Decisión nº PJ0032014000110 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 23 de Septiembre de 2014

“Irrito el despido” efectuado por el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. (IUTAG), en fecha 25-06-2011 al ciudadano A.R.S.R., titular de la cedula de identidad N° V-14.795.127, por estar en contravención de disposiciones previstas en los artículos 384 de la Ley Orgánica del Trabajo. SEGUNDO: “CON LUGAR” la presente solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos intentada por el ciudadano A.R.S.R., titular de la cédula de identidad N° V- 14.795.127, en contra del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. (IUTAG), presentada en fecha 11-07-2011.TERCERO: En consecuencia, se ordena al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. (IUTAG), a reenganchar asu puesto de trabajo como vigilante y en las mismas condiciones que venía disfrutando el trabajador A.R.S.R., titular de la cédula de identidad N° V-14.795.127, antes del despido irrito, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios derivados de la relación de trabajo, desde el momento del despido hasta su efectiva reincorporación a sus labores habituales, pago éste que la reclamada de autos debe realizar al segundo día hábil siguiente a su notificación, hora 10:00 a.m en la Sala de Fueros y Sanciones de esta Inspectoría del Trabajo”

VI

Pues bien, en fecha 31 de mayo de 2012, ordenó la ejecución forzosa, la Funcionaria del Trabajo se trasladó a dichas instalaciones, en razón del desacato a la P.A. N° 033-2011 de fecha 04/05/2012 del acto de reenganche voluntario, donde obteniendo como respuesta del asesor jurídico del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. (IUTAG), Abog. R.A.D.P., ya identificado, “la imposibilidad de dar cumplimiento a la P.A. que Ordena el Reenganche al mismo cargo (vigilante) y pago de los salarios caídos a los ciudadanos que se indican en la misma, porque presupuestariamente y financieramente no existe la estructura organizacional del instituto a fecha cargos de vigilantes”… sig.

Por su parte, la autoridad administrativa del trabajo, en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2.012), abrió a través de un auto circunstanciado y motivado el procedimiento sancionatorio por incumplimiento del Instituto Universitario de Tecnología A.G. (IUTAG) a la orden de reenganche y pago de salarios caídos emanada del Inspector del Trabajo.

VII

Posteriormente en fecha 20 de Julio de 2012, la Funcionaria del Trabajo se trasladó nuevamente a las instalaciones del Instituto Universitario de Tecnología A.G. (IUTAG) y constató que mi poderdante no estaba prestando servicios y que aún no se le había pagado los salarios caídos ordenados por la P.A. de fecha 04 de mayo de 2012, mi persona actuando como apoderado del trabajador, en el expediente administrativo de reenganche y pago de salarios caídos solicité al Inspector del Trabajo LA EJECUCIÓN FORZOSA de la Providencia en cuestión, signada con la letra “D”, para estos efectos.

Así las cosa, el Inspector del trabajo, en fecha 20 de Julio de 2012, nuevamente procede a ordenar la apertura del procedimiento agravante a la propuesta de sanción a través de un acto circunstanciado y motivado por incumplimiento por parte del patrono Instituto Universitario de Tecnología A.G. (IUTAG) de su obligación de reenganchar al Trabajador y pagarle los salarios caídos .Posteriormente, visto que fue infructuosa la gestión de lograr que mi representado sea reenganchado y el incumplimiento de la ejecución forzosa de la P.a. que ordena el reenganche y pago de salarios caídos siendo infructuosa dicha solicitud. Todo ello demuestra las diligencias realizadas por el trabajador para el cumplimiento de la providencia en cuestión y el reconocimiento de sus derechos laborales, pero una vez mas resultaron infructuosas.

Omisis.

CAPITULO 3

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

El artículo 2 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, señala taxativamente que la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del poder público nacional o estadal y también procede contra el hecho, acto u omisión originados por los ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por dicha Ley, supuestos que encuadran para accionar en amparo en protección de aquellos derechos de naturaleza laboral consagrados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que son irrenunciables por parte de mi poderdante, hoy accionante en protección de sus derechos.

Esa conducta del instituto universitario de Tecnología A.G. (iutag) al no acatar la orden de realizar el reenganche y el pago de salarios caídos para el día fijado previamente a su notificación y al no reincorporar actualmente a mi patrocinado a sus labores ordinarias, se encuentra infringiendo el artículo 87 y el numeral segundo del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran el derecho al Trabajo y la protección especial al mismo y la irrenunciabilidad por los trabajadores de los derechos laborales.

