Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 4 de Marzo de 2013

Caracas, 4 de marzo de 2013

202° y 154°

Exp. N° 10Aa-3465-2013

PONENCIA DE LA JUEZ GLORIA PINHO

Corresponde a esta Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto en fecha 01 de febrero de 2013, por el profesional del derecho R.G.M.G., Defensor Público Vigésimo Séptimo Penal, en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.A., quien recurre conforme a lo dispuesto en los artículos 423, 427 y 439 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada el 16 de enero de 2013, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual “…MANTIENE la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del ciudadano C.J.T.Á.…, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 cardinales (sic) 1, 2 y 3 en concordancia con lo establecido en el artículo 237 cardinales (sic) 2, 3 y parágrafo primero y artículo 238 cardinal (sic) 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occisos R.E.M.G.Y.J.G. CASTILLO…, en consecuencia DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud presentada por el abogado R.M., en su carácter de Defensor Público Vigésimo Sexto (sic) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.Á., en la que solicita la DECLARATORIA DEL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le otorgue su inmediata libertad…”.

El Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en virtud de la referida apelación, acordó la remisión de la incidencia a la Unidad de Registro y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, a los fines de ser distribuida a la Corte de Apelaciones de este mismo Circuito, correspondiendo a esta S. el conocimiento de la misma, siendo asignada a la J.G.P..

En fecha 26 de febrero de 2013, esta S. procediendo conforme lo dispone el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal y dentro del tiempo hábil establecido, dictó auto mediante el cual admitió el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el mismo fue interpuesto por la persona legitimada para hacerlo, por tratarse de una decisión que no es inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición legal.

-I-

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El profesional del derecho R.G.M.G., Defensor Público Vigésimo Séptimo Penal, en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.A., en su escrito de apelación señaló lo siguiente:

(Omisis)…

De lo anterior podemos colegir que inicialmente ante los supuestos del artículo in comento, debe decaer toda medida de coerción personal, luego de arribar a los dos años de su decreto sin que se haya materializado el juzgamiento, debiéndose en todo caso y de ser necesario, imponer medida menos gravosa para garantizar las resultas del proceso. A la par de que no establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal otra excepción que no sea la solicitud de prorroga por parte del Ministerio Público, supuesto que no ocurrió en la presente causa, de tal modo que el tiempo establecido por el legislador ha sido superado en creces, hasta el punto de tener que aperturar el juicio oral y público por cuarta vez.

En tal sentido tenemos que hasta la presente fecha ha transcurrido un tiempo superior a los DOS AÑOS que establece el citado artículo 230, específicamente en el presente caso han transcurrido DOS (2) AÑOS, SIETE (7) MESES Y ONCE (11) DIAS, evidenciándose con ello la existencia de retardo procesal, por cuanto hasta la presente fecha no se ha producido sentencia definitivamente firme en la presente causa, de hecho se ha visto interrumpido el desarrollo del juicio oral y público en CUATRO (4) oportunidades. Destacando esta defensa por causas no imputables al acusado, y aún, en aquellas que pueda pensarse atribuírselas, destaca esta defensa que el Juez, en todo caso, pudo hacerse vales de la fuerza pública para lograr el efectivo traslado del imputado a la sede del tribunal, tal como lo indica la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 730 de fecha 24 de abril del 2007…

(…)

Por ello señalamos que el presupuesto del ordenamiento jurídico antes mencionado encuadra correctamente con la situación jurídica en la cual se encuentra mi patrocinado, ya que si hacemos un análisis exegético de la norma contemplada en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, podemos entender que el supuesto de hecho es aplicable a la situación jurídica planteada por la defensa, debido a que es el propio legislador quien indica de manera irrebatible que EN NINGÚN CASO, las Medida (sic) de coerción personal independientemente de las causas, razones y presupuestos legales que la motivaron NO PODRA EXCEDER DE DOS (2) AÑOS. De lo que se traduce que toda medida de coerción personal debe persistir temporalmente por más de lo indicado, es decir, DOS AÑOS, a riesgo de convertirse en ILEGAL e ILEGITIMA, estando llenos en el presente caso tales presupuestos de ley. Esta situación patentiza que se ha superado para el momento el límite temporal de vigencia de las medidas de coerción personal impuesta al justiciable, lo cual presupone de facto la violación a la garantía judicial de la libertad, componente del debido proceso y de efectiva tutela de los jueces en representación del Estado deben preservar como tutores de la supremacía constitucional.

CAPITULO III

PETITORIO

Por los alegatos antes esgrimidos, y por estar convencido que nos asiste la razón, solicito a ustedes ciudadanos magistrados, que luego de admitir el presente recurso y verificar nuestro argumento, procedan a declarar con lugar el mismo, y en consecuencia, anular la decisión recurrida y proferir una decisión propia que comporte decretar el decaimiento de la medida de coerción personal que pesa en contra del ciudadano C.J.T.A., y en consecuencia ordene su inmediata libertad o en todo caso, imponga una medida menos gravosa.

