por satisfecha la obligación creada por jurisprudencia de la Sala Civil.

Aun pudiendo usar los medios antes apuntados, para quien elabora esta informe, sería prudente y ajustado a derecho, que este Juzgado oficiara al Tribunal de causa, con el fin de requerirle un computo por Secretaria de los días afirmados como hábiles.

Pregunta necesaria:

¿Cómo se pudo haber cumplido con las obligaciones impuestas, si el tribunal no dio despacho?

¿Cómo puede el Tribunal decretar una perención si, no consta la prueba por excelencia (cómputo)?

¿Cómo puede bastarse por si sola la sentencia, es decir, que no exista el vicio de petición de principio?

Y lo peor, ¿Cómo puedo imprudentemente el Tribunal destruir el derecho legítimo de mi cliente, por un argumento inexistente?

La decisión hilvanada por la hoy denunciada deja entre ver de forma indirecta, que mi persona fue irresponsable por no dar estricto cumplimiento a la norma para evitar la perención breve, no teniendo de manera inmediata una excusa que atenúe o libere esa abyecta ineptitud endosada sin justa causa a mi persona frente a mi poderdante; sin embargo ¿Quién verdaderamente es la irresponsable?

Tal vez mi reputación no tenga nada que ver en todo esto, por cuanto será otro escenario judicial quien decida ello si quien suscribe opta por ese camino, pero el derecho de mi cliente necesariamente si debe ser tomado en cuenta, por los daños producidos en su esfera patrimonial, situación que se torna más delicada cuando se observa que quien interviene en el proceso para recuperar su patrimonio es el propio Estado, Banco Industrial de Venezuela, C.A.

Es tanta la indolencia de la juez de causa, que además de no operar la perención en sintonía con el tiempo, el actor (Banco Industrial de Venezuela) posee una ley que regula su actividad, además de originar derechos y privilegio.

El artículo 35 de la Ley del Banco Industrial reza así:

...Omissis...

Es decir, que aun tomando hipotéticamente que el lapso haya transcurrido (como falazmente lo afirma la jurisdicente), al actor no puede endilgársela la falta de cumplimiento del pago de emolumentos, en primer lugar por ser una directriz Constitucional y en segundo puesto, porque la Ley comentada así expresamente lo dispone.

Ahora bien, si el proceso llegó a estar en la etapa de contestación, e incluso hubo solicitudes que con gran retraso fueron acordadas, como cartel para su publicación, el traslado de la ciudadana Secretaria entre otras, ¿por qué, luego de haber ordenado lo anterior, la juez sorpresivamente ordena la perención breve?

Es indudable que para publicar un cartel en el Diario elegido por el Tribunal, este de ninguna manera es gratuito, (solo es para el ámbito público, no el privado) y el traslado de la ciudadana Secretaria corre la misma suerte, entonces, se reitera la pregunta: ¿Por qué?

No siendo mi trabajo para escudriñar en ello, toda vez que eso sería tema de un proceso abierto para tal efecto; no obstante, si pudiera aproximarme a una teoría.

DISPLICENCIA, ADEMÁS DE LA FALTA DE OBSERVANCIA QUE DEBE TODO ADMINISTRADOR DE JUSTICIA, SEGÚN LA PAUTA DEL CÓDIGO DE ETICA DEL JUEZ.

Otra irregularidad observa en la sustanciación de ese asunto, es que se evidencia dos (2) actos de abocamiento por parte de la ciudadana Juez Dra. B.D.J..

Así como fue expuesto en párrafos anteriores, PARECIERA, que estas circunstancias no afectan en lo más mínimo al proceso; sin embargo, en opinión de quien suscribe ello no es del todo cierto.

Esta nueva falencia denunciada, altera sin duda alguna la sanidad del proceso, originando un estado se zozobra con la alteración de los lapsos procesales.