Igualmente, esa conducta nugatoria del Instituto Universitario de Tecnología A.G. (IUTAG) de no querer reincorporar a mi poderdante a sus labores habituales es violatoria del artículo 91 de la Constitución de la República, que garantiza un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales, pago que fue ordenado por aquella decisión del referido Inspector del Trabajo y como consecuencia de tales violaciones también se infringió el artículo 93 de nuestro texto Fundamental que garantiza la estabilidad en el trabajo del accionante en amparo a sus labores ordinarias. De igual forma, esa conducta agraviante infringe el principio de la conciencia jurídica o situaciones de hecho que van en contra de la irrenunciabilidad de los derechos de las personas o cuando por cualquier causa infrinja la inmutabilidad de la cosa juzgada administrativa por no dar estricto cumplimiento a la P.A. emanada de la Inspectoría del Trabajo antes mencionada que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos.

En síntesis, es lógico concluir que la violación de aquellas normas de carácter constitucional por parte del Instituto Universitario de Tecnología A.G. (IUTAG) generan en cabeza del hoy accionante, suficientes razones para que su magna autoridad declare con lugar la presente acción de a.c. Nacional es nulo y no genera efecto alguno, así como todo despido a dicha Carta Magna es nulo, según los presupuestos de los artículos 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 10 de marzo de 2014, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C., dictó Sentencia Definitiva mediante la cual declaró:

PRIMERO: CON LUGAR, la pretensión de A.C., incoada por el ciudadano A.R.S.R., de nacionalidad, venezolana, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. 14.795.127, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G., por la violación de los derechos Constitucionales establecidos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ordena la restitución inmediata de la situación jurídica infringida. SEGUNDO: Se le ordena a la querellada, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. dé cumplimiento inmediato e inconstitucional de la P.A. distinguida con el No. 033-2012, de fecha 04 de mayo de 2012, contenida en el expediente 020-2011-01-000107, mediante la cual se declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y el Pago de los Salarios Caídos y en consecuencia ordenó al empleador reenganchar al ciudadano A.R.S.R.d. nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.795.127, en el mismo cargo y en las mismas condiciones laborales en que venía desempeñándolo y a pagar la totalidad de los salarios caídos dejados de percibir, hasta su definitiva reincorporación a su lugar de trabajo, tomando como salario establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena a todas las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, acatar el mandamiento de esta decisión so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. CUARTO: No hay condenatoria en costa. Se ordena la notificación de la presente decisión al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, así como también a la parte querellada, a fin que recumplimiento inmediato a lo aquí ordenado

.

Luego, contra dicha decisión, el ciudadano R.A.P.P., en su condición de Coordinador de la Coordinación de Modernización y Transformación del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G., asistido por el abogado A.F.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 48.702, interpuso recurso ordinario de apelación, el cual da lugar al pronunciamiento de esta Alzada de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales.

Cabe destacar, que también contra dicha decisión la abogada L.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 139.594, actuando en su carácter de sustituta del ciudadano Procurador General de la República, interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible por extemporáneo, por el Tribunal de Primera Instancia, tal como se evidencia del auto de fecha 26 de mayo de 2014, que corre inserto al folio 37 del presente expediente.

Así las cosas, este Tribunal Superior pasa a emitir su pronunciamiento y lo hace en los siguientes términos:

II) MOTIVA:

II.1) DE LA COMPETENCIA.

En primer lugar debe este Sentenciador determinar su competencia para conocer en apelación el fallo recurrido, dictado el 10 de marzo de 2014 por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C..

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 01, de fecha 20 de enero de 2000, Caso: E.M.M., Expediente No. 00-0002, con ponencia del Magistrado, Dr. J.E.C.R. y en la Sentencia No. 1.539, de fecha 08 de diciembre de 2000, Caso: Yoslena Chanchamine Bastardo, Expediente No. 00-0779, con ponencia del Magistrado, Dr. I.R.U., por interpretación del nuevo texto constitucional, determinó la competencia de la propia Sala y de los demás Tribunales de la República en materia constitucional y a tal efecto estableció:

Omisis …

3.- Corresponde a los Tribunales de 1° Instancia de la materia relacionada o afín con el Amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los numerales anteriores, siendo los superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuya decisión no habrá ni apelación, ni consulta

. (Subrayado de este Juzgado Superior del Trabajo).

Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en su segundo párrafo, dispone en relación con la competencia para conocer del amparo contra decisiones judiciales, lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 4.- Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá, en forma breve, sumaria y efectiva". (Subrayado del Tribunal).

