Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 10 de Marzo de 2014

Visto que subyacen los supuestos que estimó este Juzgador para decretar la medida de coerción más drástica, se mantiene el estado de privación de libertad que pesa sobre los encausados de marras, de conformidad con el artículo 313 numeral 5° del Texto Adjetivo Penal. Pudiéndose pensar que la privación de libertad se contradice con los principios estatuidos en el artículo 9 y 229 del Texto Adjetivo Penal, pero tal como lo afirma E.J. (Derechos del Imputado, 2005): “…Si bien se refleja indudablemente como una contradicción el hecho de quien es considerado inocente al mismo tiempo pueda ser limitado o cercenado en su libertad personal, su fundamento obedece a que entre los dos enunciados constitucionales existe una zona común, que ineludiblemente debe compartirse entre ambos y que consiste en asegurar los f.d.p. penal… “afianzar la justicia, que en el proceso penal se traduce con el propósito de que no obstaculice su realización ni el cumplimiento de lo decidido en la sentencia…” Todo ello, al estar en presencia de varios hechos punibles, tal como lo ha explanado el Ministerio Público; uno de ellos el TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE, el cual está previsto y sancionada por nuestro Legislador en el Encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, en fin de la salud por el gran impacto que generan las sustancias estupefacientes sobre la humanidad, la cual no conoce fronteras. Delito éste, que ha tenido un tratamiento especial en nuestro ordenamiento jurídico; como por ejemplo, en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Caracas el 06/03/1998, se consideró al narcotráfico como un crimen de lesa humanidad, aseverándose que es un flagelo que amenaza las sociedades y debe ser enfrentado con toda seriedad, por cuanto trasciende el ámbito jurisdiccional. En el mismo tenor, La Sala Penal de Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 359, de fecha 28-03-2000, con ponencia del Magistrado Angulo Fontiveros, estableció que el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es de lesa humanidad y leso derecho, indicando:

El Estado debe dar protección a la colectividad de un daño social máximo a un bien jurídico tan capital como la salud emocional y física de la población, así como a la preservación de un Estado en condiciones de garantizar el progreso, el orden y la paz pública: se requiere imprescindiblemente una interpretación literal, teleológica y progresiva, que desentrañe la “ratio iuris”, pueda proteger los inmensos valores tutelados por las normas incriminatorias y esté a tono con el trato de delito de lesa humanidad que reserva la novísima Constitución para las actuaciones relacionadas con las sustancias prohibidas por estupefacientes y psicotrópicas. Es verdad también que el Derecho Penal moderno abomina la responsabilidad penal objetiva, hoy casi preterida en holocausto al principio de culpabilidad; pero no se trata de una responsabilidad penal objetiva de carácter absoluto, ya que sí hay una responsabilidad subjetiva que consiste en la intención de poseer: ésta es criminosa por sí misma porque al Estado no le interesa que nadie posea esas sustancias de modo ilícito. Además, estos delitos son tan graves por el daño social que causan y por el bien jurídico afectado, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela obvió el clásico principio de la prescripción de los delitos y fulminó con la imprescriptibilidad de los mismos:

ARTÍCULO 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos cometidos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

ARTÍCULO 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con tales delitos.

El hecho de que la novísima Constitución haya anatematizado esos delitos con su imprescriptibilidad y además con la incondicional extradición de los extranjeros que lo cometieren (pese a la negativa del cuarto aparte del artículo 6° del Código Penal y a que en algunos países castíganse tales delitos con la pena de muerte o con la cadena perpetua), se debe a que los conceptúa expresamente como delitos de lesa humanidad. La circunstancia de que la Constitución solamente haya incluido el tráfico de estupefacientes, no significa que el de psicotrópicos (LSD y "éxtasis", por ejemplo) no sea susceptible de la imprescriptibilidad e incondicional extradición comentada, ya que tal omisión involuntaria configura un tan evidente como simple error de forma, vacuo de contenido sustancial. La misma Constitución suministra la regla a seguir en estas situaciones:

ARTÍCULO 257 DE LA CONSTITUCIÓN: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por omisión de formalidades no esenciales. (Resaltado de la Sala).

En verdad, sí son delitos de lesa humanidad y por tanto de leso Derecho, ya que causan un gravísimo daño a la salud física y moral del pueblo, aparte de poner en peligro y afectar en realidad la seguridad social (por la violenta conducta que causa la ingestión o consumo de las sustancias prohibidas) y hasta la seguridad del Estado mismo, ya que las inmensas sumas de dinero provenientes de esa industria criminal hacen detentar a ésta un poder tan espurio cuan poderoso que puede infiltrar las instituciones y producir un ‘narcoestado’: poco importa que sólo sea un Estado ‘puente’, o se crea o se finja creer que lo es, porque aun en ese caso se ha establecido que de allí se pasa siempre a estadios más lesivos: Estado ‘consumidor’, ‘productor’ y ‘comercializador’ ...

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente N° 01-1016, Sentencia N° 1712, de fecha 12-09-2001, con ponencia del Magistrado Doctor J.E.C.R., estableció:

... Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia‘...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad ...

