Decisión nº PJ0042014000151 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 3 de Julio de 2014

Fecha de Resolución 3 de Julio de 2014
EmisorJuzgado Primero Superior del Trabajo
PonenteOsmiyer José Rosales Castillo
ProcedimientoRecurso Contencioso Administrativo De Nulidad

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial

del estado Portuguesa

Guanare, Tres (03) de Julio de dos mil catorce (2014.

203º y 154º

ASUNTO Nro.-: PP01-N-2013-000008.

DEMANDANTE: CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA. C.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: Abogado L.L., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.- 135.383.

RECURRIDA: INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT).

MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

SENTENCIA: DEFINITIVA.

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA

Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por el abogado L.L. actuando en sus condición de apoderado judicial de la parte recurrente en la presente causa, CENTRAL AZUCARERO PORTUUGESA. C.A. contra el acto administrativo relativo a la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE.

DE LA COMPETENCIA

Primeramente, considera necesario e imperativo éste juzgador reseñar que la mayoría de la doctrina, cuando se refiere a la competencia, establece que ella es la medida de la jurisdicción que puede ejercer el Juez.

Algunas de las definiciones dadas por la doctrina consideran que es “la capacidad del Órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional” como la propone el autor Lescano. Igualmente H.A. expresa que es “la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”.

De conformidad con la doctrina, considera necesario este Tribunal pronunciarse en relación a la competencia para conocer de la presente causa y, a tales fines, de manera concatenada se invoca la sentencia emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Nro.- 27, publicada en fecha 26/07/2011, con carácter vinculante para las todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señala:

En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.

Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.

En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, el tribunal competente para conocer de la presente causa es el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se declara.

(Fin de la cita).

Este juzgador evidencia de lo anteriormente transcrito que, de conformidad con el examen efectuado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la referida decisión, es forzoso para ésta alzada declarar que es COMPETENTE para entrar a conocer y decidir la presente causa. Así se señala.

SECUENCIA PROCEDIMENTAL ANTE ESTA ALZADA

Consta en autos que en fecha 27/02/2013, fue presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa, sede Guanare, el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por el abogado L.L., actuando en sus condición de apoderado judicial de la parte recurrente en la presente causa, CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA. C.A. contra el acto administrativo relativo a la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE el cual fue admitido ordenándose las notificaciones conducentes.

En fecha 10/02/2014, se recibió oficio Nro.- 0149/2014, data de 19/02/2014, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Portuguesa y Cojedes, mediante el cual, cumpliendo con lo solicitado por éste despacho a través del oficio Nro.- PC01OFO20130001760, remite copias fotostáticas certificadas del expediente administrativo signado con la nomenclatura PP01-N-2013-000008 tal y como lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha 02/04/2014, este juzgador, en vista que constaba en autos las notificaciones de los llamados al presente juicio y vencidos los lapsos correspondientes, procedió a dictar auto mediante el cual fijó la oportunidad a los fines de la celebración de Audiencia Oral y Pública de Juicio, para el día 30/04/2014, a las 09:30 a.m. oportunidad en la cual fue llevada a cabo la misma, dejándose constancia de la comparecencia de la apoderada judicial de la parte recurrente, quien expuso sus alegatos, así como consignó escrito de promoción de pruebas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; aplicado de manera supletoria por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ésta alzada deja constancia que el desarrollo íntegro de las argumentaciones esgrimidas por la parte compareciente a la audiencia oral y pública de juicio, se encuentran debidamente plasmadas en la reproducción audiovisual producto de la filmación correspondiente a la referida audiencia, celebrada ante esta instancia en fecha 30/04/2012, contenido en el cuaderno de recaudos.

En fecha 12/05/2014, una vez cumplidos con todos los trámites legales, así como celebrada la audiencia oral y pública de juicio, promovidas y evacuadas todas las pruebas, se dicta auto a través de cual, se señala que vencido como se encuentra el lapso previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este juzgador le indica a las partes que dentro de los treinta (30) días de despacho siguiente, comenzaría a computar el lapso respectivo, a los fines de dictar sentencia en la presente causa.

DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DEL RECURSO

El acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad se solicita, está contenido en la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE el cual fue admitido ordenándose las notificaciones conducentes en donde se expone textualmente lo siguiente:

A la Consulta de Medicina Ocupacional de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Portuguesa y Cojedes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales – INPSASEL - ha asistido el Ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844. de 43 años de edad, desde el día 28/08/2009, a los fines de la evaluación médica respectiva por presentar sintomatología de enfermedad de presunto origen ocupacional. El mismo presta sus servicios para la entidad de trabajo CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA. C.A ubicada en la carretera vieja vía Payara, Sector Piedritas Blancas Acarigua estado Portuguesa donde se ha desempeñado en el cargo de AYUDANTE DE ELECTRICISTA, ELECTRICISTA DE PRIMERA Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Una vez realizada la evaluación integral que incluye los 5 criterios: 1.- Epidemiológico, 2.-Legal 3.- Paraclínico 4.- Clínico y 5 Higiénico-Ocupacional.-; a través de la investigación de origen de enfermedad realizada por los funcionarios pertenecientes a esta institución H.T., Sirmar Montesinos, F.B. y Mirlay Garrido titulares de la cédula de Identidad Nº 15.288.295, 12.933.717, 14.877.736 Y 15.579.059 respectivamente, en fechas 10 de septiembre de 2009, 29 de diciembre de 2009, 17 de diciembre de 2009, y 06 de enero de 2011, en su condición de Inspectores en Seguridad y Salud en el Trabajo II, según Orden de Trabajo Nº POR-09-0438 Nº POR-09-0449 Y Nº POR- 10-0528 la cual consta de expediente técnico Nº POR-35-IE-09-0438 donde pudo constatarse el desempeño laboral desde el 22 de agosto del año 1991, durante dieciocho años aproximadamente hasta el momento de la investigación donde las tareas diarias realizadas demandaron levantar, halar, y trasladar cargas de peso movimientos repetitivos de flexo-extensión y rotación del tronco, adoptar posturas forzadas del tronco, bipedestación dinámica prolongada, factores que ocasionan o agravan los trastornos musculos-esqueleticos, Al ser evaluado en este Departamento Médico se le asigna el numero de Historia Ocupacional Nº POR-09-1060, la cual sostiene inicio de enfermedad a los 16 años de exposición a los factores antes descritos caracterizada clínicamente por dolor lumbar.. Fue evaluado por médico especialista en Neurocirugia-fisiatrica, determinándose previa evaluación física y de los exámenes clínicos y paraclinicos (RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR) los diagnósticos de Discopatia Lumbar, hernia discal L4,L5, con compromiso radicular. Las enfermedades descritas presentadas por el trabajador constituyen un estado patológico contraído agravado con ocasión del trabajo en el que el trabajador se encontraba laborando, imputable básicamente a condiciones disergonómicas, tal y como lo establece el artículo 70 de la LOPCYMAT.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones legales basadas en el cumplimiento de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela articulo 89 articulo 76 y el articulo 18 numeral 15 y 17 de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) encomendadas al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad laborales por designación de su presidente N.O., titular de la cédula de identidad V.- 6.256.504 de fecha 10 de diciembre de 2009 y con competencia delegada para calificar el origen ocupacional de las enfermedades y dictaminar el grado de discapacidad a consecuencia de una enfermedad ocupacional mediante la p.A. Nº 01, de fecha 02 de enero de 2012, AÑOS 201 Y 152 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL Nº 39.846 de fecha 19 de enero de 2012, corregida por error material mediante la p.a. Nº 08 del 28 de marzo del 2012, publicada en gaceta oficial Nº 393.037 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2012, Yo, Dr. J.M. mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 82.346.078, Actuando en mi condición de medico adscrito al Instituto nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, CERTIFICO que se trata de DISCOPATIA LUMBAR, HERNIA DISCAL L4-L5 CON COMPROMISO RADICULAR (CIE 10 M51.1) considera como una ENFERMEDAD OCUPACIONAL (agravada por el trabajo) que le ocasiona al trabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, con limitaciones para las actividades que requieran realizar movimientos repetitivos o adoptar posturas forzadas del tronco, operar sobre superficie que vibren, halar, empujar, cargar o trasladar pesos, sedestacion o bipedestación prolongada, desplazamiento vorticial u horizontal frecuente o prolongado. Fin del informe. (Fin de la cita).

