Decisión nº 192-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 22 de Octubre de 2013
| Fecha de Resolución | 22 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Contencioso Tributario |
| Ponente | Maria Leonor Pineda Garcia |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013)
Años 203° y 154°
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 192/2013
ASUNTO: KP02-U-2013-000028
Visto el escrito de promoción de pruebas interpuesto oportunamente en fecha 9 de octubre de 2013, por los abogados N.B.B. y L.R.M.G., titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.307.362 y 13.346.813, inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nros. 83.023 y 90.001, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco Exterior, C.A. Banco Universal, parte recurrente en la presente causa, este Tribunal observa lo siguiente:
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2189 de fecha 14 de noviembre de 2000, dictada en el expediente Nº 16.332, con ponencia del Magistrado Dr. L.I.Z., estableció con relación a la libertad de los medios probatorios que:
… la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado por él respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el C.P.C., atinentes ellas a las de su legalidad y las de su pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa pueda apreciar, al valorar la prueba y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto de la legalidad del acto impugnado. Sobre la base del referido principio de libertad de los medios de prueba, una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia de la misma y en consecuencia habrá de admitirla, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente, y por tanto inadmisible. (…) Luego, parece evidente que la regla es la admisión y que la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales y muy claros de ilegalidad e impertinencia, premisa que resulta aplicable a los procesos contencioso tributarios…
.
Cabe destacar que, la citada decisión ha sido ratificada en reiteradas oportunidades, verbigracia, en sentencia Nº 01350 dictada por la Sala Político Administrativa del M.T. de la República de fecha 12 de noviembre de 2012, en la cual se expone:
…esta Alzada considera preciso destacar -como se ha señalado en anteriores fallos (Vid. Sent. N° 5.475 del 4 de agosto de 2005, caso: S.J.M.J., ratificada en las sentencias de esta Sala bajo los Nros. 14 de fecha 10 de enero de 2007, caso: Contraloría General de la República; y 14 del 9 de enero de 2008, caso: Línea Aérea de Servicio Ejecutivo Regional Laser, C.A. (LASER) que conforme al pacífico criterio sostenido por la doctrina nacional, el llamado principio o sistema de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con cualquier intención o tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio seleccionado por las partes, con excepción de aquellos legalmente prohibidos o que resulten inconducentes para la demostración de sus pretensiones; principio que se deduce del texto expresamente consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que señala:
Artículo 395.- Son medios de prueba admisibles en cualquier juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.
Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez
.
Vinculado directamente con lo anterior, destaca la previsión contenida en el artículo 398 eiusdem, alusiva al principio de la libertad de admisión, conforme al cual el Juez, dentro del término señalado, “...providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes…”.
Así, ha entendido la Sala que la providencia o auto a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado por él, respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir aquéllas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a su legalidad y pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa puede apreciar, al valorarlas y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto al fondo del asunto planteado. Sobre la base del referido principio de libertad de los medios de prueba, una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia de la misma, y en consecuencia la admitirá, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente y, por tanto, inadmisible.
De lo anterior se colige que la regla es la admisión, y que la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales de donde se desprenda claramente la ilegalidad e impertinencia del medio probatorio promovido (Vid. Sent. Nº 215 dictada por esta Sala del 23 de marzo de 2004, caso: Diques y Astilleros Nacionales, C.A., (DIANCA))...”.
Por su parte, el Código Orgánico Tributario vigente en sus artículos 268, 269 y 270, respecto al régimen probatorio establecen:
Artículo 268: Vencido el lapso para apelar de las decisiones a que se refiere el artículo anterior, o desde que conste en autos la devolución del expediente del Tribunal de Alzada que admitió el recurso, quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez, a menos que las partes solicitaren que se decida la causa como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que consten ya en autos, en cuyo caso el juez lo declarará así.
Artículo 269: Dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes de la apertura del lapso probatorio, las partes podrán promover las pruebas de que quieran valerse.
A tal efecto, serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la confesión de funcionarios públicos cuando ella implique la prueba confesional de la Administración…
Artículo 270: ….Al vencimiento de este lapso, el juez, dentro de los tres (03) días siguientes, providenciará los escritos de pruebas admitiendo las que sean legales y procedentes, y desechando las aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes…
(Subrayado añadido).
