Decisión de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Anzoategui, de 19 de Noviembre de 2014

Respecto del ciudadano A.D.J.S.M.

.-Marcado “C” instrumento relacionado con Recibos de Pago y Liquidación de prestaciones sociales. Folio 03 al 203. Pieza 6º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Respecto del ciudadano D.D.J.L..

.-Marcado “D” instrumento relacionado con Liquidación de prestaciones sociales y Recibos de Pago. Folio 03 al 137. Pieza 7º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Respecto del ciudadano W.A.M.P..

.-Marcado “E” instrumento relacionado con Recibos de Pago y Liquidación de prestaciones sociales. Folio 02 al 210. Pieza 8º; y folio 02 al 187 pieza 9º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Respecto del ciudadano L.G.B.V..

.-Marcado “F” instrumento relacionado con Recibos de Pago y Liquidación de prestaciones sociales. Folio 03 al 123. Pieza 10º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Respecto del ciudadano E.A.G.P..

Marcado “G” instrumento relacionado con Liquidación de prestaciones sociales y Recibos de Pago. Folio 125 al 143. Pieza 10º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Respecto del ciudadano H.R.L.M..

.-Marcado “H” instrumento relacionado con Liquidación de prestaciones sociales y Recibos de Pago. Folio 145 al 148. Pieza 10º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Respecto del ciudadano A.M.M.A..

.-Marcado “I” instrumento relacionado con Liquidación de prestaciones sociales y Recibos de Pago. Folio 150 al 152. Pieza 10º del expediente. Cuyas documentales no resultaron desconocidas por la parte demandada, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les atribuye valor probatorio. Y así se deja establecido.

Se observa de las acta de juicio y del contenido de la sentencia, que las referidas documentales (recibos de pago de salario), no fueron impugnadas por las partes codemandadas, por lo que el Tribunal A quo, les otorgó pleno valor probatorio.

Siendo un litisconsorcio activo facultativo, este tribunal de alzada aborda en forma separada cada uno de los demandantes.

A.S.

De la revisión de las referidas documentales, este tribunal de alzada verifica que, ciertamente, en el caso de A.S., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia los recibos de pago que corren de los folios 3 al 203 de la Pieza 6 del expediente, de allí se evidencia una prestación del servicios desde la semana del 15-12-2003 al 21-12-2003, - folio 3 pieza 6-, y así sucesivamente, se observan recibos de pago semanales correlativos, donde a pesar de señalar los recibos de pago la categoría de “obrero ocasional”, la correlación de los recibos denotan una cosa distinta, y es la continuidad o permanencia de las prestación de servicio. Asimismo, esta alzada concluye tres aspectos: 1) La prestación del servicio data de diciembre de 2003, de manera que coincide el alegato libelar de inicio de la relación de trabajo del 08-12-03, el cual fue establecido por el tribunal A quo en virtud de la valoración de los recibos de pago, la demandada alegó que la relación de trabajo comenzó el 09 de enero de 2006, lo cual quedó desvirtuado por los recibos de pago; 2) La prestación del servicio es de carácter permanente e ininterrumpido, por lo sucesivo de los recibos de pago; 3) Los beneficio económicos tales como bono compensatorio, tiempo de viaje 52%, tiempo de viaje 77%, descanso legal y contractual, tiempo extraordinario, comida extensión jornada, bono nocturno, prorrateo, son conceptos propios de la convención colectiva petrolera.

Conforme a las conclusiones arriba descritas, producto de la valoración de los recibos de pago de salarios, coincide esta alzada con lo establecido por el Tribunal A quo, que es considerar como cierta la fecha de inicio de la relación de trabajo alegada en el libelo, por corresponder con la fecha expresada en los recibos de pago de salario, y que se debe aplicar la convención colectiva petrolera desde el inicio hasta la terminación de la relación de trabajo, por dos razones, la primera es que, desde el inicio de la relación de trabajo al demandante le pagaban beneficios económicos propios de la convención colectiva petrolera, a pesar que formalmente las codemandadas procedieron a reconocerles la continuidad y aplicación de la convención colectiva a partir del 1º de noviembre de 2007, pero es el caso que el demandante de autos logró demostrar que su relación de trabajo comenzó en fecha anterior a la indicada por la demandada en la contestación. Así se decide

D.D.J.L.