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En el anteproyecto del Código Penal (exposición de motivos), Título IV, denominado Crímenes de Lesa Humanidad, se expresa lo siguiente:

... En la sección cuarta aparecen tipificados los delitos vinculados al ‘TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS’, estipulados actualmente en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 4.636 del 30 de septiembre de 1993). Su ubicación dentro del capítulo relativo a los crímenes de lesa humanidad obedece, entre otras razones, a la jurisprudencia de las Salas Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y al criterio de la Cumbre Iberoamericana de presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia que se realizó en Caracas el 6 de marzo de 1998...

.Y, en efecto, ese crimen del narcotráfico figura en el artículo 378 del anteproyecto, en el capítulo relativo a los crímenes de lesa humanidad. (Fin de la Cita)

Referido lo anterior, se evidencia la determinación del Estado Venezolano en la lucha contra el narcotráfico tanto interno como en el contexto internacional por la globalización de la problemática, dando muestras sólidas con la implementación del Plan Nacional Antidrogas 2008-2013, Fiscalías Especializadas en la materia y la creación de la novísima Ley Orgánica de Drogas; que según algunas corrientes doctrinales, el delito de tráfico ilícito de drogas, son susceptibles de ser incluidos en el catálogo de los denominados delitos de peligro (vid. VIVES ANTÓN, T.S. y otros. Derecho Penal. Parte Especial. Tercera Edición revisada y ampliada. Editorial tirant lo blanch. Valencia, 1999, p. 666), en virtud del riesgo generalizado que implican para las personas, lo cual ha conllevado que otros sectores autorizados de la doctrina también los hayan catalogado como delitos de consumación anticipada.

. 15) J.L.R.B., por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE, en grado de COOPERADOR INMEDIATO previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem, en perjuicio del Estado Venezolano.EMPLAZÁNDOSE a las partes para que, en el plazo común de cinco (5) días, concurran ante el Juez de Juicio competente.

II

DEL RECURSO DE APELACION

Del escrito anterior el Abg. L.E.R., en su carácter de defensor del ciudadano J.L.R.B., titular de la cédula de identidad V.-14.070.296, en la causa signada con e! alfanumérico GP01-P-2012-16528, actualmente sujeto a una medida de privación judicial preventiva de libertad, interponer formalmente RECURSO DE APELACIÓN, en contra de la decisión dictada por este Tribunal en fecha 08 de Agosto de 2013 en la audiencia preliminar, y publicado el texto íntegro de decisión en fecha 09 de agosto de 2.013, “mediante el cual entre otras cosas se DECLARÓ SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD, interpuesta por la defensa, ordenando en consecuencia la apertura a juicio oral y público de forma INMOTIVADA”, realizándolo en los siguientes términos;

…omissis…

…” Ciudadanos Magistrados que han de conocer del presente Recurso, esta defensa al momento del desarrollo de la audiencia preliminar solicito al juez A COMO PRONUNCIAMIENTO DE PREVIO Y ESPECIAL PROMUNCIAMINETO LA DECLARATORIA DE nulidad absoluta DE LA Acusación presentada por las Fiscalias Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y Tercera con competencia plena nacional por violación flagrante al debido proceso, derecho a la defensa y a los principios de igualdad ante la ley y de contradicción.

En este sentido se alegó a la Juez A quo que en fecha 17 de septiembre de 2012, se llevó a cabo ante el Tribunal Décimo de Control de este Circuito Judicial Penal, audiencia especial de presentación de imputados en el cual la representación fiscal imputó a mi representado la comisión del delito de Financista del Tráfico Ilícito Internacional Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de transporte, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del estado Venezolano, en grado de AUTORÍA Asociación Ilícita para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 y 27 de la ley Contra la Delincuencia Organizada, tal cual como puede ser verificado por esta D.C.d.A. del acta levantada con ocasión a la realización de la Audiencia especial de presentación, calificación jurídica provisional que fue admitida por el Juez A quo, según se desprende de auto motivado de fecha 20 de septiembre de 2012, del expediente signado con la nomenclatura GP01-P-2012-18433, el cual fue acumulado a la presente causa

La circunstancia fáctíca que motiva la solicitud de nulidad absoluta de la acusación ejercida en contra de mi representado acusación autónoma) es que una vez concluida la fase de investigación, el Ministerio Público sorprende al imputado y a su defensa, al atribuirle una participación en el delito distinta a la cual el imputado, toda vez, repito, el grado de participación imputado el de AUTORÍA en el delito de Financiamiento del Tráfico Ilícito internacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos, y en el acto conclusivo emanado de los despachos fiscales le atribuyen la participación a titulo de COOPERADOR INMEDIATO, no teniendo oportunidad el imputado ni su defensa en la fase de investigación para desvirtuar dicho grado de participación, ya que se estaba en plana seguridad que de las resultas de la investigación era imposible mantener el grado de participación inicialmente imputado por el Ministerio Público.

} En consecuencia al no haber sido imputado el grado de participación distinto al establecido en la audiencia especial de presentación, se violentó flagrantemente el derecho a la defensa, igualdad de la partes ante la ley y al contradictorio establecido en el artículo 49 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, limitándose la intervención del imputado quien no tenía conocimiento del grado de participación por el cual el Ministerio Público finalmente acusó.