-II-

DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO POR

EL MINISTERIO PÚBLICO

La profesional del derecho E.F.C., en su carácter de Fiscal Auxiliar Centésima Cuadragésima (140°) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su escrito de contestación al recurso de apelación interpuesto por la Defensa, señaló lo siguiente:

(omisis)

En el presente caso, durante la audiencia de presentación del imputado el Ministerio Público expuso de manera clara y fundamentada su solicitud de Medida Judicial Privativa de Libertad, razonamiento que fue acogido por el Juzgado de Control al momento de acordar la misma en contra del imputado C.J.T.Á., las cuales aún permanecen incólumes y justificaría el mantenimiento de dicha Medida Judicial Privativa de Libertad, por la presencia de las mismas circunstancias que la motivaron al momento de su imposición. Circunstancia ésta que fue tomada en cuenta por el Juzgado de Instancia al momento de considerar mantener la Medida Privativa de Libertad, es decir, la autoridad judicial (Juez 8 de Juicio), estando en cuenta de la precalificación jurídica dada los hechos (HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES) lo que arroja una presunción de peligro de fuga debido a la posible pena a imponer, las circunstancias del hecho y la gravedad del mismo, así como el daño causado, donde se atentó contra el bien más preciado jurídicamente reconocido (LA VIDA), el evidente y latente peligro de obstaculización y/o peligro de integridad física de la victima y testigo (ya que dicho acusado tiene conocimiento de ubicación de la victima y testigos por ser de la localidad).

(…)

Tomando en cuenta lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por todo lo antes expuesto, considero que podríamos estar en un supuesto de intencional dilación del proceso ya que se trata de un delito con pena sumamente alta, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES (en perjuicio de dos personas), lo que se le está acusado (sic) al ciudadano C.J.T.A..

Es así como el Tribunal 8° en funciones de Juicio, el día 16 de enero de 2013, emite su decisión en base de argumentos de hechos y de derechos ajustados a la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Es por ello que ésta representación Fiscal considera que no nos encontramos ante el supuesto de privación ilegitima de libertad tal como lo quiere hacer ver el Defensor Público, pues el Tribunal 8° de Juicio del AMC (sic), motivó suficientemente la decisión por el cual fue negada la solicitud del Decaimiento de Medida de Coerción Personal que pesa sobre el acusado C.J.T.A., las cuales se ajustan perfectamente a los extremos establecidos en la Constitución y en la Ley, siempre tomando en cuenta sus derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas solicito a esta distinguida Corte de Apelaciones que se declare SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el defensor Público Vigésimo Séptimo del Área Metropolitana de Caracas, abg. R.M.G., en su carácter de defensor del ciudadano CARLOS JOSÉ TABARES ANGULO…, quien recurre de la decisión proferida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, en fecha 16 de enero de 2013.

-II-

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

El Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 16 de enero de 2013, procedió a dictar la resolución judicial fundada en los siguientes términos:

(omisis)

Con fuerza al análisis anteriormente expuesto, este Juzgado Octavo en funciones de Juicio del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: UNICO: MANTIENE la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del ciudadano C.J.T.Á.…, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 cardinales (sic) 1, 2 y 3 en concordancia con lo establecido en el artículo 237 cardinales (sic) 2, 3 y parágrafo primero y artículo 238 cardinal (sic) 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occisos R.E.M.G.Y.J.G. CASTILLO…, en consecuencia DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud presentada por el abogado R.M., en su carácter de Defensor Público Vigésimo Sexto (sic) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.Á., en la que solicita la DECLARATORIA DEL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le otorgue su inmediata libertad…

.

-III-

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

El presente recurso de apelación se circunscribe a la decisión emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declara sin lugar la solicitud de libertad por decaimiento de la medida privativa de libertad por considerar, no proporcional la medida impuesta con el delito imputado en aplicación de los artículos 2, 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la supremacía constitucional.

Alega el recurrente entre otras cosas:

-Que a su defendido se le han vulnerado sus derechos constitucionales, no solo a la libertad, sino al debido proceso, toda vez que hasta la presente fecha han transcurrido dos años siete meses y once días no se le puede atribuir el retardo procesal en su proceso de juzgamiento.

-Indica además, que en fecha 25 (sic) de mayo (sic) de 2012 (sic), habiendo arribado a los dos años desde el decreto de la medida de coerción personal y ante la certeza por parte de la defensa técnica de encontrarse dentro de los supuestos a los que hace referencia el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (antes 244), procedieron a solicitar ante el Juzgado de la causa, el decaimiento de la medida de coerción personal, en contra del ciudadano C.J.T.A., decidiendo el Tribunal, en fecha 16 de enero de 2012 (sic), negar la solicitud al considerar entre otras cosas, que el retardo que ha experimentado la causa no puede ser atribuida al órgano jurisdiccional, amén de la complejidad de la causa, por tratarse de un homicidio calificado, se suma a la justificación del retardo evidenciado.

-Que la decisión recurrida produce un gravamen irreparable, innegablemente, ya que la misma reconoce la existencia de un retardo.

Pretende el recurrente:

Declare con lugar el recurso de apelación y se decrete la libertad sin restricciones, o una medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de su defendido.

Para resolver la Sala observa:

Con fundamento en los alegatos del recurrente, pasa de seguidas la Sala a examinar las actas procesales, específicamente lo atinente a los actos desarrollados en las distintas Instancias hasta el momento de la solicitud del decaimiento de la medida de coerción personal impuesta, para ello observamos previamente lo siguiente:

El artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal dispone:

No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave..

Excepcionalmente, y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima para el delito más grave.

Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado, o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras…

En atención a la anterior disposición y a los argumentos esgrimidos por parte del recurrente, aprecia la Sala que efectivamente, la recurrida al momento de recibir la solicitud del decaimiento de la Medida Privativa de Libertad, que pesa sobre el ciudadano C.J.T.A., debe examinar, los supuestos en concreto, así como el recorrido procesal, es decir; verificar en primer lugar si efectivamente, el tiempo que ha permanecido el acusado privado de su libertad, excede o sobrepasa la pena mínima prevista, en este caso, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal vigente para la fecha, o si excede del plazo de dos (2) años; dichos requerimientos deben estar debidamente motivados o justificados por parte de quien lo solicite.

En el caso de autos se solicita la libertad sin restricciones del ciudadano C.J.T.A., quien efectivamente se encuentra privado de su libertad por orden judicial desde hace más de dos años y no existe sentencia definitivamente firme en su contra por el delito por el cual se ha ordenado su juzgamiento público. El pedimento se hace con fundamento en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Considera la Sala necesario precisar la interpretación que ha dado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal en la siguiente forma:

1°.- “La privación preventiva de libertad en ningún caso deberá exceder el plazo de dos años; para procurar diligencia en el desarrollo del proceso y evitar, simultáneamente, dilaciones injustificadas por parte de los órganos encargados de impartir justicia. Igualmente estableció que es una norma que protege a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones infinitas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria definitivamente firme. Sentencia del 12 de septiembre de 2001”.

Se aprecia del fallo:

La norma antes transcrita, establece, en su primera parte, que el juez a la hora de acordar una medida de privación judicial preventiva de libertad- debe valorar la proporcionalidad entre la medida de coerción personal que vaya a ser aplicada y la gravedad del delito que se imputa. En su segunda parte, limita en el tiempo esa potestad discrecional del juez y establece que “en ningún caso” esa privación preventiva deberá exceder el plazo de dos años; esto en razón de procurar diligencia en el desarrollo del proceso y evitar, simultáneamente, dilaciones injustificadas por parte de los órganos encargados de impartir justicia. Igualmente es una norma que protege a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones infinitas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria definitivamente firme.

En razón de lo anterior, comparte esta S. los argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, al considerar que, efectivamente, le fueron vulnerados al demandante sus derechos constitucionales al mantenérsele privado preventivamente de su libertad por un término que excede el límite máximo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, sin que el retardo en la celebración del juicio oral y público hubiera sido atribuido -por parte del juzgado de la causa- a alguna conducta del imputado o de su defensa.

2. - Cuando la medida de coerción personal sobrepasa el lapso previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la misma decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción en principio obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.

   Que el legislador al fijar el límite de 2 años no toma en cuenta la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, caso en el cual debe indagarse a quien es imputable tal retardo, y si el mismo es atribuible al imputado o su defensor, con base a una interpretación literal de la norma no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley. (Sentencia del 12 de septiembre de 2001)

   Establece el referido fallo:

   La norma constitucional comentada (artículo 44), añade que las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciables por el Juez o J. en cada caso.

   Las excepciones al juzgamiento en libertad aparecen en el Código Orgánico Procesal Penal (artículos 259 al 264). En el caso bajo examen, la autoridad judicial privó –en base al artículo 259 eiusdem– preventivamente la libertad de las accionantes, con lo que obró ajustado a derecho y al artículo 44, numeral 1 constitucional; y así se declara.

   El artículo 49.8, de la vigente Constitución, también denunciado como infringido, da el derecho a las personas a que se restablezca su situación jurídica lesionada, por retardo u omisión injustificados. En el caso bajo examen, podría existir un retardo en la emisión del fallo definitivo, pero el mismo no puede ser considerado injustificado, ya que la Sala no conoce los motivos de la nulidad de la sentencia condenatoria contra las accionantes, proferida por la Primera Instancia el 10 de abril de 2000, por lo que mal puede esta S. restablecer una situación, en base a hechos que no conoce.

   Pero la Sala debe advertir sobre otra situación que emana de los autos. La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes.

   Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

   Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.

   Etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.

   En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.

   A juicio de esta S., el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa.

   En el caso de autos, además, no consta a la Sala a quién es imputable la dilación procesal, y por ello al decidir este amparo, tendría que confirmar la decisión sometida a consulta; pero ello, en otras situaciones, donde no existe la dilación procesal de mala fe, no obstaría para que en los Tribunales de Juicio, se vuelva a plantear la petición, conforme a la doctrina sostenida en este fallo.

3. - El principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción personal, que establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, para evitar que quede enervada la acción de la justicia, debiendo respetar tal providencia los límites que contiene el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Igualmente estableció que el lapso previsto en el artículo 244 es la garantía que el legislador le ofrece al imputado o acusado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, pues determinó que dos años era un lapso más que razonable –aun en los casos de los delitos más graves- para que en la causa que se siguiera en su contra, se hubiera producido pronunciamiento de una decisión definitivamente firme. (Sentencia del 17 de Julio de 2002)”

   Indica el referido fallo:

   Observa la Sala que, efectivamente, al quejoso se le han vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a ser oído que contiene el artículo 49, encabezamiento y cardinales 1, 2 y 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando permanece detenido preventivamente, desde el 8 de mayo de 1998, sin que se haya celebrado siquiera la audiencia oral ante el juzgado de control respectivo ni haya presentado acusación alguna el Ministerio Público. De modo que incurrió en error la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cuando decidió que en ese caso “no se han violado derechos o garantías constitucionales”, pues la verdad que se deriva del contenido de las actas del expediente de amparo es que, aún pendiente de celebración la audiencia preliminar, resulta obvia la conclusión de que han sido groseramente irrespetados los lapsos procesales que estableció el Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

   Por otra parte, estima esta Sala que el pronunciamiento que emitió por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida trae implícito un pronunciamiento sobre el fondo de la causa principal, ello en razón de que determinó que el estar sujeto a una medida preventiva privativa de libertad por un lapso muy superior a los dos años no es desproporcionado, dada la pena promedio aplicable al imputado, lo cual configura un inadmisible pronunciamiento adelantado de culpabilidad. Así se declara.

