Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 10 de Julio de 2015

Se admita a trámite el presente recurso en el lapso legal establecido en el artículo 111 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

A los fines que ésta Alzada colegiada constate lo denunciado por la Defensa en el presente recurso, se solicita, muy respetuosamente, se requiera al Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, la remisión de la causa original identificada con el Asunto Nº LP02-S-2014-001262, conforme a lo pautado en el último aparte del artículo 441 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

Se declare con lugar el presente recurso de apelación y, en consecuencia, se anule el auto de fecha 18 de mayo de 2015 dictado por el Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

Se decrete el Archivo Judicial de la causa seguida a mi defendido, ciudadano Ángelo de Jesús Mazzoca Medina, ordenando el cese de todas las medidas de protección y seguridad, así como pecuniarias impuestas en el presente caso (Omissis…)”.

2 Sentencia Nº 1268 de fecha 14 de agosto de 2012, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Doctora C.Z.d.M..

3 Sentencia Nº 216 de fecha 02 de junio de 2011, Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Doctora Ninoska Queipo Briceño.

4 Sentencia Nº 208 de fecha 04 de abril de 2000, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Doctor J.E.C.R..

5 J.V.M.. Derechos Fundamentales del P.P.; Grupo Editorial Ibáñez. 2006. p. 24"

III.

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

A los folios 44 al 64 de las actuaciones, corre agregado el escrito de contestación del presente recurso, suscrito por las abogadas T.d.J.G.A. y L.A., con el carácter de fiscales adscritas a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, en el cual exponen:

“(Omissis…) ante Usted (sic) acudo con el debido respeto ocurrimos, estando dentro del tiempo útil procesal para ejercer CONTESTACIÓN [sic] A RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el ciudadano Abogado Camilo Mazzocca (…), según consta en el Asunto signado bajo el Nº LP02-S-2014-001262, y lo hacemos en los siguientes términos:

(…)

Manifiesta la defensa que el tribunal a quo declaro sin lugar la solicitud de Archivo Judicial efectuada por la defensa violando la Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic), el Debido (sic) Proceso (sic) y el Derecho (sic) a la Defensa (sic), colocando al investigado en un estado de incertidumbre e inseguridad al permitir una persecución penal en su contra permanente en el tiempo, ocasionando así un gravamen irreparable al ciudadano Angelo [sic] Mazzoca Medina.

Se presunta la representación fiscal: ¿A qué gravamen irreparable se refiere la defensa?

No es irreparable el daño causado, como pretende señalarlo el insigne defensor y en lo adelante detallaremos el porque [sic].

O será que la defensa se refiere al gravamen irreparable que si se le ha causado a sistema de justicia venezolano con las dilaciones indebidas que rodean el presente proceso.

Afirma ésta Fiscalía que la apreciación de la defensa es errónea.

Ciudadano defensor permítanos reseñarles lo siguiente:

Del análisis del contenido del escrito de apelación presentado, fundamentado en violaciones al debido proceso, a los principios y garantías constitucionales establecidas en nuestra carta (sic) magna (sic); se evidencia que el propósito básico del proponente de la acción es descalificar una investigación legítima, con la finalidad de sustraer a su patrocinado del proceso. Cualquier defensa intentaría sustraer a su defendido del asunto penal, dejando ilusoria la recta aplicación de la justicia, razón esta que utiliza el Ministerio Público para alertar a la alta Sala de Apelaciones para que no sea sorprendida en su buena fe, con la multiplicidad de argumentos (sin fundamentos) embestidos para lograr la impunidad del delito por parte del abogado defensor del imputado de autos.

Corresponde a esta representación Fiscal (sic) contestar los alegatos esgrimidos y en éste sentido resaltar circunstancias que demuestran que esa decisión encuadra en el marco de la legalidad, lo que hace improcedente por lo tanto la admisión del recurso de apelación.

(…)

POR TODAS LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS, ESTA REPRESENTACIÓN FISCAL RATIFICA LO SIGUIENTE:

Las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir los conflictos son de eminente orden público y así lo ha hecho ver también la defensa del imputado, de manera que no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por las partes ni por el juez de la causa. Ello se afirma así, por cuanto es la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que establece en su artículo 253, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes.

Respecto del principio de legalidad procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 1933 de fecha 23 de noviembre de 2009, ha precisado lo siguiente:

…El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las personas o de otros derechos que puedan verse afectados. Las aludidas garantías configuran los siguientes principios medulares que, desde la perspectiva constitucional integran su núcleo esencial: 1.- Legalidad, 2.- Juez natural, 3.- Presunción de inocencia, 4.- Favorabilidad, 5.- Derecho a la defensa: - Derecho a la asistencia de un abogado. – Derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas. – Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. – Derecho a impugnar la sentencia condenatoria. – Derecho a un proceso público. – Derecho a presentar y controvertir pruebas’ (Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El p.p.. Cuarta edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 69 y 70).