Ante la solicitud de Nulidad Absoluta ejercida por esta defensa el Juez A quo declaró la misma sin lugar, motivando dicha decisión en los siguientes argumentos:

"Finalmente por presuntamente existir incongruencia entre los hechos imputados y la acusación presentada, es perfectamente previsible en nuestro procedimiento que se cambie o ajuste el grado de participación, y se le de una graduación a la participación al momento de la imputación previa en audiencia de presentación y otro luego de culminada la etapa de investigación en la acusación, y esto tiene una razón legal y lógica y esta determinada porque en la investigación pudieran evidenciarse otros elementos de convicción que inculpen, exculpen gradúen la participación de los investigados, estando los mismos consiguientes e informados del hecho por el cual son investigados, y siempre que se trate de los mismos hechos, no existiría incongruencia con los hechos y tipos penales endilgados; declarándose en consecuencia SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la acusación."

Salvo mejor criterio en contrario de esta d.C.d.A., en el criterio del Juez A quo es errado por ilegal, y esto es asi por cuanto si bien es cierto que han sido criterio del Tribunal Supremo de Justicia que la audiencia especial de presentación de imputados debe ser considerado como el acto formal de imputación, no menor cierto es que este acto formal, es la oportunidad en la cual se le debe informar al imputado y a su defensa, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que le son imputados, así como de los elementos de convicción que cursan en la investigación que sirven para determinar su participación en el delito, debiendo indicarle cual o cuales son los preceptos jurídicos aplicables y su grado de participación en el mismo, preceptos jurídicos y grado de participación que deben ser admitidos y encuadrados por el Juez de Control ante quien se realiza la imputación, de conformidad con el principio Iura Novit Curia.

La importancia de este acto de imputación, que en el presente caso se llevó a cabo durante el desarrollo de la audiencia especial de presentación, es que a partir de este momento surge el derecho del imputado de ejercer su defensa, teniendo en cuenta, precisamente, estas circunstancias imputadas, que servirán como punta de lanza para coadyuvar con la investigación y desvirtuar la imputación realizada, y su grado de participación en el delito del cual se atribuye su acción.

Como se indicó anteriormente en el acto formal de imputación efectuado por el Ministerio Público en la oportunidad de realizarse la audiencia especial de presentación, se le notificación a mi representado de los hechos por cuales estaba investigado, indicándosele igualmente los elementos de convicción que a criterio del Ministerio Público existían en su contra, y se le atribuyó la AUTORÍA en el delito de Financiamiento del delito de Tráfico Ilícito Internacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

A este respecto se debe indicar que la autoría conlleva a establecer una participación directa en el delito, el autor es quien con su actuar directo lleva la empresa criminal a su fin, realizando todos los actos preparatorios, ejecutivos y consumativos del delito.

En virtud de tal imputación, mi representado y su defensa nunca tuvo dudas de que era imposible para el Ministerio Público, mantener durante la fase de investigación dicha endilgacion, por lo que se consideró que con las diligencias de investigación ordenadas por el director de la investigación eran suficientes para aclarar que el no es el autor del delito imputado, al punto que la circunstancia en donde se sustentaba la imputación efectuada por el Ministerio Público era que mi representado formaba parte del capital accionario de la empresa BANYAN SERVICE C.A., empresa que fue utilizada para la empresa criminal, hecho cuestionado en la audiencia especial de presentación, que motivo a que se ordenara una experticia grafotecnica entre la firma que aparece reflejada en el acta constitutiva de la empresa anteriormente señalada y muestras manuscritas que fueron tomadas por los expertos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, en donde una vez practicado el estudio respectivo dieron como conclusión que la firma que aparece en el acta constitutiva de la empresa BANYAN SERVICE C.A. es una imitación a la rubrica de mi representado, pudiéndose determinar que él no suscribió dicha acta constitutiva, en razón de lo cual el grado de participación como AUTOR se desvirtuaba por completo.

Teniendo la segundad que con la experticia grafotecnica realizada era suficiente para desvirtuar la imputación realizada incluyendo su grado de participación, no se gestionaron ningún otro tipo de diligencias de investigación esperando que el acto conclusivo emanado del Ministerio Público fuese otro distinto al de una acusación.

Es en este momento que el imputado y su defensa se ven sorprendido en su buena fe, al haber presentado el Ministerio Público una acusación en contra de mi representado, pero esta vez, con un grado de participación distinta al inicialmente imputado y que era desconocido, impidiéndosele de esta forma realizar y preparar una defensa idónea para desvirtuar este grado de participación distinto.

Es así que si el Ministerio Público tenia la intención de cambiar el grado de participación en el delito imputado a mi representado, lo lógico, idóneo y legal, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa era realizar un nuevo acto de imputación, para lo cual debió solicitar la colaboración del Juez A quo, y no sorprender a la defensa con un acto conclusivo que discrepa al acto de imputación formal.

En este sentido, debo indicar para ustedes Honorables Magistrados, que el Juez A quo parte de un falso supuesto al decidir sobre la nulidad planteada por esta defensa, en el sentido que en su decisión indica que lo alegado era una "discrepancia entre los hechos imputados y la acusación presentada", y como quedo demostrado en el presente recurso, no existe discrepancia con los hechos imputados, ya que son los mismos, la discrepancia se encuentra en el grado de participación que se le atribuyó a mi representado en el acto formal de imputación y en el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público.

