Decisión de Juzgado Superior Agrario de Merida, de 12 de Enero de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

Mérida, doce (12) de enero de dos mil dieciséis (2016)

205° y 156º

Visto el escrito presentado en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil quince (2015), por la ciudadana Abg. Jhosselyn C.A.F., venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V-16.456.299, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.202, actuando en su carácter de Defensora Pública Primera en Materia Agraria del estado Bolivariano de Mérida extensión El Vigía, en representación previo requerimiento de la ciudadana A.D.M.d.C., venezolana, mayor de edad y portadora de la cédula de identidad Nº V-9.084.581, mediante el cual interpone recurso contencioso administrativo de nulidad, contra los actos administrativos emanados del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTi), en reunión EXT-253-15, de fecha trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), en el cual acordó:

…omissis…

(SIC)…“ Título de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario número 1416986215RAT0006157, a favor de el (los) ciudadano (s) L.A.C.M., venezolano (s), titular (es) de la cédula de identidad número V- 13.790.609 sobre un lote de terreno denominado, ”SAN ISIDRO”, ubicado en el sector LA MACANA, asentamiento campesino Sin información parroquia S.C.d.M. municipio A.P.S. del estado Mérida, constante de una superficie de DOS HECTAREAS CON OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (2 hectáreas con 8370 metros cuadrados.), alinderado de la siguiente manera: Norte: TERRENO OCUPA POR SUCESIÓN CONTRERAS MÁRQUEZ. Sur: TERRENOS OCUPÁDOS POR SUCESIÓN CONTRERAS MÁRQUEZ Y B.P.. Este: TERRENOS OCUPADOS POR E.M. Y B.P. y Oeste: TERRENOS OCUDADOS POR A.C. Y SUCESIÓN CONTRERAS MÁRQUEZ“.(…).

En consecuencia de ello, este Juzgado Superior Agrario ordenó darle entrada, formar expediente y asignarle la numeración correspondiente, mediante auto de fecha siete (07) de enero de dos mil dieciséis (2016).

En este sentido, este Juzgado Superior debe pasar a analizar los presupuestos de la admisión del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, la cual supone el cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se pasa a estudiar los referidos artículos, no sin antes establecer la competencia de este Tribunal, a los fines del conocimiento del presente asunto, para lo cual tenemos que:

Los artículos 156 y 157 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen que:

Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia

.

Artículo 157. “Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios”.

Así pues, de los textos normativos supra reseñados, se desprende, que serán competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios, los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia, y la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Juzgado de Segunda Instancia o de Alzada.

En ese orden de ideas, determina quien decide, que siendo el caso, que se intenta un recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por la Abg. Jhosselyn C.A.F., en representación previo requerimiento de la ciudadana A.D.M.d.C., ambas anteriormente identificada, contra los actos administrativos emanados del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTi), en reunión EXT-253-15, de fecha trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), denominados “título de garantía de permanencia socialista agraria y carta de registro agrario Nº 1416986215RAT0006157”, a favor del ciudadano L.A.C.M., sobre un lote de terreno denominado, ”SAN ISIDRO”, ubicado en el sector “LA MACANA”, asentamiento campesino sin información parroquia S.C.d.M. municipio A.P.S. del estado Bolivariano de Mérida, en consecuencia de ello y a tenor de lo establecido en los precitados artículos 156 y 157, en ese orden, este Juzgado Superior Agrario formalmente debe declarar su competencia funcional, territorial y material, para conocer de la presente causa, en función de corresponder el conocimiento en primera instancia del presente asunto. Así se declara.

En este sentido, la admisión del presente recurso supone el cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Juzgado Superior Agrario, pasa a analizar los referidos artículos a saber:

Artículo 160: Las acciones y recursos contemplados en el presente título deberán interponerse por escrito por ante el Tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.

2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.

3. Identificación de las disposiciones constitucionales o legales cuyas violaciones se enuncian.

4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificara el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.

5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.

Artículo 162: Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos, por los siguientes motivos:

1. Cuando así lo disponga la ley.

2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.

3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre si o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

7. Cuando exista un recurso paralelo.

8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.

12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.

13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva.