DEL FUNDAMENTO DEL RECURSO DE NULIDAD CONTRA EL ADMINISTRATIVO EMANADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES DE PORTUGUESA Y COJEDES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (DIRESAT)

El recurso de nulidad ejercido por la representación judicial de la parte recurrente, CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA. C.A. va dirigido a anular el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE.

invocando las siguientes razones:

1.- Incompetencia del Funcionario que dicto la certificación: puesto que, a decir del recurrente, se está “la persona que certifico el supuesto carácter ocupacional de la afección del trabajador sufre fue el Dr. J.M., en su condición de “Medico Diresat Portuguesa Cojedes”, cuando no existe norma atributiva de dicha competencia” lo que deviene en una incompetencia absoluta del funcionario para dictar dicho auto.

2.- De la configuración del Falso Supuesto: puesto que, a decir del recurrente, el falso supuesto de hecho se consuma cuando el acto administrativo da por cierto hechos que no han sucedido realmente o interpreta equivocadamente hechos que ocurrieron de una manera distinta a la apreciada por el ente u órgano administrativo

.

3.- Del Falso Supuesto por inexistencia de la causa pretendí de LA CERTIFICACION (inexistencia de los hechos alegados) puesto que, a decir del recurrente, no se investigo a profundidad las condiciones particulares del ciudadano C.F., si no que únicamente se asumió que el puesto de trabajo fue lo que agravo la condición física.

4.-De la Violación de la garantía constitucional a la presunción de inocencia: puesto que, a decir del recurrente, en el expediente no se encuentra prueba suficiente la administración esta compelida a resolver el procedimiento atendiendo a la aludida presunción de inocencia.

5.- De la Violación al derecho a la defensa y al debido proceso: puesto que, a decir del recurrente el INPSASEL emitió la CERTIFICACION sin la tramitación previa de un procedimiento administrativo violenta en consecuencia el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso de mi representada.

6.- De la ausencia de motivación en la que incurre la CERTIFICACION: puesto que, a decir del recurrente en la certificación no se exponen las razones de de hecho y de derecho en las cuales fundamenta tal afirmación, que pudieran deducir de manera explicita de las actas y actos del expediente administrativo, todo lo cual viola evidentemente lo establecido en los artículos 49 de la CRBV.

APRECIACIÓN PROBATORIA

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE RECURRENTE

Adjuntas al escrito libelar

Documentales

• Promueve marcado con la letra “A” oficio 0478-2011 de fecha 16 de febrero del año 2011, emanado del Dr. C.E.P., medico ocupacional I Diresat Portuguesa Cojedes, en copias fotostática simples constantes de tres (03) folios útiles.

Instrumental a las que ésta superioridad le conferirá pleno valor probatorio y la desecha del procedimiento, una vez sean adminiculadas con las prueba de oficio solicitada, por cuanto, versan sobre lo mismo. Así se aprecia.

• Promueve Expediente Administrativo emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del estado Portuguesa y Cojedes, que certifico el accidente de trabajo y la determinación de la Discapacidad parcial permanente, el cual se encuentra agregado a las actas procesales en copias certificadas.

Instrumentales a las que ésta superioridad les conferirá pleno valor probatorio y la desecha del procedimiento, una vez sean adminiculadas con las prueba de oficio solicitada, por cuanto, versan sobre lo mismo. Así se aprecia.