Señalar que "en la investigación pudieran evidenciarse otros elementos de convicción que inculpen, exculpen gradúen la participación de los investigados, estando los mismos consientes e informados del hecho por el cual son investigados, y siempre que se traten de los mismos hechos, no existiría incongruencia con los hechos y tipos penales endilgados", sería como permitir en nuestro proceso penal, que a una persona le sea imputado unos hechos calificados en el acto formal de imputación como lesiones culposas y que en la acusación se le atribuya la comisión del delito de Homicidio Calificado en grado de Frustración, cuestión que a todas luces violaría el derecho a la defensa, como le fue violado a mi representado.

Como quedó suficientemente demostrado, el cambio del grado de calificación jurídica en la acusación presentada por la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y Fiscalía Tercera con Competencia Plena Nacional del Ministerio Público configura las infracciones del derecho a la defensa y a la igualdad de las partes establecidos en los artículos 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en perjuicio de mi representado, por lo que de conformidad con lo establecido en el articulo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, debió declarase la Nulidad solicitada.

SOLUCIÓN QUE SE PROPONE y PETITORIO

Por todos los argumentos anteriormente esgrimidos es que solicito de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Acusación presentada por las Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y Fiscalía Tercera con Competencia Plena Nacional del Ministerio Público por violación al derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia nula la audiencia Preliminar iniciada en fecha 17 de Julio de 2013 y concluida en fecha 08 de agosto de 2013, cuyo auto motivado fue publicado en fecha 09 de agosto de 2013, todo de conformidad con la Teoría del Árbol envenenado, y solo con lo respecta a la acusación presentada en contra de mi representado, ya que el acto conclusivo emanado del Ministerio Público no afecta la acusación en contra del resto de los imputados, por lo que se requiere se reponga la causa al estado en que el Ministerio Público impute nuevamente a mi representado con el señalamiento claro y expreso de cual es el grado de participación concreto que se le atribuye, para así poder ejercer el derecho a la defensa a plenitud.”

III

CONTESTACION DEL RECURSO

Los profesionales del Derecho Joglls Ellacid Colmenares y María de los Á.P.G., procediendo en su carácter de Fiscales Auxiliares Vigésimo Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, encontrándome en la oportunidad procesal prevista en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de dar contestación al referido Recurso de Apelación, interpuesto por la Defensa privada del ciudadano JOSF L.R.B., en el asunto signado con el N° GP01-P-2012-16528, los términos siguientes:

..Omissis..

DE LOS HECHOS

…” En fecha diecisiete (17) de julio del dos mil trece (2013) tuvo lugar el inicio de la audiencia preliminar, culminando el día ocho (08) del mes de agosto de los corrientes, en la cual los representantes del Ministerio Público, ratificando en todas y cada una de sus partes el escrito acusatorio presentado en contra del acusado JOSÉ uns ROJAS BELLO, por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILíCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE, en grado de COOPERADOR INMEDIATO previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACiÓN ILíCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem, en perjuicio. del Estado Venezolano, haciendo una referencia clara, breve y sucinta de los hechos, solicitando la admisión de la acusación en su totalidad, la admisión de las pruebas ofrecidas por considerarlas pertinentes y necesarias y el mantenimiento de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad. Le fue conferida la oportunidad al acusado para declarar, ejercie~do tal derecho, luego la defensa explanó sus alegatos a favor de su patrocinado entre otras cosas adujo:

"( ... ) se declare la nulidad la acusación presentada en contra de mi representado por cuanto el 11-7-12 se realizó audiencia de presentación por cuanto mi defendido fue imputado como autor en el delito de trafico, sorprende a esta defensa que presenten el acto conclusivo con un tipo de participación distinta, esa sorpresa hace que se hayan violados unas garantías constitucionales como es le debido proceso, principios inocencia, igualdad de las partes, derecho a la defensa es por lo que solicito la nulidad de la acusación ( ... )"

Asimismo peticionó la imposición de medida cautelar sustitutiva a la privación judicial de libertad, para finalmente pronunciarse el Tribunal como punto previo declaró sin lugar la solicitud de nulidad opuesta por la defensa, para luego admitir la acusación motivando que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 308 del texto adjetivo Penal, admitiendo igualmente en su totalidad las pruebas presentadas por el Representante fiscal y ordenando elevar la causa a juicio.

DEL DERECHO

Analizados como han sido los argumentos explanados por la defensa en virtud de la interposición de este recurso de apelación en favor de su defendido, estas representaciones fiscales consideramos que contrariamente a lo alegado por la abogado defensor, la decisión del Tribunal A-quo evidentemente fue apegada a los preceptos normativos expuesto en el texto adjetivo penal.