Cuando se produce un abocamiento, este se hace con el fin de darlo público (en el expediente) para que las partes puedan ejercer los recursos (recusación) necesarios para materializar uno de los derechos constitucionales, como lo es el juzgamiento por jueces IMPARCIALES.

Ahora bien, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, una vez abocado el operador de justicia, es menester DEJAR TRANSCURRIR EL LAPSO DE TRES (3) días para ejercer la acción antes señalada.

Estos términos de tiempo, por el principio de preclusión, es imperativo dejarse transcurrir INTEGRAMENTE para luego computar la siguiente fase.

Se puede inferir por un lado, que al existir dos (2) abocamientos pero es la misma jurisdicente, no debe haber preocupación, “solo un mero descuido” no obstante, la pregunta es pertinente: ¿y los lapsos procesales como quedan? ¿Igualmente las partes deberán PRESUMIR que no? ¿El derecho se debe interpretar de esa forma?

Su actuar quebró ostensiblemente, uno de los principios celosamente resguardados por la Carta Magna y de TODOS los tratados internacionales sobre derechos humanos refrendados por la República, como lo es el derecho a la defensa y por ende el debido proceso.

II

CONCLUCIONES

En corolario, en nombre de mi mandante, propongo la nulidad del fallo y por ende la reposición de la causa al estado en que el A-quo continué conociendo en la fase de designación de defensor judicial; dejando a la cordura de la Juez de causa, su inminente inhibición de este asunto.

Por otro lado, no menos importante es de tener muy en cuenta, la decisión de fecha 16 de junio de 2011, elaborada por la Sala Civil, caso Frankyelis G.L., en la cual indica por vía de jurisprudencia, que al estar citado una de las partes, no correrá la perención breve; hecho este que se puede constatar en este proceso. (…)”. (Cursiva, negrita y resaltado de este Tribunal)

***

Verificados los términos del fallo recurrido, así como los alegatos planteados en su contra, por los abogados J.G.A. y A.J.G.M., en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora-recurrente, verifica este tribunal que el a-quo declaró la perención de la instancia, mediante decisión dictada el 29 de abril de 2011, ello en el juicio de cobro de bolívares, incoado por la entidad financiera Banco Industrial de Venezuela, C.A., en contra de la Asociación Cooperativa Arma, R.L., como deudor principal y de los ciudadanos P.A.U., F.M.G.D.U., E.A.U.G., E.A.U.G. y O.J.U.G., en su condición de deudores conjuntos y solidarios, en tal sentido se debe determinar, si en efecto se consumó la perención breve de la instancia en el caso concreto, conforme lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en razón que indicó que transcurrieron más de treinta (30) días, desde el 26 de noviembre de 2008, fecha en la cual se admitió la demanda, ordenando a la accionante consignará los fotostatos necesarios, con la finalidad de librar la compulsa citación a la parte demandada, hasta el 19 de marzo de 2009, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora procedió a cumplir con lo ordenado, especificando que fue por cuatro (4) meses.

