Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 30 de Julio de 2013
| Fecha de Resolución | 30 de Julio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
203° y 154°
RECURRENTE (S): J.A.P.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.725.443.
APODERADO (S) DEL RECURRENTE: K.G.V., H.G.R. Y H.G.V., Abogados en libre ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros 772.937, 24.223 y 142.856
RECURRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES).
APODERADO (S) JUDICIAL (ES): I.B.A.A., abogada e inscrita en el Inpreabogado N° 66.175
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial
Asunto Nº DE01-G-2010-000180
Asunto antiguo: 10445
Sentencia Interlocutoria con fuerza definitiva
Perención de la Instancia
En fecha 02 de Noviembre de 2009, se presentó ante la Secretaria del Juzgado Segundo de los Municipios Girardot y M.B.I.d.E.A., con sede en Maracay, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano: J.A.P.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.725.443, asistido por el Abogado H.G.R., contra EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES).
En fecha 09 de Agosto de 2010, este Órgano Jurisdiccional ordeno darle entrada y registrar su ingreso en los Libros respectivos con las anotaciones correspondientes, abocándose al conocimiento de la presente causa.
En fecha 27 de Septiembre de 2010, mediante auto este Órgano Jurisdiccional Admitió el presente recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En fecha 04 de Octubre de 2010, mediante auto se ordenaron las notificaciones correspondientes al la Procuradora General de la República y el Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)
En fecha 24 de Enero de 2011, comparece el ciudadano Alguacil y deja constancia de haber practicado la Notificación de la Procuradora General de la República.
En fecha 23 de Febrero de 2011, comparece el ciudadano J.A.P., asistido de abogado y solicita el abocamiento de la juez de este Despacho.
En fecha 24 de Febrero de 2011, quien suscribe el presente fallo se aboca al conocimiento de la presente causa y se ordenaron las Notificaciones de Ley.
En fecha 20 de Octubre de 2011, comparece el ciudadano J.A.P., asistido de abogado y solicita se le nombre correo especial.
En fecha 24 de Octubre de 2011, mediante auto se nombró como correo Especial al ciudadano J.A.P., a los fines de trasladarse y devuelva la comisión.
En fecha 27 de Octubre de 2011, mediante acta de correo especial se dejó constancia que le fueron entregados el despacho de Comisión al ciudadano J.A.P., a los fines que haga entrega del mismo al Juzgado Comisionado.
En fecha 14 de Diciembre de 2011, se dejó constancia que fue recibida la Comisión proveniente del Juzgado Segundo de Municipio de Caracas. Asimismo por cuanto falta la Notificación del Procurador General de la República y hasta no conste en auto la resulta de dicha notificación no se continuara con el procedimiento.
En fecha 23 de Julio de 2013, comparece la Abogado I.A.A., con el carácter de apoderada Judicial del ente Recurrido y solicita la Perención de la Instancia en el presente recurso.
Finalmente, revisadas las actas procesales, este Juzgado verifica lo siguiente:
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
Mediante escrito recibido en fecha 02 de Noviembre de 2009, por ante el JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS GIRARDOTR Y M.B.I.D.E.A., el recurrente asistido de abogado ya identificados, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial con base a los siguientes alegatos:
Que en fecha 14 de Julio de 1981, ingresó al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.N.C.E) en la Gerencia Regional del Estado Aragua, en calidad de Asistente de Especialista de Información II, acumulando una antigüedad de 27 años, siete meses y 13 días.
Que de conformidad con el ordenamiento jurídico que rige la materia, cumplió a cabalidad con los supuestos de procedencia para que le fuera otorgado el beneficio de Jubilación Especial, tal y como lo establece la orden administrativa N° 0010-08-36, de fecha 17 de Septiembre de 2008, en punto de cuanta N° 024-08, denominado “Jubilaciones Especiales Para Empleados y Obreros del INCES, el cual se indica su jubilación.
Que en la Gerencia Regional INCES del Estado Aragua se limitaron a entregarle el día 27 de febrero de 2009, copia de Oficio N° 294-000-0502 de fecha 03 de febrero de 2009, ya que nunca fue notificado, y en fecha 16 de agosto de 2009 por vía telefónica fue notificado que debía retirar cheque por concepto de pago de prestaciones sociales y la respectiva liquidación.