Siendo que el tribunal de control en su decisión explanó las razones de derecho atinentes a la declaratoria sin lugar de la nulidad del escrito acusatorio opuesta por la defensa en los siguientes términos:

"(, .. ) Finalmente por presuntamente existir incongruencia entre los hechos imputados y la acusación presentada, es perfectamente previsible en nuestro procedimiento que se cambie o se ajuste el grado de participación, y se le de una graduación a la participación al momento de la imputación previa en audiencia de presentación y otro luego de culminada la etapa de investigación en la acusación, y esto tiene una razón legal y lógica y esta determinada porque en la investigación pudieran evidenciarse otros elementos de convicción que inculpen, exculpen graduen la participación de los investigados, estando los mismos conscientes e informados del hecho por el cual son investigados, y siempre que se trate de los mismos hechos, no existiría incongruencia con los hechos y tipos penales endílgados; declarándose en consecuencia SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la acusación. (. .. )"

Como podrán apreciar honorables Magistrados, el Juez de Control al momento de efectuar el análisis de referida a la nulidad opuesta por la defensa quien arguye que el Ministerio Público sorprendió al acusado de marras y su defensa técnica, con una variación en la participación criminal, siendo imputado en la Audiencia especial de presente para oír al aprehendido la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE, en grado de AUTORíA previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem, en perjuicio del Estado Venezolano y presentado acto conclusivo por los 3d. Delitos de TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE, en grado de COOPERADOR INMEDIATO, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem, en perjuicio del Estado Venezolano, coinciden estas Representaciones Fiscales con el criterio sostenido por el juez A -quo, considerando que en la audiencia especial la vindicta pública realiza una precalificación fiscal, pudiendo ser la misma objeto de variación como consecuencia lógica de la fase de investigación y los resultados que se obtengan de la misma, en el presente caso, no subsiste incongruencia entre los tipos penales imputados y los esgrimidos en el escrito acusatorio, si bien es cierto, se graduó el grado de participación criminal, lo que no conlleva a violación de derecho a la defensa alguno, como erróneamente la defensa técnica del acusado de marras aduce en su escrito recursivo, donde no deslinda la violación al derecho a la defensa, siendo que invoca nulidad a fin de retrotraer la causa al estado de efectuar caprichosamente un nuevo acto formal de imputación, por los mismos hechos, delitos, sólo con un cambio de participación criminal que no menoscaba derecho a la defensa, ya que abundado en la doctrina, criterio del máximo tribunal de la República que las figuras de participación criminal de autoría y cooperación inmediata, están estrechamente vinculadas, definido como aquel que si bien no realiza los actos típicos del hecho punible, su aporte es esencial, eficaz e inmediato para la ejecución del delito, máxime cuando en la norma penal sustantiva la penalidad a imponer es la misma.

Al respecto del cooperador inmediato ha sostenido en Sentencia N° 134 de Sala de Casación Penal, Expediente N° C1 0-162 de fecha 25/04/2011:

"(. . .) En efecto, en cuanto a la concurrencia de personas a la ejecución de un hecho punible, el Código Penal sanciona a los cooperadores inmediatos con la misma pena correspondiente a los autores o perpetradores. La equiparación de ambas figuras, según jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Penal, se debe a .que el cooperador inmediato, si bien no realiza directamente los actos productivos del delito, concurre o coadyuva a la empresa delictiva, tomando parte en operaciones distintas que no representan elementos esenciales del hecho punible, pero que resultan eficaces para la inmediata ejecución del mismo. El comportamiento de los cooperadores inmediatos como partícipes se compenetra o se vincula en forma muy estrecha con la conducta del ejecutor, lo que lleva a considerar que, aunque no realicen los actos típicos, en virtud de tal identificación o compenetración con la acción de los autores, deben ser sancionados con la misma pena correspondiente a éstos. El cooperador inmediato ha sido considerado por esta Sala como una de las formas de favorecimiento del hecho ajeno, de allí que (¿) es el que aporta una condición sin la cual el autor no hubiera logrado el hecho, por lo que no realiza los actos típicos esenciales constitutivos de tal hecho, pero presta su cooperación en forma esencial e inmediata en la ejecución del delito¿¿. (Sent. N° 697 del 7 de diciembre de 2007, ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas). De tal manera que el cooperador inmediato, dentro de las formas de participación, es aquel que,' si bien no realiza los actos típicos del hecho punible, su aporte es esencial, eficaz e inmediato para la ejecución del delito.

(. .. )"

De todo lo acontecido en la audiencia preliminar el juzgador observó que el Ministerio Públlco.procedló con estricto apego a lo establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, cumplimentando todos y cada uno de los requisitos exigidos por el legislador, procediendo como punto previo a declarar sin lugar la nulidad de la acusación opuesta por la defensa, en consecuencia a admitir totalmente el escrito acusatorio, así como las pruebas debidamente ofrecidas por considerarlas licitas, legales, pertinentes y necesarias, dando igualmente estricto cumplimiento a lo contemplado en el tercer aparte del artículo 312 ejusdem al no permitir el planteamiento de cuestiones que son propias del juicio oral y publico, lo que hace temeraria la apelación que se contesta mediante el presente escrito. Aunado a ello se desprende del auto motivado.

DE LAS PRUEBAS

A los fines de sustentar los razones de hecho y de derecho sobre lo que se apoya el presente escrito de contestación de apelación reproduzco en todas y cada una de sus partes como medio de prueba, la decisión dictada por el Tribunal de causa de fecha 09-08-2013, a los fines de su valoración y consiguiente decisión, la cual se encuentra inserta en el presente asunto. Recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Tribunal A- qua de fecha 09 de agosto de 2013.