De las normas anteriormente transcritas se infiere en primer término, el lapso que tienen la partes involucradas en un determinado Recurso Contencioso Tributario para promover las pruebas que crean pertinentes; en segundo lugar, los medios probatorios admisibles en estos procedimientos; y en tercer lugar el lapso procesal para que el juez providencie los escritos de las pruebas promovidas por las partes en dicho procedimiento judicial.
Sobre esta base, el tribunal procede a examinar las pruebas promovidas, observando que los abogados N.B.B. y L.R.M.G., inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nros. 83.023 y 90.001, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad de comercio Banco Exterior, C.A. Banco Universal, promovieron el mérito favorable de todas las documentales que cursan en el expediente sustanciado ante esta instancia judicial y del expediente administrativo sustanciado por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Estado Lara (SAATEL) a su representada, invocando en consecuencia el Principio de la Comunidad de la Prueba de todas las consecuencias probatorias que se derivan de los instrumentos y demás documentos que cursan en el expediente, en particular el mérito favorable de todos los documentos que demuestran los vicios de nulidad en los que incurrió la resolución impugnada, haciendo valer el mérito conforme al mencionado Principio de la comunicación exhorto emitida por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Estado Lara (SAATEL) el 13 de enero de 2013, la cual fue acompañada al escrito del recurso jerárquico, así como de las declaraciones juradas de enteramiento y pago del impuesto 1x1000 y planillas únicas de liquidación y pago por concepto de actos gravados en materia de timbres fiscales del Estado Lara, correspondientes a todos los períodos impositivos objetados, mientras que el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Estado Lara (SAATEL), no promovió medio probatorio alguno ni formuló oposición a la admisión de las pruebas de la recurrente, por lo que este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, actuando conforme a las mencionadas normas y aplicando supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, siendo la oportunidad para providenciar sobre la admisión o no de las pruebas promovidas, lo hace en los siguientes términos:
CAPITULO I
DEL MERITO FAVORABLE
Los abogados N.B.B. y L.R.M.G., titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.307.362 y 13.346.813, inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nros. 83.023 y 90.001, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco Exterior, C.A. Banco Universal, promovieron el mérito favorable de todas las documentales que cursan en el expediente sustanciado ante esta instancia judicial y del expediente administrativo sustanciado por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Estado Lara (SAATEL) a su representada, invocando en consecuencia el Principio de la Comunidad de la Prueba de todas las consecuencias probatorias que se derivan de los instrumentos y demás documentos que cursan en el asunto, en particular el mérito favorable de todos los documentos que demuestran los vicios de nulidad en los que incurrió la resolución impugnada, haciendo valer el mérito conforme al mencionado Principio de la comunicación exhorto emitida por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Estado Lara (SAATEL) el 13 de enero de 2013, la cual fue acompañada al escrito del recurso jerárquico, así como de las declaraciones juradas de enteramiento y pago del impuesto 1x1000 y planillas únicas de liquidación y pago por concepto de actos gravados en materia de timbres fiscales del Estado Lara, correspondientes a todos los períodos impositivo objetados; sin embargo, el mérito favorable de los autos no es un medio probatorio por sí mismo, sino que es una solicitud que hace la parte promovente para la aplicación del principio de la comunidad de la prueba y se orienta a la valoración que un determinado Juez haga de las pruebas promovidas, quien está obligado a emplearlo, de oficio, sin necesidad de alegación de parte, motivo por el cual se dictará su pronunciamiento en la sentencia de mérito que recaiga en este expediente, siempre que favorezca a la recurrente en esta causa. (Vid. Sentencias números 02595 del 5 de mayo de 2005 y 01172 de fecha 4 de julio de 2007, dictadas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia). Así se decide.
Publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro occidental, en Barquisimeto a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203° y 154°.
La jueza,
Abg. M.L.P.G..
El secretario,
Abg. F.M..
En fecha veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15 p.m.), se publica la presente decisión.
El Secretario
Abg. F.M..
ASUNTO: KP02-U-2013-000028
MLPG/fm.