   No quiere esta S. dejar de aclararle a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida el significado del principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción personal, que establece el artículo 253 (hoy 244) del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho principio se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Es decir, ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el juzgador debe valorar los anteriores elementos y, con criterio razonable, imponer alguna de dichas medidas; ello para evitar que quede enervada la acción de la justicia. No obstante, tal providencia debe, necesariamente, respetar los límites que contiene el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, antes artículo 253, la cual es la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, pues determinó que dos años era un lapso más que razonable –aun en los casos de los delitos más graves- para que en la causa que se siguiera en su contra, se hubiera producido pronunciamiento de una decisión definitivamente firme.

   Por lo antes expuesto, esta Sala Constitucional declara con lugar la apelación que fue interpuesta, revoca la decisión que se dictó, el 22 de noviembre de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y ordena a la referida Corte de Apelaciones proveer inmediatamente al recibo de las actuaciones, respecto de la medida cautelar que pesa sobre el imputado, M.Á.G.M., con estricta observancia de lo dispone este fallo y el artículo 253 (hoy 244) del Código Orgánico Procesal Penal. Se insta al Ministerio Público a que, con la celeridad que demanda el presente caso, acuse o solicite el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo que dispone el artículo 507.3 (hoy 522.3) del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

4. - El artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal constituye la garantía que asegura la eficaz vigencia del derecho fundamental a la libertad personal que dispone el artículo 44 de la Constitución y por ello, la violación del lapso previsto en el citado artículo 244 constituye una violación a la garantía a la libertad personal y al debido proceso cuando el órgano jurisdiccional ha incurrido en un retraso inexcusable y que en estos casos, a los fines de conciliar la obligatoria tutela de los derechos constitucionales de los procesados con el interés social del aseguramiento de la prosecución y oportuna conclusión del proceso penal al cual se encuentran sometidos, la situación se restablece mediante el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva por parte del órgano jurisdiccional que conoce de la causa. Sentencia 6 de Agosto de 2002 (Exp. 02 0611)”.

   Establece la referida sentencia:

   El artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal preceptúa que la medida de coerción personal “en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder el plazo de dos años”.

   La Sala considera que la demanda de amparo resulta procedente porque fueron vulnerados los derechos a la libertad personal y al debido proceso de los demandantes F.J.J.R. y J.R.S.H., sobre la base de las consideraciones siguientes: el artículo 526 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual regula particularmente las causas en reenvío, dispone que cuando el Tribunal Supremo de Justicia hubiere declarado con lugar el recurso de casación, y la causa se encontrare pendiente de decisión ante el tribunal de reenvío, se procederá a la fijación del acto de informes para el sexto día siguiente y se dictará la sentencia dentro de los diez días posteriores a su realización.

   A juicio de esta S., la Sala Accidental de Reenvío ha incurrido en un retraso inexcusable porque no fijó la oportunidad para la celebración del acto de informes a que se refiere la antes indicada norma procesal penal. El alegato que esgrimió la Sala Accidental Segunda, cuando señaló que la Sala Accidental Primera de Reenvío fue suprimida y las causas que provenían de la misma fueron remitidas a esa Sala Accidental Segunda el 24 de enero del año en curso, no es motivo suficiente que justifique el inmenso retraso que presenta el proceso contra los demandantes en amparo, ni puede ser invocado en perjuicio injusto de éstos, quienes, como ya se dijo, se encuentran sometidos a proceso penal, con privación de su libertad desde el 25 de octubre de 1995, lo cual significa que, al presente, han cumplido más de seis años y ocho meses de medida cautelar privativa de libertad, y denota una manifiesta lesión de la garantía que contiene el artículo 253 (hoy, modificado 244) del Código Orgánico Procesal Penal, la cual asegura eficaz vigencia del derecho fundamental a la libertad personal que dispone el artículo 44 de la Constitución; por lo cual, en definitiva, éste resultó igualmente lesionado. Así se declara.

   A los fines de la conciliación de la obligatoria tutela de los derechos constitucionales de los demandantes con el interés social del aseguramiento de la prosecución y oportuna conclusión del proceso penal al cual éstos se encuentran sometidos, esta S. ordena a la legitimada pasiva que, inmediatamente a la notificación de la presente decisión, decrete medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, según lo que preceptúa el artículo 256 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

5. - Toda medida de coerción personal que se imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal tendrá un plazo máximo de aplicación que no podrá exceder de dos años, pero igualmente se establece la posibilidad que, excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante soliciten al Juez de Control una prórroga para el mantenimiento de dichas medidas, que no podrá exceder la pena mínima que se preceptúe para cada delito, cuando existan causas graves que así lo justifiquen. Que en situación de violación de estos lapsos procede el amparo constitucional situación que se restablece mediante la imposición de una medida cautelar sustitutiva. (Sentencia del 20 de Agosto de 2002)

   Establece el referido fallo:

   La Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia declaró con lugar la demanda de amparo pues consideró que, efectivamente, habían sido vulnerados los derechos constitucionales del ciudadano E.J.R. porque permaneció detenido por dicho Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal, desde el 5 de octubre de 1994, en la Cárcel Nacional de Maracaibo, sin que en su contra pese condena alguna.