En consecuencia resulta forzoso para este juzgador traer a colación lo que al efecto ha señalado de forma pacífica y reiterada la jurisprudencia de nuestro alto Tribunal, específicamente la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 08/06/2006 (caso: Á.R.H. Vs. M-I DRILLING FLUIDS DE VENEZUELA, C.A.) con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz que estableció:

“Como se evidencia, tal como lo denuncia la parte demandante recurrente, la Juez de Alzada indebidamente extendió la exigencia de ratificación en juicio a un documento administrativo expedido por el médico legista del Ministerio del Trabajo como si se tratara de un documento privado emanado de un tercero.

Lo cierto es que la referida documental, no puede ser valorada como si se tratara de un documento privado, pues, como reiteradamente lo ha explicado este Alto Tribunal, los documentos públicos administrativos por emanar de funcionarios o empleados de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, gozan de una autenticidad y veracidad que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario.

Lo recientemente indicado, ha sido objeto de análisis en diversos casos sometidos a decisión por este Tribunal Supremo de Justicia, quien de manera pacífica ha sostenido lo siguiente:

Sobre ese particular, la Sala en sentencia de fecha 16 de mayo de 2003, caso H.J.P.V. c/ R.G.R.B., dejó sentado que los documentos públicos administrativos “…son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc) o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario…”.

(Omisis)

Las consideraciones expuestas permiten concluir que los documentos públicos se caracterizan por ser autorizados y presenciados, con las solemnidades legales, por un registrador, juez u otro funcionario o empleado público, que tenga facultades para dar fe pública; los privados por ser redactados y firmados por las partes interesadas, sin que intervenga ningún funcionario público, los cuales pueden adquirir luego autenticidad, si son reconocidos legal o judicialmente por sus autores; y los documentos administrativos por emanar de funcionarios de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, los cuales persiguen documentar las manifestaciones de voluntad o de certeza jurídica del órgano administrativo que la emite.

Es evidente, pues, que la diferencia entre documento público y documento administrativo, no es absoluta, los cuales coinciden en que ambos gozan de autenticidad desde que se forman, la cual emana del funcionario público que interviene en la formación del acto, quien cumpliendo las formalidades exigidas por la ley, otorga al instrumento una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad.

Por tanto, la Sala considera que todo documento administrativo, por emanar de funcionario o empleado público facultado por ley, goza de autenticidad y veracidad, salvo prueba en contrario.

.(Sentencia N° 410 de fecha 4 de mayo de 2004, Sala de Casación Civil).” (Fin de la cita. Negrillas del Tribunal).

De la decisión arriba explanada, se deduce la presunción juris tantum que los documentos administrativos por ser otorgados por funcionarios competentes quienes los expide en el ejercicio de sus funciones, gozan de veracidad y autenticidad, salvo prueba en contrario; en tal sentido, evidenciando de las mismas, quien juzga, en principio, que el organismo administrativo, vale decir, el INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), basándose en las actas de investigación efectuadas en la sede la sociedad mercantil CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A. (C.A.P.C.A.), certificó que la patología padecida por el ex-trabajador, ciudadano C.G.F., se trata de una discopatía Lumbar, hernia discal L4-L5, con compromiso radicular CIE 10 (CIE –M511), considerada como una ENFERMEDAD AGRAVADA POR EL TRABAJO que le ocasiona una Discapacidad Parcial Permanente, resultando importante desglosar el contenido de cada una de los informes de investigación cursantes en el procedimiento administrativo, a los fines de dilucidar el asunto aquí planteado, lo cual descenderá a efectuar, en la siguiente sección denominada CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. Así se señala.

De cara a lo anterior, pasa ésta alzada a motivar, reproducir y publicar, en forma escrita y estando dentro de la oportunidad que prevé el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, los motivos de hecho y derecho para decidir el presente Recurso de Nulidad, lo cual realiza de la manera siguiente:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO QUE EMITIÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO.