En merito de lo antes expresado es por lo que solicitamos a los honorables a Magistrados de la Corte de Apelaciones que conocerán de esta incidencia se admita el presente escrito conforme a derecho y por consiguiente declaren SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Tribunal A quo de fecha 09/08/2013.”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En cuanto a la solicitud de nulidad de la acusación Fiscal realizada por la defensa en el desarrollo de la Audiencia Preliminar – UNICO MOTIVO -, planteada por el recurrente en cuanto a su inconformidad respecto a que su representado fue imputado en la Audiencia de Presentación por el delito de Financiamiento del Tráfico Ilícito internacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos, en grado de AUTOR – grado de participación - y en el acto conclusivo – Acusación - emanado de los despachos fiscales, le atribuyeron la participación en los delitos antes mencionados a titulo de COOPERADOR INMEDIATO. Refiere el quejoso que al atribuirle una participación en la decisión que declaro sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por este; ordenando en consecuencia la apertura a juicio oral y publico se encuentra INMOTIVADA.

Igualmente alude el recurrente que el hecho de, atribuirle una participación en el delito distinta por la cual el imputado, había sido imputado formalmente en la audiencia de presentación, esto le ha causado lesiones al debido proceso, derecho a la defensa y a los principios de igualdad ante la ley y de contradicción, toda vez que considera que el Ministerio Publico sorprendió al imputado y a su defensa, al atribuirle una participación en el delito, distinta a la cual fue imputado.

En este mismo orden de idea arguye el recurrente entre otras cosas, que el Ministerio Publico al tener la intención de cambiar el grado de participación en los delitos señalados; para ello debió realizar un nuevo acto formal de imputación con la colaboración del Juez A quo; y con ello no sorprender a la defensa con un acto conclusivo que discrepa al acto de imputación formal, llevado acabo en la audiencia de presentación.

Amen de todo lo anterior este Cuerpo Colegiado observa que el Juez A quo para decidir el punto controvertido en relación a la NULIDAD estableció lo siguiente:

…3) Finalmente por presuntamente existir incongruencia entre los hechos imputados y la acusación presentada, es perfectamente previsible en nuestro procedimiento que se cambie o se ajuste el grado de participación, y se le de una graduación a la participación al momento de la imputación previa en audiencia de presentación y otro luego de culminada la etapa de investigación en la acusación, y esto tiene una razón legal y lógica y esta determinada porque en la investigación pudieran evidenciarse otros elementos de convicción que inculpen, exculpen gradúen la participación de los investigados, estando los mismos conscientes e informados del hecho por el cual son investigados, y siempre que se trate de los mismos hechos, no existiría incongruencia con los hechos y tipos penales endilgados; declarándose en consecuencia SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la acusación

Circunscrito como ha sido de forma clara el motivo de impugnación del recurrente y de un estudio exhaustivo del Escrito de Apelación de la recurrida y del escrito de contestación; esta Sala para decidir observa, que no hubo violación al derecho de la defensa – art 49 CRBV - del imputado de marras toda vez, que si bien es cierto hubo un cambio en el grado de participación del imputado quien fue imputado formalmente en la Audiencia de Presentación como AUTOR del delito de TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Autor en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem ; y al momento de presentarse la Acusación definitiva ante el Tribunal de Control fue acusado por los mismos delitos, pero en grado de COOPERDOR INMEDIATO en el TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE; no es menos cierto que este último grado de participación fue el que definitivamente consideró el Ministerio Publico imputar, luego de concluida la fase de investigación o preparatoria.

Este cambio del grado de participación en la Acusación Fiscal – cooperador inmediato – no se pudiera considerar de mayor gravedad ni violatorio de derechos para el imputado, en cuanto a la ejecución o participación en los actos resolutivos para la configuración del hecho punible, toda vez que los hechos en los cuales se basó el Ministerio Publico para la acusación son los mismos que originaron el inicio de la investigación, vale decir no hubo cambio SUSTANCIAL DE LOS HECHOS IMPUTADOS.

Ahora bien la Vindicta Publica al termino de su investigación, consideró que el imputado de marras, no ejecutó la acción directa establecida como NUCLEO RECTOR del tipo penal; a pesar de tener este una participación directa – compromiso - en la comisión del mismo y de igual responsabilidad en cuanto a la pena, toda vez que el cooperador inmediato, será penado con la misma pena que el autor.

En este sentido considera quienes aquí decidimos que el cambio realizado en cuanto al grado de participación guarda la misma relación con el delito imputado toda vez que los hechos en los cuales se basó tal acusación son los que originaron el inicio de la investigación, en consecuencia no hubo un nuevo hecho relevante ni un cambio sustancial en la calificación jurídica y/o grado de participación que agravara la situación del imputado y que pudiera considerarse nuevos cargos.