Fundamenta su recurso en los artículos 26, 89, 92, 144, 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 6 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios, Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Publica Nacional de los Estados y Municipios
Finalmente solicita se declare con lugar el prudente recurso y que le sean canceladas las diferencias por pago de postraciones sociales, Intereses compensatorios e interés de mora
DE LA COMPETENCIA
Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública.
En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:
Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.
Ahora bien, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.
No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 -ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales”; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.
En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.
Por lo tanto, se entiende lato sensu que las controversias a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las siguen conociendo en primera instancia los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, por ser el grado de jurisdicción lo que se encontraba regulado de manera transitoria, máxime que el conocimiento de aquellas acciones distintas a la prevista en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no fue atribuida a otro Órgano Jurisdiccional, por lo que en el presente caso debe atenderse a la especial regulación e intención del legislador plasmada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, la competencia de los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurridos los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, todo lo cual en modo alguno no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Así, verificada la relación de empleo público señalada por la parte querellante respecto EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES), lo cual da origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, tal y como fuera apreciado precedentemente, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Tribunal entre a conocer y decidir la causa. Ad literam, quien aquí juzga verifica la competencia de este Juzgado para el conocimiento del recurso contencioso administrativo funcionarial que ha sido planteado por tratarse de una reclamación contra un ente administrativo que se encuentra dentro de los límites de la competencia territorial atribuida a este Órgano Jurisdiccional. Así se decide.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, la abogada I.A.A., inscrita en el Inpreabogado Bajo el N° 66.175, con su carácter de apoderada Judicial del ente recurrido, solicita a este Tribunal se declare la Perención de la Instancia en el presente recurso, en este sentido, este Juzgado Superior Estadal Contencioso realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal que se trate, está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos previstos para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar que para casos como el de autos una vez admitido el recurso contencioso administrativo funcionarial, la parte querellante impulso las respectivas notificaciones siendo recibidos por este Tribunal en fecha 14 de Diciembre de 2011.
En efecto, en el caso de marras de la revisión de las actas procesales se constata que en fecha 24 de diciembre de 2011, se dejó constancia que fue recibida la Comisión proveniente del Juzgado Segundo de Municipio de Caracas. Asimismo por cuanto falta la Notificación del Procurado General de la República y hasta no conste en auto la resulta de dicha notificación no se continuara con el procedimiento, habiendo transcurrido desde esa fecha un lapso superior a un (01) año de paralización de la causa.
Asimismo se observa que la parte querellante que su ultima actuación procesal fue de fecha 27 de octubre de 2011, donde se dejo constancia mediante acta de correo especial, que le fueron entregado el despacho de comisión a los fines que traslade y haga entrega del mismo al juzgado comisionado, transcurrió mas de un año sin que actuara procesalmente en la presente causa
Así las cosas, ante la ausencia de una disposición expresa contenida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, relativa a la figura de la perención de la instancia, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por cuanto se evidencia que la última actuación procesal del querellante fue de fecha 27 de octubre de 2011 y la del Tribunal de fecha 14 de Diciembre de 2011
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental del querellante tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el 27 de octubre de 2011, y la del Tribunal de fecha 14 de Diciembre de 2011, evidenciándose del mismo que transcurrió más de un (01) año de paralización de la causa y constatada la falta de impulso de la acción incoada -no imputable a este Órgano Jurisdiccional- resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:
Su COMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia el recurso contencioso administrativo de nulidad.
Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano: J.A.P.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.725.443, asistido por el Abogado H.G.R., contra EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES)
Notificar a la parte recurrente del contenido de la presente decisión.
Publíquese, regístrese, diaricese, notifíquese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua. En la ciudad de Maracay, a los treinta (30) días del mes de Julio del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR ESTADAL,
DRA. M.G.S..
LA SECRETARIA TEMP
ABOG. A.G..
En esta misma fecha, 30 de Julio de 2013, siendo las 11:10 post meridiem, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA TEMP
ABOG. A.G.
Exp. Nº DE01-G-2010-000180
ANTIGUO 10445
MGS/SR/cejor