De la decisión parcialmente transcrita y en apego a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siendo éste el Juzgado Superior de aquél que emitió la sentencia recurrida, afín por la materia y único en todo el Estado Falcón, se declara competente para conocer la presente apelación. Y así se decide.

II.2) DE LA INADMISIBILIDAD DEL PRESENTE A.C..

Del análisis de las actas procesales observa este Juzgado Superior del Trabajo, que el presente asunto versa sobre la apelación de fecha 25 de marzo de 2014, recibida en esta Segunda Instancia en fecha 31/07/14, intentada por el ciudadano Ing. R.A.P.P., en su condición de Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G.. (I. U. T. A. G.), asistido por el abogado A.F.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 48.702, contra de la Sentencia Definitiva de fecha 10 de marzo de 2014, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en esta Ciudad de S.A.d.C., la cual declaró con lugar la pretensión de A.C. incoada por el ciudadano A.R.S.R., contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. (I. U. T. A. G.), por la violación de derechos constitucionales laborales establecidos en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, el mencionado recurso ordinario de apelación denuncia que el Ing. R.A.P.P., en su condición de Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G.. (I. U. T. A. G.), si bien es el representante administrativo de dicha casa de estudios, no es su representante legal, conforme se evidencia de las atribuciones que le confiere el artículo 3 de la Resolución No. 698 del 05/11/2010, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.547 del 08 del mismo mes y año, emanada del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual obra inserta una fotocopia simple del folio 07 al 10 de este asunto, por lo que a juicio del mencionado apelante, carece de cualidad y legitimación pasiva para sostener este juicio.

Asimismo, delata que la acción de amparo ejercida por el ciudadano A.S., como presunto agraviado, es desde todo punto de vista inadmisible y así debió ser declarada In Limine Litis, y para tal efecto invoca el criterio que ha venido aplicando este Tribunal Superior del Trabajo en sentencia de fecha 01 de octubre de 2013, dictada en el asunto No. IP21-R-2013-000074, (caso R.A.Q. contra la Alcaldía de Carirubana del Estado Falcón) y la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2013,dictada en el asunto No. IP21-R-2013-126, (caso F.G. contra la Sociedad Mercantil ACCIÓN AGUA, S. A.), en la cuales este Tribunal Superior ha acogido el criterio vinculante establecido en la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la interpretación que debe dársele a las normas que sobre Ejecución de P.A. emanadas de las Inspectorías del Trabajo, se encuentran en la vigente Ley Orgánica del Trabajo Los Trabajadores y las Trabajadoras, materializado en su Sentencia No. 428 de fecha 30 de abril de 2013, con ponencia del Magistrado J.J.M.J. (Expediente 12-0674, caso A.E.R.).

Pues bien, así planteados los argumentos apelativos en el presente asunto, este Juzgado Superior observa que la inadmisión de este a.c. delatado por el Ing. R.A.P.P., en su condición de Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G.. (I. U. T. A. G.), asistido de abogado, constituye una denuncia que tiene suficiente asidero jurídico y razonamiento lógico, los cuales hacen del presente recurso constitucional de amparo, una demanda inadmisible, porque ciertamente tal como lo alega el apelante, este Tribunal ha venido decidiendo en otros casos similares al de autos, la inadmisibilidad del recurso de amparo, por considerar quien aquí sentencia, que el procedimiento que debe seguirse luego de la entrada en vigencia de la nueva Ley Sustantiva Laboral para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría del Trabajo, es el establecido en los artículos 508 y siguientes ejusdem; y así se explicado razonadamente más adelante, lo que igualmente convierte en inoficioso pronunciarse sobre el resto de las delaciones y argumentos apelativos, ya que la declaración de inadmisibilidad inhabilita cualquier otro pronunciamiento relacionado con la causa, más allá de las razones de su inadmisión. Y así se establece.

En este orden de ideas puede observarse, que el querellante de autos, ciudadano A.R.S.R., activó el mecanismo extraordinario y restringido del A.C. en fecha 25 de noviembre de 2013 y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio Laboral del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón con sede en S.A.d.C., declaró admitida la demanda en fecha 09 de diciembre de 2013 (folios del 98 al 103 del Expediente), declarándola finalmente Con Lugar a través de la Sentencia Definitiva del 10 de marzo de 2014, la cual obra inserta del folio 104 al 121 de este asunto.