   El Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento de la decisión de primera instancia constitucional, disponía:

   Artículo 253. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable,

   En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder el plazo de dos años.

   De la norma supra transcrita se colige que toda medida de coerción personal que se imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal tendrá un plazo máximo de aplicación que no podía exceder –en el derogado Código Orgánico Procesal Penal- de dos años. En el código penal adjetivo vigente, el artículo 244 establece la posibilidad de que, excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante soliciten al juez de control una prórroga para el mantenimiento de dichas medidas, que no podrá exceder la pena mínima que se preceptúe para cada delito, cuando existan causas graves que así lo justifiquen.

   Observa la Sala que, de las actas que conforman el expediente, se desprende que la última actuación de la que se tiene conocimiento en las actas procesales de la causa contra el quejoso en amparo, que llevaba el suprimido Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia (Cabimas), que fue estampada en el Libro de Entrada y Salida del referido tribunal, es la remisión del expediente, por medio de oficio n° 3535, del 15 de julio de 1996, al Juzgado del Distrito Miranda de la misma Circunscripción Judicial, a lo que se agrega el desconocimiento del lugar donde actualmente se encuentra el citado legajo. De allí que lo procedente sea la declaración con lugar de la pretensión de amparo que incoó la Defensora Pública Séptima del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, abogada E.B.S., a favor del ciudadano E.J.R.. Así se declara.

   Por tanto, esta Sala Constitucional confirma la decisión que dictó, en primera instancia, la Sala n° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que declaró con lugar el amparo que se intentó, que acordó medidas cautelares sustitutivas de la de privación preventiva de libertad y que remitió copia certificada de la mencionada decisión a la representación del Ministerio Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, ordene lo conducente para la resolución de la causa principal”.

   Del examen de la Doctrina interpretativa de la Sala Constitucional, esta Sala concluye:

   1° El artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal constituye la garantía que asegura la vigencia eficaz del derecho fundamental a la libertad personal que dispone el artículo 44 de la Constitución. (Sentencia 6 de Agosto de 2002, Exp. 02 0611)

   2° El lapso previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, es la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme. (Sentencia del 17 de Julio de 2002).

3. - El principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción personal, que establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, para evitar que quede enervada la acción de la justicia, debiendo respetar tal providencia los límites que contiene el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. (Sentencia del 17 de Julio de 2002)

4. - Toda medida de coerción personal que se imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal tendrá un plazo máximo de aplicación que no podrá exceder de dos años, pero igualmente se establece la posibilidad que, excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante soliciten una prórroga para el mantenimiento de dichas medidas, que no podrá exceder la pena mínima que se preceptúe para cada delito, cuando existan causas graves que así lo justifiquen. (Sentencia del 20 de Agosto de 2002).

5. - El órgano jurisdiccional debe indagar a quien es imputable el retardo procesal que prolonga el tiempo de detención, y si constata que el mismo es atribuible al imputado o su defensor, con base a una interpretación literal de la norma no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley. (Sentencia del 12 de septiembre de 2001). (Subrayado de la Sala).

6. - La violación del lapso previsto en el citado artículo 230 constituye una violación a la garantía a la libertad personal y al debido proceso cuando el órgano jurisdiccional ha incurrido en un retraso inexcusable (Sentencia 6 de Agosto de 2002 Exp. 02 0611)

7. - Cuando se determine la violación del lapso del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal la situación se restablece mediante el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva por parte del órgano jurisdiccional que conoce de la causa. (Sentencia 6 de Agosto de 2002 (Exp. 02 0611).

   Por otra parte la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (caso R.A.C. de fecha 24-01-2001 e I.A.U. de fecha 15-09-2004), ha establecido que:

   “La medida de coerción personal que es decretada contra los imputados o acusados decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han trascurrido más de dos (2) años de su vigencia contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando no se haya proveido la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, no procederá el decaimiento de la medida, aunque haya transcurrido los dos (2) años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso transcurrido por causas imputables al procesado o cuando la libertad del imputado se convierta en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente. Que establece: (negrillas y subrayado de la Sala).

   Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes

   Por ello como lo establece el maestro argentino J.M.M., M. de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1.999) al hacer mención a la Jerarquía Constitucional de la seguridad común, que:

   …el fundamento del artículo 55 Constitucional establece que el proceso como un instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquella, por ello en el proceso penal están presentes estas dos garantías debiendo la ley anterior a ambas, y por ello, el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso, razón por lo que el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses…

   De lo anteriormente expuesto, la Sala observa, que el principio de proporcionalidad, está íntimamente relacionado con la pena que podría llegar a imponerse al imputado, por lo que al considerar la pena como un elemento de derecho sustantivo, poco importara si la misma es baja o alta pues mientras exista la posibilidad cierta del peligro de fuga del imputado, ese será el elemento que debe privar. Habida cuenta, de que el objetivo que se persigue es asegurar el desarrollo del proceso, y no tanto asegurar el cumplimiento de la pena, la cual en definitiva no se sabe si es la misma que se va a aplicar. Ello en virtud de que la pena y el peligro de fuga son conceptos que no obedecen a un criterio procesal, sino a un criterio de prevención, pues lo que se persigue es que el proceso penal en contra de una persona no resulte ilusorio frente a la actividad punitiva del Estado, máxime cuando estamos ante la presunta comisión de un delito grave.