Ahora bien, con relación específicamente al principio de legalidad procesal en el ámbito del debido proceso, puede sostenerse que aun cuando no es tarea sencilla exponer el contenido preciso de esta última institución, en virtud de la cantidad de derechos y garantías que acoge en su interior, sin embargo, tradicionalmente la idea del debido proceso se vincula al aforismo latino nulla poena sine iuditio legale, el cual expresa la dimensión procesal del principio de legalidad, es decir, la noción de sujeción del Estado y la sociedad a la Ley y, por ende, el obligatorio acatamiento por todos de las normas preexistentes, y de un juicio legal para poder determinar la comisión de un hecho punible y la responsabilidad penal de una persona.

Así, según Borrego, ‘el debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nulla poena sine indicio, es decir, tiene que ver con la legalidad de las formas, de aquellas que se declaren esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado al oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa…’ (Borrego, Carmelo. La Constitución y el p.p.. Caracas, Livrosca, 2002, pp. 332)…

(Negritas y subrayado de la Sala).

Debe señalarse, que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.

En plena armonía con lo antes indicado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 1654, de fecha 25 de julio de 2005, con ocasión a esta garantía constitucional, señaló que:

…la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva…

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Se precisa que el retardo o mora en la presentación del acto conclusivo no trae como consecuencia la aplicación de la figura del archivo judicial.

Entre las figuras de la omisión y el retardo, existen marcadas diferencias y por consiguiente sus consecuencias jurídicas son distintas, pues la omisión comporta un abandono total de la obligación que por ley le corresponde al Estado, en cumplir a través de alguno de sus órganos –en este caso al Ministerio Público-, con una determinada actividad. En tanto que el retardo, constituye un retraso, una mora justificada o no, en relación a la oportunidad procesal, que dicho órgano tenía, para llevar a cabo una determinada actividad a la que se estaba obligado por ley, y que sencillamente no ejecutó en el plazo legal, es decir, no se trata de un abandono definitivo o per se, como ocurre en los supuestos de la omisión. En el retardo lo que existe, es de un retraso temporal que excusable o no, nunca se perpetúa en el tiempo.

En síntesis, la Sentencia Nº 216 parcialmente transcrita, concluye en dos puntos importantes:

1.-) Que la figura del archivo judicial está contemplada para que el juzgador le dé finiquito a la fase preparatoria, en los casos en que vencidos los lapsos establecidos en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., persista la falta de conclusión de la investigación por parte del Ministerio Público. Incluso aún en los casos en que la presentación tardía de la acusación fiscal se haya efectuado con posterioridad al decreto del archivo judicial, existe para el Estado representado por el Ministerio Público, la posibilidad de reaperturar nuevamente la investigación, cuando previa autorización judicial, surjan nuevos elementos que justifiquen la continuación de la investigación al punto que la acusación inicialmente omitida, sea oportunamente presentada en esta nueva oportunidad.

2.-) Que la presentación tardía del escrito acusatorio, no comporta la inadmisibilidad de la misma por extemporaneidad, pues ello no aparece dispuesto como consecuencia jurídica ni en la Ley Orgánica ni en el Código Orgánico Procesal Penal, solamente incide en el decaimiento de la medida y el otorgamiento de la libertad sin restricciones al imputado, cuando a los fines de garantizar las resultas del proceso así lo considere el juzgador. Así pues, en el caso de retraso en la presentación del escrito acusatorio, no puede dictarse el archivo judicial de las actuaciones, pues dicha figura está reservada única y expresamente para los casos de omisión fiscal.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 208 de fecha 04/04/2000, sostuvo el criterio sobre el principio del orden público de los lapsos procesales, indicando:

…A todo evento, por demás, esta Sala no considera que los lapsos procesales legalmente fijados y jurisdiccionalmente aplicados puedan considerarse ‘formalidades’ per se, sino que éstos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, en el sentido de que son garantías del derecho de defensa de las partes que por ellos se guían (debido proceso y seguridad jurídica)…

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Igualmente, dicha Sala en sentencia Nº 3180 del 15 de diciembre de 2004, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, estableció lo que debe entenderse por seguridad jurídica, indicando lo siguiente:

Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.

Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.

Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad

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De este modo, el proceso está constituido por un conjunto de actos que se encuentran sometidos a ciertas formalidades, unas generales y otras especiales para cada uno en particular, y precisamente esas formas significan una garantía para la sana administración de justicia y la aplicación del Derecho, obteniéndose con ello la seguridad jurídica y la certeza que debe tener todo individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos previamente establecidos.