Así las cosas, es necesario señalar en primer lugar, que el A.C. es un mecanismo de protección de carácter extraordinario contra la vulneración o inminente violación de derechos constitucionales, dirigido a restablecer de manera inmediata aquellos derechos y garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados de violación de forma inminente, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz, cuyo empleo no está permitido cuando se ha ejercido algún recurso o mecanismo ordinario dirigido a tutelar la situación jurídica infringida o cuando existiendo tales recursos o mecanismos, los mismos no hayan sido oportunamente aprovechados (numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales). En otras palabras, el A.C. no pretende la tutela de infracciones que cuentan con vías ordinarias de solución o de impugnación, es decir, no tiene por objeto hacer cumplir obligaciones o hacer cesar violaciones o amenazas que cuentan con mecanismos ordinarios para tal fin, tampoco procede si tales mecanismos ordinarios de ejecución no han sido utilizadas o por el contrario, se han utilizado y aún no ha finalizado el procedimiento establecido, razón por la cual, mientras estén concebidas vías ordinarias para tutelar y hacer valer los derechos constitucionales que en determinada ocasión se consideren lesionados o vulnerados, no procede la acción autónoma de A.C., ya que se estaría desnaturalizando su carácter extraordinario, pues no le está dado al A.C. sustituir los otros mecanismos administrativos o judiciales existentes en el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, es el caso que en la Sentencia Interlocutoria que admitió el A.C. que nos ocupa, puede observarse como el Juez A Quo ponderó los hechos denunciados por el querellante y que constituyen el fundamento de su pretensión protectora judicial. También consideró el Tribunal de Primera Instancia la naturaleza laboral de tales derechos y del instrumento que los declara (la P.A. de reenganche y pago de salarios caídos), la existencia de la inamovilidad laboral que ampara al trabajador querellante y hasta la competencia del Tribunal para conocer y decidir el asunto, todo lo cual hizo de forma acertada. Sin embargo, no advierte el Juzgador de Primera Instancia que la Acción de A.C.e., se está presentando en fecha 25 de noviembre de 2013, es decir, bajo la vigencia de la actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuyo contenido se ha dispuesto un mecanismo expedito, eficaz y ejecutivo que permite a las Inspectorías del Trabajo del país, hacer cumplir sus propias decisiones administrativas, especialmente las Providencias Administrativas que acuerdan y ordenan el reenganche y pago de salarios caídos del trabajador.

En este orden de ideas, los artículos 508 (único aparte), 509 (encabezamiento y numerales 1, 4 y 9) y el artículo 512, todos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria No. 6.076 del 07 de mayo de 2012, disponen lo siguiente:

Titularidad de las Inspectorías del Trabajo.

Artículo 508. Cada Inspectoría del Trabajo estará a cargo de un Inspector o Inspectora del Trabajo, quien ejercerá la representación de aquélla en todos los asuntos de su competencia y cumplirá las instrucciones que le trasmita el Ministro o Ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social.

Los Inspectores e Inspectoras del Trabajo, en el ejercicio de sus funciones y competencias, podrán ejercer actos o acciones que garanticen la supervisión, divulgación y ejecución de sus propias decisiones

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Obligaciones del inspector o inspectora del trabajo.

Artículo 509. Son obligaciones del Inspector o Inspectora del trabajo para el cumplimiento de la ley dentro de su jurisdicción:

1. Dictar las Providencias Administrativas que la normativa indique que son de su competencia, y aquellas que sean necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones laborales.

2. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones dictadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social.

3. Aprobar o negar las solicitudes que, con base a las obligaciones establecidas en la ley, realicen los patronos y patronas.

4. Decidir y hacer cumplir la norma en los casos de reclamos interpuestos por trabajadores y trabajadoras por incumplimiento de la ley.

5. Intervenir en los casos, de oficio o a petición de parte, en los casos donde haya peligro de extinción de la fuente de trabajo o de modificación de las condiciones de trabajo conforme a lo establecido en la ley y en los casos de cierres de entidades de trabajo en protección del trabajo, del salario y de las prestaciones sociales.

6. Dictar medidas en protección del ejercicio de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del derecho de los trabajadores y trabajadoras a la huelga.

7. Determinar la organización sindical mas representativa en caso de conflicto intersindical para la negociación colectiva, mediante los procedimientos establecidos.

8. Sustanciar y decidir sobre la calificación de las faltas en que pudiera haber incurrido un trabajador o trabajadora.

9. Garantizar el reenganche y sustitución de derechos de los trabajadores y trabajadoras a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral.

10. Intervenir y mediar para facilitar los acuerdos en la negociación de la convención colectiva de trabajo, en los pliegos de peticiones y en la solución de los conflictos colectivos de trabajo.

