Decisión nº 12 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Noviembre de 2010

El accionante en procuración alega que los demandados se dieron por intimados el 2 de julio del 2009, siendo a partir del primer día de despacho siguiente a esa data cuando comenzó a correr el lapso para su oposición, que transcurrió durante los días 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21 y 30 de julio del 2009 y 3 de agosto de 2009, resultando consecuencialmente extemporánea por anticipada su oposición. Igualmente sostiene que el 14 de julio del 2009 los querellados presentaron un escrito que denominaron de contestación a la demanda, debiendo consignarlo dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo de oposición, esto es, uno cualquiera de los días 4, 6, 10, 11 ó 13 de agosto del 2009. En razón de estas consideraciones, solicitó que se procediera como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Para decidir, se observa:

Es cierto que los actos procesales deben verificarse en las oportunidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil, por lo que si la intimación tuvo lugar, como efectivamente aconteció, el 2 de julio del 2009, esta fecha marcaba el inicio del plazo de diez días de despacho para que los demandados se opusieran al decreto intimatorio, en el entendido de que el lapso para contestar la demanda debía entenderse abierto al término de aquel plazo de diez días de despacho. No obstante, hoy día predomina entre nosotros el criterio de que el acto de contestación a la demanda, o en su caso el de oposición al decreto intimatorio, es válido si se efectúa incluso el día que da lugar a la apertura del término, sancionándose con la ineficacia jurídica únicamente la contestación o la oposición que se hacen una vez transcurrido el lapso legal establecido para ello. Este ha sido el criterio establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 00135 de fecha 24 de febrero del 2006, vigente para el momento en que se formalizaron tanto la oposición al decreto intimatorio como la contestación de la demanda:

La Sala abandona anterior criterio y considera válida la contestación de la demanda presentada antes de que se inicie el lapso previsto en la ley para dicho acto procesal. La consecuencia jurídica de la confesión ficta sólo podrá imputársele al demandado cuando éste no dé contestación a la demanda o presente el escrito correspondiente después de vencido el lapso legal respectivo, o término legal, como sucede en el procedimiento breve, siempre que se den los presupuestos contenidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil

.

En mérito de la precedente explicación, el tribunal concluye que en el sub lite no pueden considerarse inválidos o ineficaces los actos de oposición al decreto intimatorio y de contestación a la demanda, por cuanto para la fecha en que tales eventos procesales tuvieron lugar no se había agotado el lapso legal previsto para tales actuaciones; por consiguiente, se declara sin lugar el pedimento de que se declaren confesos a los demandados.

Precisado lo anterior, toca ahora examinar la cuestión de fondo, a lo cual se procede de seguidas.

En la situación que se analiza, nos encontramos con que ciertamente el endosatario en procuración ha intentado la acción cambiaria, pues, su pretensión está basada exclusivamente en las letras de cambio acompañadas con la demanda como documentos fundamentales de la misma, prescindiendo completamente de la relación jurídica fundamental que les sirvió de antecedente, aparte de que ha incluido en las reglas jurídicas invocadas para darle piso legal a su pretensión, los artículos 436 y 456 del Código de Comercio. Empero, a tal postura se oponen los demandados, quienes se defienden señalando que las letras en cuestión fueron libradas como medio de ejecución de un contrato de opción de compraventa mobiliario, de modo que estando atadas las cambiales al contrato mencionado, no podía la parte accionante prescindir de la causa material que dio nacimiento a los títulos, como lo hizo, de ahí que hayan pedido que se desestime la demanda incoada en su contra.

Para decidir, se observa:

