Decisión nº PJ0132012000055 de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de Carabobo, de 17 de Abril de 2012

CON LUGAR el recurso de hecho ejercido por el abogado J.H., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.738, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la sociedad de comercio GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A.

SE ORDENA al Juzgado A Quo oír la apelación interpuesta contra el auto de fecha 17 de Noviembre de 2.011, contra la parte recurrente de hecho.

Esta decisión no prejuzga sobre el éxito o no de las pretensiones.

SE REVOCA el auto proferido por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del nuevo régimen del trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

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• Riela inserto al folio 102, auto de fecha 17 de noviembre de 2011, emanado del Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la circunscripción judicial del Estado Carabobo, mediante el cual el juez a quo señala que de la insistencia de oficiar al SUNACOOP, no emite pronunciamiento alguno, ya que fue realizado en fecha 10 de noviembre de 2011; igualmente señala que la representación de la parte demandada no cumplió íntegramente con la solicitud del tribunal de consignar las direcciones solicitadas, por tal razón procede fijar la audiencia preliminar para el jueves 01 de diciembre de 2011 a las 10:00 a.m.

• Corre inserto al folio 105, diligencia de fecha 22 de noviembre de 2011, suscrita por el abogado J.E.H.B., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte accionada, mediante la cual apela del auto de fecha 17 de noviembre de 2011, a través del cual se niega lo solicitado por esta representación y se fija audiencia preliminar a pesar de no estar notificados los terceros.

En este sentido la representación judicial de la parte demandada interpone Recurso de Apelación, el cual luego de una distribución aleatoria, automatizada y equitativa le correspondió a este Juzgado el conocimiento del mismo, por lo que, esta Alzada considera oportuno, a los fines de emitir un pronunciamiento, señalar los eventos procesales del Expediente signado con el Nº GP02-R-2011-000486, contentivo del Recurso de Apelación:

• Riela inserto al folio 109, auto de fecha 12 de diciembre de 2.011, emitido por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la circunscripción judicial del Estado Carabobo, mediante el cual se tiene por recibido el expediente, a los fines del conocimiento de recurso de apelación ejercido por el ciudadano J.E.H.B., actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil General Motors Venezolana, C.A.

• Riela inserto a los folios 125 al 141, sentencia interlocutoria de fecha 02 de febrero de 2.012, dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la circunscripción judicial del Estado Carabobo, mediante la cual declara:

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CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

SE REVOCA el auto de fecha 17 de Noviembre del año 2011, dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Se ordena al Juzgado a quo, cumplir con el trámite establecido en la sentencia de fecha 30-11-2011, dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, relacionada al recurso de hecho GP02-R-2011-000487.

Esta decisión no prejuzga sobre el éxito o no de la pretensión.

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• Riela inserto al folio 144, auto de fecha 10 de febrero de 2.012, emitido por el Juzgado Superior Segundo de esta circunscripción judicial, a los fines de remitir expediente signado con el Nº GP02-R-2011-000486, al Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la circunscripción judicial del Estado Carabobo, a los fines de la continuación de la causa.

• Riela al folio 145, auto de fecha 27 de febrero de 2.012,emitido por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial, se recibe y se le da entrada al expediente, así mismo en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la circunscripción judicial del estado Carabobo, mediante sentencia de fecha 02 de febrero de 2.012, este Tribunal oye en ambos efectos la apelación interpuesta en fecha 14 de Noviembre de 2.011 (folio 99) por la representación judicial de la parte accionada, mediante el cual apela de la decisión dictada por este juzgado en fecha 10 de Noviembre de 2.011, en la que niega la solicitud efectuada por esta representación judicial. (objeto del presente recurso)

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a los términos en los cuales el recurrente planteó la apelación ejercida, este Tribunal observa que el mismo se encuentra circunscrito a que el Juzgado a quo: “En el auto de fecha 10 de Noviembre de 2.011, negó la solicitud efectuada por la representación judicial de la parte demandada, en la que solicitó se oficiara a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) a los fines de que suministrará información sobre las direcciones de las cooperativas llamadas en tercería con el objeto de hacer efectiva la notificación de las mismas”.

Establecido lo anterior se procederá a la revisión del hecho denunciado como fundamento del recurso, en el entendido, de que tal situación origina una jurisdicción que no es plena, debiendo ajustarse al fuero de conocimiento, que se le atribuye en razón del recurso ejercido.

Así las cosas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 2.469, de fecha 11 de Diciembre de 2007, caso: E.R.B.M. contra TRATTORIA L’ANCORA, C.A., dejó sentado respecto a los límites de la apelación lo siguiente:

….Tradicionalmente se ha establecido que según el apelante ejerza el recurso se delimita el espectro jurisdiccional para conocer del asunto, en consecuencia al apelar en forma genérica se le otorga al juzgador de la instancia superior el fuero pleno del asunto, de manera que, en virtud del efecto devolutivo, el sentenciador de alzada adquiere la facultad para decidir la controversia en toda su extensión, es decir, tanto de la quaestio facti como de la quaestio iuris, sin que esto implique que pueda el juez examinar cuestiones en las que el apelante es vencedor y no vencido, ello en aplicación del principio de la prohibición de la reformatio in peius. Por otra parte, no ocurre lo mismo cuando se especifican las cuestiones sometidas a apelación, entendiéndose que todo lo que no sea objeto de la misma queda firme y con autoridad de cosa juzgada la decisión del sentenciador de primera instancia…..