   Por ello, resulta necesario para la Sala examinar la situación procesal del caso de autos con vista al expediente original contentivo de la causa que se sigue contra el ciudadano C.J.T.A., y se observa:

   1°.- Respecto al desarrollo de la fase de investigación:

   -En fecha 27-05-2010 es aprehendido el ciudadano C.J.T.A., por funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana Dirección de Investigaciones.

   -En fecha 28-05-2010 se realiza la audiencia para oír al imputado, por ante el Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control, decretando medida privativa preventiva de libertad de conformidad con lo establecido en los artículos 250 en sus tres numerales, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 252 numeral 2 (vigentes para el momento de los hechos) hoy 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

   2°.- Respecto al desarrollo de la fase intermedia:

   -Al folio 95 de la pieza I, se aprecia el acto conclusivo del Ministerio Público, en contra del referido ciudadano por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 con el calificante de Alevosía y por motivos fútiles e innobles del Código Penal, fijando el Tribunal Noveno de Primera Instancia en fusiones de Control la audiencia preliminar para el día 12 de noviembre de 2010.

   -En fecha 3-08-2010, el Tribunal a-quo acuerda la Revisión de la Medida Privativa distada al ciudadano C.J.T.A., y le acuerda Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 numerales 3, 4 y 6 vigente para el momento de la decisión del Código Orgánico Procesal Penal. (folios 40 al 43 de la pieza 1 del expediente original).

   -En fecha 12-11-2010, se realiza la audiencia preliminar en la cual la Juez del tribunal admite en todas y cada una de sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público, revoca la medida cautelar y acuerda el pase a juicio oral y público del ciudadano C.J.T.A.. (folio 134 al 145 pieza 1 del expediente original).

   FASE DE JUICIO

   CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL MIXTO

   -El 16-12-10, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio, acordó fijar el sorteo ordinario de escabinos para el día 14-01-2011. (folio 180 de la pieza 1 del expediente original).

   -En fecha 14-01-11, el Tribunal a-quo dicta auto mediante el cual deja constancia que se fija para el día 10-02-2011, la depuración de escabinos en la presente causa. A fin de constituir el Tribunal Mixto que conocerá de la presente causa. (Folio 188 de la pieza 1 del expediente original).

   -En fecha 02-02-11 se fija nuevamente el sorteo de escabinos para el día 24-02-2011. (folio 210 de la pieza 1 del expediente original).

   -En fecha 24-02-2011, se realiza el sorteo de escabinos y se acuerda fijar la depuración de los mismos para el día 15-03-2011. (folio 02 de la pieza 2 del expediente original).

   -Al folio 30 de la pieza 2, corre inserta auto en el cual el Tribunal Octavo en funciones de Juicio en virtud de la incomparecencia de las personas que fueron seleccionadas para escabinos, el a-quo acuerda constituir el Tribunal en forma UNIPERSONAL, y en consecuencia se acuerda fijar la celebración del acto de juicio oral y público para el día 14 de abril de 2011.

   -En fecha 14-04-11, se dictó auto mediante el cual se acuerda suspender el acto de juicio oral y público para el día 03 de mayo de 2011 ello en virtud del artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 82 pieza 2 del expediente original).

   -En fecha 3-05-11, se acuerda suspender el acto de juicio oral y público para el día 17-05-2011, en virtud del artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 101 pieza 2 del expediente origial).

   -En fecha 17-05-11, se acuerda suspender el acto de juicio oral y público para el día 26-05-2011, artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 118 pieza 2 del expediente original).

   -Al folio 148 de la pieza 2, corre inserto auto mediante el cual se acuerda fijar la audiencia para el día 31-05-2011, ello en virtud que no se hizo efectivo el traslado del imputado de autos.

   -En fecha 31-05-11, se acuerda diferir la audiencia para el día 02-06-11, ello en virtud que no se hizo efectivo el traslado del acusado. (folio 165 pieza 2).

   -En fecha 02-06-11, se acuerda diferir la audiencia para el día 13-06-11, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 182 pieza 2).

   -En fecha 13-06-112 se acuerda diferir la audiencia para el día 27-06-11, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 203 pieza 2).

   -En fecha 27-06-11, se acuerda suspender la audiencia para el día 12-07-11, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 2 pieza 3).

   - En fecha 12-07-11, se acuerda suspender la audiencia para el día 21-07-11, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 17 pieza 3).

   -Al folio 31 de la pieza 3, corre inserto auto mediante el cual se acuerda fijar la audiencia para el día 28-07-2011, ello en virtud de la incomparecencia de la victima, de los órganos de prueba.

   - Al folio 46 de la pieza 3, corre inserto auto mediante el cual se acuerda fijar la audiencia para el día 18-08-2011, ello en virtud de la incomparecencia de la defensa, de los órganos de prueba.

   -Al folio 68 corre inserto auto, mediante el cual se deja constancia que se acordó el receso de las actividades judiciales desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre ambas fechas inclusive, por lo que se acuerda fijar el acto de la audiencia para el día 06-10-2011.

