Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Diciembre de 2008
| Fecha de Resolución | 17 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Corte de Apelaciones |
| Ponente | Glenda Oviedo |
| Procedimiento | Admite La Acción De Amparo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Coro, 17 de diciembre de 2008
198º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-O-2008-000033
ASUNTO : IP01-O-2008-000033
JUEZA PONENTE: G.Z.O.R..
Se ha recibido en la Corte de Apelaciones, un escrito presentado por la Abogada KHARIÑA YEKHUANA DUNO ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.686.018, en su condición de Coordinadora Regional del INSTITUTO AUTÓNOMO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), imputada en el procedimiento de falta por desobediencia a la autoridad, llevado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, debidamente asistida por la Abogada D.C.Á.N., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.516.311 e Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 86.675, con domicilio en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, aquí de tránsito, quienes señalaron como domicilio procesal el siguiente: Meseta de Guaranao, Zona F.I., Edificio Centro de Atención al Empresario, Locales B3, B4 y B5, Punto Fijo estado Falcón, contentivo de la acción de amparo constitucional contra la omisión de pronunciamiento del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de la aludida Extensión Judicial, por violación del derecho a la defensa, a una justicia expedita y a la responsabilidad del Juez que consagran los artículos 49 y 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fecha 16 de diciembre de 2008 se dio cuenta en Sala, designándose Ponente a la Jueza quien con tal carácter suscribe.
La Corte de Apelaciones, para resolver, observa:
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE A.C.
Explicó la accionante en el Capítulo Primero de su escrito que los hechos por los cuales interpuso la presente acción de amparo consistieron en lo siguiente: Que en fecha 12 de noviembre de 2008 presentó escrito por ante el juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo solicitando, conforme al artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, se declare la nulidad de las siguientes actuaciones procesales: 1) Del auto dictado e fecha 30 de julio de 2008 por la Jueza Segunda de Primera Instancia de Control, Abogada M.C.H., en el cual ordenó aperturar el procedimiento de faltas, por verificarse en dicho auto una violación expresa del artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 2) De las actuaciones subsiguientes, como lo son el auto de entrada emitido por el predicho Juzgado Segundo de Juicio y en consecuencia solicitó se remitieran las actuaciones o la solicitud de los representantes legales de los ciudadanos L.E.C. y DADIVE PRATTI GUIDO a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de este Estado, a los fines de designar el Fiscal competente que ha de imputar o emitir el acto conclusivo correspondiente, todo lo cual consta a los folios 80 al 86 de las copias certificadas del expediente Nº IJ11-P-2008-000011 que consigna marcado “A”, contentivas del procedimiento de falta por Desobediencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 483 del Código Penal, contra los ciudadanos A.M. (Fiscal Tercero del Ministerio Público), TN G.P., Encargado del Depósito de Suministro de la Base Naval J.C.F. y de la accionante, en su condición de Coordinadora Regional del INDECU.
Indicó la accionante del amparo los términos en que efectuó dicha solicitud de nulidad así:
• Que en fecha 25 de abril de 12008, ejerciendo las funciones inherentes al cargo que desempeña como Coordinadora Regional del estado Falcón del otrora Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del usuario (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), en lo sucesivo INDECU, procedió a verificar y constatar en la sede del Supermercado LA F.I. la comisión de presuntas irregularidades que a la postre también son delitos cuyo núcleo fundamental va orientado a atentar contra la seguridad alimentaria de la Nación, como lo son el acaparamiento y alteración fraudulenta de precios, siendo que entre los productos acaparados se encontraban: leche, mayonesa y otros (aproximadamente 19 toneladas) y lo más resaltante, en criterio de la accionante, en la época de pleno apogeo de escasez de lecha y otros alimentos de primera necesidad.
• Que en la misma fecha y ante la gravedad de tan ominoso asunto, en perjuicio de la seguridad alimentaria, además de aperturar procedimiento administrativo sancionatorio, se ordenó se ordenó el inicio de la investigación penal, comisionándose a la Dirección general de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a los fines de practicar las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos.