Para el caso de D.D.J.L., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia de juicio, los recibos de pago que corren de los folios 3 al 137 de la Pieza 7 º del expediente, sin embargo en este caso particular, no existe discrepancia en la fecha de inicio de la relación de trabajo (07-02-2005), siendo reconocida la aplicación de la convención colectiva petrolera desde el 07-02-2005 hasta el 31-03-2009, según liquidación marcada “D”, que corre al folio 3 de la Pieza 7 del expediente, existiendo una diferencia condenada a favor del demandante por el A quo de Bs. 16.343,07, la cual no fue objeto de apelación.

W.A.M.

Para el caso de W.A.M., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia de juicio, los recibos de Pago y Liquidación de Prestaciones Sociales, folio 2 al 210 de la Pieza 8º; y folio 2 al 187 pieza 9 º del expediente, de allí se evidencia una prestación del servicios desde la semana del 06-03-200 al 12-03-2000, - folio 2 pieza 8-, y así sucesivamente, se observan recibos de pago semanales correlativos, donde a pesar de señalar los recibos de pago la categoría de “obrero ocasional”, la correlación de los recibos denotan una cosa distinta, y es la continuidad o permanencia de la prestación de servicio. Asimismo, se esta alzada concluye tres aspectos: 1) La prestación del servicio data de marzo de 2000, de manera que coincide el alegato libelar de inicio de la relación de trabajo del 01-04-00, el cual fue establecido por el tribunal A quo en virtud de la valoración de los recibos de pago, la demandada alegó que la relación de trabajo comenzó el 05 de noviembre de 2001, lo cual quedó desvirtuado por los recibos de pago; 2) La prestación del servicio es de carácter permanente e ininterrumpido, por lo sucesivo de los recibos de pago; 3) Los beneficio económicos tales como bono compensatorio, tiempo de viaje 52%, tiempo de viaje 77%, descanso legal y contractual, tiempo extraordinario, comida extensión jornada, bono nocturno, prorrateo, son conceptos propios de la convención colectiva petrolera.

Conforme a las conclusiones arriba descritas, producto de la valoración de los recibos de pago de salarios, coincide esta alzada con lo establecido por el Tribunal A quo, que es considerar como cierta la fecha de inicio de la relación de trabajo alegada en el libelo, por corresponder con la fecha expresada en los recibos de pago de salario, y que se debe aplicar la convención colectiva petrolera desde el inicio hasta la terminación de la relación de trabajo, por dos razones, la primera es que, desde el inicio de la relación de trabajo al demandante le pagaban beneficios económicos propios de la convención colectiva petrolera, a pesar que formalmente las codemandadas procedieron a reconocerles la continuidad y aplicación de la convención colectiva a partir del 1º de noviembre de 2007, pero es el caso que el demandante de autos logró demostrar que su relación de trabajo comenzó en fecha anterior a la indicada por la demandada en la contestación. Así se decide

L.B.

Para el caso de L.B., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia de juicio, los recibos de pago que corren del folio 3 al 123, Pieza 10º del expediente, sin embargo en este caso particular, no existe discrepancia en la fecha de inicio de la relación de trabajo (18-08-2006), siendo reconocida la aplicación de la convención colectiva petrolera desde el 18-08-2006 hasta el 31-03-2009, según liquidación que corre al folio 122 de la Pieza 10 del expediente, existiendo una diferencia condenada a favor del demandante por el A quo de Bs. 21.071,84, la cual no fue objeto de apelación.

E.G.