Para desvirtuar lo decidido el abogado J.G.D.A., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora-recurrente, invoca el deber de todo juez de la Republica, de mantener incólume los derechos y principios consagrados en la Constitución, en razón de ello peticionó fuese desaplicado por vía del control difuso, lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues, a su criterio no está acorde a los lineamientos expresados en el artículo 26 Constitucional en toda su extensión, que en lo que respecta a la obligación del Estado de impartir una justicia gratuita y efectiva, indica que si bien es cierto, que existen varias determinaciones de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que instruyen sobre el tema, siendo el pilar la de fecha 6 de julio de 2004 caso: J.R.B.V. contra Seguros Caracas Liberty Mutual, estas no tiene el carácter vinculante al no emanar de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que no constituye un mero capricho su solicitud, ni mucho menos temeraria, que por el contrario, es una armoniosa y justa interpretación del artículo 26 referido, al imponer una obligación al Estado de garantizar una justicia gratuita, en razón de ello solicita se reponga la causa al estado que el a-quo libre la compulsa respectiva, con la finalidad que se intime al defensor judicial designado en la presente causa, por cuanto advierte que el proceso estaba en esa fase, que es injusto que luego de pasar por todo un verdadero vía crucis, una lentísima transición de los juzgados de instancia en el trámite procesal, dado los cambio de jueces, esperar que la ciudadana Secretaria se sirviera trasladar y fijar el cartel, del que indica dejó constancia de la entrega de los emolumentos para la practica de la mencionada gestión el 21/07/11, que luego de solicitar en muchas ocasiones se designará defensor judicial, la jurisdicente extrañamente decide una perención, que ello constituye un exceso por parte del a-quo, lo que a su criterio creo un verdadero e innegable estado de desequilibrio en la igualdad de los derechos a las partes, toda vez que, si bien es cierto que la citación se verificó luego del transcurso de los 30 días después de la admisión, no es menos cierto que a su entender se cumplieron los trámites a cabalidad en cuanto a la citación, traslado y certificación de la Secretaría; que la juez lo que propuso y materializó fue un atropello al derecho de su representada, que además de ser una Institución Bancaria con capital absoluto del Estado Venezolano, incluso con Ley propia -Ley del Banco Industrial de Venezuela-, al ejecutar una equivocada interpretación y falsa aplicación de la norma.

En otro sentido pero siguiendo el orden expuesto, señaló el abogado A.J.G.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente con relación a la negativa de este tribunal de oficiar al a-quo sobre su solicitud de requerimiento de cómputo, efectuada con el propósito de verificar los días de despacho que transcurrieron desde el 26-11-08, hasta el 19-03-09, indicó las consecuencias de corte procesal que a su criterio deberán tomarse en consideración a la hora de emitir el fallo que resuelva la apelación planteada, a saber; que el objeto de la apelación, versa sobre la perención decretada por el a-quo, por haber transcurrido el lapso de treinta (30) días sin haberse dado cumplimiento a las obligaciones de pago de los emolumentos, para lo cual el principal argumento de peso sobre el cual se soporta su medio recursivo, atañe según su parecer a la existencia de un error cometido por el a-quo, al afirmar un hecho, que en primer lugar, no deja prueba de ello en el proceso; en segundo, que parte de un supuesto de hecho absolutamente errado, cuando indica que transcurrió el lapso de los treinta (30) días; que la apelación fue oída en el efecto suspensivo, ello con acertada decisión por ser una sentencia con carácter de definitiva, que por esas consideraciones, solicitó a está alzada oficiara peticionando a la recurrida; que ello no puede catalogársele como una carga a su representada, por cuanto se vuelve a plantear el quid del asunto, el expediente en su totalidad se encuentra en manos de este tribunal, que en otro tiempo, era posible acudir ante el juzgado de inferior categoría, para introducir este planteamiento bajo el esquema de una sencilla solicitud, pero que en la actualidad esa practica quedó inutilizada por el sistema del juris 2000, pues, toda demanda o solicitud que penetre el umbral del Circuito debe ser distribuida; que el Juez del a-quo, fuera de su conocimiento privado, puede perfectamente saber, que desde el mes de diciembre de 2008, hasta mediados del mes de marzo de 2009, los tribunales de primera instancia dejaron funcionar, por efecto de la mudanza hacia la nueva sede en Plaza Caracas; que otra irregularidad que observa en la sustanciación de la causa, es el que se efectuaron dos (2) actos de abocamiento por parte de la ciudadana Juez Dra. B.D.J., que a su parecer altera la sanidad del proceso, originando un estado se zozobra con la alteración de los lapsos procesales, puesto que, cuando se produce un abocamiento, este se hace con el fin que las partes puedan ejercer los recursos necesarios para materializar uno de los derechos constitucionales, como lo es el juzgamiento por jueces imparciales, que de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, una vez abocado el operador de justicia, es menester dejar transcurrir el lapso de tres (3) días para ejercer la recusación, lo que por el principio de preclusión, es imperativo que se deje transcurrir íntegramente para luego computar la siguiente fase, lo que a su criterio quebró ostensiblemente, los principios del derecho a la defensa y por ende el debido proceso. Por todo lo señalado ut supra, solicita la nulidad de la sentencia recurrida; en consecuencia la reposición de la causa al estado de la designación del defensor judicial. Por último invoca sentencia de la Sala de de Casación Civil del Tribunal supremo de Justicia del 16 de junio de 2011.