• El 27 de abril del año que transcurre, es decir, cuarenta y ocho horas después de la aprehensión de los imputados, la Vindicta Pública realiza la formal presentación de los ciudadanos L.E.C. y DAVIDE PRATTI GUIDO ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, por la comisión de los delitos de Acaparamiento y Alteración Fraudulenta de Precios, de conformidad con los artículos 20 y 22 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos declarados de Primera Necesidad sometidos al Control de Precios.
• Dicho lo anterior, explicó, en dicha audiencia de presentación, el Tribunal de Guardia acordó medida cautelar establecida en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentación periódica de los imputados ante la Fiscalía cuando éste por despacho así lo solicite; así mismo se acordó experticias de pruebas anticipadas por la Vindicta Pública y entrega de Mercancías. En este aspecto, destacó, que la Jueza de Guardia manifiesta textualmente: “al entrego de la mercancía”; por lo que, como se aprecia, no especificó al sujeto al cual había de efectuarse la referida entrega material, pudiendo ser como la lógica lo indica, la entrega al INDECU, y no a los presuntos acaparadores de 19 toneladas de alimentos, es decir, a los propios sujetos sobre los cuales recaen los delitos y faltas cuyas dimensiones atentan contra una colectividad en general, pues son atinentes a la obstaculización fraudulenta en el acceso de los alimentos de primera necesidad. Al respecto y es fundamental resaltarlo, dijo, que el ya mencionado Decreto excluye de forma categórica la entrega material de los bienes en caso de acaparamiento, previendo el comiso y aprovechamiento de los bienes en beneficio de la comunidad, situación que se verifica de la lectura del artículo 13 eiusdem, el cual reza: “El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos o entes competentes de oficio o a instancia del Comité de Contraloría Social, podrá dictar las siguientes medidas preventivas: 2. El comiso inmediato de los productos sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o local cierre, se niegue a la venta de los mismos o incurra en acaparamiento”.
• Asimismo, indicó, el artículo 14 del mencionado decreto prevé… ómissis… en caso de que concurran cualquiera de los supuestos para el decreto de la medida preventiva prevista en el artículo anterior, el órgano o ente competente que practica la inspección podrá dictarlas y ejecutarla en el mismo acto aún sin la presencia del infractor …”. En el caso específico el comiso lo efectuó la DISIP y la accionante, siguiendo órdenes del Ministerio Público, procediendo a la venta del comiso como lo ordena el legislador.
• De esta manera, advirtió la accionante, y adminiculadas dichas disposiciones con el artículo 17 eiusdem se tiene que dicho precepto establece: “Los montos a enterados por concepto de multas así como los generados por la venta de bienes comisados, ingresarán al Fondo Nacional de los Consejos Comunales.
• En fecha 05 de mayo de 2008 el Fiscal Tercero del Ministerio Público le dirigió comunicación a la accionante con nomenclatura FAL-30464-08, solicitándole coordinar, después de las respectivas prácticas de las experticias de las pruebas anticipadas, la distribución y organización de la entrega para la venta de los insumos incautados y decomisados por la DISIP en coordinación y ejecución por parte del INDECU acompañados del Personal Militar de la Guarnición Militar de Punto Fijo.
• El 07 de mayo de 2008, remitió comunicación informándole al Supermercado La F.I. C.A. que, siguiendo instrucciones del Fiscal Tercero debían comparecer ala sede del comando de Seguridad de la Guardia Nacional para asistir al acto de venta de los productos declarados de primera necesidad por su naturaleza perecedera y que los recaudos por dicho acto sería depositado en el Fondo Nacional de los Consejos Comunales de conformidad con el Decreto Ley.
