Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 14 de Noviembre de 2014

En fecha 13 de octubre de 2014, las ciudadanas B.M.M.M., titular de la cédula de identidad N° V- 21.291.548 y A.M.A.M., titular de la cédula de ciudadanía N° V- 1.090.444.416, con el carácter de concubina e hija, respectivamente del ciudadano A.L.A.L., titular de la cédula de identidad N° V- 21.627.814, asistidas por los abogados J.O.S.Q. y L.V.O.M., consignaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Extensión San A.d.T., escrito contentivo de acción de amparo constitucional, el cual fue recibido en esta Alzada el 14 del mismo mes y año.

En dicho escrito las referidas ciudadanas señalan la violación de derechos constitucionales, relacionados con la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la vida, al considerar que el Juez de la causa, ha omitido dictar pronunciamiento ante la solicitud realizada por el abogado defensor P.A.V.M., en cuanto al derecho a la salud y a la vida del ciudadano A.A.L..

Dicho escrito, señala lo siguiente:

(Omissis)

…actualmente privado de libertad por el presunto delito de contrabando de extracción en la Brigada de Infantería Grupo Tarea 21 del Ejército Bolivariano de Venezuela, con sede en Ureña, Municipio P.M.U. del estado Táchira, desde el día 29 de septiembre de 2014, a ordenes (sic) del Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Extensión San Antonio, según el ASUNTO SP11P20144209 y Fiscalía 24 del estado Táchira, EXPEDIENTE MP2041-2014, ante Ud. Respetuosamente acudimos a fin de intentar acción de AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LA OMISION DEL JUZGADO DE CONTROL N° 2 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA-EXTENSION SAN ANTONIO, ante la solicitud realizada por el Abogado defensor P.A.V.M., en el Asunto señalado para que se garantice el derecho a la salud y a la vida de nuestro familiar, en virtud del cuadro clínico que presenta debido a los padecimientos y deterioro de salud durante su detención en el lugar en que se encuentra recluido.

Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 22, 30 y 41 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. Con fundamento a lo siguiente:

LOS HECHOS

En fecha 04 de septiembre de 2014, el Tribunal de Tribunal (sic) de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Extensión San Antonio, según el ASUNTO SP11P20144209, ordenó la privación de l.d.A.L.A.L., nuestro concubino y padre respectivamente, por la presunta comisión del delito de contrabando de extracción, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Nuestro familiar A.L.A.L., antes de su detención ha venido siendo tratado a sus 57 años de quebrantos de salud los cuales consisten en:

1.- Artrosis de cadera, por lo cual hubo de ser intervenido quirúrgicamente, así se evidencia del informe médico que se anexa y las placas radiográficas, practicadas en el Centro Médico Los Andes el día 06 de Octubre del presente año.

2.- Es una persona Hipertensa.

3.- Además es diabético, por lo cual deben practicársele constantes exámenes y debe ingerir medicamentos para su tratamiento.

Es de hacer notar, que el Oficial del Ejercito (sic) Bolivariano de Venezuela, a cargo de su custodia, ha tenido que ordenar su traslado de emergencia al Centro Clínico Los Andes de San A.d.T., dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Régimen Penitenciario que establece: (…)

Ciudadano Juez, para demostrar que A.L.A.L., nuestro concubino y padre respectivamente, se encuentra en delicado estado de salud, por situaciones anteriores a su detención que han empeorado con su permanencia en el sitio de reclusión que le impide que su salud mejore, debido a que debe dormir en el suelo, sin las condiciones mínimas de cuidado especiales (sic) que requiere su condición de paciente con tratamiento médico constante; nos permitimos acompañar las radiografías practicadas durante su detención y los informes médicos que fueron consignados por su defensor ante el Tribunal de la causa; sin que hasta el momento se le haya acordado su traslado a un Centro de Salud competente o como medida humanitaria, se le conceda una Medida Cautelar Sustitutiva a la de Privación de Libertad que le permita, poder ser atendido ambulatoriamente como hasta antes de su detención lo venía haciendo. Es igualmente necesario destacar, que A.L.A.L., es ciudadano venezolano, con domicilio fijo en el país y que dará cumplimiento a las condiciones que se le impongan.