Es común en el tráfico jurídico, particularmente en el campo mercantil, que las partes, además de celebrar el contrato de que se trate, convengan adicionalmente en librar y aceptar letras de cambio en aquellas situaciones en que el precio debe cubrirse por cuotas, coincidiendo generalmente las fechas de vencimiento de los giros y sus montos con las fechas de vencimiento y los montos de cada cuota, además de la coincidencia subjetiva. Se trata, enseñan los tratadistas, de dos relaciones jurídicas diferentes, a saber: por un lado está el contrato fundamental (en la especie, una opción de compraventa de bienes muebles), y por el otro, el negocio cambiario, que se le mienta como “convenio o pacto ejecutivo (pactum de cambiando)”, consistente precisamente en la emisión de las letras como medio para facilitar la ejecución del negocio jurídico principal, pues, muchas veces el vendedor puede estar interesado en el negocio cambiario (emisión de las letras de cambio), bien porque quiera descontarlas en una institución bancaria, darlas en prenda, etc., o sencillamente porque piense que con los instrumentos en su poder está más seguro o mejor protegido jurídicamente. Si tal es la realidad, no puede desconocerse el vínculo que hay entre los títulos y el negocio subyacente que les sirvió de causa, con la advertencia, eso sí, de que el libramiento de las letras no produce novación, es decir, no hay sustitución de la obligación causal por la obligación cambiaria, toda vez que el artículo 121 del Código de Comercio dispone en su comienzo que “Cuando el acreedor recibe documentos negociables en ejecución del contrato o en cumplimiento de un pacto accesorio al contrato de que procede la deuda, no se produce novación”. “La ausencia de novación significa -nos ilustra el doctor A.M.H.-…sancionar la persistencia del pacto fundamental. La letra de cambio, en consecuencia, se presume entregada pro solvendo (para su cobro) y no pro soluto (con efectos de pago)” (Curso de Derecho Mercantil, tomo III, cuarta edición, página 1906, Universidad Católica A.B.).

Sobre este enlace entre las letras así libradas y el contrato fundamental y la posibilidad de que el demandado pueda oponer defensas basadas en sus relaciones personales con el librador, no son menos claros, abundantes y rigurosos los comentarios del doctor J.M.A., expresados en su trabajo “Estudios de Derecho Cambiario”, páginas 241 y 242, que por pedagógicos el tribunal se permite reproducir in extenso. Helos aquí:

Si al título cambiario se le considera un negocio jurídico netamente causal, la causa del mismo podría servir de base, si el contrato fundamental o subyacente careciere de eficacia, por falta de causa o por vicios sustanciales, para enervar o contrarrestar los derechos del portador, aunque éste fuese extraño a los presupuestos extracartulares de las obligaciones cambiarias, con excepciones fundadas en el complejo jurídico causal que dio nacimiento al título. Y si tal hipótesis se admitiera, la letra de cambio perdería su carácter de título fácilmente negociable y estarían de sobra la posibilidad de su transmisión mediante el abreviado procedimiento del endoso y la facilidad de garantir su pago con una simple firma constitutiva de aval.

Tampoco puede estimarse al título cambiario un negocio jurídico absolutamente abstracto, totalmente desvinculado de la relación fundamental que le dio origen, porque ello conduciría a admitir la ocurrencia de situaciones absurdas, las cuales se producirían si de un tajo se cercenara la fuerte atadura que une a la letra con su causa. Si el título cambiario se independiza totalmente del contrato causante, entonces, por ejemplo, el portador de aquél, aun cuando haya sido protagonista o interviniente en la relación fundamental, podría exigir la satisfacción de la deuda cambiaria aun en los supuestos extremos de falta de causa de contrato o pacto causante o de nulidad de éste, por cualquier motivo que lo haga írrito en esa medida.

El Derecho no puede, sin comprometer gravemente los intereses de la circulación y desmejorar en alto grado y hasta nulificar las posibilidades de negociabilidad de los títulos cambiarios, considerar a estos negocios jurídicos exclusivamente causales. Y tampoco puede, de otro lado, sin desconocer las situaciones reales en que toda construcción jurídica debe cimentarse, ignorar totalmente, como si no existiera, la relación fundamental antecedente a la génesis del título cambiario. Ni la falsedad ni la ocultación podrán jamás servir de bases para exigir estructuras jurídicas conceptualmente satisfactorias. Sin dejar de lado, pues, ni la abstracción ni la casualidad, deben determinarse las incidencias de la relación fundamental en los títulos cambiarios. Esa incidencia no debe ser tanta como para que resulten menoscabados los intereses de la circulación, ni ser tan menguada como para que resulte cortado el segmento que vincula al título con su causa. Los títulos cambiarios protestan, tanto los obstáculos que les impidan circular como el encubrimiento de los motivos que los generan. El origen de la cambial no puede desconocerse totalmente, pero tampoco puede reconocérsele en forma tal que su potencia arrase las adecuadas garantías que le permiten circular. Es por lo que antecede, que sólo tomando en cuenta, en forma equilibrada, los conceptos de abstracción y causalidad, puede arribarse con éxito a una conclusión satisfactoria en la espinosa materia de la causa en el derecho cambiario.