11. Sustanciar y decidir en los procedimientos de sanción por incumplimiento de la Ley dentro de su jurisdicción.

12. Las demás que le asignen la Constitución, las leyes y el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Inspector o Inspectora de Ejecución.

Artículo 512. Cada Inspectoría del Trabajo tendrá Inspectores o Inspectoras de Ejecución con la suficiente jerarquía, facultad y competencia para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de los mismos, que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como hecho social y protejan el proceso social de trabajo.

Serán facultades y competencias de los Inspectores o Inspectoras de Ejecución:

a) Ejecutar los actos administrativos de efectos particulares que le sean aplicables a los patronos y las patronas.

b) Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto administrativo no se cumpla en el plazo de ley, ni acatadas sus condiciones, pudiendo ordenar el procedimiento de sanción por reincidencia o rebeldía del patrono o patrona.

c) Solicitar la revocatoria de la Solvencia Laboral hasta que se demuestre el cumplimiento del acto administrativo de que se trate.

A los efectos de ejecutar las previsiones mencionadas y en caso de necesidad, cuando exista obstrucción por parte del patrono o patrona o de sus representantes, los Inspectores e Inspectoras de Ejecución podrán solicitar el apoyo de la fuerza pública que estará en la obligación de prestarlo. El Inspector o Inspectora de Ejecución podrá solicitar, además, la actuación del Ministerio Público para el procedimiento de arresto del patrono, patrona o sus representantes que obstaculicen la ejecución de la medida, de lo cual informará al ministro o ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Tal y como puede apreciarse de las normas transcritas, desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras el 07 de mayo de 2012, las Inspectorías del Trabajo de toda la nación tienen la facultad y el ineludible deber de hacer cumplir sus propias decisiones, especialmente las Providencias Administrativas que ordenan la restitución de los derechos laborales del trabajador, verbigracia una orden de reenganche y pago de salarios caídos como la que obra en los autos. Y es precisamente éste uno de los cambios más significativos y más conocidos del nuevo texto normativo sustantivo laboral, la ampliación de las facultades coercitivas y coactivas de las Inspectorías del Trabajo, de modo que puedan efectivamente ejecutar sus actos administrativos, más allá de la simple imposición de multas (a veces irrisorias), ante el incumplimiento o la contumacia del empleador, que era el único mecanismo de ejecución con el cual contaban bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Trabajo.

De modo que, desde el 07 de mayo de 2012, no es admisible el A.C. dirigido a obligar a un empleador a cumplir una P.A. que ordene el reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador o de una trabajadora, dado que la “incapacidad” de las Inspectorías del Trabajo para hacer cumplir sus propias decisiones desapareció y con ello desapareció igualmente el sustento fáctico y jurídico que justificaba la intervención judicial por vía de A.C. para ejecutar tales decisiones emanadas de la Administración en materia laboral. Al respecto, resulta útil y oportuno transcribir, un extracto de la Sentencia del 30 de abril de 2013, Expediente 12-0674, emanada de forma unánime de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado, Dr. J.J.M.J., la cual resulta coherente con las consideraciones precedentes, en los siguientes términos:

En tal sentido, esta Sala aprecia que, en los casos que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, el amparo es, sin lugar a dudas, la vía (excepcional y restringida) con la que cuenta el accionante para exigir la ejecución de una p.a., siempre y cuando se haya agotado el procedimiento de multa; mientras que, en los casos que se susciten bajo la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en la Gaceta Oficial (Extraordinaria) n.° 6076, del 7 de mayo de 2012, se aplica el procedimiento que expresamente debe seguirse para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría del Trabajo (ver artículos 508 y siguientes). Así se declara

. (Subrayado y negritas de este Juzgado Superior del Trabajo).

Cabe advertir que el pronunciamiento precedente se dictó en el marco de una Acción de A.C. contra una sentencia emitida por un Tribunal Superior del Trabajo, la cual confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que había declarado inadmisible el A.C. intentado por un trabajador, con el objeto de hacer cumplir el reenganche ordenado por una Inspectoría del Trabajo mediante P.A.. Ahora bien, en dicho caso el mencionado A.C. se intentó bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, es decir, cuando las Inspectorías del Trabajo no contaban con las facultades ejecutivas y ejecutorias que hoy tienen, por lo que la Sala Constitucional revocó las dos decisiones, es decir, la decisión de Primera Instancia que declaró la inadmisibilidad del A.C. y la decisión del Juzgado Superior que la confirmó. Sin embargo, con el objeto de sentar las bases que faciliten la correcta interpretación y aplicación de las nuevas facultades ejecutivas y ejecutorias que disponen las Inspectorías del Trabajo a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras el 07 de mayo de 2012 y muy especialmente, de establecer inequívocamente cuando procede la admisibilidad o la inadmisibilidad del A.C. que pretende la ejecución efectiva de una orden de reenganche y pago de salarios caídos, la Sala Constitucional coloca el acento en la fecha cuando se ha intentado o se pretende intentar la Acción de A.C., disponiendo el criterio antes señalado conforme al cual, la Acción de A.C. intentada bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es decir, a partir del 07 de mayo de 2012, es inadmisible.