….. Ahora bien, en otro orden de ideas resulta pertinente la ocasión para aclarar otros aspectos que pudieran surgir en torno a la problemática sobre la cual discurre el presente fallo. En tal sentido, habría que plantearse, ¿qué ocurriría si los apelantes al momento de interponer el recurso, en lugar de hacerlo genéricamente, hubiesen delimitado los puntos que deseaban someter al dictamen del juez de la segunda instancia?, en este caso el juez superior no tendría jurisdicción o poder para conocer sino los puntos apelados singularmente, pues la sentencia se encuentra consentida por ambas partes en el resto de su alcance…

(Negrilla y Subrayado del Tribunal)

Expuestos los motivos de la apelación de la parte accionada, el Tribunal advierte, que solo se pronunciara sobre los puntos fundamentales de la apelación interpuesta en aplicación del “PRINCIPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM.”

Observa este sentenciador que la representación judicial de la parte accionada recurrente, puntualiza objetivamente el recurso de apelación ejercido, “-en lo que refiere al auto mediante el cual el Juez A-quo, negó la posibilidad de oficiar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) a los fines de requerir información sobre las direcciones de las cooperativas, con el objeto de realizar las respectivas notificaciones terceros llamados al proceso”

Ahora bien, expuesto lo anterior, quien decide considera pertinente analizar lo siguiente:

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus artículo 52 al 56, prevé la figura legal de la Intervención de Terceros en el proceso laboral, y en el artículo 54 se preceptúa:

Articulo 54. El demandado, en el lapso para comparecer a la audiencia preliminar, podrá solicitar la notificación de un tercero en garantía o de aquel respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El notificado no podrá objetar la procedencia de su notificación y deberá comparecer, teniendo los mismos derechos, deberes y cargas procesales del demandado.

Así las cosas la citada norma instaura los terceros que son llamados al proceso por la parte demandada, entendiendo dicha tercería como forzosa, pues precisamente dimana de la voluntad del accionado en el proceso judicial laboral, siendo que una vez notificado el tercero no puede negarse a comparecer en el mismo, imponiéndosele así a estos por el legislador los mismos derechos, deberes y cargas del sujeto que efectuó su llamado.

Ahora bien, una vez propuesta la tercería es deber de la parte solicitante indicar la dirección de los terceros, al tornarse en actor por medio de su excepción.

De la revisión de las actas procesales, se evidencia que en fecha 19 de Mayo del año 2.011, la representación judicial de la parte demandada solito el llamado a tercero de las cooperativas previamente identificadas, por considerar que la causa le era común a estas, en esa oportunidad suministro al tribunal las direcciones y datos tendientes a lograr las notificaciones de las mismas.

Seguidamente, en el transcurso del proceso, una vez admitida la solicitud de llamado a tercería, el juez ordenó librar las boletas de notificación a las cooperativas llamadas en tercería, siendo el resultado negativo, es decir, fue imposible practicar la notificación en las direcciones aportadas por la parte demandada en su escrito de solicitud de tercería.

Ahora bien, una vez quedo certificado en autos que la notificación de los llamados en tercería fue negativa, el solicitante en tercería debió ser diligente, y tratar por todos los medios lograr obtener información sobre la dirección de las cooperativas llamadas al proceso, a los fines de gestionar su notificación, dado que mientras no se logre la notificación de ellas, redunda en una dilación del proceso, que afecta a la parte actora.

En adición a lo anterior observa este Tribunal con suma preocupación la dilación procesal ocurrida en el presente juicio, lo cual deviene del tiempo -por demás excesivo- transcurrido desde aquel en que se solicitó el llamado del tercero, y fue admitida, lo cual ocurrió en fecha 19 de Mayo del 2011, al 08 de noviembre del 2011, oportunidad en la accionada nuevamente compareció a juicio y solicitó oficiar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), evidenciándose así, una inacción de parte de quien efectuó el llamado del tercero.

Expuesto lo anterior, este Juzgador, forzosamente comparte el criterio expuesto por el Tribunal A quo, en el sentido de que el tribunal no puede suplir las cargas de las partes, por cuanto la Superintendencia Nacional de Cooperativas, es un ente del Estado encargado de regular y tramitar todo lo concerniente a la constitución y desenvolvimiento de las cooperativas legalmente constituidas, es decir, en sus archivos reposan documentos públicos, que no son de acceso restringido, pues no es necesaria la intervención del Tribunal para obtener la información que por deber le correspondía suministrar a la parte accionada. Y Así se Establece.