Ahora bien, del articulado anteriormente transcrito se desprende, los supuestos esenciales de admisibilidad del recurso de nulidad interpuesto y en ese sentido, pasa esta Juzgadora a examinar el cumplimiento de los mismos, partiendo del artículo 160 eiusdem, y al efecto determina:

DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

1º Que al señalar el recurrente que el presente recurso de nulidad se intenta contra los actos administrativos dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras “Título de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario número 14169862’5RAT0O06157, a favor del ciudadano L.A.C.M., venezolano, titular de la cédula de identidad número V- 13.790.609 sobre un lote de terreno denominado, ”SAN ISIDRO”, ubicado en el sector LA MACANA, asentamiento campesino Sin información parroquia S.C.d.M. municipio A.P.S. del estado Mérida, constante de una superficie de dos hectáreas con ocho mil trescientos setenta metros cuadrados (2 hectáreas con 8370 metros cuadrados.), alinderado de la siguiente manera: Norte: terreno ocupa por sucesión Contreras Márquez. Sur: terrenos ocupados por sucesión Contreras Márquez y B.P.. Este: terrenos ocupados por E.M. y B.P. y oeste: terrenos ocupados por A.C. y sucesión Contreras Márquez” (…). Se logra así, quedar satisfecho el primero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual hace referencia a la necesidad de determinar con meridiana precisión, el acto administrativo cuya nulidad se pretende. Y así se decide.

2º Que el recurrente acompañó al escrito libelar, copia simple del acto emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras en su sesión de Directorio número EXT-253-15, de fecha trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), cuya nulidad se pretende, tal como consta en copia simple anexa al presente recurso, por lo cual queda satisfecho a juicio de este sentenciador, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la copia simple o certificada del acto cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u organismo en que se encuentran y los datos que identifican dicho acto. (Folios 10 al 15). Y así se decide.

3º Que a decir el recurrente, en su escrito libelar, que los actos administrativos dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (antes indicado), acarrea una violación a los artículos 49, 143 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículos 167 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 25, 26, 27, 51, 49 Ordinal 3, 143, y 141, 299, 305, 306 y 307 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Determinó de esta manera las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales que a su juicio han sido violadas por el acto recurrido, con lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el acto recurrido. (Vuelto del Folio 05). Y así se decide.

4º Que la parte recurrente en los recaudos consignados junto con el libelo de la demanda demostró el carácter con que actúa, en virtud que acompañó el recurso con copia simple del acta de requerimiento, observándose así que cumple con el cuarto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar su solicitud con el instrumento que demuestre el carácter con el que se actúa, que a su entender demuestra tal carácter proveniente de un derecho real. (Folio 09). Y así se decide.

5º Finalmente, observa esta sentenciadora que al acompañar el recurrente a su solicitud con el legajo probatorio por él aportado, queda satisfecho el quinto requisito establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el recurso con las pruebas que el recurrente estime conveniente. (Folios 5 al 77). Y así se decide.

Determinadas las causales establecidas en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del presente recurso, y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgado pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:

DE LA INADMISIBILIDAD

1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.

2º El conocimiento de la acción del presente recurso corresponde a este organismo jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156 numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario por cuanto se trata de un recurso intentando contra actos administrativos agrarios dictados por un Ente Estatal agrario como lo es el Instituto Nacional de Tierras y recayó sobre un lote de tierra ubicado en el estado Bolivariano de Mérida, siendo este Juzgado competente por la materia y por el territorio en dicho Estado, por lo que declara resuelta la causal establecida en este particular.

3º En cuanto al particular tercero, en adecuación con la naturaleza del asunto, representado por un acto administrativo denominado “… Garantía de Permanecía Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario…”, deben realizarse las siguientes consideraciones:

Se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente, que la recurrente Abg. Jhosselyn C.A.F., en representación previo requerimiento de la ciudadana A.D.M., presento recurso contencioso administrativo de nulidad de la garantía de permanecía y cartas de registro agrario.

Ahora bien, corresponde analizar el ordinal 3ero del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, determinar la caducidad de dichos actos, en lo que este Tribunal observa con respecto a la garantía de permanencia que según el artículo 17 ejusdem parágrafo segundo, establece: “La garantía de permanencia puede declararse sobre las tierras determinadas en el artículo 2 de la presente Ley (…) contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de los treinta días continuos siguientes por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras ocupadas”, aclarado lo anterior, se aprecia que dicho recurso fue interpuesto en fecha quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), siendo que se evidencia al folio tres (03) del presente recurso, que la recurrente se dio por notificada en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015); trascurriendo así cincuenta y siete (57) días; esto es más del tiempo que la Ley otorga para ejercer el correspondiente recurso de nulidad, ello conforme a lo estipulado en el parágrafo Segundo de artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y así decide.