La observancia de las formas, no es sólo una garantía de justicia, sino también una condición necesaria de la confianza de los ciudadanos en la justicia. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, establece los postulados que se deben aplicarse a todas las actuaciones en garantía de un debido proceso.

En razón de lo anterior, el Tribunal de Instancia no vulneró en modo alguno el contenido de los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., ni la garantía del debido proceso contenida en el artículo 49 constitucional.

PETITORIO

Con base a las consideraciones anteriormente expuestas siendo el Ministerio Público conforme al dispositivo 105, de la Ley adjetiva Penal parte de Buena (sic) fe, y garante de la legalidad del proceso, pedimos a la Corte de Apelaciones del Estado Mérida, que el Recurso (sic) de Apelación (sic) de Autos (sic) interpuesto por el recurrente, sea declarado SIN LUGAR, por cuanto el mismo no se encuentra fundado en pruebas ciertas y no estar ajustado a derecho, por ello solicitamos se ratifique la decisión emanada del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

Promovemos como pruebas la totalidad de las actuaciones que integran la causa de marras, que vistas de manera detallada expondrán a esa Honorable (sic) Corte de Apelaciones la verdad sobre los hechos narrados (Omissis…)”.

IV.

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha 18 de mayo de 2015, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 02 con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de esta circunscripción judicial, publicó decisión, cuya dispositiva señala lo siguiente:

(Omissis…)

DISPOSITIVA

este (sic) Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando (sic) Justicia en Nombre (sic) de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad (sic) de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar la solicitud de la defensora privada relacionada con el archivo judicial de la causa, trayendo a colación la sentencia Nº 216, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02-06-2011, con ponencia de la Magistrada Ninoska Queipo, la cual realiza una interpretación de los lapsos legales establecido (sic) en los artículos 79 (hoy 83), 103 (hoy 106) de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., de acuerdo a la apreciación de la ponente, estaríamos en presencia de mora fiscal y no de omisión fiscal, cuando se presente fuera de lapso el acto conclusivo. SEGUNDO: declara inadmisible la recusación (folios 553 y 554) en contra del ciudadano C.B., funcionario integrante del Equipo Interdisciplinario del Circuito con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Mérida, por la elaboración del informe social Nº E1-0262-14, de fecha 10-09-2014, inserto a los folios 534 al 536. TERCERO: en relación al punto de la manutención de la víctima y de su hijo, se declara parlamente con lugar, se FIJA UNA MANUTENCIÓN, estableciendo un monto de TREINTA MIL BOLÍVARES (30.000,00 Bs), mensuales, los cuales deberán ser depositados en una cuenta que aporte la víctima Yusedith Maytex O.E.; en relación a la pensión del menor hijo de los ciudadanos Ángelo de Jesús Mazzoca Medina y Yusedith Maytex O.E., varón con identidad omitida (conforme a lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA) la misma se acuerda sin lugar motivado a que el investigado de autos, Ángelo de Jesús Mazzoca Medina, es la persona que actualmente tiene la guarda del adolescente. CUARTO: Se declara sin lugar la imposición del decreto de medidas preventivas innominadas solicitadas por los abogados asistentes de la víctima sobre los bienes que conforman la comunidad conyugal de los ciudadanos Yusedith Maytex O.E. y Ángelo de Jesús Mazzoca Medina (Omissis…)

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V.

CONSIDERANDOS DECISORIOS

Fue elevada a esta Superioridad, compulsa de la causa principal LP02-S-2014-001262, en virtud del recurso de apelación de autos interpuesto por el abogado Camillo Mazzocca, con el carácter de defensor de confianza del ciudadano Ángelo Mazzocca Medina, en contra de la decisión dictada en fecha 13 de mayo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 02 con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de esta circunscripción judicial, y fundamentada el 18 de mayo de 2015, en cuyo punto primero de la dispositiva, declaró sin lugar la solicitud de archivo judicial incoada por la defensa.

Así las cosas, una vez analizados tanto el recurso de apelación, su contestación y la decisión objeto de impugnación, se observa que la parte recurrente delata el presunto agravio que le produjo a su defendido la precitada decisión, al haber declarado sin lugar la solicitud de archivo judicial, pues, en su criterio, hasta la fecha su defendido no ha sido formalmente imputado por el Ministerio Público, sin que solicitara la prórroga legal, señalando como argumentos esenciales los siguientes:

.- Que la decisión impugnada le ocasiona un gravamen irreparable a su defendido, quien no ha sido imputado formalmente por el Ministerio Público, y se encuentra sufriendo el sometimiento a medidas de carácter innominado y patrimonial.

.- Que existe una errónea interpretación de los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

.- Que la juzgadora sustenta su decisión, “en el contenido de la Sentencia Nº 216 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2011, indicando que, en base a la referida sentencia, en el caso de marras «estaríamos en presencia de mora fiscal y no de omisión fiscal»”, con lo que admite que la razón le asiste a la defensa.

