Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 23 de Abril de 2010

Fecha de Resolución23 de Abril de 2010
EmisorJuzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen
PonenteFabio Alberto Ochoa
ProcedimientoAcción De Amparo Constitucional

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO,

BANCARIO, PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

San Cristóbal, 23 de abril de 2010.

200° y 151°

Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa:

  1. Que el 5 de octubre de 2009, es recibido en esta Alzada previa distribución, Acción de A.C. interpuesta, por el ciudadano M.A.G., contra el administrador de la Aduana de San A. delT., J.O.S.C..

Así las cosas observa este Juzgador, que dada la naturaleza especial y expedita de la Acción de A.C., nuestro Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas oportunidades ha establecido que la inactividad de la parte actora por más de seis (6) meses, bien en la etapa de admisión o una vez acordada ésta en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar, ocasiona el abandono del trámite.

Ahora bien, se observa que el 9 de abril de 1990, el ciudadano M.A.G.C., asistido de abogado interpuso acción de amparo constitucional contra el administrador de la Aduana de San A. delT., J.O.S.C., En la misma fecha el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial admitió la acción de amparo (fs. 26-35). En fecha 4 de julio de 1990 Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial declaró con lugar el amparo solicitado por el ciudadano M.A.G.C. (fs. 156-165) En fecha 19 de julio de 1990, la parte agraviante apelo de la anterior decisión (f.167). En fecha 21 de diciembre de 1991, la Corte Primero en lo Contencioso Administrativo se declara incompetente y declina la competencia en el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; que el 23 de marzo de 2007 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo realiza un aviso a los abogados y demás usuarios del poder judicial donde señalo:

… que el proceso de auditoria y actualización de las causas cursantes ante este Órgano Jurisdiccional, arrojó como resultado un total de dos mil setecientas diez (2.710) causas, cuyo ingreso se produjo entre los años 1977 y 2002, las cuales fueron sentenciadas sin que hasta la presente fecha las partes hayan sido notificadas y por cuanto no consta en los respectivos expedientes direcciones actualizadas haciendo imposible su notificación personal, el listado contentivo de dichas designaciones se encuentra ubicado en la siguiente dirección electrónica:

http:/jca.tsj.gov.ve/miscelaneas/listado_jca.asp?id=025&id2=JURISDICCIONCONENSIOSAADMINISTRATIVO

Y en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las C.P. y segunda de lo Contencioso Administrativo, ubicada en la Avenida Tamanaco, Edificio Impres, piso 1 Urb. El R.M.C., estado Miranda.

Una vez transcurridos sesenta (60) días continuos a partir de la publicación del presente aviso, los expedientes serán remitidos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo y a la Oficina de Archivos Judiciales, según sea el caso…

(negrillas del tribunal)

Sobre este aspecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 23 de febrero de 2006, Expediente N°05-0612, estableció lo siguiente:

...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. (...)

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

(...)

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara

. (Subrayado de la Sala).

Así las cosas, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala lo siguiente:

Artículo 25. Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs.2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,oo).

Así las cosas este juzgador observa que, si el legislador consideró, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Estando claro que el solicitante de la tutela de sus derechos fundamentales, debe mantener a lo largo del proceso el interés en la obtención de la tutela urgente y preferente que consiste en el medio constitucional del amparo, y ello se demuestra mediante la presentación de escritos o diligencias en los que tal interés quede de manifiesto. Y por cuanto en el presente expediente se evidencia que existe una perdida de interés por parte del actor, ello en virtud de que han transcurrido más de seis meses desde que se cumplió el lapso de sesenta días otorgados por la Corte primera en lo Contencioso Administrativo para la remisión del expediente al Juzgado Superior Respectivo, por lo que el actor no realizo ninguna actuación, y siendo que el asunto planteado versa sobre la presunta violación de derechos constitucionales, por cuanto no se genera en la presente causa afectación al orden público ni a las buenas costumbres, se declara el abandono del trámite por la parte demandante, correspondiente a la pretensión de tutela constitucional que se examina, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, la terminación del procedimiento.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide:

PRIMERO

DECLARA EL ABANDONO DEL TRÁMITE, en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia TERMINADO EL PROCEDIMIENTO.

Notifíquese de la presente decisión al Fiscal del Ministerio Público. Líbrese Oficio.

Déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.

El Juez Temporal,

F.O.A.

El Secretario,

Antonio Mazuera Arias

En la misma fecha, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) se publica la anterior sentencia y se deja copia fotostática certificada para el archivo del Tribunal. Se libró oficio N°0530-

EXP. N° 6444

am

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