Vertidos los extremos del recurso y extraídos los argumentos más relevantes planteado por la parte recurrente, con respecto al asunto sometido a consideración de este sentenciador, se puntualiza que la perención de la instancia es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso; pues, toda paralización contiene la causa de la extinción, que puede llegar a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan; en razón de ello puede extinguirse anormalmente el procedimiento, por omisión de las partes de efectuar actos procesales. De allí que ese establezca que el fundamento de la perención de la instancia reside en dos motivos; de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso procesal; y del otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces función jurisdiccional innecesaria; de esto se colige que la perención constituye un acto procesal sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo, declarando su contenido y haciéndolo cumplir, de allí que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso; pues, si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto, puesto que la función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta la sentencia.

Atinente a ello, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…

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De la norma citada se distinguen dos tipos de perención de la instancia; la perención genérica de un lapso anual y las específicas, referidas a casos concretos; citación, muerte del litigante, etc. Ahora bien, tal como se indico ut supra, en el caso bajo estudio, la juzgadora de primer grado decretó la consumación de la perención breve de la instancia, con fundamento en el hecho que transcurrió un lapso de más de treinta (30) días, a contar desde la fecha de admisión de la demanda; esto fue, el 26 de noviembre de 2008, sin que la parte actora diera cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley para la practica de la citación del demandado; lo que en su criterio consistía además de aportar la dirección y emolumentos necesarios para el traslado del alguacil, acompañar a los autos, los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa ordenada en el auto de admisión para la citación. En razón de lo indicado, así como lo alegado en este sentido por la parte recurrente, se hace imperioso para este juzgador traer a colación lo sentado en fallo de fecha 06 de julio de 2004, emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ratificado en sentencia de fecha 20 de diciembre de 2006, caso J.d.F.d.T.B. y otra c/ O.Á.M., relativo a la obligación que le impone la ley a la parte actora con respecto a la citación del demandado, para evitar la sanción legal de la perención breve de la instancia, en tal sentido indicó:

…la única obligación que tiene la parte demandante para lograr la citación del demandado, la establece el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, la cual debe ser satisfecha por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal…

…en atención al principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las obligaciones arancelarias previstas en la Ley de Arancel Judicial perdieron su vigencia; sin embargo, por cuanto la obligación prevista en el artículo 12 eiusdem no constituye ingreso público ni tributo, mantiene su aplicación y en tal sentido, el accionante, a fin de cumplir con las obligaciones a que se refieren los ordinales 1° y 2° del artículo 267, precedentemente trascrito, debe dentro del lapso de 30 días a la admisión de la demanda o de su reforma, poner a la orden del alguacil mediante diligencia los medios y recursos necesarios para gestionar la citación del accionado, siendo, a su vez, obligación del preindicado funcionario dejar constancia en el expediente de tal cumplimiento…