Por ello, con relación del anterior análisis, y siendo que no fue satisfecho uno de los requisitos de admisibilidad previstas en la legislación especial agraria, esta Superioridad declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo que otorgo titulo de garantía de permanencia socialista agraria número 1416986215RAT0006157, a favor del ciudadano L.A.C.M., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.790.609 sobre un lote de terreno denominado,

SAN ISIDRO”, ubicado en el sector “LA MACANA”, asentamiento campesino sin información parroquia S.C.d.M. municipio A.P.S. del estado Bolivariano de Mérida, constante de una superficie de dos hectáreas con ocho mil trescientos setenta metros cuadrados (2 hectáreas con 8370 metros cuadrados.)

En virtud de la declaratoria de inadmisibilidad como antecede, no se analizará ningún otro supuesto previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, específicamente en el artículo 162, por cuanto resultaría inoficioso entrar a conocer de alguna otra consideración, en virtud que no se requiere la concurrencia de las otras causales del señalado artículo para decretar la decisión supra señalada, asimismo, en razón de la decisión de inadmisibilidad, no se hará pronunciamiento respecto a la medida solicitada con respecto a la ya mencionada garantía de permanencia. Así se decide.

Ahora bien, establecido lo anterior, este Tribunal Superior, pasa a analizar la caducidad con respecto al acto administrativo: carta de registro agrario N° 1416986215RAT0006157, el cual se evidencia del estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente, que dicho recurso fue interpuesto en fecha quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), siendo que se constata en el folio tres (tres) del presente recurso, que el recurrente se dio por notificado en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015), habiendo transcurrido cincuenta y siete (57) días exactos, por lo cual salvo prueba en contrario, el presente recurso se considera como tempestivo, interpuesto dentro de los sesenta (60) días continuos establecidos para la caducidad del recurso. A todo evento en lo que se refiere a la tempestividad de su interposición, este Tribunal se pronunciará nuevamente en la definitiva de aparecer nuevos hechos que desvirtúen lo aquí expuesto.

4º En cuanto a la cualidad o interés de los recurrentes, el mismo fue resuelto con el análisis del numeral 4º del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vele decir, consignó copia simple del acta de requerimiento a su entender demuestra tal carácter proveniente de un derecho real. (Folio 22 al 28).

5° Revisado exhaustivamente el presente recurso, este Tribunal observa que la recurrente solicita específicamente la nulidad los actos administrativos, por lo que no se acumulan pretensiones que se excluyan mutuamente entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6° Riela en autos copias simples de los documentos varios que acompañan el escrito recursivo referidos los actos administrativos cuya nulidad se pretende, entre otros los requisitos necesarios para verificar la admisión del recurso.

7° Revisado como ha sido el archivo de este Tribunal, no se evidencia alguna otra pretensión relacionada con el presente recurso, por lo que, salvo prueba en contrario no existe algún recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.

8° De la lectura realizada al escrito recursivo, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible y respetuoso a la Majestad el Poder Judicial por lo que no se encuentra incurso en esta causal.

9° Que en el escrito recursivo el cual riela de los folios 01 al 08, con sus vueltos, del presente expediente, se evidencia que la recurrente fue debidamente asistida por la Abg. Jhosselyn C.A.F., venezolana, mayor de edad, portadora de la cedulad de identidad Nº 16.456.299, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.202, actuando en su carácter de Defensora Pública Primera en Materia Agraria del estado Bolivariano de Mérida extensión El Vigía, con lo cual este Tribunal encuentra suficiente la representación que se atribuye a la recurrente.

10º Este Tribunal constata que la recurrente no ha ejercido algún recurso ante el Ente emisor del acto administrativo, pues no consta en los anexos del presente recurso, los antecedentes administrativos llevados por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.). Además de que los actos administrativos dictado por el Directorio del Instituto antes mencionado en ejecución de los procedimientos agrarios previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, agotan la vía administrativa, con lo cual se libra al administrado de la carga de recurrir a la misma, y dejando a éste la posibilidad de ejercer directamente los recursos Jurisdiccionales a que hubiere lugar. Así se decide

En lo que se refiere a los numeral 11º y 12º del artículo 162 eiusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.

13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

Con relación del anterior análisis, y satisfechas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación especial agraria, esta Superioridad declara ADMISIBLE el presente recurso contencioso administrativo de nulidad y en consecuencia, se ordena la sustanciación del presente proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se establece.