Los títulos cambiarios son, a un mismo tiempo, negocios tanto abstractos como causales. Tal proposición se concilia con las exigencias del tráfico y de la buena fe y con la demanda de reconocimiento de los supuestos jurídico-económicos que se anteponen al nacimiento de la cambial. Esta construcción jurídica, dual o ambivalente, hace que sea variable la posición de los obligados cambiarios, según sea uno u otro el sujeto portador del título. Si el portador es sujeto que intervino y participó en la relación fundamental, los obligados cambiarios intervinientes también en esa relación podrán hacer valer en su contra las excepciones derivadas de la misma (excausa). Pero si el portador es un tercero, extraño a esa relación (holder in due course), aunque tenga conocimiento de la misma, los obligados cambiarios no podrán enfrentársele con las excepciones derivadas del negocio causal en el cual no intervino

(negritas de este ad quem).

Para una mejor comprensión de lo que se decide, transcribimos a continuación el texto del contrato de opción señalado como documento fundamental, producido por los demandados en la ocasión de contestar la demanda, el cual reza a la letra:

Entre, los Señores, C.A.D.V.R. Y A.D.V.S., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 5.971.805, y 2.956.344 por una parte, y, por la otra los Sres. I.E.B.E., M.A.P., E.E.Y.B., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de as cedulas de identidad Nos. V-3.801.766, 11.160.382 y 11.088.133, se ha convenido en celebrar como en efecto se celebra el presente convenio, de conformidad con las cláusulas que continuación se determinan; PRIMERA: Los Sres C.A.D.V.R. Y A.D.V.S., se compromete formalmente a vender a los Sres I.E.B.E., M.A.P., E.E.Y.B. estos a su vez a comprarles, una cantidad de bienes muebles de su única y exclusiva propiedad, conformado por: ……………………….

SEGUNDA: El precio estipulado y convenido por ambas partes para esta opción compra venta es la cantidad de DOS CIENTOS MIL bolívares fuertes (Bs.200.000 ) que el comprador se compromete a pagar en la forma siguiente: CUARENTA Y CINCO MIL. bolívares fuertes (Bs. 45.000) que entrega en este acto en dinero efectivo y a entera y cabal satisfacción, y el saldo deudor que es la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL bolívares fuertes (Bs. 155.000 ), los pagarán los compradores, dentro del plazo fijo de seis (6) meses a partir de esta fecha, se emiten giros numerados y pagaderos de la siguiente forma: Giro Nol por la Suma de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 25.000,00), el día 30 de Septiembre de 2008 Giro No 2 por la Suma de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 25.000,00), el día 30 de Octubre del a 2008. Giro No 3 por la Suma de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 25.000,00), el día 30 de Noviembre del año 2008. Giro No 4 por la Suma de CUARENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 40.000,00), el día 30 de Diciembre del año 2008. Giro No 5 por la Suma de TREINTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 30.000,00), el día 30 de Enero del año 2009. Giro No 6 por la Suma de DIEZ MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 10.000,00), el día 30 de Febrero del año 2009. TERCERA: Es pacto expreso que las mejoras que el comprador realizare sobre dichos bienes muebles, quedarán en garantía de pago por el saldo deudor mencionado. CUARTA: El comprador se compromete por razón de la presente operación, a pagar puntualmente al vendedor, al vencimiento de cada giro. En caso contrario los giros devengaran intereses moratorios a la tasa del 25% mensual. El obliga a otorgar el documento correspondiente de venta de los referidos bienes muebles, por ante la Oficina De Notaria Publica, una vez que le hayan sido cancelados por el comprador el valor total de los bienes muebles.