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Visto el deciderátun extraído del precedente jurisprudencial, al cual se allana este jurisdicente, no obstante que no está investido del carácter vinculante del que reviste en ciertos casos la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según los extremos dispuestos en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se acata de conformidad con lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, que instruye que los jueces de instancia deben procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, en garantía de la seguridad jurídica, en defensa de la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, en razón de ello debe desestimar la solicitud de control difuso de la constitucionalidad propuesta por el recurrente; pues, de la interpretación dispuesta ut-supra, se colige que no existe disconformidad con la perención breve dispuesta en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, con el artículo 26 constitucional; ya que si bien se señaló que en atención al principio de la justicia gratuita contenido en dicha norma, las obligaciones arancelarias previstas en la Ley de Arancel Judicial perdieron su vigencia; también se indicó que persistía la obligación prevista en el artículo 12 eiusdem que no constituye ingreso público ni tributo, por lo que se mantiene su aplicación, en tal sentido el accionante, a fin de cumplir con las obligaciones a que se refieren los ordinales 1° y 2° del artículo 267, precedentemente trascrito, debe dentro del lapso de treinta (30) días a la admisión de la demanda o de su reforma, poner a la orden del alguacil mediante diligencia los medios y recursos necesarios para gestionar la citación del accionado, siendo, a su vez, obligación del preindicado funcionario dejar constancia en el expediente de tal cumplimiento. Así se decide.-

Por otro lado pero en sintonía con lo expuesto concluye este jurisdicente que la recurrida yerra al delatar la perención de la instancia en atención al ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consignación de los fotostatos conducentes para la elaboración de las compulsas de citación para lograr el acto comunicacional; pues, como se indicó en los precedentes citados, la única obligación que suscite es la de consignar en autos dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, mediante diligencia los medios y recursos necesarios para que el alguacil designado logre de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la Sede del Tribunal, en este sentido advierte este juzgador que la recurrida partió de un falso supuesto, conclusión que erige de la notoriedad judicial, invocada por la parte recurrente, que surge del hecho que los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; con sede en el edificio J.M.V. al Edifico Norte del Centro S.B., entre estos el aquo, fueron mudados de Sede, tal como fue acordado por Resolución Nº 2008-0059, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 03 de noviembre de 2008, integrándolos en Circuito Judicial, en razón de ello y en garantía del derecho de acceso de justicia que tienen los justiciables, tal como lo contempla el artículo 26 del Texto Fundamental, así como de ser informados inequívocamente sobre cualquier situación que pudieran afectar sus derechos y garantías constitucionales, la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en tal fin emanó sendas Resoluciones signadas bajo los Aros, 001-2009, 002-2009 y 002-003, fechadas 12, 23 de enero y 2 de marzo de 2009, respectivamente, mediante las cuales acordó que los tribunales trasladados de sede, no despacharían durante el periodo que iba del 12 de enero de 2009 al 13 de marzo de 2009, indicado que permanecerían en suspenso las causas y no correría lapso alguno; lapso que debió el aquo excluir del cómputo base para delatar la sanción legal, pues, determinó que éste ascendió a cuatro (4) meses sin actividad procesal de la parte actora, sustentado en el hecho que desde el 26 de noviembre, fecha en la cual se admitió la demanda, instando en consecuencia a la parte actora consignara los fotostatos conducentes para la elaboración de la compulsa de citación, esta no compareció sino hasta el 19 de marzo de 2009; dado que debió acatar lo dispuesto en la resoluciones citadas, donde se dejó establecido que en el periodo que se acordó no despachar permanecerían en suspenso las causas y no correría lapso alguno, amén que no debió computarse de igual forma, en garantía del la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, el lapso señalado en el calendario judicial, que rige la vacaciones decembrinas; esto es, del lapso que va del 24 de diciembre de 2008 al 6 de enero de 2009; ambas fechas inclusive, así como los días que permaneció sin acceso el Edificio J.M.V., sede aún para el mes de diciembre de 2008, de los Tribunales Civiles; dado que durante la primera quincena de dicho mes, se mantuvo una Asamblea Permanente en la planta baja del edificio que imposibilitaba el acceso a los justiciables, y que por Circular Nº 030-1208, del la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se decretaron como días no laborables desde el 19 de diciembre de 2012, hasta el 06 de Enero de 2009, ambas fecha exclusive, siendo que mucho de los despachos mudados permanecieron cerrados en inventario durante el mes de diciembre de 2008, con motivo de su mudanza, relación de días que conjugados con los hechos señalados y la reanudación del despacho -16 de marzo de 2009- según la última Resolución dictada por la Rectoría Civil el tal sentido -Resolución Nº 003-2009 del 02 de marzo de 2009- apertura de las actividades del Circuito Civil, que confrontados con la comparecencia de la recurrente al proceso -19 de marzo de 2009- luego de la admisión de la demanda -26 de noviembre de 2008- aportando los fotostatos, el 31 de marzo de 2009, indicando las direcciones y el 16 de abril de 2009, aportando las expensas para el traslado del alguacil para la citación del demandado, no pueden aparejar la consumación del lapso fatal en el caso concreto para delatar la perención de la instancia. Aunado al hecho que no puede dejarse pasar por alto que la parte actora, es una entidad financiera perteneciente al Estado, tal como lo indicó su apoderado judicial ante esta alzada, la cual se encuentra regida por su propia disposición legal; esto es, la Ley del Banco Industrial de Venezuela), que establece en su artículo 35 lo siguiente:

Los Tribunales, Registradores, Notarios y todos los funcionarios y autoridades de la República, de la administración pública central y de la administración pública descentralizada, tienen la obligación de prestar gratuitamente, los oficios legales de su ministerio, a favor del Banco Industrial de Venezuela y de las instituciones financieras integrantes del Grupo Financiero Banco Industrial de Venezuela, por cualquier acto o diligencia en que deban intervenir por razón de sus funciones o en defensa de sus derechos o intereses. Las solicitudes, actuaciones, documentos y copias que sean necesarios en estos casos, en interés del Banco o de las indicadas instituciones financieras, se extenderán en papel común, sin estampillas y no estarán sujetos a impuestos, ni al cobro de derechos, tasas, o emolumentos, de cualquier naturaleza que sean, ni a contribución alguna

.(Negrita, subrayado y cursiva de este tribunal).

Así pues, siendo el Banco Industrial de Venezuela, una entidad financiera perteneciente al Estado Venezolano, exenta del pago por concepto de derechos, tasas o emolumentos y/o de cualquier otra naturaleza, ello de acuerdo al artículo mencionado de la Ley que la rige, resulta imperioso a este tribunal rechazar la perención breve decretada en el caso concreto. Así se decide.

Con fundamento en los hechos y el derecho vertido en el presente fallo, es forzoso para este tribunal declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de mayo de 2011, por el abogado J.G.D.A., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, entidad financiera BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., en contra de la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, dictada en fecha 29 de abril de 2011, por el JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró la perención breve de la instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil; ello en el juicio por cobro de bolívares interpuesto por la referida entidad financiera en contra de la sociedad mercantil ASOCIACION COOPERATIVA ARMA, R.L., como deudor principal y los ciudadanos P.A.U., F.M.G.D.U., E.A.U.G., E.A.U.G. y O.J.U.G., en su condición de deudores conjuntos y solidarios. En razón de lo decidido la causa deberá retrotraerse en el mismo estado que se encontraba para el momento de la declaratoria de perención breve de la instancia revocada. Así se establece.-

Por último en garantía de dar cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, se precisa con respecto al alegato explanado en los informes presentados por el abogado A.J.G.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora-recurrente, entidad financiera BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., referente a la negativa de este tribunal requerir al a-quo, cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 26-11-08 hasta el 19-03-09, no obstante, que este tribunal ya emitió pronunciamiento al respecto, por auto de fecha 8 de agosto de 2012, providencia que se mantiene incólume, aunado al hecho que tal solicitud en el caso de autos resulta inoficiosa, por cuanto la perención de la instancia se computa por días consecutivos, a tenor de dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil; en razón de ello puede determinarse del Calendario Judicial, sin mayor complejidad, así como en el caso concreto la paralización de la causa en atención a la mudanza constituye un hecho notorio judicial comunicacional, amén de la condición especial de la entidad bancaria accionante. Así se decide.