De lo anterior se infiere, que la parte accionada no puede descargar en cabeza del Tribunal, una información que correspondería a si misma, pues el gestionar y ubicar a los terceros interesa es a quien lo solicita, pues su llamado obedece a serle común la causa para su defensa o resultas; dirección que conforme al articulo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le corresponde aportar a quien llama al Tercero, conforme a lo que establece el articulo 53 ejudem, “… la intervención se ajustará a las formas previstas para la demanda…”.

Con respecto al planteamiento de la parte accionada en la audiencia oral y publica de apelación, referido a que se ordene al juez A quo agotar la notificación de la Cooperativa Dinasa, R.L., en vista de que en fecha 15 de noviembre de 2011, esta representación judicial suministró la nueva dirección de esta, a lo fines de lograr satisfactoriamente la notificación, este Tribunal antes de emitir pronunciamiento al respecto, explana las siguientes consideraciones:

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su articulado 52 al 56, instaura la intervención de terceros, en su artículo 54, contempla la posibilidad de traer a juicio a un tercero, figura esta conocida como “tercería litisconsorcial o intervención forzosa”, y se refiere a la oportunidad en la cual el demandado puede expresar su voluntad de llamar al tercero, más no regula lo inherente al procedimiento a seguir a los fines de la practica de la notificación de estos.

En consecuencia, ante tal vacío es necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo aplicar de manera analógica las disposiciones insertas en el Código de Procedimiento Civil respecto al trámite del llamado del tercero forzoso a la causa.

Por lo que, considera ineluctable quien decide traer a colación el contenido del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, norma inserta en el Capitulo que regula lo concerniente a la “Intervención Forzada”, el cual instaura lo siguiente:

Articulo 386. Si el citado que comparece pidiere que se cite a otra persona, se practicará la citación en los mismos términos, y así cuantas ocurran.

Al proponerse la primera cita, se suspenderá el curso de la causa principal por el término de 90 días, dentro del cual deben realizarse todas las citas y sus contestaciones. Pero si no se propusieron nuevas citas, la causa seguirá su curso al día siguiente a la ultima contestación, aunque dicho termino no hubiere vencido, quedando abierta a pruebas el juicio principal y las citas.

Cabe destacar que, si bien en el proceso laboral no se prevé la institución de la citación, sino la notificación como medio expedito de lograr la comparecencia al proceso de los sujetos procesales, debe entenderse pues que dicho procedimiento en el supuesto de la “intervención forzada” se aplicara con la figura de la notificación.

En este orden de ideas, es imprescindible recalcar que en la norma citada se plantea una causa de suspensión legal, en el sentido de que se estatuye que en los casos de intervención forzada se “…suspenderá el curso de la causa principal por el término de 90 días, dentro del cual deben realizarse todas las citas…” Por lo que, se colige que dentro de los 90 días, contados como días continuos habrán de practicarse las notificaciones de las tercerías propuestas y vencidos estos la causa continuará su curso legal.

Posturas como estas violentan el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y el principio pro actione, según los cuales todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones de los justiciables.

Así pues, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia

De las actuaciones cursantes en el expediente de marras se evidencia que la tercería fue admitida en fecha 19 de Mayo de 2.011 (Folio 65), fecha desde la cual la parte accionada y el Juez del Juzgado A quo efectuaron los tramites correspondientes a los fines de la notificación de los terceros llamados al proceso por la accionada, lo cual no fue posible, y no fue sino hasta el 15 de Noviembre de 2.011 (Folio 100), cuando la representación judicial de la parte accionada suministra una nueva dirección de una de las cooperativas llamadas en tercería, a saber Cooperativa Dinasa, R.L. De lo cual se evidencia que transcurrió con creces el lapso de suspensión legal establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal considera que la misma no se practicó dentro de los extremos legales, por lo que mal puede agotarse la notificación a la Asociación Cooperativa Dinasa R.L. Y Así se Establece.

En consecuencia, es forzoso declarar vencidos los 90 días continuos contados a partir del día 19 de Mayo de 2.011, fecha de admisión de la tercería propuesta por la accionada, de conformidad con lo establecido en el articulo 386 del Código de Procedimiento Civil aplicable al proceso laboral por analogía de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y Así se Establece.

Con base a las anteriores consideraciones es forzoso para éste Tribunal declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, a los fines de garantizarle al accionante una plena tutela judicial efectiva en la presente causa, la cual se ha visto soslayada por el transcurso del tiempo transcurrido en el llamado del Tercero, en detrimento de los principios de brevedad, celeridad y concentración procesal de que se encuentra informado el especialísimo derecho adjetivo laboral, de conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo . Y Así se Declara.

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

SE CONFIRMA el auto de fecha 10 de Noviembre del año 2011, dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Notifíquese mediante oficio de la presente sentencia al juzgado de la causa. Líbrese oficio.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia, a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año 2.012. Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.-

El Juez,

Abg.- O.J.M.S..

La Secretaria;

Abg. L.M..

En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las doce y cuarenta y cinco del mediodía (12:45 M.), de conformidad con lo establecido en los artículos 147 y 248 del Código de Procedimiento Civil.-

La Secretaria;

Abg. L.M..

OJMS/LM/OJLR

Exp: GP02-R-2011-000468