Y yo, M.A.P., portadora de la Cedula de Identidad No. 11.160382 en mi carácter de Presidente de la empresa GLOBAL MARKET 2203,CA, debidamente inscrita bajo el No 23, Tomo 1661, fecha 05 de septiembre de 2007 en el Registro Mercantil y de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, debidamente autorizado por el Artículo DECIMO OCTAVO y sus Estatutos, me constituyo y constituyo a la referida empresa en fiadores solidarios y principales pagaderos por la obligación hasta la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL bolívares fuertes (Bs.155.000). Este documento será autenticado en una Notaría Pública de esta ciudad, Se hacen DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha de su presentación….

Como se evidencia del texto reproducido, los efectos cartulares objeto de cobro judicial coinciden en sus montos y en sus fechas de vencimiento, con el vencimiento y con los montos detallados en el convenio de opción, lo cual es suficiente, a criterio de quien sentencia, para declarar que efectivamente dichos documentos cambiarios son los mismos a que se refiere el contrato de opción, ya que esa concordancia jamás puede asumirse como fruto de la casualidad. No obstante, importa dejar sentado que en escenarios como el que nos ocupa, al celebrarse la convención que sirve de fuente de la obligación de pagar mediante cuotas periódicas el saldo del precio acordado, y al propio tiempo librarse las cambiales en ejecución de lo pactado, surgen en paralelo dos obligaciones, la causal y la cambiaria, pero esta última no extingue la primera, por lo que ambas obligaciones (la cambiaria y la causal) coexisten perfectamente, lo que permite al acreedor, en el supuesto de incumplimiento del deudor, ejercer bien la acción derivada exclusivamente de los títulos (acción cambiaria), o la derivada de la relación subyacente (acción causal), e incluso una como subsidiaria de la otra, según lo ha admitido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencia de fecha 11 de mayo de 2000, expediente número 99-978, caso BANCO LATINO S.A.C.A contra M.A.D.L.S.B.D.).

Para referirnos tan solo a dos opiniones en ese orden, transcribiremos a continuación las de los doctores Morles Hernández y R.D.S.. El primero de ellos ha dicho:

Al vencimiento de la letra de cambio, el portador legítimo que sea al mismo tiempo, parte en el negocio causal, subyacente o fundamental, puede ejercer la acción cambiaria o la acción causal

(obra citada, página 1906).

El segundo, por su lado, afirma:

Como coexisten la obligación primitiva y la obligación cambiaria, mientras no esté extinguida esta última, o sea, mientras no sean pagadas las letras de cambio, el acreedor de este contrato de compra-venta tiene dos acciones: o la acción derivada del contrato de compra-venta, de ejecución o resolución del contrato de compra-venta o una acción cambiaria por el pago de dichas letras. Si el deudor las paga al acreedor, quedan extinguidas la relación cambiaria y la relación causal; pero si el deudor no las paga, el acreedor puede escoger entre ir a la acción cambiaria o ir a la acción derivada de la acción de compra-venta

(“El Derecho Venezolano sobre Letra de Cambio”, explicaciones de clase, versión taquigráfica de R.M.G., Caracas, 1967, segunda edición, páginas 42 y 43).

Nuestro Código de Comercio, como todos sabemos, no trae el concepto de letra de cambio, simplemente establece en su artículo 410 los requisitos y formalidades que debe llenar el instrumento que quiera hacerse valer como tal, algunos de los cuales pueden suplirse de la manera prevista en el artículo 411. Estos dispositivos rezan lo siguiente:

Artículo 410: La letra de cambio contiene:

1°. La denominación de letra de cambio inserta en le mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento.

2°. La orden pura y simple de pagar una suma determinada.

3°. El nombre del que debe pagar (librado).

4°. Indicación de la fecha del vencimiento.

5°. Lugar donde el pago debe efectuarse.

6°. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago.

7°. La fecha y lugar donde la letra fue emitida.

8°. La firma del que gira la letra (librador)

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Artículo 411: El título en el cual falte uno de los requisitos enunciados en el artículo precedente, no vale como tal letra de cambio, salvo en los casos determinados en los párrafos siguientes:

La letra de cambio que no lleve la denominación “letra de cambio” será valida siempre que contenga la indicación expresa de que es a la orden.

La letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado, se considera pagadera a la vista.

A falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio del librado, el que se designa al lado del nombre de éste.

La letra de cambio que no indica el sitio de su expedición, se considera como suscrita en el lugar designado al lado del nombre del librador

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Las letras cuyo pago se demanda están numeradas 3/6, 4/6, 5/6 y 6/6, todas ellas aparecen libradas en Caracas el día 29 de agosto del año 2008 (en la misma fecha en que se autenticó el contrato de opción), a favor de C.D.V.; la primera, por Bs. 25.000,00, con vencimiento el 30 de noviembre del 2008; la segunda, por Bs. 40.000,00, con vencimiento el 30 de diciembre del 2008; la tercera, por Bs. 30.000,00, con vencimiento el 30 de enero del 2009, y la cuarta, por Bs. 10.000,00, con vencimiento el 28 de febrero del 2009, cargadas en cuenta sin aviso y sin protesto a E.Y., dirección: “Calle 2, Urb. Terrazas de Guaicoco, Los Cedros Tlf. 0212-9372285”, libradas por la propia C.D.V., a juzgar por los dígitos que aparecen en las letras inmediatamente debajo de la firma que se localiza después de las menciones “Atento (s) SS.SS y amigo (s)”, que se corresponden con los de su cédula de identidad, en cuyos extremos derecho e izquierdo, respectivamente, consta que la firma Global Market 2203 C.A., R.I.F. J-29492009-8, se constituyó en avalista para garantizar las obligaciones del aceptante, y que los giros fueron aceptados para ser pagados sin aviso y sin protesto por el girado, de todo lo cual se desprende que estos instrumentos cubren las exigencias del artículo 410 del Código de Comercio, siendo de advertir que ni una sola de las menciones que en los mismos aparecen fue tachada por los demandados como obscura o insuficiente. Por consiguiente, y contrariamente a lo alegado por éstos y resuelto por la recurrida, no hay duda posible de que el endosatario en procuración podía ejercitar todos los derechos derivados de las letras en cuestión, entre ellos reclamar judicialmente, para su mandante, como lo hizo, el importe de los giros. Así se decide.

No obstante las precedentes consideraciones, también hay que indicar, para ser consecuentes con lo que hasta ahora llevamos dicho, que de acuerdo con el artículo 425 del Código de Comercio, los demandados, dada la vinculación de las letras de cambio con el negocio causal, bien podían oponer las excepciones o defensas fundadas en sus relaciones personales con la libradora y beneficiaria C.D.V., pues, ambas partes figuran tanto en la relación causal como en la relación cambiaria. Acerca de este particular, el doctor R.D.S. puntualiza:

“…cuando yo voy a cobrar una letra de cambio, como vendedor de la mercancía al comprador a crédito que me ha aceptado la que yo expedí, aunque ejerza una acción cambiaria, el comprador que se está encontrando en el juicio frente a su vendedor, no puede oponerme solamente la excepción derivada de la propia letra de cambio, sino que puede oponerme todas las excepciones derivadas del contrato de compra-venta celebrado.

De modo que aquí, a pesar de ser una acción cambiaria como se encuentran los dos sujetos de la relación primitiva que dio origen a la letra, pueden oponerse no solamente las excepciones absolutas derivadas de ella, sino también las excepciones relativas derivadas del negocio que le dio origen, o sea, lo que se llama el “negocio causal”. Pero si la letra de cambio ha sido endosada, ha circulado, si el vendedor, al recibirla a su vez la endosa a un acreedor suyo en pago de una obligación, entonces a este tomador no puede oponerle el comprador aceptante las excepciones derivadas de la relación causal, o contrato de la compra-venta. Al salir de las manos de los sujetos de la primitiva relación causal, ya no hay ninguna relación entre el negocio y la letra de cambio; ésta se desliga, es una relación abstracta de pago y ella se basta a sí misma…”.