Al respecto nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido, en Sentencia N° 1129, dictada por la Sala Constitucional del TSJ, en el Expediente N° 09-0373, de fecha 10 de agosto del 2009, con ponencia de la Magistrada-Ponente Dra. C.Z.d.M., con relación al cambio en la calificación jurídica se estableció lo siguiente:

…omissis…

…el Fiscal del Ministerio Público debe imputar nuevamente al investigado durante la fase de investigación siempre y cuando resulte,(resaltado de la Sala)de la investigación y antes de concluirse dicha fase, un nuevo hecho relevante o algún cambio sustancial de la calificación jurídica, por cuanto se le debe informar al investigado en plenitud de los nuevos cargos (resaltado de la Sala) por los cuales se le investiga…

Amén de lo anterior, considera este Cuerpo Colegiado que el hecho atribuido finalmente, tipificado y admitido por el Juez a quo, fue COOPERADOR INMEDIATO DE TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE ; previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Autor en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem, el mismo guarda misma relación con los hechos y el delito imputado en la Audiencia de Presentación, tal como lo es el mismo delito de TRAFICO pero en grado de COOPERADOR INMEDIATO; dada la análoga naturaleza de los grados de participación en cuanto a los hechos imputado en la Audiencia de Presentación y a la misma pena que conlleva una u otra independientemente de ser AUTOR o COOPERADOR INMEDIATO. Esta Sala considera que no le asiste la razón al recurrente por cuanto no se ha violado ningún derecho o garantía de rango constitucional toda vez que en la fase investigativa el imputado a través de su defensa tuvo toda la oportunidad para desvirtuar cualquier tipo de señalamientos en cuanto al delito y al grado de participación, lo que igualmente podrá hacer en la fase de juicio oral y publico; toda vez que la calificación dada continua siendo provisional hasta tanto sea declarada bajo decisión en esta fase del proceso.

En la referida audiencia de presentación el tribunal competente para ello ordenó la detención preventiva del imputado de marras; considero que los hechos imputados por el Ministerio Publico encuadraban en el tipo penal de AUTOR en el delito de TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE ; previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Autor en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem; así mismo siendo el Ministerio Público titular de la acción penal al presentar como acto conclusivo una acusación, lo hace, por el mismo delito pero en grado de COOPERADOR INMEDIATO; siendo esta la MISMA LEY ORGANICA DE DROGAS que recoge tales delitos (el delito imputado en Audiencia de Presentación y el establecido en la Acusación Fiscal) sin haber cambios significativos que pudieran comprometer el derecho a la defensa del imputado; ni mucho menos existe alguna denuncia de la defensa – control judicial – donde haya reclamado la no realización de alguna diligencia pedida al Ministerio Publico para desvirtuar la participación de su representado en la presunta comisión del delito imputado; da cuenta quienes aquí decidimos que solo estimó el Ministerio Publico un cambio en la participación en la comisión del mismo delito imputado en la Audiencia de presentación que en nada afecta el Derecho a la Defensa del imputado; pues siempre estuvo informado de los hechos y tuvo a su disposición todo el tiempo necesario para solicitar las diligencias que lo exculparan de tales señalamientos realizados por la vindicta publica.

Este hecho es en el que pretende fundamentar la solicitud de nulidad alegada por la defensa. No obstante, considera quien juzga que el imputado estaba en pleno conocimiento de los hechos imputados, tanto es así, que en la audiencia de presentación declaró sobre los mismos. Es así que el tipo penal por el que fue acusado esta previsto dentro del mismo titulo de la Ley Orgánica DE DROGAS.

En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada C.Z.d.M., de fecha 10 de agosto de 2009, Expediente 09-03733, ha estableció:

Ahora bien, de acuerdo a la doctrina de esta Sala, respecto a la oportunidad de la imputación fiscal en el procedimiento iniciado por la captura en flagrancia, se precisa que la imputación fiscal queda cumplida en el acto de la audiencia oral establecida en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal (vid sentencia N° 1901/08, caso: Teofil Martinovic). Esta doctrina, respecto a la presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal y la imputación fiscal que realiza el Ministerio Público, fue ratificada en sentencia 276/09, caso: J.E.H.H. …

Visto lo anterior la Sala, consideró y así quedó establecido con carácter vinculante, que la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación,constituye un acto de imputación que surte de forma plena todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASI SE DECIDE.

Por otro lado, el abogado accionante alegó, en el escrito de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Tribunal a quo, “…por cuanto a su criterio la fiscalia ante un cambio en la calificación (GRADO DE PARTICIPACI´ON) debió haber imputado de nuevo y así pasar a acusar en los mismos términos”, lo que obligaba a ese órgano fiscal notificar – imputar nuevamente - al ciudadano J.L.R.B. de esos nuevos hechos, para que pudiera ejercer, en plenitud, su derecho a la defensa.

En ese sentido, este Cuerpo Colegiado considera que, ciertamente, cuando un proceso penal se inicia con la detención en flagrancia y el mismo se prosigue, luego, por el procedimiento ordinario, el Fiscal del Ministerio Público debe imputar nuevamente al investigado durante la fase de investigación siempre y cuando resulte, de la investigación y antes de concluirse dicha fase, un nuevo hecho relevante o algún cambio sustancial de la calificación jurídica, por cuanto se le debe informar al investigado en plenitud de los nuevos cargos por los cuales se le investiga, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, en al caso que nos ocupa no se desprende que durante la etapa de investigación incoada contra el ciudadano J.L.R.B. haya surgido un nuevo hecho relevante o algún cambio sustancial de la calificación jurídica distinta a la impuesta por el Ministerio Publico en la audiencia de presentación celebrada el 02-02-2013

Así las cosas, esta Sala, observa de todo lo anterior; que los hechos y la calificación jurídica establecida en la audiencia de presentación por el Ministerio Publico y luego en la Audiencia Preliminar donde se realizó el control formal y material de la Acusación, son de igual naturaleza a los acreditados al ciudadano J.L.R.B. en el escrito acusatorio, por lo que precisa que, en el caso que nos ocupa no hacía falta realizar nuevamente el acto de imputación, distinto al realizado en la audiencia de presentación para la presentación de la Acusación respectiva, por cuanto no existía algún hecho nuevo relevante o algún cambio sustancial de la calificación jurídica que ameritara un nuevo conocimiento, por parte del investigado, de los cargos por los cuales se le estaban investigando.