Resulta oportuno destacar que tal sentencia resulta coherente no sólo con las nuevas facultades ejecutivas y ejecutorias que disponen las Inspectorías del Trabajo y con el carácter extraordinario y restringido del A.C. como recurso procesal, sino también con el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, de conformidad con el artículo 8° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyo texto es del tenor siguiente:

Artículo 8°. Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la Administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Así las cosas, una vez analizado el escrito contentivo de la presente Acción de A.C., este Juzgado aprecia que para lograr la restitución de las garantías constitucionales presuntamente infringidas y denunciadas por la parte querellante, ésta contaba con un mecanismo administrativo idóneo para el restablecimiento de los derechos que delata infringidos y esta vía es, en palabras textuales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “el procedimiento que expresamente debe seguirse para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría del Trabajo”, establecido en los artículos 508 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Y así se establece.

Asimismo, debe destacarse que no consta en las actas procesales, que la parte accionante haya ejercido el indicado medio procesal administrativo para lograr el restablecimiento de su constitucional derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y al salario, los cuales denuncia como lesionados por su empleador, el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO AGMERO (I. U. T. A. G.). Es decir, lo que consta en las actas procesales es que la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C., agotó las limitadas facultades coactivas que establecía la derogada Ley Orgánica del Trabajo para hacer cumplir la P.A.N.. 033-2012, de fecha 04 de mayo de 2012 (impuso una multa por desacato a la querellada), sin embargo, cuando el querellante intentó esta Acción de A.C. el 25 de noviembre de 2013, ya estaba vigente la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y con ella, se encontraba plenamente facultada la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C. para ejecutar su propio acto administrativo. No obstante, no obra en las actas procesales elemento alguno que demuestre que el mencionado órgano administrativo laboral (la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C.), haya ejercido sus nuevas facultades ejecutivas y ejecutorias para hacer valer los derechos constitucionales que declaró en su propia P.A.. También se desconoce, en caso de haberse ejercido tales facultades, cuál es el estado en que se encuentra el respectivo procedimiento administrativo y en caso contrario, las razones de la omisión de su ejercicio. No obstante, indistintamente de haberse ejercido u omitido el mencionado procedimiento administrativo para ejecutar la P.A. de marras por parte del querellante de autos, a los efectos de esta Acción de A.C. la consecuencia es la misma, se determina su INADMISIÓN, conforme al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. Y así se declara.

Sobre las consideraciones y declaraciones precedentes, quien suscribe considera útil y oportuno analizar algunas Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales brindan inteligencia sobre los aspectos señalados. Así por ejemplo, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia de fecha 20 de mayo de 2010, Caso: Internacional Transformadora de Materiales (INTRAMCO), con ponencia del Magistrado, Dr. M.T.D.P., lo siguiente:

…la acción de a.c. no debe entenderse como un medio sustitutivo de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, sino como un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, de modo que dicha acción será inadmisible cuando se destina a un fin distinto del que le es propio, como el restablecimiento de situaciones derivadas de relaciones jurídicas que cuentan con medios procesales idóneos. Por ello, considera la Sala que, la tutela constitucional sólo es admisible cuando los afectados hayan agotado todos los medios procesales regulares o cuando ante la existencia de tales vías, la urgencia derivada de la situación tenga tal grado de inminencia, que sólo pueda ser subsanada mediante el ejercicio de la acción de a.c., dada la insuficiencia de los medios ordinarios

Así las cosas, de lo anterior se desprende que la accionante contaba con la oportunidad para impugnar a través de la interposición del recurso de invalidación para así obtener el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida.

Tomando en cuenta lo expuesto la Sala concluye que en el presente caso la acción propuesta resulta inadmisible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 ordinal 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales,…

. (Subrayado y negritas de este Tribunal Superior Laboral).