En cuanto al doble abocamiento denunciado, observa este juzgador de las actas procesales, que ciertamente la recurrida se abocó mediante dos (2) providencias en dos oportunidades distintas; lo que debe ser calificado simplemente como un indebido trámite, pero de allí a considerarlo como un acto lesivo a la parte; pues, a su parecer alteró la sanidad del proceso, originándole un estado se zozobra, por la alteración de los lapsos procesales; puesto que a su criterio, cuando se produce un abocamiento, este se hace con el fin que las partes puedan ejercer los recursos necesarios para materializar uno de sus derechos constitucionales, como lo es el juzgamiento por jueces imparciales, que de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, una vez abocado el operador de justicia, es menester dejar transcurrir el lapso de tres (3) días para ejercer la recusación, lo que por el principio de preclusión, es imperativo que se deje transcurrir íntegramente para luego computar la siguiente fase, lo que a su decir quebró ostensiblemente, los principios del derecho a la defensa y por ende el debido proceso, postura que no comparte este juzgador; ya que dicha parte estaba a derecho, dado que se suscitaban los trámites citatorios, nada obstaba para ejercer el derecho que alude el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en razón que cuando la causa no esta en suspenso no media notificación alguna, por ello el lapso que alude dicha norma correrá paralelo al cual se este suscitando, más aún cuando la parte no señala en que causal se encontraba incursa la recurrida, que no le fue permitido su ejercicio, ante la no materialización de ningún menoscabo procesal por el excesivo trámite señalado, deben desatenderse en este sentido los alegatos esgrimidos Así se decide.-

5. DISPOSITIVA.

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR, la apelación interpuesta en fecha 17 de mayo de 2011, por el abogado J.G.D.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 119.914, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, entidad financiera BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., entidad financiera, de este domicilio e inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil de Distrito Federal, ahora Distrito Capital, en fecha 15 de Enero de 1938, quedando anotado bajo el Nº 30 cuya ultima modificación estatutaria quedo inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 05 de junio de 2001, bajo el Nº 49, Tomo 38 A-Cto, en contra de la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, dictada en fecha 29 de abril de 2011, por el JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró la perención de la instancia, ello en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES, interpuso la referida entidad financiera en contra de la sociedad mercantil ASOCIACION COOPERATIVA ARMA, R.L., de este domicilio e inscrita ante el Registro Subalterno del Sexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 21 de noviembre de 2003, bajo el Nº 38, Tomo 27 protocolo 1°, siendo su última modificación ante el citado Registro Inmobiliario en fecha 30 de junio de 2005, anotado bajo el Nº 28, Tomo 53 protocolo 1°, e inscrita ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) expediente Nº 25.970, y los ciudadanos P.A.U., F.M.G.D.U., E.A.U.G., E.A.U.G. y O.J.U.G.; venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-4.032.772, V-4.616.728, V-14.990.499, V-12.147.807 y V-12.147.803, respectivamente, en su condición de deudores conjuntos y solidarios.-

Se REVOCA, la decisión apelada; en consecuencia, se ordena retrotraer la causa en el estado que se encontraba para el momento del decreto de la perención breve de la instancia que fue revocada.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

Líbrese oficio de participación al JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, sobre las resultas del asunto, ello en atención a los lineamientos establecidos en el Instrumento para la Recolección de Información Estadística para los Tribunales con Competencia en Materia Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Marítimo y Aeronáutico del año 2012.

Regístrese, publíquese, notifíquese y déjese copia en el copiador de sentencias llevado por este tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, líbrese oficio y devuélvase en su oportunidad legal al juzgado de la causa.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, al primer (1º) día del mes de junio del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ,

E.J.S.M..

LA SECRETARIA,

Abg. E.J. TORREALBA C.

Exp. Nº 9945/Cobro de Bolívares

Interlocutoria /Recurso Mercantil

Con Lugar la Apelación/Revoca Perención/“F”

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las tres y diez post meridiem (3:10 P.M.). Conste,

LA SECRETARIA,

Abg. E.J. TORREALBA C.