   -En fecha 06-10-11, se acuerda diferir el acto de juicio oral y público para el día 20-10-11, ello en virtud de la incomparecencia de los órganos de pruebas. (folio 101 pieza 3).

   -En fecha 20-10-11, se acuerda diferir el acto de juicio oral y público para el día 01-11-11 ello en virtud de la incomparecencia de los medios de pruebas. (folio 120 pieza 3).

   -En fecha 01-11-11, se acuerda suspender el acto de juicio oral y público para el día 11-11-11 ello en virtud de incomparecencia de los medios de pruebas. (folio 166 pieza 3).

   -Al folio 185, corre inserto auto mediante el cual el J.W.G.F., se abocó al conocimiento de la causa en virtud que la Juez del a-quo le fue expedido permiso por quebranto de salud de su menor hijo.

   -En fecha 11-11-11, se acuerda suspender el acto de juicio oral y público para el día 22-11-11 ello en virtud de incomparecencia de los medios de pruebas. (folio 186 pieza 3).

   -Al folio 207 de la pieza 3, corre inserto auto mediante el cual la J.K.M., se aboca al conocimiento de la causa en virtud que la Dra. HEYDY ZAMBRANO MORA, no asistió a sus labores habituales por quebranto de salud de su menor hijo.

   -En fecha 22-11-11, se acuerda diferir la audiencia para el día 24-11-11, en virtud que la Juez del Tribunal no asistió a sus labores habituales por presentar quebrantos de salud su menor hijo. (folio 208).

   -En fecha 24-11-11, se acuerda suspender la audiencia para el día 08-12-11, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 2 de la pieza 4 del expediente original).

   -En fecha 08-12-11, se acuerda suspender la audiencia para el día 22-12-11, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 46 de la pieza 4).

   -En fecha 21 de diciembre de 2011, se dicta auto mediante el cual se deja constancia de lo siguiente: “…por cuanto en esta misma fecha, 21-12-2011, se recibió circular N° 055, emanada de la Presidencia de este Circuito Judicial Penal en el que se hace del conocimiento de todos los Jueces de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, así como de las Corte de Apelaciones, Dependencias Administrativas y demás funcionarios del Área Metropolitana de Caracas, que esa Dependencia acordó conceder como días NO LABORABLES los días jueves 22 y viernes 23 de diciembre del año en curso, y en virtud que para el día 22-12-2012 (sic) se encuentra pautada la continuación del Juicio Oral y Público en la presente causa, seguida en contra del ciudadano C.J.T.A., es por lo que esta Instancia Judicial acuerda DIFERIR la continuación de dicho acto procesal, para el día martes 10-01-2012…”

   -En fecha 10-01-2012, se acuerda diferir la audiencia para el día 12-01-2012, ello en virtud que no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos. (folio 95 de la pieza 4).

   -Al folio 117 de la pieza 4, corre inserto auto mediante el cual el a-quo acuerda incorporar al expediente acta de juicio oral y público realizado desde el 24-11-2011, hasta el 12 de enero de 2012, en virtud de quedar interrumpido el mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 337 (derogado) hoy 320 del Código Orgánico Procesal Penal.

   -Al folio 123 de la pieza 4, corre inserta acta de continuación del debate, en la cual el a-quo acuerda fijar nuevamente para el día 14-02-2012.

   -En fecha 14-02-2012, se acuerda suspender para el día 01-03-2012, la audiencia, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 derogado hoy 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 147 de la pieza 4).

   -En fecha 01-03-2012, se acuerda diferir el acto de de juicio oral y público para el día 05-03-2012, ello en virtud que no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos. (folio 169 de la pieza 4).

   -En fecha 05-03-2012, se dicta auto mediante el cual el a-quo acuerda declarar INTERRUMPIDO el Debate Oral y Público, toda vez que desde el 14-02-2012, hasta la presente fecha han transcurrido 11 días hábiles, en consecuencia se fija la celebración del debate para el día 09-04-2012. (folio 192 de la pieza 4).

   -En fecha 09-04-2012, se acuerda diferir la audiencia para el día 18-05-2012, ello en virtud que no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos (folio 211 de la pieza 4).

   -En fecha 21-05-2012, se acuerda diferir la audiencia que se encontraba fijada para el 18-05-2012, para el día 25-06-2012, ello en virtud que la Juez debió asistir al Programa de Formación de Jueces, dictado por el Tribunal Supremo de Justicia. (folio 2 de la pieza 5 del expediente original).

   -En fecha 25-06-2012, se acuerda diferir la audiencia para el día 27-07-2012, ello en virtud de la incomparecencia de la defensa así mismo no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos (folio 42 y 43 de la pieza 5).

   -En fecha 30-07-2012, se acuerda diferir la audiencia que se encontraba fijada para el 27-07-2012, para el día 11-09-2012, ello en virtud que fue DIA INHABIL, del Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal. (folio 51 de la pieza 5).

   -En fecha 11-09-2012, se acuerda diferir la audiencia para el día 30-10-2012, ello en virtud de la incomparecencia de la defensa, así mismo no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos. (folio 71 de la pieza 5).

   -En fecha 30-10-2012, se acuerda suspender para el día 20-11-2012, la audiencia, ello en virtud de lo dispuesto en el 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (folio 97 de la pieza 5).