.- Que los lapsos para dar término a la investigación se encontraban vencidos desde hace aproximadamente un año, “sin que se haya dado fin a la investigación y sin que el Ministerio Público haya requerido las prórrogas ordinaria y extraordinarias previstas en la ley para tal fin”.

.- Que la juzgadora hizo una errónea y por demás personalísima interpretación del contenido de los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., al estimar que en el caso de marras existía una “mora fiscal”, término éste que no se encuentra expresado en ningún instrumento legal, a diferencia de la “omisión fiscal” que si se encuentra expresamente prevista y regulada por el artículo 103 de la ley especial.

.- Que al dictarse las medidas preventivas de protección y seguridad contenidas en el artículo 87 de la ley especial, a favor de la mujer agraviada, supone la existencia cierta de un presunto agresor, “por lo que la imposición de las mismas constituyen un acto que individualiza al sujeto activo del delito, no requiriéndose entonces de la existencia de un auto declarativo de la condición de imputado, sino de cualquier actividad de investigación criminal”, por lo que el lapso para computar la preclusión de los cuatro (04) meses de investigación, se inició el 13 de enero de 2014, fecha en la cual fueron dictadas las medidas de protección y seguridad.

.- Que la juzgadora efectuó una errónea interpretación del criterio emanado del máximo tribunal, apartándose totalmente del sentido de la ley, al pretender mantener a su defendido a una investigación penal indefinida, permanente en el tiempo, “cuya conclusión quede supeditada a la voluntad y capricho del Ministerio Público”.

.- Que los lapsos establecidos en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., son de estricto orden público y por tanto no pueden ser relajados, y la consecuencia de la preclusión de estos sin existencia de acto conclusivo es el decreto de archivo judicial de las actuaciones.

.- Que el tribunal a quo vulnera de manera flagrante y grosera lo dispuesto en el artículo 26 constitucional, pues comprende el debido proceso y el derecho a la defensa, los cuales han sido cercenados a través de la decisión dictada.

.- Que la decisión se encuentra inmotivada, por cuanto, en su criterio, la juzgadora “únicamente estimó que en el caso de marras no existía la omisión fiscal señalada sino, únicamente, una «mora fiscal», limitándose a transcribir el contenido de la sentencia Nº 216 de la Sala de Casación Penal… violentando así el derecho que asiste al imputado… de conocer los motivos que dieron origen a tal decisión”.

.- Que la juzgadora no indica cómo, de qué manera o bajo qué fundamentos decidió desaplicar el contenido de la norma y realizar una interpretación acomodaticia de la sentencia de la Sala de Casación Penal.

.- Que la motivación expresada por la Juez no resulta suficiente y no permite a las partes conocer el motivo que llevó a tal juzgado a estimar procedente dictar la decisión impugnada en los términos que lo hizo, por lo cual solicita que sea declarado con lugar la presente apelación y se decrete el archivo judicial, ordenando el cese de todas las medidas de protección y seguridad, así como pecuniarias impuestas a su defendido.

Por su parte, la fiscalía alega como puntos esenciales, lo siguientes:

.- Que las disposiciones legales son de orden público y bajo ningún concepto pueden ser inobservadas o modificadas por las partes o por el juez de la causa, de acuerdo al artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

.- Que existen marcadas diferencias entre omisión y retardo fiscal, pues retardo comporta un abandono total de la obligación que por ley le corresponde al Estado, en cumplir a través de alguno de sus órganos con una determinada actividad. En tanto que retardo, constituye un retraso, una mora justificada o no, en relación a la oportunidad procesal, que dicho órgano tenía, para llevar a cabo una determinada actividad a la que se estaba obligado por ley.

.- Que la figura del archivo judicial está contemplada para que el juzgador le dé finiquito a la fase preparatoria, en los casos en que vencidos los lapsos establecidos e los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., persista la falta de conclusión de la investigación por parte del Ministerio Público.

.- Que la presentación tardía del escrito acusatorio no comporta la inadmisibilidad de la misma por extemporaneidad, sólo incide en el decaimiento de la medida, por lo que, en caso de retraso en la presentación del escrito acusatorio no puede dictarse el archivo judicial de las actuaciones, pues dicha figura está reservada únicamente para los casos de omisión fiscal.

.- Que la observancia de las formas es garantía de justicia y una condición necesaria de la confianza de los ciudadanos en la justicia.

.- Que en el presente caso el tribunal a quo no vulneró en modo alguno el contenido de los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., por lo cual solicita se declare sin lugar la apelación ejercida por la defensa.