De modo que esta Sala, insiste que al ciudadano J.L.R.B. no le fueron conculcados algún derecho constitucional, toda vez que, en la oportunidad en la cual se celebró la audiencia de presentación y la audiencia preliminar, dicho ciudadano conoció los cargos por los cuales se le estaba procesando, los cuales se mantuvieron durante la fase de investigación.

Por otra parte, siendo un delito cuya pena es igual ya sea para el autor o cooperador inmediato, no obstante, la participación del cooperador inmediato queda disminuida solo en cuanto a que, este no realiza la acción definida como el NUCLEO RECTOR; sino que coopera con el autor de forma directa en la ejecución del delito; pudiéramos concluir que su participación en cuanto a lo referido a la no ejecución o realización del Núcleo Rector al que se refiere la norma; habría sido considerada como una mejoría en su situación – aunque tenga la misma pena - en el acto conclusivo de Acusación; toda vez que el Fiscal consideró que no era Autor sino Cooperador. En este sentido cabe hacer mención a lo que la doctrina ha denominado “error in bonus”, y en este sentido, también ha emitido pronunciamiento nuestro máximo tribunal, en sentencia Nº 136 de fecha 03 de mayo de 2005 con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, al establecer:

“En atención a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala ha revisado el fallo impugnado y considera que el mismo está ajustado a derecho y así lo hace constar. En efecto, la defensa denunció en el recurso de apelación que el juzgador de Juicio omitió advertir a las partes del cambio de calificación jurídica atribuido a los hechos, pues el Ministerio Público formuló acusación por el delito de homicidio calificado y lesiones personales y el sentenciador condenó por la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y lesiones personales. La Corte de Apelaciones al conocer de dicho recurso, señaló que en el presente caso existe lo que en doctrina se ha denominado “error in bonus”, el cual se produce cuando el error favorece al acusado porque la calificación real es más benigna que la originalmente realizada. Advirtiendo la nombrada Corte de Apelaciones que, tal como lo ha señalado la doctrina, en el referido caso no es necesaria ninguna advertencia del tribunal al imputado, porque el tribunal puede en todo momento sancionar por debajo de las pretensiones punitivas de las partes acusadoras. Agregó la Corte de Apelaciones que “no ha sido lesionado el derecho a la defensa ..... ya que el acusado J.E.L.C. fue declarado culpable de la comisión del tipo penal por el cual había sido acusado por la Vindicta Pública, con un grado de participación favorable al mismo, con lo que concluimos que pudo defenderse en el contradictorio, desvirtuando y rebatiendo los argumentos fiscales durante el desarrollo del juicio oral efectuado en su contra..”

En consecuencia por todos los argumentos anteriormente expuestos, esta Alzada declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado L.E.R.; toda vez que la decisión recurrida se encuentra totalmente motivada y ajustada a derecho; en consecuencia se confirma en toda y cada una de sus partes, la decisión dictada el 09 de AGOSTO deL 2013, por EL Tribunal Décimo de Control Segundo. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones Penal y de Responsabilidad Penal del Adolescente, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos; PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el presente recurso de apelación de autos en cuanto a la solicitud de nulidad decretada sin lugar por el Tribunal A quo; Interpuesto por el Abogado L.E.R. en su condición de Defensor Privado; en contra de la decisión dictada en fecha 09 de agosto del 2013, y publicada en esa misma fecha, por el Tribunal Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en el asunto principal N° GP01-P-2012-016528, en las actuaciones seguidas al imputado J.L.R.B., por la presunta comisión del delito de COOPERADOR INMEDIATO EN EL TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE ; previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Autor en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibidem. SEGUNDO: Se ratifica la decisión decretada por el Tribunal Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en el asunto principal N° GP01-P-2012-016528, en las actuaciones seguidas al imputado J.L.R.B., por la presunta comisión del delito de COOPERADOR INMEDIATO EN EL TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de TRANSPORTE ; previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Autor en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 27 ibídem; quien declaro sin lugar la solicitud de nulidad de la acusación fiscal. TERCERO: Se ordena notificar a las partes de la presente decisión y enviar el presente expediente al Tribunal de Juicio correspondiente. ASÍ SE DECIDE. Regístrese, publíquese y notifíquese. Remítase con oficio.

Dada, firmada y sellada en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones Penal y de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en Valencia, en la fecha ut supra indicada.

LOS JUECES DE LA SALA

D.J.J.R.

PONENTE

LAUDELINA GARRIDO APONTE DEISIS ORASMA DELGADO

La Secretaria

Abg. Ana Gabriela Solórzano