   -En fecha 20-11-2012, se acuerda diferir la audiencia para el día 22-11-2012, ello en virtud de la incomparecencia de la Vindicta Pública, asimismo no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos. (folio 142 de la pieza 5).

   -En fecha 22-11-2012, acuerda el a-quo incorporar a las actas el acta de Juicio Oral y Público. (folio 168).

   -En fecha 22-11-2012, se declara INTERRUMPIDO el acto de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal con vigencia anticipada, y se fija la audiencia para el día 10-01-2013, ello en virtud que no se hizo efectivo el traslado del acusado de autos. (folio 178 de la pieza 5).

   -A los folios 3 al 9 del cuaderno especial, se aprecia escrito presentado por el abogado R.G.M.G., Defensor Público Vigésimo Séptimo Penal, en su condición de defensor del ciudadano C.J.T.A., en el cual solicita el decaimiento de la medida privativa de libertad, que pesa sobre su defendido, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. (Subrayado de la Sala).

   A los folios 10 al 17 del cuaderno especial, se aprecia un pronunciamiento emitido por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el cual indica entre otras cosas: “(omisis) Con fuerza al análisis anteriormente expuesto, este Juzgado Octavo en funciones de Juicio del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: UNICO: MANTIENE la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del ciudadano C.J.T.Á.…, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 cardinales (sic) 1, 2 y 3 en concordancia con lo establecido en el artículo 237 cardinales (sic) 2, 3 y parágrafo primero y artículo 238 cardinal (sic) 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occisos R.E.M.G.Y.J.G. CASTILLO…, en consecuencia DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud presentada por el abogado R.M., en su carácter de Defensor Público Vigésimo Sexto (sic) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.Á., en la que solicita la DECLARATORIA DEL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le otorgue su inmediata libertad…”.

   No obstante el anterior exámen efectuado, resulta importante concluir con la sentencia N° 626 de fecha 13 de abril de 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece de forma clara lo relativo al análisis que debe realizar el órgano jurisdiccional a los fines de examinar el decaimiento de la medida a saber:

   (omisis) Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma pero se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputable a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables….

   .

   De lo precedentemente examinado considera este Órgano Colegiado que la razón no asiste al recurrente, por cuanto; no se constató de las actas retardo procesal imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional, pues el tiempo transcurrido a los fines de la obtención de una sentencia en el proceso seguido al ciudadano CARLOS JOSÉ TABARES ANGULO, es motivado, a la incomparecencia de la Representación del Ministerio Público, de la defensa así como a la falta de traslado, aunado a la complejidad propia del proceso. No obstante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, debe celebrar el Juicio Oral y Público sobre las bases de las garantías procesales y constitucionales, preparando el debate conforme a lo previsto en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo uso de las herramientas procesales, para efectuar el debate en el tiempo previsto en la ley adjetiva penal. ASI SE DECIDE.

   En virtud del exámen efectuado lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho R.G.M.G., Defensor Público Vigésimo Séptimo Penal, en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.A., quien recurre conforme a lo dispuesto en los artículos 423, 427 y 439 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada el 16 de enero de 2013, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual “…MANTIENE la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del ciudadano C.J.T.Á.…, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 cardinales (sic) 1, 2 y 3 en concordancia con lo establecido en el artículo 237 cardinales (sic) 2, 3 y parágrafo primero y artículo 238 cardinal (sic) 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occisos R.E.M.G.Y.J.G. CASTILLO…, en consecuencia DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud presentada por el abogado R.M., en su carácter de Defensor Público Vigésimo Sexto (sic) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.Á., en la que solicita la DECLARATORIA DEL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le otorgue su inmediata libertad…”.

   -IV-

   DISPOSITIVA

   Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que se han dejado expuestas, esta Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho R.G.M.G., Defensor Público Vigésimo Séptimo Penal, en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.A., quien recurre conforme a lo dispuesto en los artículos 423, 427 y 439 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada el 16 de enero de 2013, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual “…MANTIENE la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del ciudadano C.J.T.Á.…, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 cardinales (sic) 1, 2 y 3 en concordancia con lo establecido en el artículo 237 cardinales (sic) 2, 3 y parágrafo primero y artículo 238 cardinal (sic) 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occiso R.E.M.G.Y.J.G. CASTILLO…, en consecuencia DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud presentada por el abogado R.M., en su carácter de Defensor Público Vigésimo Sexto (sic) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano C.J.T.Á., en la que solicita la DECLARATORIA DEL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le otorgue su inmediata libertad…” por cuanto no se constató de las actas retardo imputable al órgano jurisdiccional, pues el tiempo transcurrido a los fines del juicio oral y público en el proceso seguido al ciudadano CARLOS JOSÉ TABARES ANGULO, es motivado a la falta de traslado del imputado. No obstante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, debe celebrar la audiencia juicio oral y público sobre la base de las garantías procesales y constitucionales, en atención a lo advertido en la presente decisión.

   R., publíquese, notifíquese a las partes y remítase en su oportunidad legal, el presente cuaderno de incidencias.

   LA JUEZ PRESIDENTE

   DRA. S.A.

   LA JUEZ-PONENTE

   DRA. GLORIA PINHO

   EL JUEZ

   DR. J.B.U.

   LA SECRETARIA

   ABG. C.M.S.

   En la misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado anteriormente.

   LA SECRETARIA

   ABG. C.M.S.

   SA/JBU/GP/CMS/da

   Exp. No. 3465-12(Aa) S-10.