• El 07 de mayo de 2008, la Jueza Suplente M.E.R., en la actualidad secretaria de dicho Tribunal de Control emite comunicación dirigida a la accionante en la cual le comunican que el Tribunal en fecha 27 de abril de 2008 ordenó la entrega de los bienes o mercancías retenidas a los imputados, para que las mismas sean comercializadas bajo la inspección del INDECU.
• En fecha 26 de mayo de 2w008 dicha jurisdicente emite un oficio dirigido nuevamente a la accionante, pero esta vez solicitándole información relativa a la entrega de la mercancía que se encontraba en calidad de depósito y en fecha 31 de octubre de 2008 fue notificada por el Alguacil del tribunal de Juicio que estaba incursa en la presunta comisión de la falta conocida como Desobediencia a la Autoridad.
• Señaló al Juez de Juicio que, como puede observarse, la mencionada ley especialísima señala de forma clara y precisa los mecanismos que se deben cumplir de evidenciarse cualquier conducta atentatoria en el acceso de los bienes declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios, al respecto, indica, existe la delegación legislativa al órgano competente como es el INDECU para ejecutar las medidas preventivas idóneas y necesarias de precisarse conductas lesionadoras de la seguridad alimentaria. En el caso concreto, aduce, el comiso de los bienes perecederos apareja de forma casi inmediata, por la naturaleza de los rubros, la venta de los bienes comisados por parte de la autoridad ejecutora de la medida, no del particular implicado, y lo enterado u obtenido de la operación de venta debe necesariamente por imperativo categórico del legislador ser depositado al Fondo Nacional de los Consejos Comunales. De tal forma, la atinada orden del Fiscal tercero dirigida a la acciónate y en concordancia, incluso, con la Jueza de la audiencia de presentación, quien sólo expresó la entrega de la mercancía bajo un esquema fiel a la legalidad y sin relajamiento de la norma debe concebirse no como la entrega irresponsable a los propios acaparadores, sino la entrega para la venta a cargo y ejecución de la autoridad competente, es decir, al INDECU, más sin embargo, otra Juez distinta, que ni siquiera fue la que estuvo presente en la audiencia de presentación, manifestó en la motivación de la decisión asumida en la presentación, que la entrega debía efectuarse en beneficio de los propios imputados.
• En atención a lo anterior, manifestó proceder inequívocamente a cumplir lo pautado por el Fiscal de la causa, que paradójicamente también es imputado en este procedimiento, pero lo más importante, indica, en pleno apego a la norma especialísima y a lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone: Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable. El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos. Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
Por otra parte, la accionante, en dicha solicitud de declaratoria de nulidad de las actuaciones presentado ante el Juez Segundo de Juicio, en el capítulo correspondiente a la Violación del debido proceso, le indicó, que la desobediencia a la autoridad constituye una falta prevista e el artículo 483 del Código Penal y el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé: Competencia. Los Fiscales o las Fiscalas del Ministerio Público a nivel Municipal tendrán alguna de las siguientes atribuciones, según les sean asignadas por el Fiscal o por la fiscala General de la República:
-
Ejercer la acción penal en los casos de falta y delitos cuyas penas no exceden de dos años, cometidos dentro del municipio en el cual puedan ejercer sus atribuciones.