Por lo antes expuesto, interponemos obrando en este acto con el carácter de concubino e hija del ciudadano A.L.A.L. (…), actualmente privado de libertad por el presunto delito de contrabando de extracción en la Brigada de Infantería Grupo de Tarea 21 del Ejercito (sic) de Venezuela, con sede en Ureña, Municipio P.M.U. del estado Táchira, RECURSO DE AMPARO CONTRA LA OMISION DEL Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Extensión San Antonio, según el ASUNTO SP11P20144209 y Fiscalía 24 del estado Táchira, EXPEDIENTE MP 2041-2014, por violación a los derechos constitucionales: 1.- Violación al DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD; establecido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y solicitamos haya un pronunciamiento acorde con la gravedad del asunto planteado, por ser violatoria de las (sic) norma constitucional ya señalada…

Por auto de fecha 14 de octubre de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Jueza Ladysabel P.R..

En fecha 16 de octubre de 2014, esta Alzada actuando en sede constitucional, se declaró competente para conocer de las actuaciones; de igual forma verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales y ordenó librar oficio al Juez accionado solicitándole la causa original signada con el número SP21-O-2014-000031, a los fines de la admisibilidad.

En fecha 27 de octubre de 2014, se acordó solicitar nuevamente la causa original al Tribunal Primero de Control de la Extensión San A.d.T., a los fines de resolver la admisibilidad de la acción de amparo.

En fecha 10 de noviembre de 2014, se recibieron las actuaciones que fueron solicitadas y se acordó pasarlas a la Jueza Ponente.

DE LA ADMISIBILIDAD

Esta Corte de Apelaciones actuando como Tribunal Constitucional, para decidir sobre la admisibilidad considera lo siguiente:

En el caso de marras, se observa que las accionantes denuncian la violación de derechos constitucionales, relacionados con la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la vida, al considerar que el Juez de la causa ha omitido dictar pronunciamiento ante la solicitud realizada por el abogado defensor P.A.V.M..

Dicho escrito señala lo siguiente:

(Omissis)

De conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal solicito LA REVOCACION O SUSTITUCIÓN de la MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en contra de mi defendido, y en su lugar la aplicación de una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD de las establecidas en el Artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, para mi defendido.

Fundamento mi solicitud en los siguientes razonamientos:

Honorable Jueza, con el debido respeto quiero destacar en principio que mi cliente tiene su domicilio en el país, tal y como consta en constancia de residencia que consigno en original marcada con la letra “A”. Por otra parte honorable magistrado mi defendido se encuentra con una precaria condición de salud, tal y como lo demuestran los exámenes médicos que consigno junto a este escrito marcado con la letra “B”.

Finalmente laudable juez, pido en concordancia con la teoría política expresada en nuestro texto constitucional que la presente solicitud sea analizada dentro del marco del estado Social de Derecho y de Justicia establecido, y se tome en cuenta el gran problema carcelario, y las condiciones en las que se encuentra mi defendido privado de su libertad, bien jurídico éste superior al afectado supuestamente por el delito que le imputa. Informo que mi cliente se encuentra en capacidad de presentar fiadores, garantía real o cumplir con cualquier otra condición, todo en aras de salir en libertad y poder conservar su vida, pues como persona mayor, quiere continuar viviendo…

Ahora bien, de la revisión realizada a las actuaciones originales recibidas en esta Alzada se desprende que en fecha 22 de octubre de 2014, el abogado J.Q.R. (Juez accionado), en virtud de la solicitud planteada por el abogado P.V., defensor del ciudadano A.L.A.L., dictó decisión en los siguientes términos:

(Omissis)

PRIMERO: La competencia del Tribunal, esta (sic) determinada por lo establecido en los artículos 250 en concordancia con lo preceptuado en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal que le atribuye a los tribunales, en este caso, al de Control que dictan una medida, la faculta procesal de proceder a revisarla, precisándose también en la segunda disposición invocada, que a los jueces en esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. Se colige de lo anterior que es a este juzgado a quien corresponde la competencia para resolver la solicitud efectuada. Así se decide.

SEGUNDO: Como actuaciones cumplidas por este Tribunal, encontramos, mediante acta de fecha 05 de septiembre de 2014, y auto de fecha 08 octubre del mismo mes y año, se celebró ante este Tribunal, Audiencia de Calificación de Flagrancia en contra del imputado A.L.A.L., por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCION, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, en perjuicio del Estado Venezolano audiencia en la que se calificó la flagrancia en la aprehensión del precitado imputado por encontrar llenos los extremos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordenó la aplicación del procedimiento ordinario y se decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, al encontrar plenamente satisfechos los requisitos del mismo.