Respecto a lo anterior, y a los fines de esclarecer los hechos para que este Juzgado Superior Agrario se pueda ilustrar sobre el presente asunto, se ORDENA la práctica de una inspección judicial sobre el lote de terreno objeto del acto administrativo agrario que declaró la carta de registro agrario, a fin de constatar los hechos acaecidos en dicho lote de terreno, la cual será fijada mediante auto expreso y separado en su correspondiente oportunidad. Así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

este Tribunal Superior Agrario se declara competente para conocer el presente recurso de nulidad.

SEGUNDO

se admite el presente recurso contencioso administrativo de nulidad por haber lugar a su sustanciación en lo que respecta al acto administrativo “carta de registro agrario” Nº 1416986215RAT0006157, a favor del ciudadano L.A.C.M., venezolano, titular de la cédula de identidad número V- 13.790.609 sobre un lote de terreno denominado, ”SAN ISIDRO”, ubicado en el sector LA MACANA, asentamiento campesino sin información parroquia S.C.d.M. municipio A.P.S. del estado Bolivariano de Mérida, constante de una superficie de dos hectáreas con ocho mil trescientos setenta metros cuadrados (2 hectáreas con 8370 metros cuadrados.). Aunado a ello, se ordena la suspensión del proceso por un lapso de noventa (90) días siguientes a que conste en autos la notificación de la Procuraduría General de la Republica de conformidad con el artículo 96 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO

en consecuencia, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se ordena la notificación mediante oficio al Procurador General de la República de la presente admisión.

CUARTO

en consecuencia, de conformidad con el artículo 159 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se ordena la notificación mediante oficio a la ciudadana Fiscal General de la República de la presente admisión.

QUINTO

de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena la notificación del Ente emisor de los actos administrativos Instituto Nacional de Tierras, de la admisión del presente recurso, mediante oficio y a su vez solicitarle la remisión de los antecedentes administrativos, relacionados con el acto administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti), en su sesión de Directorio en reunión EXT-253-15, de fecha trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), en el cual acordó: (sic) “Título de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario número 1416986215RAT0006157, a favor de el (los) ciudadano (s) L.A.C.M., venezolano (s), titular (es) de la cédula de identidad número V- 13.790.609 sobre un lote de terreno denominado, ”SAN ISIDRO”, ubicado en el sector LA MACANA, asentamiento campesino Sin información parroquia S.C.d.M. municipio A.P.S. del estado Mérida, constante de una superficie de DOS HECTAREAS CON OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (2 hectáreas con 8370 metros cuadrados.), alinderado de la siguiente manera: Norte: TERRENO OCUPA POR SUCESIÓN CONTRERAS MÁRQUEZ. Sur: TERRENOS OCUPÁDOS POR SUCESIÓN CONTRERAS MÁRQUEZ Y B.P.. Este: TERRENOS OCUPADOS POR E.M. Y B.P. y Oeste: TERRENOS OCUDADOS POR A.C. Y SUCESIÓN CONTRERAS MÁRQUEZ“. Líbrese comisión al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas con competencia en el estado Bolivariano de Miranda, oficios y comisión.

SEXTO

En virtud de lo antes expuesto, se acuerda librar un único cartel que contendrá la notificación del ciudadano L.A.C.M., venezolano, portador de la cédula de identidad Nº 13.790.609, en su carácter de tercero interesado y a cualquier otro que tenga interés en el presente recurso, cuya publicación se hará en el diario “PICO BOLIVAR”, debiendo ser consignado a las actas del expediente dentro de los diez (10) días de despacho, los cuales serán contados a partir del día de Despacho siguiente a esta fecha, es decir, a la fecha de emisión del cartel, lapso éste establecido para retirar, publicar y consignar el referido cartel, tal como quedó establecido en sentencia de carácter vinculante dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2.011), por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, en el expediente N° 2.009-0695, referida a la perención de la instancia. Y una vez que conste en autos la notificación del Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, transcurrido el lapso de los noventa (90) días de suspensión del proceso más siete (7) días de término de la distancia, comenzará a transcurrir un lapso de diez (10) días hábiles para que procedan a oponerse al recurso contencioso administrativo. Líbrese cartel.

LA JUEZA,

Abg. K.B.Z.

LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. Y.P.B.

En esta misma fecha, se libraron los oficios, comisión y cartel, correspondientes.

LA SECRETARIA TITULAR,

Abg. Y.P.B.

KBZ/yo.-