Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 11 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo del Trabajo |
| Ponente | José Tomas Alvarez Mendoza |
| Procedimiento | Incomparecencia De La Parte Actora |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, viernes, once (11) de abril de dos mil catorce (2014).
203º y 155º
ASUNTO: KP02-R-2014-000233
PARTE DEMANDANTE: R.S., italiana, titular de la cédula de identidad E-82.214.869.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: HAYDY N. CARRASCO P., abogada, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.180, en su condición de Procuradora Especial del Trabajadores.
PARTE DEMANDADA: L.J.V.D.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-1.268.123.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: G.J.R., abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 3.978.
MOTIVO: Incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio.
SENTENCIA: Interlocutoria.
RECORRIDO DEL PROCESO
La presente causa sube a esta alzada por recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 20/02/2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta circunscripción judicial, en la cual se declaró terminado el procedimiento.
El 11/03/2014 se oyó la apelación en ambos efectos.
En fecha 03/04/2014 el asunto es recibido por este juzgado, fijándose para el día 10/04/2014 a las 09:00 a.m., la celebración de la audiencia de apelación.
Siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente, una vez dictado el dispositivo del fallo, este juzgado procede a motivar su decisión en los siguientes términos:
ALEGATOS DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA
DE LA PARTE ACTORA RECURRENTE
Narra la apoderada judicial de parte accionante, que el día pautado para la celebración de la audiencia de juicio la demandante presentó problemas de salud, específicamente “diarrea aguda”, lo que la obligó a acudir a un centro médico asistencial en donde estuvo bajo observación.
Para demostrar sus dichos consignó constancia constante de un (01) folio útil.
Peticiona que se interprete este hecho como una causa fortuita y se aplique el principio de flexibilidad adoptado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a las consecuencias por incomparecencia a las audiencias del proceso.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ARGUMENTACIÓN
Así las cosas, esta alzada considera oportuno señalar lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual reza:
En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos.
Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.
En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificativas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del tribunal. (…)
(negritas añadidas).
Dado el contenido de la norma citada, se hace necesario el estudio de lo que debe entenderse por caso fortuito o fuerza mayor, y en tal sentido, la doctrina ha expresado que el caso fortuito es aquel que proviene de accidentes naturales o es ajeno a la voluntad humana, y por fuerza mayor se entiende aquel acontecimiento irresistible que ni el padre de familia más prudente puede evitar.
Al respecto, la Sala de Casación Social, en sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2004, en el caso seguido por A.S.O. contra Publicidad Vepaco, C.A., estableció la flexibilización de los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor a los efectos de la incomparecencia de las partes, y en tal sentido expresó:
Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse.
Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.
Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación.
De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible y aun desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable a saber, no subsanable por el obligado.
Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (dolo o intencionalidad).
Reseñado lo anterior, pasa este tribunal a pronunciarse en relación al documento consignado por la actora en la audiencia de apelación. En este sentido, en cuanto los documentos públicos administrativos la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0782 de fecha 19 de mayo del año 2009 (caso: B.J.D.B.V.. Schlumberger Venezuela, S.A), indicó:
“De los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, se deduce que los documentos administrativos conforman una tercera categoría dentro del género de las pruebas documentales, pues no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil (documento público negocial) y mucho menos a los instrumentos privados, otorgándole entonces la doctrina civilista la categoría o el nombre de “documentos públicos administrativos”, por conservar éstos de todos modos el mismo efecto probatorio de los documentos públicos, en razón de que emanan de funcionarios que cumplen atribuciones que le han sido conferidas por la Ley; empero, la prueba que se deriva de tales instrumentos administrativos no es absoluta o plena, porque el interesado puede impugnarla, y en consecuencia, desvirtuarla en el proceso, mediante la utilización de las pruebas legales que estime pertinentes, es decir, están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, y por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.
Consecuente con lo anteriormente expuesto, considera esta Sala que el documento administrativo contentivo de la notificación en la reclamación hecha por el trabajador B.D. contra la empresa Schlumberger Venezuela, S.A. no puede considerarse un documento público en sentido amplio a tenor de lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, sino un “documento público administrativo”, que tiene el mismo efecto probatorio de los documentos públicos y que contiene por lo tanto una presunción de certeza que el interesado en lo contrario debe desvirtuar en el proceso judicial en la oportunidad respectiva.
Ahora bien, según la doctrina civilista, los “documentos públicos administrativos” a diferencia del documento público negocial (artículo 1357 del Código Civil), no pueden ser aportados en cualquier estado y grado de la causa, sino en el lapso probatorio ordinario según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, es decir, pueden anunciarlo o promoverlo en el lapso de promoción y producirlos o evacuarlos en la etapa de evacuación de pruebas, criterio que esta Sala de Casación Social comparte, por lo que subsumiendo el mismo a la materia adjetiva laboral, debe entonces decirse que el “documento publico administrativo”, debe ser aportado o promovido en la oportunidad de la audiencia preliminar, como así lo exige el artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y debe ser evacuado en la audiencia de juicio, como así lo señala el artículo 152 eiusdem”. (Negritas nuestras).
En concordancia con el criterio trascrito, no queda duda que los documentos públicos administrativos merecen el mismo efecto probatorio de los documentos públicos y que contienen por lo tanto, una presunción de certeza que el interesado en lo contrario debe desvirtuar en el proceso judicial en la oportunidad respectiva mediante la utilización de las pruebas legales que estime pertinentes, es decir, están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, y por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario, sin necesidad de la declaración del tercero que lo expide para su validez.
Así las cosas, quien juzga procede a analizar la prueba aportada al proceso en virtud del recurso interpuesto, y en tal sentido se tiene:
Original de C.M.: Esta documental emana de una institución de salud pública (Fundación “Barrio Adentro”), y por ser un documento público administrativo se presume legal y legitimo, en consecuencia, se tiene por cierto que la ciudadana R.S., compareció el día 13/02/2014 ante el Centro Diagnostico Integral “Cruz Blanca” por presentar problemas de salud. Y así se establece.
La circunstancia antes demostrada, por ser imprevisible e irresistible para la ciudadana R.S. constituye un acontecimiento de fuerza mayor que obliga a esta instancia a declarar justificada la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio, pues para ese momento no contaba con apoderado alguno. Y así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara:
CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 20/02/2014, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.
No hay condenatoria en costas del recurso, dadas las resultas del fallo.
Se REVOCA en todas sus partes la decisión recurrida.
Se REPONE la causa al estado de que el Juez de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, sin necesidad de nuevas notificaciones dado que las partes se encuentran a derecho.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los once (11) días del mes de abril de 2014. Año 203° de la Independencia y 155° de la Federación.
Abg. J.T.Á.M.
Juez
Abg. D.R.R.M.
Secretario
Nota: En esta misma fecha, 11 de abril de 2014, se dictó y publicó la anterior decisión. Año: 203° de la Independencia y 155° de la Federación.
Abg. D.R.R.M.
Secretario
KP02-R-2014-000233