TERCERO: Nuestro actual sistema penal acusatorio se funda en el principio de la presunción de inocencia, que constituye una regla imperativa del ordenamiento procesal que prohíbe a los órganos del Estado y a los particulares, dar un tratamiento como si estuviere condenado por sentencia firme. Entre los principios esenciales y específicos del proceso penal éste es el más importante, ya que determina el estado procesal del encausado durante la investigación. La presunción de inocencia entra en colisión con la detención preventiva en el proceso penal, ya que en los sistemas procesales caracterizados por el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, la privación judicial de libertad es de carácter excepcional pues se trata de una medida extrema de aseguramiento del imputado, ya que allí el interés colectivo debe privar ante el interés del imputado. La presunción de inocencia está regulada constitucionalmente en el ordinal 2° del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y está ratificada en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 8, y en la práctica se concreta en la obligación que tiene toda parte acusadora de probar, más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, la garantía irrestricta de su derecho a la defensa y en la prohibición de adoptar contra el imputado, cualquier medida cautelar que pudiera convertirse en irreparable, y equiparable en un fallo definitivo de culpabilidad, como puede ser una privación de libertad prolongada. Como solución a los excesos que pueden cometerse en orden a la limitación de la libertad del imputado y la posible colisión con el principio de presunción de inocencia, el Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 9 el principio de afirmación de libertad el cual dispone:

Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.

Conforme se desprende de lo antes expuesto y de la norma citada ut supra, resulta innegable que todo imputado tiene el derecho de ser juzgado en libertad y que el Estado debe tomar todas las previsiones posibles para que se materialice este derecho. Sin embargo, tal derecho comporta determinadas excepciones que no solamente son reconocidas en la Constitución (artículo 44.1 parte in fine); también las prevén los tratados internacionales sobre derechos humanos que constituyen derecho positivo en Venezuela, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7.2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), instrumentos todos que remiten el contenido de dichas excepciones a lo que disponga la ley. En el caso venezolano, tales disposiciones de excepción están reguladas en los artículos 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Las regulaciones constitucionales y legales del proceso penal en Venezuela están diseñadas dentro del contexto del respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales del justiciable, en la medida en que se han acogido, con el mayor empeño, todas las tendencias de avanzada en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y así, se consagra para el Estado la obligación del respeto y la garantía de tales derechos esenciales como es el caso del derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo, a la educación, etc., simultáneamente por supuesto, con lo que son derechos procesales, amparados en general, por la garantía del debido proceso y demás disposiciones constitucionales y legales referidas al tema, que han sido harto reguladas y difundidas, así como exhortados los diversos entes del sistema de justicia a su práctica integral y cotidiana.

Junto a este sistema garantísta, sin embargo, coexisten principios que no son excluyentes sino coetáneos con el mismo, tales como la materialización de la justicia, noción que no solo abarca el respeto y la garantía de los derechos del imputado; también implica el impedir la impunidad y la potestad del Estado de ejercer la persecución penal de las conductas tipificadas por la ley como delitos, los derechos de la víctima y la estabilidad, el bien común y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos en general.

A todas estas perspectivas debe atender el Juez cuando se propone tomar una decisión como la que hoy se examina con motivo de solicitud interpuesta por la defensa de imputado de autos; y más allá de las mismas, debe considerar rigurosamente las normas legales aplicables al tema, como es el caso de las disposiciones contenidas en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal, con el objeto de que la resolución que profiera cumpla a cabalidad el requerimiento estipulado en el artículo 157 eiusdem, por tanto, se hace necesario analizar el contenido de una serie de disposiciones legales referidas a la materia, en tal sentido:

El artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9, 229, 233, 236, y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, estan (sic) referidos al principio de la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, de donde se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación preventiva de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto a nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, por lo que el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender básicamente a lo señalado en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún mas allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

En ese orden de ideas, no escapa a la responsabilidad del Juez de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y si bien es cierto que los dispositivos del Código Orgánico Procesal Penal no pueden ser desvirtuados ni alterados para convertir en regla esa privación y continuar de esta manera manteniendo la mentalidad represiva que caracterizaba el procedimiento inquisitivo derogado, también es cierto que aun en los casos excepcionales en que no queda más opción que aplicar una medida cautelar privativa de libertad al imputado, cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que el titular de la acción penal le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe a.c.s. están o no, llenos los extremos de ley, es decir, los supuestos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, habida cuenta de que su resolución versa sobre el más trascendente de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por la razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.

De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida de coerción, y en segundo el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.

Consecuente con lo expuesto ut supra, debe establecerse que la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.