Inclusive mucho antes de la decisión parcialmente transcrita, la Sala Constitucional había referido la posibilidad de utilizar la Acción de A.C. sin antes haberse agotado las demás vías administrativas y/o judiciales disponibles, siempre que el recurrente demostrara que el procedimiento administrativo o el recurso procesal con el cual contaba o con los cuales contaba, no resultaban idóneos y en consecuencia, evidenciar la exclusividad de la Acción de A.C. como único recurso idóneo existente. Así, en sentencia de fecha 09 de agosto de 2000, Caso: S.M., C. A., la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado, Dr. I.R.U., dejó sentado lo que a continuación se transcribe:

… no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía –amparo-, ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador. Ahora bien, en el presente caso la empresa accionante no ha expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo, en razón de lo cual, la acción propuesta debe desestimarse por cuanto la accionante no agotó la vía ordinaria, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales

. (Subrayado y negritas de este Tribunal Superior Laboral).

De acuerdo con el criterio que precede, observa quien aquí decide que la parte querellante en A.C., tampoco demostró (ni siquiera alegó), que el único medio procesal idóneo para la restitución de los derechos constitucionales que denuncia infringidos, es el A.C., máxime cuando “el procedimiento que expresamente debe seguirse para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría del Trabajo”, establecido en los artículos 508 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es de igual forma expedito, específico y eficaz. En tal sentido, conforme al criterio reiterado e inveterado del Tribunal Supremo de Justicia, debe interpretarse que el A.C. no es un mecanismo procesal que pueda ser utilizado como primera opción ante la presunta violación de normas constitucionales, pues su activación sólo se legitima cuando se han agotado todas las vías administrativas y judiciales existentes en contra de la violación de preceptos constitucionales como los denunciados en este caso, ya que, tal y como ha sido harto explicado, se desnaturalizaría la institución del A.C., así como también perderían su eficacia el resto de los mecanismos recursivos procedentes e idóneos, contemplados en la Ley. Y así se declara.

En consecuencia, con fundamento en los razonamientos que preceden, las normas delatadas y las consideraciones jurisprudenciales citadas, bajo las condiciones expuestas resulta forzoso para quien suscribe declarar, INADMISIBLE la Acción de A.C. propuesta. Y así se decide.

Finalmente, con el objeto de brindar mayor inteligencia a la presente decisión y muy especialmente, con el fin de allanar posibles dudas que puedan surgir con ocasión de la ejecución de la P.A.N.. 033-2012, de fecha 04 de mayo de 2012, por parte de la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C., resulta útil y oportuno transcribir y comentar el alcance del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual:

Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando hay dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Es evidente que la norma transcrita trata el tema de la aplicación temporal de la ley y en este sentido, es igualmente evidente que prohíbe de manera expresa su aplicación retroactiva (salvo las excepciones específicas en materia penal), pero también que exige de la misma forma expresa, su aplicación inmediata cuando se trata de normas de procedimiento. Y es muy importante esta diferencia conceptual, ya que la mayor parte de las veces sólo se asocia esta norma con la idea de la irretroactividad de la ley, cuando realmente también plantea la aplicación inmediata de la ley de procedimiento. Al respecto resulta sumamente elocuente y explícita, la decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado, Dr. A.J.G.G., publicada en fecha 05 de mayo de 2004, de la cual se transcribe el siguiente extracto:

Del precepto antes transcrito [se refiere al artículo 24 constitucional], se destaca el hecho de que el legislador, en consonancia con la doctrina moderna que trata el problema de la aplicación de la ley en el tiempo, distingue entre retroactividad y efecto inmediato de la ley. En este sentido, debe señalarse que Roubier en su momento indicó que la ley tiene efectos retroactivos “cuando se aplique a hechos consumados (facta praeterita) o a situaciones en curso (facta pendentia) en la parte que es anterior al cambio de legislación, más no tendrá efecto retroactivo sino efecto inmediato, cuando se aplique a hechos futuros (facta futura) o a situaciones en curso (facta pendentia) en la parte que es posterior al cambio de legislación” (tesis desarrollada por P.R. en su obra Les conflits de lois dans le temps (Théorie dite de la non-rétroactivité des lois) y explicada por J.S.-Covisa, “La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, en Obra Jurídica, Ediciones de la Contraloría General de la República, 1976, p. 234).

De lo anterior se deduce que la ley tendrá efectos retroactivos cuando se aplique a hechos consumados y hechos en curso anteriores a su entrada en vigencia, mientras que la ley tendrá efectos inmediatos cuando se aplique a hechos futuros y a situaciones jurídicas todavía en curso luego de su entrada en vigencia

. (Subrayado y negritas de este Juzgado Superior del Trabajo).