Ahora bien, sobre la presunta violación delatada por el recurrente, surge para esta Alzada la necesidad de revisar, si la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho, observando al respecto, lo siguiente:

Que a los folios 1.263 al 1.273 de la pieza Nº 05 del asunto principal, corre agregada la decisión impugnada, en cuyo acápite denominado, “Pronunciamiento del Tribunal”, la juzgadora señaló:

(…) Si bien el inicio de investigación de la presente causa tuvo origen en fecha 13-01-2014, a través de la interposición de la denuncia por la víctima ciudadana YUSEDITH MAYTEX O.E., y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., el Ministerio Público debió presentar acto conclusivo más tardar el 13-05-2015 y de haber solicitado prorroga (sic), y el tribunal concederla, su lapso podía ser extensible hasta noventa (90) días más. Y vencido dicho lapso sin que el Ministerio Público presentara el correspondiente acto conclusivo, se debió aplicarse (sic) la prorroga (sic) extraordinaria por omisión fiscal, regulada en el artículo 106 de la citada Ley.

Sin embargo, es necesario resaltar que a través de la audiencia de ratificación de las medidas de protección, solicitadas por el Ministerio Público, se suscitaron incidencias en la que tanto la víctima a través de sus abogados asistentes y los defensores privados del investigado, realizaron reiteradamente peticiones en las que coadyuvaron a que dichos lapsos fuesen de imposible cumplimiento (peticiones de otras medidas, recusación planteada contra el Trabajador (sic) social del equipo interdisciplinario de éste (sic) Circuito Judicial, Licenciado C.B., recusación planteada contra los Abgs, A.M., (Juez para ese entonces de éste Juzgado), recusación planteada contra el Abogado N.R. (Juez de Control de Audiencia y Medidas Nº 01 de éste Circuito), incomparecencia de las partes a las audiencias convocadas por ambos tribunales), pues considera ésta (sic) Juzgadora a que para haber omisión fiscal, debe haber una paralización total del proceso, es decir, que efectivamente el Ministerio Público como ente rector de la investigación, no mantenga activo el proceso, situación ésta que no se evidencia en la presente causa.

Así mismo es necesario destacar la interpretación que nuestro m.T.S.d.J., Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrada Ninoska Queipo, en sentencia Nº 216, de fecha 02-06-2011, la cual realiza una interpretación de los lapsos legales establecidos en los artículos 79 (hoy 82), 103 (hoy 106) de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., la cual entre otras cosas señala lo siguiente:

(…)

En otro orden de ideas, plantea igualmente el solicitante de la interpretación lo relativo al destino de las diligencias de investigación practicadas por el Ministerio Público, en aquellos casos en que se haya agotado el plazo inicial de cuatro meses para dar término a la fase preparatoria del proceso, sin que se haya solicitado la prórroga ordinaria y cuál será la consecuencia jurídica de dicha inactividad fiscal, si el archivo o la declaratoria de caducidad de la acción, por preclusión del lapso para interponer la acusación.

Al respecto, precisa esta Sala que las diligencias contenidas en los actos de investigación llevados durante la fase preparatoria, se mantienen incólumes en cuanto a su validez y vigencia, aún en los supuestos que las mismas formen parte de una investigación penal no concluida en los plazos que pauta el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., pues mientras las mismos se hayan practicado observando los derechos y garantías previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, su validez no se ve afectada por la falta o presentación tardía del acto conclusivo, pues las mismas pueden formar actos propios de la pesquisa, respecto de los cuales el legislador permite sustentar el acto conclusivo.

Lo anterior es así, por cuanto aún en aquellos supuestos en que transcurridos los plazos iniciales, de prórroga ordinaria y extraordinaria previstos en los artículos 79 y 103 de la ley de violencia de género, ni siquiera el decreto del archivo judicial ordenado; le resta validez a las diligencias contenidas en los actos de investigación que hayan sido practicados, pues aún en esos casos el Ministerio Público, tiene la posibilidad de solicitar la apertura de dicha investigación, cuando previa autorización judicial surjan nuevos elementos que justifiquen la continuación de ésta.

Consecuencia jurídica de la presentación tardía del acto conclusivo

(Inadmisibilidad de la Acusación)

Manifiesta el solicitante de la interpretación, si en los supuestos de presentación tardía del escrito de acusación fiscal, la consecuencia jurídica deberá ser la declaratoria de inadmisibilidad de la misma, por extemporáneo; al respecto precisa esta Sala que si bien el p.p. regulado en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. y el Código Orgánico Procesal Penal, rige el principio de la preclusión, conforme al cual se busca una ordenación adecuada de los diferentes actos que deben sucederse durante el proceso; en ambos instrumentos legales la declaratoria de inadmisibilidad del escrito acusatorio como lo fue la decretada por la instancia, no constituye una consecuencia jurídica expresamente regulada, pues frente a la mora en la presentación tardía del escrito de acusación los efectos jurídicos que en todo caso, de ella se derivan varía dependiendo del tipo de medida de coerción personal que pese sobre el imputado.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, refiriéndose al p.p. ordinario del cual se nutre el procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en decisión No. 586 de fecha 09.04.2007, precisó:

...Esta alzada deberá decidir en relación con el punto único de impugnación que, de acuerdo con los propios términos de la apelación, expresó el recurrente, consistente en la omisión de valoración, por parte de la primera instancia, del alegato que expresó el quejoso, afirmativo de la ilegalidad de la admisión de la acusación fiscal, por parte del Tribunal de Control, por razón de que la representación fiscal habría presentado dicho acto conclusivo, fuera el lapso legal respectivo. Para su decisión, la Sala estima que es pertinente la expresión de las siguientes consideraciones:

(...)

(Archivo Judicial)

En otro sentido, también se solicita a esta Sala de Casación Penal, indique cuál será la consecuencia jurídica de la presentación tardía del acto conclusivo, es decir, fuera de los lapsos previstos en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.. Al respecto se precisa que el retardo o mora en la presentación del acto conclusivo no trae como consecuencia la aplicación de la figura del archivo judicial, pues mal puede acordarse para concluir de manera excepcional una investigación, que ya se encuentra concluida, aún y cuando dicha conclusión obedeciera a la presentación tardía del acto conclusivo correspondiente.

Ello se afirma así, por cuanto entre la figuras de la omisión y el retardo, existen marcadas diferencias y por consiguiente sus consecuencias jurídicas son distintas, pues la omisión comporta un abandono total de la obligación que por ley le corresponde al Estado, en cumplir a través de alguno de sus órganos -en este caso al Ministerio Público-, con una determinada actividad. En tanto que el retardo, constituye un retraso, una mora justificada o no, en relación a la oportunidad procesal, que dicho órgano tenía, para llevar a cabo una determinada actividad a la que se estaba obligado por ley, y que sencillamente no ejecutó en el plazo legal, es decir, no se trata de un abandono definitivo o per se, como curre en los supuestos de la omisión. En el retardo lo que existe, es de un retraso temporal que excusable o no, nunca se perpetúa en el tiempo.

Por tanto, la presentación tardía del escrito acusatorio, es decir, fuera de los lapsos previstos en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; no da lugar al posterior decreto del archivo judicial, pues no se trata de un supuesto de omisión como se acaba de explicar, ni de la inadmisibilidad de la acusación; sino de retardo, no pudiéndose decretar judicialmente la conclusión de una fase de investigación, que ya se encontraba concluida aún cuando fuera tardíamente; pues los únicos efectos o consecuencias jurídicas que el legislador penal expresamente prevé para los casos de mora fiscal o presentación tardía del acto conclusivo, van referido en principio a la medida de coerción personal que pesa sobre el procesado.

Así las cosas y encuadrando el presente caso en la interpretación de los lapsos que realizo (sic) nuestro maximo0 (sic) Tribunal en cuanto a los articulados 79 (hoy 82) y 103 (hoy 106) de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. en todo caso estaríamos en presencia de mora fiscal y no de omisión fiscal., (sic) no le queda otra alternativa a éste Tribunal que el declarar sin Lugar (sic) la petición de la defensa. Y así se decide (…)

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Del extracto anterior, observa esta Alzada que la juzgadora no fue profusa en indicar el porqué consideraba que no procedía el archivo judicial en el presente caso, limitándose a señalar que “para haber omisión fiscal, debe haber una paralización total del proceso, es decir, que efectivamente el Ministerio Público como ente rector de la investigación, no mantenga activo el proceso”, lo que, en su criterio, no se evidencia en la presente causa”, finalizando en su fundamentación, que en el presente caso, estamos en presencia de “mora fiscal y no de omisión fiscal”, por lo que corresponde determinar a esta Alzada, si tal conclusión se encuentra ajustada a la ley, observándose al respecto, lo siguiente:

Que el artículo 82 (anteriormente 79) de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., señala lo siguiente:

El Ministerio Público dará término a la investigación en un plazo que no excederá de cuatro meses. Si la complejidad del caso lo amerita, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer con funciones de Control, Audiencia y Medidas, competente, con al menos diez días de antelación al vencimiento de dicho lapso, una prórroga que no podrá ser menor de quince ni mayor de noventa días.

El Tribunal decidirá mediante auto razonado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud fiscal.

La decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto (Omissis…)

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Asimismo, el artículo 106 de la preindicada ley, señala:

Al día siguiente de vencerse el lapso de investigación que comienza con la imposición de alguna de las medidas previstas en esta Ley, sin que el o la fiscal del Ministerio Público hubiere dictado el acto conclusivo correspondiente, el juez o la jueza de control, audiencia y medidas notificará dicha omisión al o la fiscal que conoce del caso, y al o la Fiscal Superior, exhortándolos a la necesidad de que presente las conclusiones de la investigación, en un lapso extraordinario y definitivo, que no excederá de diez días continuos a partir de la notificación de la omisión al o la fiscal que conoce del caso. El incumplimiento de esta obligación al término de la prórroga por parte del o la fiscal del Ministerio Público que conoce del caso, será causal de destitución o remoción del cargo por la omisión, conforme al procedimiento disciplinario previsto en la ley que rige la materia.

La víctima tiene la potestad de ejercer la acusación particular propia, si vencida la prórroga extraordinaria, el o la fiscal que conoce del caso, no hubiere dictado el acto conclusivo

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De acuerdo con los artículos precedentemente trascritos sen entiende, que el Ministerio Público dispone de un plazo de cuatro (4) meses para dar término a la investigación, pudiendo solicitar una prórroga que no podrá ser menor de quince (15) ni mayor de noventa (90) días, ante el tribunal de violencia contra la mujer en funciones de control, si la complejidad del caso lo amerita, solicitud que deberá ser peticionada con al menos diez (10) días de antelación al vencimiento de dicho lapso. Tal solicitud deberá ser decidida por el tribunal, mediante auto razonado, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su presentación. Si vencidos los lapsos, el fiscal no presenta el acto conclusivo correspondiente, el tribunal de control notificará de dicha omisión al fiscal que conoce del caso y al fiscal superior, exhortándolos para que presente las conclusiones de la investigación en un lapso de diez (10) días continuos contados a partir de la notificación de la omisión al o la fiscal que conoce del caso. El incumplimiento de esta obligación (por parte del fiscal) será causal de destitución o remoción del cargo. La víctima podrá presentar la acusación particular propia, si el fiscal no hubiere dictado el acto conclusivo correspondiente.

Ahora bien, de la revisión de las actuaciones de la causa principal, esta Alzada observa lo siguiente:

.- Que en fecha 13/01/2014 la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, ordenó formalmente el inicio de la investigación (folio 03, pieza nº 01 de la causa principal).

.- Que en fecha 16/01/2014, la fiscalía actuante impuso al presunto agresor, Ángelo de Jesús Mazzocca Medina, las medidas de protección y seguridad contenidas en los numerales 5 y 6 de artículo 87 (ahora 90) de la ley especial, a favor de la ciudadana Yusedith Maytex O.E., en su condición de víctima (folios 07 y 08, 10 y 11, pieza nº 01 del asunto principal).

.- Que en fecha 24/03/2014, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, dio entrada a petición de medidas solicitadas por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, fijando audiencia para resolver dicha solicitud.

.- Que en fecha 30/05/2014 se efectuó audiencia especial de ratificación de medidas de protección y seguridad, en la cual el tribunal declara parcialmente con lugar la solicitud fiscal y ordena la remisión de las actuaciones para que continuara la investigación. (folios 136 al 143, pieza nº 01 del asunto principal).

.- Que en fecha 21/08/2014 el abogado Armando de la Rotta, defensor del ciudadano Á.d.J.M. recusa a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, por lo cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer acordó remitir compulsa a la Fiscalía Superior a fin de que resolviera lo conducente.

.- Que en fecha 15/09/2014 la abogada G.H.G., fiscal cuarta del Ministerio Público, informa al tribunal de instancia que fue designada por la Fiscalía Superior, en virtud de la recusación formulada por la defensa en contra de la Fiscalía Vigésima.

.- Que en fecha 09/10/2014 se efectuó audiencia especial, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, en la cual se acordó parcialmente con lugar la solicitud fiscal, ratificándose las medidas contenidas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., vigente para el momento. (Folios 299 al 307, pieza nº 02 del asunto principal).

.- Que en fecha 03/11/2014 la ciudadana Yusedith Oliveros plantea recusación en contra del abogado A.M., juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, la cual fue declarada inadmisible por esta Corte de Apelaciones.

.- Que en fecha 09/12/2014 la ciudadana Yusedith Oliveros, solicita la realización de una audiencia especial a fin de que sean revisadas las medidas de protección y seguridad.

.- Que en fecha 16/01/2015 el ciudadano Camilo Mazzoca plantea recusación en contra del abogado N.R., juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, la cual fue declarada inoficiosa por esta Corte de Apelaciones.

.- Que en fecha 13/03/2015 la ciudadana Yusedith Oliveros ratificó solicitud de decreto de medida preventiva innominada.

.- Que en fecha 31/03/2015 la Fiscalía Vigésima solicitó la remisión de las actuaciones para dictar acto conclusivo conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en virtud de que fue informado que la Fiscalía General de la República declaró inadmisible y concluido el procedimiento iniciado contra ese despacho fiscal con motivo de la recusación que hiciera el abogado Armando de la Rotta (folio 1.197 pieza nº 04 del asunto principal).