Para el caso de E.G., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia de juicio, los recibos de Pago y Liquidación de Prestaciones Sociales, Folio 125 al 143. Pieza 10º del expediente, de allí se evidencia una prestación del servicios desde la semana del 23-05-2005 al 29-05-2005, - folio 126 pieza 10-, y así sucesivamente, se observan recibos de pago semanales correlativos, donde a pesar de señalar los recibos de pago la categoría de “obrero ocasional”, la correlación de los recibos denotan una cosa distinta, y es la continuidad o permanencia de la prestación de servicio. Asimismo, esta alzada concluye tres aspectos: 1) La prestación del servicio data de una fecha anterior a la señalada por la demandada en la contestación, quien señaló como fecha de inicio de la relación de trabajo el 3 de noviembre de 2005, siendo que no logró desvirtuar la fecha indicada en el libelo 11-11-2004, la cual fue establecida por el tribunal A quo en virtud de la valoración de los recibos de pago; 2) La prestación del servicio es de carácter permanente e ininterrumpido, por lo sucesivo de los recibos de pago; 3) Los beneficio económicos tales como bono compensatorio, tiempo de viaje 52%, tiempo de viaje 77%, descanso legal y contractual, tiempo extraordinario, comida extensión jornada, bono nocturno, prorrateo, son conceptos propios de la convención colectiva petrolera.

Conforme a las conclusiones arriba descritas, producto de la valoración de los recibos de pago de salarios, coincide esta alzada con lo establecido por el Tribunal A quo, que es considerar como cierta la fecha de inicio de la relación de trabajo alegada en el libelo, por no quedar desvirtuada con la fecha expresada en los recibos de pago de salario, y que se debe aplicar la convención colectiva petrolera desde el inicio hasta la terminación de la relación de trabajo, por dos razones, la primera es que, desde el inicio de la relación de trabajo al demandante le pagaban beneficios económicos propios de la convención colectiva petrolera, a pesar que formalmente las codemandadas procedieron a reconocerles la continuidad y aplicación de la convención colectiva a partir del 1º de noviembre de 2007, pero es el caso que el demandante de autos logró demostrar que su relación de trabajo comenzó en fecha anterior a la indicada por la demandada en la contestación. Así se decide

H.L.

Para el caso de H.L., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia de juicio, los recibos de pago que corren de los folios 145 al 148, Pieza 10º del expediente, sin embargo en este caso particular, no existe discrepancia en la fecha de inicio de la relación de trabajo (12-02-2007), siendo reconocida la aplicación de la convención colectiva petrolera desde el 12-02-2007 hasta el 31-03-2009, según liquidación que corre al folio ciento cuarenta y cinco (145) de la Pieza 10 del expediente, existiendo una diferencia condenada a favor del demandante por el A quo de Bs. 21.338,60, la cual no fue objeto de apelación.

A.M.

Para el caso de A.M., fueron promovidos y no impugnados en la audiencia de juicio, los recibos de pago que corren de los folios 149 al 152, Pieza 10º del expediente, sin embargo en este caso particular, no existe discrepancia en la fecha de inicio de la relación de trabajo (13-02-2006), siendo reconocida la aplicación de la convención colectiva petrolera desde el 13-02-2006 hasta el 31-03-2009, según liquidación que corre al folio ciento Cincuenta (150) de la Pieza 10 del expediente, existiendo una diferencia condenada a favor del demandante por el A quo de Bs. 26.426,18, la cual no fue objeto de apelación.

Conforme a lo señalado, sólo existe discrepancia en cuanto a la fecha de inicio de la relación de trabajo en los casos de los demandantes A.S., W.A.M. Y E.G., quienes acreditaron recibos de pago de salario con fechas anteriores a la señalada por la demandada en la contestación de la demandada, por lo que acertadamente, al no quedar desvirtuada la fecha de inicio de la relación de trabajo, el Tribunal A quo procedió a considerar, la fecha señalada en el libelo de la demanda, y ciertamente, de los recibos de pago con fecha anterior a la señalada en la contestación de la demanda, se evidenció que la demandada le pagada a los demandantes conceptos de la convención colectiva petrolera, que luego fueron reconocidos formalmente a partir del 1º de noviembre de 2007, pero es el caso que los demandantes lograron demostrar la prestación del servicio con una fecha anterior y que igualmente les pagaba la demandada conforme a la convención colectiva petrolera, de manera que, no le asiste la razón a la demandada recurrente, pues tratándose de una relación de trabajo que se demostró haber comenzado con fecha anterior a la considerada en los finiquitos de liquidación conforme a la convención colectiva petrolera, lógico es suponer que se debe ajustar la diferencia en el pago de las prestaciones sociales por el tiempo de servicio que lograron demostrar los demandantes, y de allí las diferencias que fueron condenadas por el A quo.