Ahora bien, del estudio pormenorizado del artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, denominado “Procedimiento para Atender Reclamos de Trabajadores y Trabajadoras” y más específicamente aún, del artículo 425 del mismo texto legal, denominado “Procedimiento para el Reenganche y Restitución de Derechos”, especialmente en sus numerales 3, 5 y 6, se desprende sin lugar a dudas que se trata de normas de procedimiento, pues respectivamente disponen la forma de proceder de la autoridad administrativa del trabajo competente, ante reclamos laborales presentados por trabajadores y trabajadoras o ante situaciones donde resulte procedente el reenganche o la restitución de los derechos del trabajador o la trabajadora. Tan cierta es esta afirmación, es decir, tan cierto es que ambas normas son de procedimiento, que inclusive en sus respectivas denominaciones así se reconoce de forma expresa e inequívoca.

Luego, tales normas, por tratarse de dispositivos legales de procedimiento, son de aplicación inmediata al entrar en vigencia la ley que las contiene o para decirlo en palabras de P.R., una vez vigente la ley que las contiene, éstas son aplicables “a situaciones en curso (facta pendentia) en la parte que es posterior al cambio de legislación”. De tal modo que, es exigible la aplicación de las normas referidas y muy especialmente, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, una vez que dicho cuerpo normativo entró en vigencia, vale decir, a partir del 07 de mayo de 2012, por lo que desde luego que conforme al artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su ejecución debió llevarse a cabo conforme a la norma indicada (artículo 425 LOTTT) y no conforme a las disposiciones de la derogada Ley Orgánica del Trabajo como erradamente se hizo, ya que la disposición constitucional comentada establece expresa e inequívocamente, que “las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso”. Y así se declara.

Luego, vistas las consideraciones precedentes, igualmente se ordena remitir una copia debidamente certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C., toda vez que la ejecución forzosa de la P.A. que se pretende, no corresponde hacerse en sede judicial, sino en sede administrativa, dadas las facultades ejecutivas y ejecutorias que disponen actualmente y desde el 07 de mayo de 2012, las Inspectorías del Trabajo del país, conforme se evidencia en los artículos 508 y siguientes, así como del artículo 425, todos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, facultades que aún no han sido agotadas (ni siquiera iniciadas), en el presente asunto. Debe reiterarse que la omisión de ejercer el procedimiento administrativo ordinario que dispone la actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras para la ejecución de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, hace INADMISIBLE el presente A.C., el cual, no persigue otra cosa sino, la ejecución de la orden de reenganche y el pago de los salarios caídos del querellante. Ahora bien, conforme ha quedado sobradamente demostrado, la ejecución de dicho acto administrativo corresponde a la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C., toda vez que dicho órgano administrativo del trabajo tiene la facultad y el deber de ejecutar sus propios actos administrativos, especialmente aquellos que ordenan el reenganche y el pago de los salarios caídos emanados desde la vigencia de la actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, como es el caso específico de la P.A.N.. 033-2012, de fecha 04 de mayo de 2012, la cual, aún no ha podido materializarse en la esfera de los derechos subjetivos del querellante de autos. Y así se decide.

III) DISPOSITIVA:

Con fundamento en los hechos analizados, las normas aplicables al caso concreto y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales utilizados, así como todos los razonamientos y motivos que anteceden, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, procediendo en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

COMPETENTE para conocer el presente recurso de apelación contra la sentencia que declaró Con Lugar la Acción de A.C. de autos.

INADMISIBLE la Acción de A.C.e. por el ciudadano A.R.S.R., contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA A.G. (I. U. T. A. G.), por la presunta violación de los derechos constitucionales laborales establecidos en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al negarse a cumplir la P.A.N.. 033-2012, de fecha 04 de mayo de 2012, emanada de la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C..

INOFICIOSO pronunciarse sobre el resto de los alegatos apelativos expuestos.

Se REVOCA el fallo recurrido en todas y cada una de sus partes.

ORDENA REMITIR el presente asunto al Archivo Sede de este Circuito Judicial del Trabajo, a los fines de que repose como causa inactiva.

REMÍTASE una copia debidamente certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo de S.A.d.C..

NOTIFÍQUESE al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C..

NOTIFÍQUESE a las partes, al representante de la Procuraduría General de la República y a la representación del Ministerio Público.

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza de la acción intentada.

Publíquese, regístrese y agréguese. Cúmplase con lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. J.P.A.R..

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha, 23 de septiembre de 2014 a las cinco y quince de la tarde (05:15 p.m.). Se dejó copia certificada en el Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en S.A.d.C., en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..