-
Velar por el debido proceso, y la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales en todo lo relacionado con el ámbito municipal y la vida local…”
Señaló, que es atribución del Fiscal del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, tanto frente a la comisión de delitos como en el caso de faltas, como lo es en el caso de marras, ya que el castigo a la falta imputada corresponde a un arresto de cinco (5) hasta treinta (30) días. En este sentido, refirió, a todas luces correspondía indudablemente al Fiscal del Ministerio Público como titular de tal acción ejercerla e imputar la falta conforme al contenido del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual el JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEBIÓ Y NO LO HIZO oficiar al ente competente mencionado a los fines de investigar el asunto y en el caso hipotético negado, de encontrar elementos suficientes, realizar la solicitud de enjuiciamiento conforme a lo establecido en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así las cosas, culminó, se tiene que el Juez de Control asumió atribuciones propias del Ministerio Público, tomando como base la solicitud efectuada por los representantes legales de los presuntos acaparadores que quieren el enjuiciamiento de la accionante por la presunta comisión de la supuesta falta, por lo que, dicho lo anterior, han sido vulneradas garantías constitucionales, especialmente, la atinente al debido proceso, establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituyendo un acto nulo de nulidad absoluta no subsanable ni convalidable, en consecuencia, vistas dichas circunstancias de hecho y de derecho alegadas en el presente escrito solicitó al Juez Segundo de Juicio, de conformidad a lo previsto en el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal declare la nulidad del auto dictado el 30 de julio de 2008 emitido por la Jueza Segunda de Control M.C.H., en el cual ordenó aperturar el procedimiento de faltas, por verificarse en el mismo violación expresa del artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, por ende, también sean declaradas las actuación es subsiguientes, como lo es el auto de entrada emitido por el predicho Juzgado Segundo de Juicio y en consecuencia solicitó se remitieran las actuaciones o la solicitud de los representantes legales de los ciudadanos L.E.C. y DADIVE PRATTI GUIDO a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de este Estado, a los fines de designar el Fiscal competente que ha de imputar o emitir el acto conclusivo correspondiente.
Expuso la accionante que, en este esquema, el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal señala:
Declaración de nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el Juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concreta y específicamente, cuáles son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y, siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven.
En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma. En consecuencia, sólo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad.
Por último, señaló, que tal como fue esgrimido anteriormente, no hubo de parte de la accionante, en ningún momento, desobediencia a la autoridad; no obstante, de haber tenido conocimiento este Tribunal de la comisión de una presunta falta de su parte, pide que las actuaciones sean remitidas inmediatamente al Ministerio Público, a los fines legales consiguientes, solicitando la admisibilidad de dicha solicitud de nulidad y tramitado conforme a derecho y declare la nulidad de las actuaciones solicitadas.
Una vez expuestos por la acciónate los argumentos que sirvieron de sustento para la solicitud de nulidad absoluta presentada ante el Tribunal de Juicio de la aludida Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, expresó a esta Corte de Apelaciones, que desde la presentación de dicho escrito ante el aludido Tribunal, el 12 de noviembre de 2008 hasta la presente fecha de interposición de la acción de amparo (15 de diciembre de 2008) NO SE HA PRONUNCIADO ACERCA DE LA NULIDAD SOLICITADA el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Penal Extensión Punto Fijo, de manera injustificada, incurriendo en OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO al respecto, cuyo dictamen es necesario e imperante dado el error inexcusable en el cual incurrió el Juez de Control, al ordenar la apertura del procedimiento de falta sin haber remitido las actuaciones al Ministerio Público, violentando expresamente el contenido del artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y más aún el error inexcusable del juez Segundo de Juicio al admitir y sustanciar tal irrito procedimiento de faltas.
Insistió que la solicitud de nulidad se practicó por ante el mencionado Tribunal Segundo de Juicio en virtud de tratarse de la vía ordinaria y expedita capaz de restablecer el orden jurídico en el irrito procedimiento de faltas aperturaza en su contra y en contra de dos funcionarios más que fueron antes identificados, pues en realidad nunca existió tal desobediencia como lo afirman y solicitan los imputados L.E.C. y DAVIDE PRATTI GUIDO; sino que tal como fue narrado up supra, de acuerdo a lo establecido en el predicho Decreto.
De igual forma señaló que en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, en su condición de Coordinadora Regional del INDECU, cumplió con su deber: el poner a la disposición de las personas los bienes comisados y además depositar el valor de dichas ventas a la orden del Fondo Nacional de los Consejos Comunales, todo lo cual consta en el expediente administrativo levantado al efecto.