Se estima pertinente señalar que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, que tiene como finalidad garantizar a la población sujeta al campo de aplicación del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las prestaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento del objeto de la presente Ley, dentro de cuyas competencias se observa la de calificar el origen ocupacional de las enfermedades así alegadas por los trabajadores, tal y como lo prevé los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

De igual forma, del Capítulo III, del Título VI, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, referido a la calificación del origen ocupacional de los accidentes y enfermedades, se desprende que el legislador ha establecido que el INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), es el encargado de calificar el origen de la enfermedad ocupacional, previa investigación y mediante informe, el cual tendrá el carácter de documento público, siendo que los interesados en solicitar la revisión de la calificación podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto.

Conforme con lo expuesto debe este Órgano Jurisdiccional analizar el procedimiento legalmente establecido para la expedición de las certificaciones emanadas de los médicos especialistas en salud ocupacional del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales, calificando el origen ocupacional de la enfermedad o del accidente, según la atribución conferida a este Instituto en el artículo 18, numeral 15 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que dispone:

el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales tendrá las siguientes competencias:

15. Calificar el origen ocupacional de la enfermedad o del accidente

. (Fin de la cita).

Ello así, esta alzada considera necesario traer a los autos lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los cuales disponen:

Artículo 76. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá el carácter de documento público.

Todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma.

Artículo 77. Podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales:

1. El trabajador o la trabajadora afectado.

2. El empleador o empleadora del trabajador o de la trabajadora afiliado.

3. Los familiares calificados del trabajador o de la trabajadora establecidos en el artículo 86 de la presente Ley.

4. La Tesorería de Seguridad Social.

(Fin de la cita).

De los artículos antes transcritos, se observa que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, tiene entre sus funciones calificar y certificar el origen de los accidentes laborales así como las enfermedades ocupacionales que pueden afectar a los trabajadores, y que dicha certificación constituye una manifestación de voluntad por parte del referido INSTITUTO, la cual es impugnable tanto en vía administrativa como judicial.

Asimismo, observa este juzgador que de las citadas disposiciones jurídicas se desprende el procedimiento legalmente establecido para la expedición de la certificación del origen del accidente de trabajo o enfermedad ocupacional; a saber: i) instancia de parte, todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma, es decir, debe existir una solicitud previa del trabajador o trabajadora; ii) investigación del accidente o enfermedad; iii) expedición de la certificación la cual tendrá carácter de documento público administrativo.

En el presente caso se observó de las pruebas traídas al expediente, como la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE.en donde se expone textualmente lo siguiente:

…por designación de su presidente N.O., titular de la cédula de identidad V.- 6.256.504 de fecha 10 de diciembre de 2009 y con competencia delegada para calificar el origen ocupacional de las enfermedades y dictaminar el grado de discapacidad a consecuencia de una enfermedad ocupacional mediante la p.A. Nº 01, de fecha 02 de enero de 2012, AÑOS 201 Y 152 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL Nº 39.846 de fecha 19 de enero de 2012, corregida por error material mediante la p.a. Nº 08 del 28 de marzo del 2012, publicada en gaceta oficial Nº 393.037 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2012, Yo, Dr. J.M. mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 82.346.078, Actuando en mi condición de medico adscrito al Instituto nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, CERTIFICO …

(Fin de la cita).

De la anterior transcripción se extrae, que el mencionado ciudadano está facultado suficientemente para hacer la certificación objeto de nulidad, por lo cual, la competencia se le atribuye a éste y el pedimento del recurrente con respecto a la incompetencia es improcedente, ya que la investigación de la DIRESAT-PORTUGUESA Y COJEDES es solo un informe, tal cual lo expone el recurrente en su denuncia, y basado en ello, se apoya la persona autorizada por el INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) para la certificación del accidente o la enfermedad. Así se decide.