.- Que en fecha 20/04/2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, dictó decisión mediante la cual convocó a una audiencia especial a fin de escuchar a las partes y proceder a emitir pronunciamiento legal en relación a las solicitudes realizadas, la cual fue realizada el 13/05/2015.

Ahora bien, se constata de las actuaciones, que el presunto agresor fue impuesto de las medidas de protección y seguridad a que se contraen los numerales 5 y 6 del artículo 90 de la Ley de la materia, en fecha 16/01/2014, lo que significa que hasta el 13/05/2015, fecha en que la defensa del presunto agresor solicitó el archivo judicial de las actuaciones, había transcurrido un año, tres meses y veintisiete días, lapso ostensiblemente superior a los cuatro meses que le acuerda la ley al Ministerio Público para que concluya la investigación y presente el acto conclusivo que corresponda, circunstancia que evidencia la absoluta inobservancia por parte de la representación fiscal, a lo estatuido en el artículo 82 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una V.L.d.V., referente al plazo para concluir la investigación, por lo que yerra la jueza a quo, cuando indica que el Ministerio Público no incurrió en omisión, sino en mora. Empero, la consecuencia de dicha omisión no es el archivo judicial de las actuaciones, tal como lo indica el recurrente, sino la activación inmediata de la orden que dicta al juez de control, el contenido del artículo 106 de la Ley, a saber; notificar de manera inmediata al o la fiscal que conoce del caso y al o la Fiscal Superior, “… exhortándolos a la necesidad de que presente las conclusiones de la investigación en un lapso extraordinario y definitivo que no excederá de diez días continuos contados a partir de la notificación de la omisión al o la fiscal que conoce del caso …” quedándole expedita a la víctima, la posibilidad de “… ejercer la acusación particular propia, si vencida la prórroga extraordinaria, el o la fiscal que conoce del caso, no hubiere dictado el acto conclusivo”.

Se entiende entonces del artículo en mención, que la omisión fiscal de concluir la investigación en el lapso de cuatro meses, no genera de manera automática, el archivo de las actuaciones, ya que previamente y de manera impretermitible, el juzgador o juzgadora debe asumir la conducta jurisdiccional que le impone el artículo 106 antes dicho, y será una vez cumplida tal formalidad que el decidor o decidora, ante la nueva omisión fiscal y la inactividad de la víctima, podrá estudiar la posibilidad de ordenar el archivo de las actuaciones, por lo que constatado que en el caso de autos, la jueza de control que conoce del asunto, no había cumplido con la aludida obligación, en el momento en que le fue solicitado el archivo, se imponía la necesidad de declarar la omisión fiscal y como consecuencia de ello, ordenar la notificación del o la fiscal del caso y del Fiscal Superior a los fines de ley y que al no haberlo decidido de tal manera, su conducta jurisdiccional resulta contraria a la ley, lo que obliga a declarar, parcialmente con lugar, la actividad recursiva interpuesta. Así se decide.

VI.

DECISIÓN

Es con fuerza en las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente explanadas, que esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación de autos, interpuesto en fecha 21 de mayo de 2015, por el abogado Camillo Mazzocca, con el carácter de defensor de confianza del ciudadano Ángelo Mazzocca Medina, en contra de la decisión dictada en fecha 13 de mayo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 02 con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de esta circunscripción judicial, y fundamentada el 18 de mayo de 2015, en cuyo punto primero de la dispositiva, declaró sin lugar la solicitud de archivo judicial incoada por la defensa, en el asunto penal Nº LP02-S-2014-001262.

SE REVOCA la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de esta circunscripción judicial, en fecha 13 de mayo de 2015, y fundamentada el 18 de mayo de 2015, en lo relativo a que no existe mora fiscal.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, SE ORDENA al Tribunal Segundo de Control, Audiencias y Medidas con competencia en materia de delitos de violencia contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal, que de manera inmediata proceda a notificar de la aludida omisión, a la fiscal que conoce de la investigación y al Fiscal Superior, exhortándolos a la necesidad de que presente las conclusiones de la investigación, en un lapso extraordinario y definitivo, que no exceda de diez días continuos contados a partir de la notificación de la omisión al fiscal que lleva la investigación, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

Regístrese, diarícese, notifíquese a las partes. Remítase el presente cuaderno de apelación de sentencia al Juzgado de la causa, una vez firme. Cúmplase.

LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES

ABG. E.J.C.S..

PRESIDENTE

ABG. J.G.P.R..

ABG. A.S.M..

(PONENTE)

LA SECRETARIA,

ABG. M.Q..

En fecha ______________ se libraron boletas de notificación Nos. ___________ _______________________________________________________. Conste.

La Secretaria.-