Continuó exponiendo que en el expediente respectivo al procedimiento de faltas ante el Juzgado de Primera Instancia de Juicio, de acuerdo a la revisión que efectuó, constan las actuaciones posteriores a la solicitud de copias certificadas de fecha 1 de noviembre de 2008:
- Auto de fecha 13 de noviembre de 2008 acordando expedición de copias certificadas, las cuales fueron entregadas el 18 de noviembre de 2008).
- Consignación por parte del Alguacil en fecha 03 de noviembre de 2008 de sendas boletas de notificación dirigidas al Fiscal Superior, al ciudadano A.M. y al TN G.P., esta última de fecha 28/10/2008, haciendo la observación de que dichas actuaciones fueron agregadas sin fecha correlativa, ya que la misma se efectuó el 03/11/2008 y está agregada posterior a una fecha 13 de noviembre de 2008.
- Escrito presentado por la accionante en fecha 20 de noviembre de 2008 mediante el cual consignó comunicación emanada del Vice-Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, contentivas de la convocatoria a su persona para una reunión para el día 21 del mismo mes y año, por lo cual se excusó para la presentación en la audiencia fijada para esa misma fecha.
- Auto del tribunal de fecha 21 de noviembre de 2008, mediante el cual difiere y refija la celebración de la audiencia oradle juicio para el día 02 de febrero de 2009, a las 2:00 pm.
Expresó la accionante que tales actuaciones constan a los folios 90 al 101 del expediente, de las cuales no presenta copia en este acto, ya que aun y cuando fueron solicitadas por su persona el 15 de diciembre de 2008, fecha de presentación del amparo constitucional, con carácter de urgencia, el Tribunal se reservó el lapso para expedirlas, motivo por el cual consigna copia de la solicitud de copias certificadas que anexa marcada “B” y se compromete a consignarlas una vez que sean expedidas por el Tribunal de Juicio.
Denunció que el Tribunal Segundo de Juicio, presidido por el Abogado V.M., se ha limitado a dictar autos tendientes a suspender la audiencia de juicio fijada y señalando nueva oportunidad para la celebración de la misma y en modo alguno ha emitido pronunciamiento en cuanto a la solicitud de declaratoria de nulidad realizada hace más de un (1) mes, motivo por el cual estimó que con dicha omisión de pronunciamiento, es procedente la acción de amparo intentada por violación al derecho a la defensa, a una justicia expedita y a la responsabilidad del Juez establecidos en los artículos 49.3.8 y 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, generando responsabilidad tal proceder en el mencionado Juez, al no emitir pronunciamiento judicial dentro del lapso de ley y cuando incluso, debió efectuarlo de oficio, dado los errores inexcusables que se produjeron en el procedimiento de faltas aperturado írritamente.
Pidió, la restitución de la situación jurídica infringida y se ordene al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal se pronuncie sobre la solicitud de nulidad de las actuaciones, del auto de fecha 30 de julio de 2008, emitido por la Jueza Segunda de Control de la aludida Extensión Punto Fijo, en el cual ordena aperturar el procedimiento por faltas, por verificarse de dicho auto la violación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y por ende sean declaradas nulas las actuaciones subsiguientes; asimismo solicitó se declare la responsabilidad disciplinaria del Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio, Abogado V.M.V., por haber incurrido en omisión de pronunciamiento, conforme al artículo 39 numeral 9 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
DE LA COMPETENCIA
Antes de pronunciarse esta Corte de Apelaciones sobre la admisibilidad o no de la acción de amparo propuesta, debe previamente resolver sobre su competencia para conocer del presente asunto y así se observa que la parte accionante manifestó acudir ante esta Superior Instancia Judicial para interponer una acción de amparo constitucional contra una presunta omisión de pronunciamiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo, motivo por el cual se está en presencia de una acción de amparo constitucional autónoma contra omisión judicial, la cual se equipara a los amparos que se introducen contra decisiones judiciales, conforme a la doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, motivo por el cual el presente asunto se circunscribe a las acciones de amparo que previene el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que esta Corte de Apelaciones se declara competente para conocer de la misma, al incoarse la presente acción contra omisión de pronunciamiento en la que presuntamente incurrió el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica mencionada. Así se decide.