FALSO SUPUESTO DE HECHO

Por inexistencia de la causa petendi de LA CERTIFICACIÓN (inexistencia de los hechos alegados), puesto que, alega el recurrente, la administración señala que el trabajador padece de DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. para el trabajo habitual, lo cual no fue debidamente sustentado por el INPSASEL al no demostrarse la relación causa-efecto entre dicha enfermedad y las labores efectuadas, ni que la misma se debió a la violación de la normativa de seguridad y salud laboral.

En atención a ello, este juzgador debe indicar que el falso supuesto tiene lugar cuando el acto administrativo se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de forma distinta a la apreciada por la Administración. También cuando el fundamento del acto lo constituye un supuesto de derecho que no es aplicable al caso (sentencia Nro.- 1.931 del 27/10/2004, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

En el mismo sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro.- 00148 de fecha 04/02/2009 estableció que el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión y cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado.

En este estadio procesal, es oportuno, a los fines de resolver el vicio denunciado por la representación judicial de la parte recurrente, proceder al desglose de las pruebas documentales insertas a los autos, las cuales versan sobre las Copias fotostáticas certificadas del expediente administrativo adjunto como anexo al escrito contentivo de la interposición del presente recurso que cursa ante el INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), las cuales fueron promovidas por el recurrente y solicitadas de oficio por quien decide.

En atención a ello, y de acuerdo a lo esgrimido en la sección anterior, resulta prudente, para quien juzga, desglosar el contenido del informe de investigación realizada en fecha 10/09/2009 por el ciudadano H.T., en su condición de Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo II, adscrito al INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT) desprendiéndose, que las actividades descritas en el informe sobre los cargos desempeñados por el trabajador fueron suministrados por el mismo trabajador objeto de la investigación, es decir, el funcionario no constata que el trabajador realizaba las mencionadas funciones ni como las realizaba, solo se procedió a trascribir en el informe de investigación las funciones señaladas por el ciudadano C.G.F.. Así se establece.

Así las cosas, resulta importante, para este juzgador, señalar que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 111, con lo que respecta a la inspección judicial (aplicado al presente procedimiento en apego a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo), la cual, juicio de quien decide, se asemeja a la actuación efectuada por el funcionario de INPSASEL, consagra lo siguiente:

Artículo 111: El Juez de Juicio, a petición de cualquiera de las partes o de oficio, acordará la inspección judicial de cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa

. (Fin de la cita).

En tal sentido, éste operador de justicia analiza que la inspección judicial se caracteriza por el hecho que el objeto es constatar, principalmente, mediante la percepción directa del juez (en este caso del funcionario competente), sobre una circunstancia fáctica que sea percibible o verificable y a la luz del artículo 114 ejusdem, el Juez (en este caso el funcionario) debe, al proceder a la práctica de la misma, -aparte de notificar del cometido de su traslado y constitución en el lugar y solicitar la exhibición del objeto- a individualizar la cosa y dejar constancia de todos aquellos elementos de hecho que tengan importancia para el juicio (procedimiento de investigación en el caso de marras); dejando constancia de circunstancias de hecho que considere significativas para el proceso, sin que avance opinión ni formule apreciaciones que no puedan constatarse directamente, a simple percepción visual, tal y como lo prevén los artículos 1.428 y 1.430 del Código Civil. Así se estima.

Se deduce así que se trata de la percepción misma del hecho a probar por el juez (funcionario, en este caso), mediante sus propios sentidos; vista, olfato, oído, tacto e incluso el gusto, pues la inspección judicial radica su importancia en esa apreciación sensorial personal que hace el juez sobre los hechos. De esta manera, el objeto de la misma es la verificación de hechos materiales, perceptibles sensorialmente, de cualquier clase, que el juez (funcionario, en este caso) pueda examinar y reconocer. Se trata de acreditar no sólo hechos, sino el estado de las personas, cosas o para determinar circunstancias concernientes a la cosa litigiosa.