Por otro lado, como fundamento a la apelación ejercida, indica la recurrente una sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se establece que el hecho que un patrono incorpore al contrato de trabajo cláusulas de la convención colectiva, no quiere decir que sea un reconocimiento de la aplicación de la totalidad de la convención colectiva. Cabe destacar que la sentencia citada es la N º 0201 de fecha 21 de marzo de 2012, de la revisión del contenido de la misma, esta alzada considera que no se aplica al caso concreto, en primer término por que la sentencia citada se refiere al caso de una trabajadora que estaba excluida de la convención colectiva, por el cargo que desempañaba de gerente de zona, en el caso de autos, no sólo les fue reconocida aplicación de la convención colectiva petrolera desde el inicio cuando en los recibos de pago les cancelaban los beneficios de la convención, sino que al final de la relación, la demandada reconoció la aplicación de la convención colectiva petrolera, mediante finiquitos con una fecha señalada por la demandada, siendo que los demandantes alegaron y demostraron haber comenzado con una fecha anterior a la indicada en los finiquitos, de allí que surgieron las diferencias que fueron condenadas por el A quo.

Por lo antes señalado, este Tribunal de Alzada comparte plenamente el criterio y las conclusiones del Tribunal A quo, considera que no le asiste la razón a la recurrente en el primero aspecto denunciado, por lo que no prospera en derecho su apelación. Así se decide

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I.1.2) Como segundo punto señalado por la apelante, es el motivo o la causa de terminación de la relación de trabajo, ya que señalan los trabajadores que se trató de un despido injustificado, siendo que el tribunal al momento de pronunciarse sobre este hecho, no hizo mayor énfasis ni se pronunció sobre las pruebas promovidas por esta defensa, ni lo explanado en su escrito de defensa, que sólo se limita a decir que no hubo probanza, por lo que considera la apelante que hubo una incongruencia negativa, al señalar que no hubo un despido injustificado si no una culminación del contrato.

Al respecto, es preciso señalar que no resulta relevante para la resolución de la controversia el considerar si hubo o no in despido injustificado, pues tomando en cuenta que el régimen jurídico aplicable es la convención colectiva petrolera, el referido contrato no establece el pago de indemnización por despido, que si esta previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la época en que acaecieron los hechos. A todo evento, si bien es cierto que en la contestación de la demanda, fue negado el hecho del despido injustificado, alegándose que lo ocurrido fue la culminación del contrato, este tribunal observa que de las mismas pruebas aportadas por la demandada, caso L.B. – folios 2 y 3 pieza cuarta, la demandada trajo copia de la planilla 14-03 del seguro social, donde se indica que el motivo de la terminación de la relación de trabajo es despido; igualmente en el caso de E.G., - folio 57 de la cuarta pieza-, H.L. – folio 4 pieza N º 5- , D.L., folio 3, pieza 3, W.M., folio 106 pieza 3, de manera que se desprende de los autos que ocurrió un despido injustificado, razón por la que no prospera en derecho el aspecto señalado por la demandada recurrente. Así se decide

I.1.3) El tercer y último punto que recurren las demandadas, es con respecto a la fecha de inicio de la relación laboral, con respecto a cuatro (4) de los trabajadores. A tal efecto, señala el recurrente que el tribunal haciendo una valoración parcial de las pruebas, da por cierto la fecha plasmada por ellos en el libelo de la demanda, sin embargo, indica el recurrente, que consta en autos unos acuerdos de transacción, hechos ante la Inspectora del Trabajo donde consta la verdadera fecha de entrada de estos trabajadores, el cual fue reconocido por las partes, siendo los nombres de los trabajadores son A.S., W.M., E.G. y H.L..