Ciñéndonos a la realidad de autos, se observa, en primer lugar, que la señora C.D.V. figura en la relación cambiaria como la creadora de los títulos cambiarios y a la vez como beneficiaria, mientras que en el contrato de opción interviene, junto con el señor Á.D.V.S., como promitente vendedora; en segundo lugar, que el co-demandado E.E.Y.B. figura en la relación cambiaria como aceptante de las letras, mientras que en la relación fundamental interviene en su calidad de promitente comprador, junto con las ciudadanas I.E.B.E. y M.A.P.; asimismo, que esta última y la compañía GLOBAL MARKET 2203 C.A. se constituyeron en fiadoras solidarias y principales pagadoras “por la obligación”, “hasta CIENTO CINCUENTA MIL bolívares fuertes (Bs. 155.000” (sic). En razón de esta doble figuración de la beneficiaria de los títulos y de los demandados, bien podían éstos, al contestar la demanda, oponer cuantas defensas o excepciones tuvieran contra la acreedora cambiaria. A propósito de las excepciones que pueden oponer los obligados cambiarios demandados, el doctor Muci (obra citada, página 243) nos refiere que la ley no las enumera, como si lo hace el Anteproyecto de Ley Uniforme elaborado por la Primera Conferencia de la Haya (1910), pero que nuestra jurisprudencia se ha propuesto hacer la indicación de tales defensas, agregando a renglón seguido:

“Así, por ejemplo, la Corte Superior Primera en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fallo de 31 de octubre de 1961, ha establecido: “Los medios de defensa del deudor son: falta de capacidad para asumir la obligación que se le reclama; excepciones que resulten del título mismo; mala fe del acreedor; las excepciones puramente personales que tuviere precisamente contra la persona que intenta hacer efectiva la prestación consignada en el título, o haber asumido la obligación por intimidación o violencia”.

El tribunal comparte el criterio plasmado en el citado fallo, aunque sin atribuirle a la enumeración que en él se expone un carácter taxativo.

En cuanto al debate judicial que nos concierne, el sentenciador detecta que los demandados se limitaron a alegar, esencialmente, que la parte actora no tenía derecho a accionar de conformidad con los artículos 436, 456 y 457 del Código de Comercio, pues, la demanda debió apoyarse en definitiva en el documento de opción de compraventa, y no en las letras de cambio, las cuales al ser causadas no pueden presentarse de manera autónoma ni independiente, por lo que consideran que la demanda carece de documento fundamental y consiguientemente debe desestimarse. Ahora bien, al concluirse precedentemente que la parte actora podía valerse de la acción cambiaria, indistintamente de que se tratase de letras causadas (vinculadas al pacto subyacente), su argumento central de que necesariamente debió ejercerse la acción causal queda desprovisto de base de sustentación, y visto que fuera de ese alegato nada más arguyeron ni probaron en provecho de su situación jurídica, como ha podido ser, por ejemplo, que las cuotas habían sido pagadas, lo que dejaría sin eficacia jurídica las letras, surgiendo en el portador la obligación de devolverlas, fatalmente deben sucumbir en el pleito, pues, los instrumentos cambiarios tampoco fueron desconocidos, lo que permite tenerlos como reconocidos, a tenor de lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

El accionante en procuración solicita el pago de CIENTO CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 105.000,00), que es justamente la cantidad a que ascienden las cuatro letras de cambio acompañadas con el libelo. Tal petición es absolutamente procedente, pues, el artículo 456 del Código de Comercio estipula que el portador puede reclamar a aquel contra quien ejercita su acción, entre otros conceptos, la cantidad de la letra no aceptada o no pagada. Así se decide.

Aparte de esa suma, demandó igualmente, para el supuesto de que los intimados no pagaran o se opusieran al procedimiento intimatorio, la indexación monetaria, “establecida por nuestro Tribunal Supremo de Justicia”, para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, desde la fecha de la demanda hasta la cancelación definitiva de la suma demandada y condenada.

Para decidir, se observa:

Respecto al pedimento indexatorio en mención, importa subrayar que la pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario es un hecho público y notorio desde hace bastante tiempo en Venezuela, situación que aparece sistemáticamente reflejada en los índices respectivos publicados por el Banco Central de Venezuela. En el caso de especie, se trata del cobro de una obligación dineraria, por tanto, es procedente aplicar el ajuste por inflación como fórmula de equilibrio entre los intereses patrimoniales en juego, ya que de lo contrario el retardo en el cumplimiento de la obligación obraría en beneficio del los demandados, a quien convendría demorar en lo posible el pago; por ende, para no perjudicar la posición del acreedor en beneficio exclusivo del deudor, nuestra doctrina y jurisprudencia reconocen sin cortapisas la indexación judicial, que en verdad no cumple una función indemnizatoria sino que es más bien “la prolongación de la obligación misma”. Así se decide.