DE LA ADMISIBILIDAD
Conforme se estableció anteriormente, en el presente caso se ha elevado al conocimiento de la Corte de Apelaciones, una acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana KHARIÑA YEKHUANA DUNO ZAMBRANO, en su condición de imputada en el procedimiento de faltas seguido ante el juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, por la omisión de pronunciamiento judicial en que presuntamente incurrió el mencionado Despacho judicial, respecto a la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones judiciales efectuada por la mencionada ciudadana, en fecha 11 de noviembre de 2008, conforme a lo establecido en el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que hasta la fecha en que interpuso la acción de amparo, que o fue el 15 de diciembre de 2008 haya obtenido respuesta respecto de tal pedimento, motivo por el cual se observa que no se opone a ella ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, es necesario destacar que:
1) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir que haya cesado la lesión constitucional denunciada;
2) La lesión, en caso de existir, es inmediata, posible y, efectivamente, pudo ser cometida por el órgano judicial accionado;
3) Aún es posible restablecer la situación jurídica que pudiera haber resultado infringida;
4) La solicitud de tutela fue presentada en tiempo oportuno, y no aparece de los autos que la accionante haya consentido expresa o tácitamente las denunciadas violaciones a derechos y garantías constitucionales;
5) No existe otra vía judicial distinta al amparo para restablecer la situación denunciada, al tratarse de una omisión judicial;
6) No está pendiente de decisión otra causa relacionada con los mismos hechos.
Constatado lo anterior, y visto además que en la solicitud de amparo se ha cumplido también con las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales e igualmente, se ha anexado copia certificada de las actuaciones judiciales y de las solicitudes escritas presentadas ante el Tribunal Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo, todo lo cual hace admisible la acción de amparo ejercida, y así se declara.
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones expuestas, esta Corte de Apelaciones, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1- ADMITE la acción de amparo interpuesta por la ciudadana KHARIÑA YEKHUANA DUNO ZAMBRANO, en su condición de Coordinadora Regional del INSTITUTO AUTÓNOMO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), imputada en el procedimiento de falta por desobediencia a la autoridad, llevado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, debidamente asistida por la Abogada D.C.Á.N., antes identificadas, contra la omisión de pronunciamiento del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de la aludida Extensión Judicial.
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- ORDENA la notificación del Abogado V.M.V., Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio o de quien se encuentre desempeñando dicho cargo, como presunto agraviante, a fin de que esta Sala, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Remítasele, anexa a la notificación, copia tanto de la presente decisión, como del escrito contentivo de la acción incoada.
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- ORDENA la notificación del Fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de A.C. y del Representante de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público que interviene en el asunto principal IP11-P-2008.000551, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena la notificación de todas las partes intervinientes en el asunto principal que dio origen a la acción de amparo propuesta y para que comparezcan luego de notificados a indagar sobre la fecha en que se celebrará dicha audiencia.
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ORDENA la notificación de los Abogados Defensores de los ciudadanos L.E.C. y DAVIDE PRATTI GUIDO, Abogados J.G.V.P. y A.D.L. de conformidad a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la notificación de todas las partes intervinientes en el asunto principal que dio origen a la acción de amparo propuesta, a fin de que esta Sala, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral constitucional y para que comparezcan luego de notificados a indagar sobre la fecha en que se fijará dicha audiencia.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este Tribunal Colegiado, a los 17 días de Diciembre dos mil Ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Presidenta,
M.M. DE PEROZO
El Juez de Apelación,
A.A. RIVAS,
TEMPORAL
La Jueza de Apelación
G.Z.O.R.
Ponente
MAYSBEL MARTÍNEZ
Secretaria
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
La Secretaria
RESOLUCIÓN Nº IG012008000773