Al respecto, es preciso señalar como se dejó establecido con anterioridad, en el caso de H.L., no existe discrepancia en la fecha de inicio de la relación de trabajo, pues la demandada acepta que comenzó en fecha 12 de febrero de 2007, tal como se desprende del finiquito de prestaciones sociales al folio ciento cuarenta y cinco Pieza 10 del expediente.

En lo que respecta a los demandantes A.S., W.M., E.G., ciertamente, se evidencia instrumento marcado “A 87” que corre de los folios 103 al 106 del expediente, caso A.M., instrumento marcado “C92” que corre de los folios 191 al 194 de la tercera Pieza del expediente caso W.M.; instrumento marcado “E91” que corre de los folios 140 al 143 de la tercera Pieza del expediente caso E.G., donde los demandantes suscriben un documento transaccional para recibir el pago el concepto de pago retroactivo de tarjeta de alimentación, si bien es cierto que, allí se especifica la fecha de ingreso señalada en la contestación de la demanda, también lo es que dicho instrumento no se encuentra homologado por ningún funcionario público, siendo además que, de la valoración de los recibos de pago con fecha anterior a la señalada, se demuestra que los demandantes comenzaron a prestar servicios en fecha anterior, no quedando desvirtuada la fecha indicada en el libelo, tal como lo estableció el tribunal A quo, de manera que, no le asiste la razón al apelante en cuanto al aspecto señalado. Así se decide

Por los razonamientos expuestos, este tribunal de alzada considera que no prosperan en derecho los motivos de apelación señalados por la demandada recurrente, considerando esta alzada ajustada a derecho la sentencia proferida por el Tribunal A quo, por lo que la misma debe ser confirmada. Así se decide

I.2) Con respecto a la apelación ejercida por la parte demandante, respecto a la condenatoria del concepto de Tarjetas Electrónicas de Alimentación, es preciso señalar que, esta alzada comparte el criterio sostenido por el Tribunal A quo, en considerar improcedente tal concepto, en primer lugar, por que de los recibos de pago promovidos por los mismos demandantes, se evidencia el cumplimiento de la obligación alimentaria, asimismo, la demandada en fechas 15 de mayo de 2007, 16 de mayo de 2007 y 25 de mayo de 2007, procedió a cancelar las cantidades que se le adeudaban por el referido concepto, en forma retroactiva, a la fecha señalada así como de las resultas de la prueba de informes de PDVSA que rielas de los folios 183 al 198 de la pieza 11 del expediente, de manera no prospera en derecho la apelación ejercida por la parte demandante, razón por la cual queda confirmada la sentencia recurrida en todas y cada una de sus partes. Así se decide

III

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho A.H., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 11.910, apoderado judicial de la parte demandada; 2) SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de los demandantes, abogada en ejercicio ISOBEL RON, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N º 29.548, contra la sentencia publicada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de El Tigre, en fecha once (11) de abril de 2014, en el juicio que por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, intentaron los ciudadanos A.D.J.S.M., D.D.J.L., W.A.M.P., L.G.B.V., E.A.G.P., H.R.L.M. y A.M.M.A., venezolanos, mayores de edad, con cédulas de identidad números 12.437.762, 13.257.775, 10.941.498, 5.995.343, 17.857.890, 10.939.395 y 12.680.049, 941.498, en contra de las sociedades mercantiles EVI DE VENEZUELA, S.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 26 de agosto de 1996, bajo el N º 78, tomo 231-A-Pro, y WEATHERFORD LATIN AMERICA, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 21 de octubre de 1991, últimamente trasladado su domicilio a la ciudad de Lecherías del Estado Anzoátegui, según consta de Asamblea Extraordinaria de Accionista inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el N º 17, Tomo A-111, el 28 de diciembre de 2006, en consecuencia, se CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal A quo, en todas y cada una de sus partes. Así se decide

Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y remítase el expediente al Tribunal de la causa.

Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014).

EL JUEZ,

ABG. UNALDO J.A.R.

LA SECRETARIA,

Abg. A.R.

Siendo las 3:29 p.m., se publicó la presente decisión. Conste

LA SECRETARIA,

UJAR/ua/AR