En cuanto al tiempo de la indexación, dado que la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal (ver sentencia número 576 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de marzo del 2006, caso: T.J.C.S., expediente número 05-2216; y, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 29 de marzo del 2007, caso: Amenaida Bustillos Zabaleta contra R.E.S.T., con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, expediente número 2006-000960), tiene establecido que la misma debe acordarse en todo caso desde la admisión de la demanda o desde una fecha posterior a ésta, pues podría ocurrir que el demandante pretenda “…engordar su acreencia”, el tribunal acuerda indexar dicho principal, desde el 14 de mayo del 2009, exclusive, cuando se admitió la demanda, hasta el día en que esta decisión quede definitivamente firme, inclusive. A los fines de la cuantificación de dicha indexación, en el dispositivo de este fallo se ordenará realizar una experticia complementaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, tomando como elemento de cálculo el índice de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas publicado por el Banco Central de Venezuela durante dicho período.-

Finalmente, y para cumplir con el deber de a.y.v.c. pruebas se hayan producido (artículo 509 del Código de Procedimiento Civil), el sentenciador hace constar que carecen de eficacia probatoria el documento constitutivo de la sociedad mercantil GLOBAL MARKET 2203 C.A. (folios 13 al 20); el acta levantada con motivo de la asamblea general extraordinaria de socios de esa empresa celebrada el 11 de junio del 2008, mediante la cual sus accionistas únicos E.E.Y.B. y M.A.P. aumentaron el capital social y modificaron el ejercicio económico (folios 21 al 25); las copias de las cédulas de éstos (folio 27), y la notificación judicial practicada a través del Juzgado Séptimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial a los demandados, haciéndoles saber que la señora C.D.V.R. pensaba endosar en procuración al abogado L.J.V.G. las letras acompañadas con la demanda (folios 27 al 37). Tal ineficacia probatoria se debe a que ni la constitución de dicha compañía ni la modificación estatutaria in comento, al igual que el endoso de las letras a los fines de su cobro en el sentido anunciado en la referida notificación judicial, tienen que ver con los hechos relevantes discutidos en este proceso; lo que también es válido para las copias de las cédulas en cuestión, por lo que en realidad tales probanzas nada abonan ni en pro ni en contra de los demandados. Así se dice.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, este tribunal superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- CON LUGAR la demanda de cobro de bolívares interpuesta por el ciudadano L.J.V.G. en su calidad de endosatario en procuración de los instrumentos cambiarios ya identificados, contra el ciudadano E.E.Y.B. y la sociedad mercantil GLOBAL MARKET 2203 C.A.; en consecuencia, se condena a los demandados a pagar a la ciudadana C.A.D.V.R., titular del derecho materia deducido, la suma de CIENTO CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 105.000,00) por concepto del valor de las cuatro letras de cambio acompañadas con el libelo. Se ordena la indexación de esta suma desde el 14 de mayo del 2009, fecha de admisión de la demanda, exclusive, hasta el día en que quede firme esta sentencia, inclusive, tomando como base de cálculo el índice de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas publicado por el Banco Central de Venezuela durante dicho período. A los fines de la cuantificación de dicha indexación, se ordena realizar una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.- SEGUNDO.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 1 de junio del 2010 por el abogado L.J. VILORIA en su señalado carácter, contra la sentencia dictada el 25 de mayo del 2010 por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Queda REVOCADA la apelada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se imponen las costas del proceso a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil diez (2010). Años: 200° y 151°.-

EL JUEZ,

J.D.P.M.

LA SECRETARIA,

E.R.G.

En la misma fecha, 17/11/2010, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 9:10 a.m.

LA SECRETARIA,

E.R.G.

Exp. N° 5.970

JDPM/ERG.