Entonces, la inspección judicial es para verificar hechos materiales, características, señales, su estado actual, manifestaciones externas de cualquier tipo de cosa. Pueden hacerse sobre registros inmobiliarios o mobiliarios, sobre documentos, archivos, expedientes y procesos. Lo importante es que existan y puedan ser captados por los sentidos, por ello se dice que esos hechos pueden ser permanentes o transitorios que todavía subsistan o que ocurran en presencia del juez (funcionario, en este caso).

En tal sentido, en cuanto al mecanismo utilizado por el ciudadano H.T. en su condición de Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo II, adscrito al INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT) sobre la realización de los informes de investigación, específicamente el efectuado en fecha 10/09/2009 no debió el funcionario dejar a la libre discreción o apreciación del trabajador presente durante el desarrollo de la misma, lo que han bien considerasen, pues debió dirigir la misma a través de un interrogatorio que versara sobre los hechos que observó, porque ello contraviene su naturaleza jurídica, la cual, debe ser efectuada a los efectos de dejar certeza, sobre los hechos percibidos directamente por el funcionario actuante; es decir, a dejar constancia de lo que evidencia y constata.

Por otro lado, se constata del segundo informe de investigado, realizado en fecha 07/07/2012, en un principio que el referido funcionario deja constancia que la sociedad mercantil C.A.P.C.A., cumplió con los formatos de inducción de riesgos, equipos de protección personal, análisis seguro de trabajo, recomendaciones para realizar levantamientos de sacos de azúcar, carta legal de riesgos, charla de seguridad.

En consecuencia, siendo que el funcionario no cumple con los parámetros legales y con ello, el médico ocupacional basa la certificación objeto del presente recurso de nulidad; éste ad-quem, por considerar que se ha configurado el vicio de falso supuesto de hecho alegado por el recurrente y, en consecuencia se declara procedente tal denuncia, lo cual acarrea la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado, por lo que, quien juzga, no descenderá a analizar el resto de los vicios manifestados. Así se decide.

En consecuencia con lo anterior, este ad-quem declara: PRIMERO: CON LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por el abogado L.L.L., actuando en sus condición de apoderado judicial de la parte recurrente en la presente causa, CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A. (C.A.P.C.A.), contra el acto administrativo relativo a la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL, SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA del referido acto administrativo; TERCERO: SE ORDENA notificar de la presente decisión al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en atención a los referidos privilegios y prerrogativas procesales que tiene el ente recurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; CUARTO: Notifíquese mediante oficio al DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), acerca de la presente decisión, a los fines legales consiguientes y QUINTO: NO HAY CONDENA EN COSTAS, por tratarse de un ente de la administración pública. Así se decide.

DISPOSITIVA

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

CON LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por el abogado L.L.L., actuando en sus condición de apoderado judicial de la parte recurrente en la presente causa, CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A. (C.A.P.C.A.), contra el acto administrativo relativo a la Certificación de fecha 02/10/2012, signada con el Nro.- 189/12, emanada del INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), mediante la cual el médico ocupacional certificó que el trabajador, ciudadano C.G.F., titular de la cédula de identidad Nro.- V-9.844.741 padece una DISCOPATIA LUMBAR HERNIA DISCAL L4-L5 que le ocasiona una DISCAPACIDAD PARCIAL.

SEGUNDO

SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA del referido acto administrativo.

TERCERO

SE ORDENA notificar de la presente decisión al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en atención a los referidos privilegios y prerrogativas procesales que tiene el ente recurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

CUARTO

Notifíquese mediante oficio al DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGUESA Y COJEDES (DIRESAT), acerca de la presente decisión, a los fines legales consiguientes.

QUINTO

NO HAY CONDENA EN COSTAS, por tratarse de un ente de la administración pública. Así se decide.

Publicada en el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, a los Tres (03) días del mes de Julio del año dos mil catorce (2014).

Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

El Juez Superior del Trabajo,

Abg. Osmiyer J.R.C.

La Secretaria,

Abg. Y.A.

En igual fecha y siendo las 11:33 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por aplicación supletoria del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000 y su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.

La Secretaria,

Abg. Y.A.

OJRC/Brenda.-

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